Apro
El gobierno estatal deslindó a policías ministeriales y agentes federales de abrir fuego contra un grupo de normalistas que protestaban al sur de esta capital, hechos en que dos estudiantes fueron asesinados a tiros.
En rueda de prensa, el procurador Alberto López Rosas atribuyó el doble homicidio a “personas ajenas” a las autoridades y los inconformes.
No obstante, el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez, aseguró que la Policía Federal (PF) estuvo al mando de la operación de desalojo, debido a que los manifestantes estaban bloqueando una vía federal, y que las policías estatal y ministerial acudieron simplemente “a prestar auxilio”.
Pese a las decenas de testimonios gráficos y verbales difundidos, donde se aprecia a miembros de las corporaciones policiacas portar armas largas y realizar disparos durante el desalojo, López Rosas aseguró que los uniformados “llegaron desarmados” al lugar y que el presunto responsable de disparar contra los manifestantes fue un hombre “ajeno al conflicto”.
El sujeto fue identificado como Gerardo Santiago Peña, de 19 años, originario de Acapulco, quien portaba un rifle AK-47 y el que ya se encuentra detenido y sujeto a investigación para determinar qué hacía en el lugar portando el arma; mientras que el Ejército decomisó ocho granadas que se “encontraban en el lugar”, indicó el titular de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).
En la conferencia de prensa realizada por la noche en el auditorio de la Policía Ministerial Estatal (PME), al sur de esta capital, el titular de la PGJE atribuyó estos hechos a “una manifestación atípica en día inhábil, donde participaron agentes ajenos a los estudiantes y al gobierno”.
Luego abundó: “Podemos determinar de antemano que las armas o el arma empleada (en el doble homicidio) no son de las que utilizan o de las que se utilizan por parte de la autoridad; el arma utilizada en el crimen de los normalistas no corresponde a las armas que usan los efectivos policiacos”.
Y agregó: “Nuestros policías fueron desarmados, hay una fotografía que corresponde a otro momento cuando se tenía que acordonar el lugar a fin de evitar consecuencias mayores. Deslindamos categóricamente a las instancias de gobierno, porque la instrucción fue ir desarmados. Posterior (a la balacera), llegaron diversos elementos sin disparar y de manera pasiva”.
Ello a pesar de que el director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz Jiménez, durante la misma conferencia, dijo que la balacera duró entre 15 o 20 minutos.
López Rosas informó que el saldo de este hecho de violencia es de dos “estudiantes o participantes en esta movilización” muertos, dos más heridos y 24 detenidos, incluyendo al joven que portaba el fusil AK-47.
En el mismo acto, el vocero del gobierno estatal Arturo Martínez lamentó los hechos y dijo que las autoridades han propiciado “una voluntad de diálogo” para la solución de la problemática planteada por los normalistas.
El funcionario estatal dijo que investigarán este hecho y se actuará contra quien resulte responsable del doble homicidio.
Mientras, en un comunicado, el gobierno estatal se deslindó de esas acciones y argumentó que la vocación del gobierno de Ángel Aguirre “no es reprimir” y que, por el contrario, ha mantenido un diálogo permanente con los inconformes para tratar de desactivar esta problemática que lleva algunas semanas.
Por su parte, diversos representantes de organizaciones sociales responsabilizaron a las autoridades estatales y federales del asesinato de los normalistas, y anunciaron protestas para el día de mañana.
En Oaxaca, el líder de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi, hizo un llamado a todos los normalistas del país para protestar en contra del violento desalojo de estudiantes en Guerrero y en defensa de la educación pública.
Inicia CNDH investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio por la muerte de dos jóvenes luego de un violento desalojo protagonizado por policías federales y estatales en la capital de Guerrero.
La CNDH sostuvo, en un comunicado, que por instrucciones del ombudsman nacional Plascencia Villanueva “personal de la oficina regional de este organismo en esa entidad se ha dado a la tarea de hacer contacto con los familiares de las víctimas, con el fin de ofrecerles atención victimológica”.
Advirtió que a los familiares se les dará acompañamiento y apoyo jurídico y psicológico, además se verificará que reciban atención médica en caso de ser requerida.
“Esta Comisión Nacional permanecerá atenta a la actuación de servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de estos hechos, lamentables y condenables, que por ningún motivo deben quedar impunes”.
Por su lado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que trabaja en coordinación con las autoridades de Guerrero en las investigaciones los hechos de violencia que se suscitaron este lunes en Chilpancingo durante una manifestación de estudiantes.
En un comunicado, la Segob refirió que estará en coordinación con el gobierno guerrerense para que se deslinden responsabilidades y se lleve a la justicia al responsable de los homicidios.
La protesta
Cerca del mediodía, un contingente de unos 300 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa arribó en marcha y en autobuses del servicio público de diferentes empresas al bulevar Vicente Guerrero, donde bloquearon los cuatro carriles que enlazan a la Autopista del Sol, al sur de esta ciudad.
La medida era en protesta porque el gobierno estatal “se ha negado” a resolver diversas demandas relacionadas con beneficios económicos y académicas, indicaron los inconformes.
Luego, 15 minutos después, al lugar llegaron policías estatales de la división antimotines, quienes intentaron desalojar a los manifestantes, lo que desató un enfrentamiento a pedradas entre normalistas y uniformados.
Enseguida, una bomba despachadora de gasolina de una estación de servicio fue incendiada con gasolina, un trabajador del lugar resultó con quemaduras al tratar de detener la conflagración, que fue controlada por brigadistas de la Subsecretaría de Protección Civil sin que las llamas provocaran una catástrofe, pero sobrevino el caos.
En ese momento ya se encontraban en el lugar un grupo de policías federales que forman parte del operativo Guerrero Seguro y agentes de la PME, todos armados con fusiles AR-15 y G-3.
Según el testimonio de reporteros gráficos que cubrían la nota, fueron los agentes ministeriales quienes comenzaron a disparar contra los manifestantes y enseguida lo hicieron los federales.
En el lugar fueron alcanzados por las balas dos estudiantes normalistas, Alexis Herrera Pino, originario del municipio de Atoyac, y Gabriel Echeverría de Jesús, de 21 años, oriundo de Tixtla, municipio ubicado en la región Centro de la entidad donde se encuentra la sede de la normal rural de Ayotzinapa.
Ambos estudiantes presentan disparos en cuello y cabeza, constataron peritos de la PGJE que realizaron las diligencias preliminares.
La balacera obligó a los jóvenes a huir del lugar y mientras unos se escondieron en sitios públicos, otros corrieron por los cerros aledaños.
Fue entonces cuando los efectivos policiacos realizaron las detenciones con violencia de personas que participaron en la protesta y ciudadanos que se encontraban en el lugar por diversos motivos, la mayoría paseantes que viajaban en automóviles y que habían quedado varados ante el bloqueo de la vía.
Uno de los detenidos fue Eric Escobedo, un joven radicado en esta capital, promotor cultural y colaborador del semanario Trinchera, quien narró que fue detenido por agentes ministeriales y junto con una decena más de personas llevado a los separos de la PME, donde fueron torturados por autoridades ministeriales.
Exigen renuncia de titular de SSP
Organizaciones no gubernamentales exigieron la destitución del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja.
En un comunicado, las ONG consideraron que las autoridades de seguridad pública de Guerrero incurrieron en el uso irracional y arbitrario de la fuerza, lo que habría derivado en la privación de la vida de dos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Advirtieron que las agresiones de los uniformados a los estudiantes son inadmisibles en un Estado democrático y rompen con el compromiso del gobierno de Ángel Aguirre de atender los conflictos sociales evitando el uso de la fuerza pública.
El comunicado es signado por Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro de Análisis e Investigación Fundar, Instituto para la Seguridad y la Democracia-Insyde y Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña.
El gobierno estatal deslindó a policías ministeriales y agentes federales de abrir fuego contra un grupo de normalistas que protestaban al sur de esta capital, hechos en que dos estudiantes fueron asesinados a tiros.
En rueda de prensa, el procurador Alberto López Rosas atribuyó el doble homicidio a “personas ajenas” a las autoridades y los inconformes.
No obstante, el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez, aseguró que la Policía Federal (PF) estuvo al mando de la operación de desalojo, debido a que los manifestantes estaban bloqueando una vía federal, y que las policías estatal y ministerial acudieron simplemente “a prestar auxilio”.
Pese a las decenas de testimonios gráficos y verbales difundidos, donde se aprecia a miembros de las corporaciones policiacas portar armas largas y realizar disparos durante el desalojo, López Rosas aseguró que los uniformados “llegaron desarmados” al lugar y que el presunto responsable de disparar contra los manifestantes fue un hombre “ajeno al conflicto”.
El sujeto fue identificado como Gerardo Santiago Peña, de 19 años, originario de Acapulco, quien portaba un rifle AK-47 y el que ya se encuentra detenido y sujeto a investigación para determinar qué hacía en el lugar portando el arma; mientras que el Ejército decomisó ocho granadas que se “encontraban en el lugar”, indicó el titular de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).
En la conferencia de prensa realizada por la noche en el auditorio de la Policía Ministerial Estatal (PME), al sur de esta capital, el titular de la PGJE atribuyó estos hechos a “una manifestación atípica en día inhábil, donde participaron agentes ajenos a los estudiantes y al gobierno”.
Luego abundó: “Podemos determinar de antemano que las armas o el arma empleada (en el doble homicidio) no son de las que utilizan o de las que se utilizan por parte de la autoridad; el arma utilizada en el crimen de los normalistas no corresponde a las armas que usan los efectivos policiacos”.
Y agregó: “Nuestros policías fueron desarmados, hay una fotografía que corresponde a otro momento cuando se tenía que acordonar el lugar a fin de evitar consecuencias mayores. Deslindamos categóricamente a las instancias de gobierno, porque la instrucción fue ir desarmados. Posterior (a la balacera), llegaron diversos elementos sin disparar y de manera pasiva”.
Ello a pesar de que el director de Gobernación estatal, Moisés Alcaraz Jiménez, durante la misma conferencia, dijo que la balacera duró entre 15 o 20 minutos.
López Rosas informó que el saldo de este hecho de violencia es de dos “estudiantes o participantes en esta movilización” muertos, dos más heridos y 24 detenidos, incluyendo al joven que portaba el fusil AK-47.
En el mismo acto, el vocero del gobierno estatal Arturo Martínez lamentó los hechos y dijo que las autoridades han propiciado “una voluntad de diálogo” para la solución de la problemática planteada por los normalistas.
El funcionario estatal dijo que investigarán este hecho y se actuará contra quien resulte responsable del doble homicidio.
Mientras, en un comunicado, el gobierno estatal se deslindó de esas acciones y argumentó que la vocación del gobierno de Ángel Aguirre “no es reprimir” y que, por el contrario, ha mantenido un diálogo permanente con los inconformes para tratar de desactivar esta problemática que lleva algunas semanas.
Por su parte, diversos representantes de organizaciones sociales responsabilizaron a las autoridades estatales y federales del asesinato de los normalistas, y anunciaron protestas para el día de mañana.
En Oaxaca, el líder de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Azael Santiago Chepi, hizo un llamado a todos los normalistas del país para protestar en contra del violento desalojo de estudiantes en Guerrero y en defensa de la educación pública.
Inicia CNDH investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio por la muerte de dos jóvenes luego de un violento desalojo protagonizado por policías federales y estatales en la capital de Guerrero.
La CNDH sostuvo, en un comunicado, que por instrucciones del ombudsman nacional Plascencia Villanueva “personal de la oficina regional de este organismo en esa entidad se ha dado a la tarea de hacer contacto con los familiares de las víctimas, con el fin de ofrecerles atención victimológica”.
Advirtió que a los familiares se les dará acompañamiento y apoyo jurídico y psicológico, además se verificará que reciban atención médica en caso de ser requerida.
“Esta Comisión Nacional permanecerá atenta a la actuación de servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de estos hechos, lamentables y condenables, que por ningún motivo deben quedar impunes”.
Por su lado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que trabaja en coordinación con las autoridades de Guerrero en las investigaciones los hechos de violencia que se suscitaron este lunes en Chilpancingo durante una manifestación de estudiantes.
En un comunicado, la Segob refirió que estará en coordinación con el gobierno guerrerense para que se deslinden responsabilidades y se lleve a la justicia al responsable de los homicidios.
La protesta
Cerca del mediodía, un contingente de unos 300 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa arribó en marcha y en autobuses del servicio público de diferentes empresas al bulevar Vicente Guerrero, donde bloquearon los cuatro carriles que enlazan a la Autopista del Sol, al sur de esta ciudad.
La medida era en protesta porque el gobierno estatal “se ha negado” a resolver diversas demandas relacionadas con beneficios económicos y académicas, indicaron los inconformes.
Luego, 15 minutos después, al lugar llegaron policías estatales de la división antimotines, quienes intentaron desalojar a los manifestantes, lo que desató un enfrentamiento a pedradas entre normalistas y uniformados.
Enseguida, una bomba despachadora de gasolina de una estación de servicio fue incendiada con gasolina, un trabajador del lugar resultó con quemaduras al tratar de detener la conflagración, que fue controlada por brigadistas de la Subsecretaría de Protección Civil sin que las llamas provocaran una catástrofe, pero sobrevino el caos.
En ese momento ya se encontraban en el lugar un grupo de policías federales que forman parte del operativo Guerrero Seguro y agentes de la PME, todos armados con fusiles AR-15 y G-3.
Según el testimonio de reporteros gráficos que cubrían la nota, fueron los agentes ministeriales quienes comenzaron a disparar contra los manifestantes y enseguida lo hicieron los federales.
En el lugar fueron alcanzados por las balas dos estudiantes normalistas, Alexis Herrera Pino, originario del municipio de Atoyac, y Gabriel Echeverría de Jesús, de 21 años, oriundo de Tixtla, municipio ubicado en la región Centro de la entidad donde se encuentra la sede de la normal rural de Ayotzinapa.
Ambos estudiantes presentan disparos en cuello y cabeza, constataron peritos de la PGJE que realizaron las diligencias preliminares.
La balacera obligó a los jóvenes a huir del lugar y mientras unos se escondieron en sitios públicos, otros corrieron por los cerros aledaños.
Fue entonces cuando los efectivos policiacos realizaron las detenciones con violencia de personas que participaron en la protesta y ciudadanos que se encontraban en el lugar por diversos motivos, la mayoría paseantes que viajaban en automóviles y que habían quedado varados ante el bloqueo de la vía.
Uno de los detenidos fue Eric Escobedo, un joven radicado en esta capital, promotor cultural y colaborador del semanario Trinchera, quien narró que fue detenido por agentes ministeriales y junto con una decena más de personas llevado a los separos de la PME, donde fueron torturados por autoridades ministeriales.
Exigen renuncia de titular de SSP
Organizaciones no gubernamentales exigieron la destitución del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja.
En un comunicado, las ONG consideraron que las autoridades de seguridad pública de Guerrero incurrieron en el uso irracional y arbitrario de la fuerza, lo que habría derivado en la privación de la vida de dos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Advirtieron que las agresiones de los uniformados a los estudiantes son inadmisibles en un Estado democrático y rompen con el compromiso del gobierno de Ángel Aguirre de atender los conflictos sociales evitando el uso de la fuerza pública.
El comunicado es signado por Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro de Análisis e Investigación Fundar, Instituto para la Seguridad y la Democracia-Insyde y Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña.
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