José Carreño Figueras
Tal vez no todo el gobierno, o todos los agentes de policía o todos los que deberían saberlo. O tal vez solo unos cuantos sabían de las operaciones específicas. Pero de que había gente al tanto, la había.
No es que los estadounidenses tengan “per se” una mayor credibilidad que los funcionarios mexicanos, sino que uno de los peores errores en que puede incurrir un funcionario estadounidense es el ser sorprendido con información falsa por el congreso estadounidense, especialmente cuando la mayoría legislativa está -como la actual mayoría republicana- empeñada en hacer hincapié en y aprovechar los errores del gobierno en turno. Y si ahora alguien en el Poder Legislativo de ese país preguntase, tendría la misma respuesta que las consultas periodísticas han tenido en la embajada estadounidense en México ó en las oficinas correspondientes en Washington DC.
Suficientemente malinterpretada una mentirijilla, una omisión, pueden llevar a demandas por la renuncia o el despido de un funcionario, como ocurre ahora con el Procurador General, Eric Holder, debido a su errónea información durante una audiencia sobre el fracasado operativo “Rápido y Furioso”.
El pecado de Holder fue asegurar a principios de mayo que había sido informado del operativo apenas semanas antes, cuando en realidad había sido desde junio o julio de 2010, en el marco de los reportes semanales que se le entregan como parte de la información que un funcionario de su nivel debe recibir.
Al margen de que sea justo o injusto, es un error político que ahora capitaliza la oposición republicana y por eso Holder está en la picota. Por eso es importante para los funcionarios estadounidenses no mentir, o por lo menos ser sorprendidos cuando no dicen la verdad.
Y eso lleva de nuevo a los operativos de “Rápido y Furioso”, sobre contrabando de armas “tolerado” hacia México y de “lavado de dinero” de la Agencia Antidrogas (DEA) estadounidense para identificar a miembros de cárteles. La primera fue un fiasco y sus problemas llevaron a la exposición. La segunda fue expuesta por un reportajes
Ambas han causado escándalo en los dos países aunque por razones diferentes. En Estados Unidos el escándalo se inició a partir de que agentes de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF) denunciaran el operativo luego de la muerte de Brian Terry, miembro de la Patrulla Fronteriza, en diciembre de 2010. En México, al trascender los reportes en Estados Unidos.
Con frecuencia, los funcionarios mexicanos parecen olvidar que hubo vida antes de ellos, y que la habrá después de ellos.
Pero tal vez valdría la pena que Los Pinos revisaran los acuerdos que firmó la Procuraduría General de la República (PGR) con sus contrapartes estadounidenses durante el gobierno de Vicente Fox…
Tal vez no todo el gobierno, o todos los agentes de policía o todos los que deberían saberlo. O tal vez solo unos cuantos sabían de las operaciones específicas. Pero de que había gente al tanto, la había.
No es que los estadounidenses tengan “per se” una mayor credibilidad que los funcionarios mexicanos, sino que uno de los peores errores en que puede incurrir un funcionario estadounidense es el ser sorprendido con información falsa por el congreso estadounidense, especialmente cuando la mayoría legislativa está -como la actual mayoría republicana- empeñada en hacer hincapié en y aprovechar los errores del gobierno en turno. Y si ahora alguien en el Poder Legislativo de ese país preguntase, tendría la misma respuesta que las consultas periodísticas han tenido en la embajada estadounidense en México ó en las oficinas correspondientes en Washington DC.
Suficientemente malinterpretada una mentirijilla, una omisión, pueden llevar a demandas por la renuncia o el despido de un funcionario, como ocurre ahora con el Procurador General, Eric Holder, debido a su errónea información durante una audiencia sobre el fracasado operativo “Rápido y Furioso”.
El pecado de Holder fue asegurar a principios de mayo que había sido informado del operativo apenas semanas antes, cuando en realidad había sido desde junio o julio de 2010, en el marco de los reportes semanales que se le entregan como parte de la información que un funcionario de su nivel debe recibir.
Al margen de que sea justo o injusto, es un error político que ahora capitaliza la oposición republicana y por eso Holder está en la picota. Por eso es importante para los funcionarios estadounidenses no mentir, o por lo menos ser sorprendidos cuando no dicen la verdad.
Y eso lleva de nuevo a los operativos de “Rápido y Furioso”, sobre contrabando de armas “tolerado” hacia México y de “lavado de dinero” de la Agencia Antidrogas (DEA) estadounidense para identificar a miembros de cárteles. La primera fue un fiasco y sus problemas llevaron a la exposición. La segunda fue expuesta por un reportajes
Ambas han causado escándalo en los dos países aunque por razones diferentes. En Estados Unidos el escándalo se inició a partir de que agentes de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF) denunciaran el operativo luego de la muerte de Brian Terry, miembro de la Patrulla Fronteriza, en diciembre de 2010. En México, al trascender los reportes en Estados Unidos.
Con frecuencia, los funcionarios mexicanos parecen olvidar que hubo vida antes de ellos, y que la habrá después de ellos.
Pero tal vez valdría la pena que Los Pinos revisaran los acuerdos que firmó la Procuraduría General de la República (PGR) con sus contrapartes estadounidenses durante el gobierno de Vicente Fox…
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