Raymundo Riva Palacio
Este viernes, la Corte Federal de Chicago tiene programado anunciar la lista de testigos para el maxiproceso que se le sigue al Cártel de Sinaloa –hoy llamado del Pacífico- en Estados Unidos. Hay 36 personas a quienes se enjuicia por ocho diferentes delitos, pero por razones poco claras, se ha creado una cortina de humo involuntaria en México, donde el interés se centra en Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de uno de los jefes de la organización criminal, Ismael “El Mayo” Zambada, y su propósito fallido de convertirse en testigo protegido de la DEA. Ese juicio no sólo puede abrir en canal a la banda, sino destapar un arcón de secretos que envuelven a los cuatro últimos gobiernos de ambos países.
Los testigos serán la clave. Dos de ellos son Pedro y Margarito Flores, de origen mexicano y avecindados en Chicago, que aportarán el mapa de navegación que tenía el cártel en Estados Unidos -donde distribuían cocaína y heroína en ocho estados-, y en Canadá, y aportarán las pruebas contra “El Vicentillo”, y contra el hijo y el sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Alfredo Guzmán Salazar y Juan Guzmán Rocha. Uno más es Humberto Loya, identificado como el abogado de “El Chapo”, intermediario de “El Vicentillo” en la búsqueda de ser testigo protegido, y uno de los capos de Sinaloa, que sobrevivió por años en las sombras.
Los Flores, que se convirtieron en informantes de la DEA en 2008 a cambio de inmunidad, saben también, de acuerdo con lo que declararon en 2009 a un Gran Jurado en Illinois, qué funcionarios y policías mexicanos estaban en la nómina del cártel a cambio de protección, y qué funcionarios estadounidenses les ayudaban a conseguir armas para utilizar en la guerra contra sus rivales en México. Loya, informante de la DEA desde 2005, conoce el universo del manto de protección institucional que le dieron al cártel durante cuatro sexenios.
Las declaraciones de los hermanos Flores al igual que varias páginas de los documentos ante el Gran Jurado serán secretas, al haber aceptado el juez federal en Chicago que la divulgación de nombres y detalles de la información afectaría las fuentes de información de la DEA, sus operaciones en México, e iría en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, que es el marco de referencia en el cual ubican el juicio.
No se sabe, sin embargo, el destino que tendrá el testimonio del abogado Loya, que será vital para entender cuántos funcionarios mexicanos durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, trabajaron para Zambada y Guzmán, y hasta dónde llegó la penetración del narcotráfico en las instituciones mexicanas.
Loya es un personaje secundario en la percepción mexicana, pero es el testigo de la Fiscalía que puede hacer las revelaciones más comprometedoras para los gobiernos mexicanos. Los documentos en la Corte de Chicago que lo ubican como informante desde 1998, coinciden con un informe secreto que llegó en agosto de 2001 a la Secretaría de Gobernación, donde se menciona la presunta negociación del Cártel de Sinaloa con el gobierno mexicano desde mediados de los 90s.
Ese documento, que no está en Chicago, tiene un organigrama donde Loya aparece como el número dos del Cártel de Sinaloa, abajo de “El Mayo” Zambada, pero arriba en la jerarquía criminal de “El Chapo” Guzmán. Según ese documento, no era sólo abogado de los capos sino uno de sus líderes, quien sabe con certeza si en efecto el Cártel de Sinaloa negoció o no con gobiernos mexicanos y durante cuánto tiempo Washington tuvo o no pactos con ellos para obtener información de los cárteles rivales.
En cualquier caso, el juicio en Chicago sugiere que para bien o mal de ambos gobiernos, la organización criminal predominante en la última década, se volvió desechable.
Este viernes, la Corte Federal de Chicago tiene programado anunciar la lista de testigos para el maxiproceso que se le sigue al Cártel de Sinaloa –hoy llamado del Pacífico- en Estados Unidos. Hay 36 personas a quienes se enjuicia por ocho diferentes delitos, pero por razones poco claras, se ha creado una cortina de humo involuntaria en México, donde el interés se centra en Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de uno de los jefes de la organización criminal, Ismael “El Mayo” Zambada, y su propósito fallido de convertirse en testigo protegido de la DEA. Ese juicio no sólo puede abrir en canal a la banda, sino destapar un arcón de secretos que envuelven a los cuatro últimos gobiernos de ambos países.
Los testigos serán la clave. Dos de ellos son Pedro y Margarito Flores, de origen mexicano y avecindados en Chicago, que aportarán el mapa de navegación que tenía el cártel en Estados Unidos -donde distribuían cocaína y heroína en ocho estados-, y en Canadá, y aportarán las pruebas contra “El Vicentillo”, y contra el hijo y el sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Alfredo Guzmán Salazar y Juan Guzmán Rocha. Uno más es Humberto Loya, identificado como el abogado de “El Chapo”, intermediario de “El Vicentillo” en la búsqueda de ser testigo protegido, y uno de los capos de Sinaloa, que sobrevivió por años en las sombras.
Los Flores, que se convirtieron en informantes de la DEA en 2008 a cambio de inmunidad, saben también, de acuerdo con lo que declararon en 2009 a un Gran Jurado en Illinois, qué funcionarios y policías mexicanos estaban en la nómina del cártel a cambio de protección, y qué funcionarios estadounidenses les ayudaban a conseguir armas para utilizar en la guerra contra sus rivales en México. Loya, informante de la DEA desde 2005, conoce el universo del manto de protección institucional que le dieron al cártel durante cuatro sexenios.
Las declaraciones de los hermanos Flores al igual que varias páginas de los documentos ante el Gran Jurado serán secretas, al haber aceptado el juez federal en Chicago que la divulgación de nombres y detalles de la información afectaría las fuentes de información de la DEA, sus operaciones en México, e iría en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, que es el marco de referencia en el cual ubican el juicio.
No se sabe, sin embargo, el destino que tendrá el testimonio del abogado Loya, que será vital para entender cuántos funcionarios mexicanos durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, trabajaron para Zambada y Guzmán, y hasta dónde llegó la penetración del narcotráfico en las instituciones mexicanas.
Loya es un personaje secundario en la percepción mexicana, pero es el testigo de la Fiscalía que puede hacer las revelaciones más comprometedoras para los gobiernos mexicanos. Los documentos en la Corte de Chicago que lo ubican como informante desde 1998, coinciden con un informe secreto que llegó en agosto de 2001 a la Secretaría de Gobernación, donde se menciona la presunta negociación del Cártel de Sinaloa con el gobierno mexicano desde mediados de los 90s.
Ese documento, que no está en Chicago, tiene un organigrama donde Loya aparece como el número dos del Cártel de Sinaloa, abajo de “El Mayo” Zambada, pero arriba en la jerarquía criminal de “El Chapo” Guzmán. Según ese documento, no era sólo abogado de los capos sino uno de sus líderes, quien sabe con certeza si en efecto el Cártel de Sinaloa negoció o no con gobiernos mexicanos y durante cuánto tiempo Washington tuvo o no pactos con ellos para obtener información de los cárteles rivales.
En cualquier caso, el juicio en Chicago sugiere que para bien o mal de ambos gobiernos, la organización criminal predominante en la última década, se volvió desechable.
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