Jacinto Granda (PL)
El controvertido tema de las operaciones de inteligencia de agencias estadounidenses en México volvió a surgir ahora con la revelación de que la DEA lavó dinero de narcotraficantes mexicanos, hecha por The New York Times.
Esa acción provocó críticas de sectores políticos, incluidas las del Senado y la Cámara de diputados, que la rechazaron y solicitaron al Gobierno una explicación al respecto.
The New York Times publicó que los agentes estadounidenses han manejado cargamentos ilegales de dólares a través de la frontera, con el fin de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus cabecillas.
Agregó que algunos agentes dijeron que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) a menudo permite a los cárteles la continuación de sus acciones durante meses o incluso años antes de hacer redadas y arrestos.
Hasta ahora, prosiguió el rotativo estadounidense, hay pocas señales de que el seguimiento del dinero haya afectado las operaciones de los cárteles y que los narcotraficantes mexicanos estén sintiendo un castigo financiero serio.
Por su parte, Todd Robinson, subsecretario adjunto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del gobierno de Estados Unidos, reconoció que agentes de su país infiltraron el sistema financiero de México para investigar el flujo de lavado de dinero hacia este país.
Entrevistado por la prensa, agregó que "se van a usar todas las herramientas que podamos para luchar contra el crimen organizado y el tráfico de narcóticos".
Ante la referencia de este lavado de dinero, la Cámara mexicana de Diputados pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que rechace las operaciones realizadas por Estados Unidos al margen de todos los mecanismos de cooperación bilateral.
El Senado, por su parte, solicitó al gobierno que informe sobre la actividad de la DEA. Al mismo tiempo, legisladores de todos los partidos criticaron la operación y demandaron al gobierno federal reforzar la vigilancia para evitar tales acciones.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe González, representante del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN), dijo que se trata de un peligro para la seguridad nacional.
El líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, afirmó que los órganos de seguridad norteamericana se están saliendo de control y ello está afectando la relación con México.
Francisco Labastida, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó de indignante que Estados Unidos utilice a México para experimentar con armas y realizar lavado de dinero, y de repente se les pierden las armas y se les pierde el dinero.
La Fiscalía mexicana, por su parte, reconoció que existe un esfuerzo común de autoridades de ambos países para reunir información que permita detectar y desarticular redes de lavado de dinero.
Añadió que esas operaciones se realizan de acuerdo con el marco jurídico en vigor, el cual regula las actividades de autoridades extranjeras en territorio mexicano.
Un reciente antecedente del lavado de dinero de la DEA fue la también información del diario The New York Times, publicada el pasado mes de octubre, acerca de que agencias estadounidenses de seguridad tienen una red de informantes mexicanos.
Los Estados Unidos, continuó la nota, con la esperanza de apuntalar la estabilidad de México y evitar que la violencia se derrame a través de la frontera, ha ampliado su papel de una manera impensable hace cinco años.
Esta noticia igualmente provocó diversas impugnaciones al hecho y cuestionamientos al gobierno mexicano.
Interrogadas la canciller y la vocera de la Presidencia, Patria Espinosa y Alejandra de la Sota, respectivamente, sobre esa presencia de agentes de estadounidenses, estas la reconocieron, pero como una cooperación bilateral y con respeto a la soberanía mexicana.
Cuatro días después de esas declaraciones, la CNN publicó una entrevista a Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sobre Rápido y Furioso, otra operación de agencias norteamericanas.
Issa afirmó en esa ocasión: "Se estima que unos 200 mexicanos fueron asesinados por armas que nuestro gobierno permitió que pasaran".
Durante Rápido y Furioso, llevada a cabo entre noviembre del 2009 y enero del 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, se permitió que unas dos mil 500 armas pasaran a México y cayeran en manos del crimen organizado.
El gobierno mexicano se quejó entonces que no fue informado por las autoridades estadounidenses de ese tráfico de armamento hacia su territorio.
En ese mismo mes de octubre pasado, los espacios noticiosos mexicano divulgaron además otras informaciones sobre una anterior operación, denominada Receptor Abierto, en la cual autoridades estadounidenses posibilitaron igualmente el envío de armas a delincuentes mexicanos.
Receptor Abierto, realizada en los años 2006 y 2007, permitió que alrededor de otras 500 armas de alto poder se vendieran a traficantes y cruzaran la frontera.
De acuerdo con el senador republicano Charles Grassley, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos estaban al tanto de esa operación.
A esto se suma que la mayoría del armamento que poseen los grupos delictivos mexicanos lo obtienen del contrabando procedente de Estados Unidos.
La División Anticrimen del Departamento de Justicia norteamericano admitió que, en los últimos cinco años, el 70 por ciento de las 94 mil armas confiscadas a la delincuencia mexicana fueron vendidas por armerías estadounidenses.
Otra repercusión de la presencia de agentes estadounidenses en México ocurrió en agosto pasado, cuando los medios nacionales citaron una también información del diario The New York Times acerca de que agentes de inteligencia estadounidenses operaban en territorio mexicano.
Esa noticia aducía que los agentes norteamericanos trabajan en una base militar mexicana en el norte de ese país.
Esto motivó igualmente que representantes de partidos políticos y de organizaciones civiles manifestaran su rechazo a la permanencia de efectivos de inteligencias extranjeros y que el Congreso exigiera una explicación del gobierno mexicano sobre el asunto.
Durante su comparecencia ante el Congreso, el entonces secretario de Gobernación, José Blake, hoy fallecido; la canciller Espinosa; y el en esa fecha secretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Poiré, también afirmaron que los estadounidenses no realizan ninguna tarea que sea facultad de las autoridades mexicanas.
Entre otros precedentes de este asunto, el sitio digital Taringa divulgó que desde el anterior gobierno mexicano de Vicente Fox ya Estados Unidos viene trabajando en misiones dentro de México.
De igual manera, durante la administración de George W. Bush, en el 2008, Estados Unidos junto con los gobiernos de México y de los países centroamericanos firmaron la llamada Iniciativa Mérida con el objetivo de enfrentar de conjunto el narcotráfico.
Entre las instituciones norteamericanas involucradas en ese plan se encuentran el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la CIA, el FBI y la DEA.
De tal manera, el controvertido tema de las operaciones de inteligencia estadounidenses y de su injerencia en México ocupó espacios destacados y frecuentes durante el año en los medios noticiosos del país.
El controvertido tema de las operaciones de inteligencia de agencias estadounidenses en México volvió a surgir ahora con la revelación de que la DEA lavó dinero de narcotraficantes mexicanos, hecha por The New York Times.
Esa acción provocó críticas de sectores políticos, incluidas las del Senado y la Cámara de diputados, que la rechazaron y solicitaron al Gobierno una explicación al respecto.
The New York Times publicó que los agentes estadounidenses han manejado cargamentos ilegales de dólares a través de la frontera, con el fin de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus cabecillas.
Agregó que algunos agentes dijeron que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) a menudo permite a los cárteles la continuación de sus acciones durante meses o incluso años antes de hacer redadas y arrestos.
Hasta ahora, prosiguió el rotativo estadounidense, hay pocas señales de que el seguimiento del dinero haya afectado las operaciones de los cárteles y que los narcotraficantes mexicanos estén sintiendo un castigo financiero serio.
Por su parte, Todd Robinson, subsecretario adjunto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del gobierno de Estados Unidos, reconoció que agentes de su país infiltraron el sistema financiero de México para investigar el flujo de lavado de dinero hacia este país.
Entrevistado por la prensa, agregó que "se van a usar todas las herramientas que podamos para luchar contra el crimen organizado y el tráfico de narcóticos".
Ante la referencia de este lavado de dinero, la Cámara mexicana de Diputados pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que rechace las operaciones realizadas por Estados Unidos al margen de todos los mecanismos de cooperación bilateral.
El Senado, por su parte, solicitó al gobierno que informe sobre la actividad de la DEA. Al mismo tiempo, legisladores de todos los partidos criticaron la operación y demandaron al gobierno federal reforzar la vigilancia para evitar tales acciones.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe González, representante del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN), dijo que se trata de un peligro para la seguridad nacional.
El líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, afirmó que los órganos de seguridad norteamericana se están saliendo de control y ello está afectando la relación con México.
Francisco Labastida, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó de indignante que Estados Unidos utilice a México para experimentar con armas y realizar lavado de dinero, y de repente se les pierden las armas y se les pierde el dinero.
La Fiscalía mexicana, por su parte, reconoció que existe un esfuerzo común de autoridades de ambos países para reunir información que permita detectar y desarticular redes de lavado de dinero.
Añadió que esas operaciones se realizan de acuerdo con el marco jurídico en vigor, el cual regula las actividades de autoridades extranjeras en territorio mexicano.
Un reciente antecedente del lavado de dinero de la DEA fue la también información del diario The New York Times, publicada el pasado mes de octubre, acerca de que agencias estadounidenses de seguridad tienen una red de informantes mexicanos.
Los Estados Unidos, continuó la nota, con la esperanza de apuntalar la estabilidad de México y evitar que la violencia se derrame a través de la frontera, ha ampliado su papel de una manera impensable hace cinco años.
Esta noticia igualmente provocó diversas impugnaciones al hecho y cuestionamientos al gobierno mexicano.
Interrogadas la canciller y la vocera de la Presidencia, Patria Espinosa y Alejandra de la Sota, respectivamente, sobre esa presencia de agentes de estadounidenses, estas la reconocieron, pero como una cooperación bilateral y con respeto a la soberanía mexicana.
Cuatro días después de esas declaraciones, la CNN publicó una entrevista a Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sobre Rápido y Furioso, otra operación de agencias norteamericanas.
Issa afirmó en esa ocasión: "Se estima que unos 200 mexicanos fueron asesinados por armas que nuestro gobierno permitió que pasaran".
Durante Rápido y Furioso, llevada a cabo entre noviembre del 2009 y enero del 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, se permitió que unas dos mil 500 armas pasaran a México y cayeran en manos del crimen organizado.
El gobierno mexicano se quejó entonces que no fue informado por las autoridades estadounidenses de ese tráfico de armamento hacia su territorio.
En ese mismo mes de octubre pasado, los espacios noticiosos mexicano divulgaron además otras informaciones sobre una anterior operación, denominada Receptor Abierto, en la cual autoridades estadounidenses posibilitaron igualmente el envío de armas a delincuentes mexicanos.
Receptor Abierto, realizada en los años 2006 y 2007, permitió que alrededor de otras 500 armas de alto poder se vendieran a traficantes y cruzaran la frontera.
De acuerdo con el senador republicano Charles Grassley, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos estaban al tanto de esa operación.
A esto se suma que la mayoría del armamento que poseen los grupos delictivos mexicanos lo obtienen del contrabando procedente de Estados Unidos.
La División Anticrimen del Departamento de Justicia norteamericano admitió que, en los últimos cinco años, el 70 por ciento de las 94 mil armas confiscadas a la delincuencia mexicana fueron vendidas por armerías estadounidenses.
Otra repercusión de la presencia de agentes estadounidenses en México ocurrió en agosto pasado, cuando los medios nacionales citaron una también información del diario The New York Times acerca de que agentes de inteligencia estadounidenses operaban en territorio mexicano.
Esa noticia aducía que los agentes norteamericanos trabajan en una base militar mexicana en el norte de ese país.
Esto motivó igualmente que representantes de partidos políticos y de organizaciones civiles manifestaran su rechazo a la permanencia de efectivos de inteligencias extranjeros y que el Congreso exigiera una explicación del gobierno mexicano sobre el asunto.
Durante su comparecencia ante el Congreso, el entonces secretario de Gobernación, José Blake, hoy fallecido; la canciller Espinosa; y el en esa fecha secretario del Consejo de Seguridad, Alejandro Poiré, también afirmaron que los estadounidenses no realizan ninguna tarea que sea facultad de las autoridades mexicanas.
Entre otros precedentes de este asunto, el sitio digital Taringa divulgó que desde el anterior gobierno mexicano de Vicente Fox ya Estados Unidos viene trabajando en misiones dentro de México.
De igual manera, durante la administración de George W. Bush, en el 2008, Estados Unidos junto con los gobiernos de México y de los países centroamericanos firmaron la llamada Iniciativa Mérida con el objetivo de enfrentar de conjunto el narcotráfico.
Entre las instituciones norteamericanas involucradas en ese plan se encuentran el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la CIA, el FBI y la DEA.
De tal manera, el controvertido tema de las operaciones de inteligencia estadounidenses y de su injerencia en México ocupó espacios destacados y frecuentes durante el año en los medios noticiosos del país.
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