Apro
El gobierno de Guerrero deslindó a policías ministeriales y agentes federales de haber disparado contra un grupo de manifestantes que protestaban al sur de esta capital donde fueron asesinados a tiros dos normalistas y atribuyó el doble crimen a “personas ajenas” a las autoridades y los
inconformes.
No obstante, el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez aseguró que la Policía Federal estuvo al mando de la operación del desalojo, debido a que los manifestantes estaban bloqueando una vía federal y que las policías estatal y ministerial, acudieron simplemente “a prestar auxilio”.
A pesar de las decenas de testimonios gráficos y verbales que han circulado públicamente, donde se aprecia a miembros de las corporaciones policiacas portando armas largas y realizando disparos durante
el desalojo, el procurador de Justicia, Alberto López Rosas aseguró que los efectivos policiacos “llegaron desarmados” al lugar y que el presunto responsable de disparar contra los manifestantes fue un joven “ajeno al conflicto”.
Esta persona fue identificada como Gerardo Santiago Peña de 19 años, originario de Acapulco, quien portaba un rifle AK-47 y que se encuentra detenido y sujeto a investigación para determinar qué hacía
en el lugar portando el arma; mientras que el Ejército decomisó ocho granadas que se “encontraban en el lugar”, indicó López Rosas.
Durante una conferencia de prensa realizada por la noche en el auditorio de la Policía Ministerial Estatal (PME), al sur de esta capital, donde estuvieron representantes del gobierno estatal, el procurador de Justicia atribuyó estos hechos a “una manifestación atípica en día inhábil, donde participaron agentes ajenos a los estudiantes y al gobierno”.
Luego abundó: “Podemos determinar de antemano que las armas o el arma empleada (en el doble crimen), no es de las que utilizan o de las que se utilizan por parte de la autoridad; el arma utilizada en el crimen de los normalistas no corresponde a las armas que usan los efectivos policiacos”.
Y agregó: “Nuestros policías fueron desarmados, hay una fotografía que corresponde a otro momento cuando se tenía que acordonar el lugar a fin de evitar consecuencias mayores. Deslindamos categóricamente a las instancias de gobierno, porque la instrucción fue ir desarmados. Posterior (a la balacera), llegaron
diversos elementos sin disparar y de manera pasiva”.
Ello a pesar de que el director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz Jiménez, durante la misma conferencia, dijo que la balacera duró entre 15 o 20 minutos.
López Rosas informó que el saldo de este hecho de violencia es de dos “estudiantes o participantes en esta movilización” muertos, dos más heridos y 24 detenidos, incluyendo al joven que portaba el fusil AK-47.
La protesta
Cerca de las 12:00 horas, un contingente de aproximadamente 300 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, arribaron en marcha y en autobuses del servicio público de diferentes empresas, al bulevar Vicente Guerrero donde bloquearon los cuatro carriles que enlazan a la autopista del Sol, al sur de
esta ciudad.
La medida en protesta porque el gobierno estatal “se ha negado” a resolver diversas demandas relacionadas con beneficios económicos y académicos, indicaron los inconformes.
Luego, 15 minutos después, al lugar llegaron policías estatales de la división antimotines, quienes intentaron desalojar a los manifestantes y se desató un enfrentamiento a pedradas entre normalistas y efectivos policiacos.
Enseguida, una bomba despachadora de gasolina de una estación de servicio fue incendiada con gasolina, un trabajador del lugar resultó con quemaduras al tratar de detener la conflagración, que fue controlada por brigadistas de la subsecretaría de Protección Civil sin que las llamas provocaran una catástrofe,
pero sobrevino el caos.
En ese momento, ya se encontraban en el lugar un grupo de Policías Federales que forman parte del operativo Guerrero Seguro y agentes de la PME, todos armados con fusiles AR-15 y G-3.
De acuerdo al testimonio de foto reporteros que cubrían la nota, fueron los agentes ministeriales quienes comenzaron a disparar contra los manifestantes y enseguida lo hicieron los federales.
En el lugar fueron alcanzados por las balas, dos estudiantes normalistas identificados como Alexis Herrera Pino, originario del municipio de Atoyac, región de Costa Grande y Gabriel Echeverría de Jesús de 21 años, originario de Tixtla de Guerrero, municipio ubicado en la región Centro donde se encuentra la sede de la normal rural de Ayotzinapa.
Ambos estudiantes presentan disparos en el cuello y la cabeza, constataron peritos de la PGJ que realizaron las diligencias preliminares.
La balacera, obligó a los manifestantes a huir del lugar y mientras unos se escondieron en sitios públicos, otros corrieron por los cerros aledaños.
Fue entonces cuando los efectivos policiacos realizaron las detenciones con violencia de personas que participaron en la protesta y ciudadanos que se encontraban en el lugar por diversos motivos, la mayoría paseantes que viajaban en automóviles y que habían quedado varados ante el bloqueo de la vía.
Uno de los detenidos fue Eric Escobedo, un joven radicado en esta capital, promotor cultural y colaborador de un semanario llamado Trinchera, narró que fue detenido por agentes ministeriales y
junto con una decena más de personas fueron trasladados a los separos de la PME donde fueron torturados por las autoridades ministeriales.
Las posturas después del conflicto
Sobre estos hechos de violencia, el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez lamentó los incidentes y dijo que las autoridades estatales han propiciado “una voluntad de diálogo” para la solución de la problemática planteada por los normalistas.
Durante la conferencia nocturna, el funcionario estatal dijo que investigarán este hecho y se actuará contra quien resulte responsable del doble homicidio.
Mientras que en un comunicado oficial, el gobierno estatal se deslindó de estos hechos argumentando que la vocación del gobierno de Ángel Aguirre, “no es reprimir” y que han mantenido un dialogo permanente con los inconformes para tratar de desactivar esta problemática que lleva algunas semanas.
Por su parte, diversos representantes de organizaciones sociales responsabilizaron a las autoridades estatales y federales del asesinato de los normalistas, y anunciaron protestas para el día de mañana.
El gobierno de Guerrero deslindó a policías ministeriales y agentes federales de haber disparado contra un grupo de manifestantes que protestaban al sur de esta capital donde fueron asesinados a tiros dos normalistas y atribuyó el doble crimen a “personas ajenas” a las autoridades y los
inconformes.
No obstante, el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez aseguró que la Policía Federal estuvo al mando de la operación del desalojo, debido a que los manifestantes estaban bloqueando una vía federal y que las policías estatal y ministerial, acudieron simplemente “a prestar auxilio”.
A pesar de las decenas de testimonios gráficos y verbales que han circulado públicamente, donde se aprecia a miembros de las corporaciones policiacas portando armas largas y realizando disparos durante
el desalojo, el procurador de Justicia, Alberto López Rosas aseguró que los efectivos policiacos “llegaron desarmados” al lugar y que el presunto responsable de disparar contra los manifestantes fue un joven “ajeno al conflicto”.
Esta persona fue identificada como Gerardo Santiago Peña de 19 años, originario de Acapulco, quien portaba un rifle AK-47 y que se encuentra detenido y sujeto a investigación para determinar qué hacía
en el lugar portando el arma; mientras que el Ejército decomisó ocho granadas que se “encontraban en el lugar”, indicó López Rosas.
Durante una conferencia de prensa realizada por la noche en el auditorio de la Policía Ministerial Estatal (PME), al sur de esta capital, donde estuvieron representantes del gobierno estatal, el procurador de Justicia atribuyó estos hechos a “una manifestación atípica en día inhábil, donde participaron agentes ajenos a los estudiantes y al gobierno”.
Luego abundó: “Podemos determinar de antemano que las armas o el arma empleada (en el doble crimen), no es de las que utilizan o de las que se utilizan por parte de la autoridad; el arma utilizada en el crimen de los normalistas no corresponde a las armas que usan los efectivos policiacos”.
Y agregó: “Nuestros policías fueron desarmados, hay una fotografía que corresponde a otro momento cuando se tenía que acordonar el lugar a fin de evitar consecuencias mayores. Deslindamos categóricamente a las instancias de gobierno, porque la instrucción fue ir desarmados. Posterior (a la balacera), llegaron
diversos elementos sin disparar y de manera pasiva”.
Ello a pesar de que el director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz Jiménez, durante la misma conferencia, dijo que la balacera duró entre 15 o 20 minutos.
López Rosas informó que el saldo de este hecho de violencia es de dos “estudiantes o participantes en esta movilización” muertos, dos más heridos y 24 detenidos, incluyendo al joven que portaba el fusil AK-47.
La protesta
Cerca de las 12:00 horas, un contingente de aproximadamente 300 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, arribaron en marcha y en autobuses del servicio público de diferentes empresas, al bulevar Vicente Guerrero donde bloquearon los cuatro carriles que enlazan a la autopista del Sol, al sur de
esta ciudad.
La medida en protesta porque el gobierno estatal “se ha negado” a resolver diversas demandas relacionadas con beneficios económicos y académicos, indicaron los inconformes.
Luego, 15 minutos después, al lugar llegaron policías estatales de la división antimotines, quienes intentaron desalojar a los manifestantes y se desató un enfrentamiento a pedradas entre normalistas y efectivos policiacos.
Enseguida, una bomba despachadora de gasolina de una estación de servicio fue incendiada con gasolina, un trabajador del lugar resultó con quemaduras al tratar de detener la conflagración, que fue controlada por brigadistas de la subsecretaría de Protección Civil sin que las llamas provocaran una catástrofe,
pero sobrevino el caos.
En ese momento, ya se encontraban en el lugar un grupo de Policías Federales que forman parte del operativo Guerrero Seguro y agentes de la PME, todos armados con fusiles AR-15 y G-3.
De acuerdo al testimonio de foto reporteros que cubrían la nota, fueron los agentes ministeriales quienes comenzaron a disparar contra los manifestantes y enseguida lo hicieron los federales.
En el lugar fueron alcanzados por las balas, dos estudiantes normalistas identificados como Alexis Herrera Pino, originario del municipio de Atoyac, región de Costa Grande y Gabriel Echeverría de Jesús de 21 años, originario de Tixtla de Guerrero, municipio ubicado en la región Centro donde se encuentra la sede de la normal rural de Ayotzinapa.
Ambos estudiantes presentan disparos en el cuello y la cabeza, constataron peritos de la PGJ que realizaron las diligencias preliminares.
La balacera, obligó a los manifestantes a huir del lugar y mientras unos se escondieron en sitios públicos, otros corrieron por los cerros aledaños.
Fue entonces cuando los efectivos policiacos realizaron las detenciones con violencia de personas que participaron en la protesta y ciudadanos que se encontraban en el lugar por diversos motivos, la mayoría paseantes que viajaban en automóviles y que habían quedado varados ante el bloqueo de la vía.
Uno de los detenidos fue Eric Escobedo, un joven radicado en esta capital, promotor cultural y colaborador de un semanario llamado Trinchera, narró que fue detenido por agentes ministeriales y
junto con una decena más de personas fueron trasladados a los separos de la PME donde fueron torturados por las autoridades ministeriales.
Las posturas después del conflicto
Sobre estos hechos de violencia, el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez lamentó los incidentes y dijo que las autoridades estatales han propiciado “una voluntad de diálogo” para la solución de la problemática planteada por los normalistas.
Durante la conferencia nocturna, el funcionario estatal dijo que investigarán este hecho y se actuará contra quien resulte responsable del doble homicidio.
Mientras que en un comunicado oficial, el gobierno estatal se deslindó de estos hechos argumentando que la vocación del gobierno de Ángel Aguirre, “no es reprimir” y que han mantenido un dialogo permanente con los inconformes para tratar de desactivar esta problemática que lleva algunas semanas.
Por su parte, diversos representantes de organizaciones sociales responsabilizaron a las autoridades estatales y federales del asesinato de los normalistas, y anunciaron protestas para el día de mañana.
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