Jorge Fernández Menéndez
No deja de asombrarme la frivolidad con que muchos de nuestros políticos, de todos los partidos, asumen el desafío del crimen organizado dentro de la propia vida política, en su entorno, en su realidad. Olvidemos por un momento los capítulos fundamentales, más evidentes, como el incumplimiento, casi absoluto, de los compromisos contraídos hace más de tres años en aquel consejo de seguridad nacional realizado en Palacio Nacional luego de la muerte del joven Fernando Martí, cuando su padre, Alejandro, les lanzó aquello de que “si no pueden, renuncien”. Han pasado los meses y los años, los compromisos no se han cumplido y ninguno ha renunciado.
Ahí están, paralizadas en el Congreso, casi todas las reformas en el ámbito de la seguridad, incluyendo la que propusieron los propios partidos a través de sus gobernadores en la Conago. En el inter ha habido dirigentes locales, presidentes municipales, hasta un candidato a gobernador, Rodolfo Torre Cantú, asesinados y no ha pasado nada (en realidad uno de los pocos que ha reaccionado y tomado medidas ha sido su hermano Egidio Torre). Pero ahora que se advierte del peligro, evidente, real, cercano, de la intromisión del narcotráfico en las elecciones, como ha ocurrido en muchos puntos del país y como fue claro que sucedió en Michoacán, la mejor respuesta que muchos de nuestros más prominentes hombres de la política encuentran, es desgarrarse las vestiduras y decir que se trata de una intromisión gubernamental en las elecciones.
No estamos ciegos en el tema de la intromisión del crimen organizado en la política. Lo que sucede es que muchos prefieren no ver y piensan, quizás, que de alguna forma se beneficiarán, ya sea por el desgaste del Gobierno, por apoyos explícitos o por omisión, de esa ceguera voluntaria. Apenas el miércoles el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigía al Gobierno federal investigar y poner al descubierto lo sucedido con el narcotráfico en las elecciones de Michoacán. Está bien, pero cuando el mismo Gobierno federal detuvo a más de una docena de funcionarios locales relacionados con el narcotráfico en el llamado michoacanazo, dijeron que se estaba interviniendo en la vida política del estado.
Todos los detenidos quedaron en libertad por un más que extraño manejo judicial casualmente al mismo tiempo que se anunciaban las alianzas PAN-PRD en Oaxaca, Sinaloa y Puebla. Pero había un diputado electo que seguía prófugo: era Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy. Desde antes de las elecciones legislativas, el PRD tenía información sobre las relaciones de Julio César con Servando Gómez, “La Tuta”, uno de los jefes de “La Familia”, ahora llamados “Los Caballeros Templarios”. Lo ignoraron y lo dejaron como candidato. Cuando fue solicitada su orden de captura, para darle fuero, Alejandro Encinas lo tuvo escondido dos días en sus oficinas en San Lázaro. Rindió protesta como diputado y de inmediato se lo incorporó nada menos que a la Comisión de Justicia. Hasta que las grabaciones de Godoy y “La Tuta” se difundieron públicamente y fue desaforado. El proceso de desafuero le dio tiempo para huir. Está prófugo. Ni Zambrano ni nadie del PRD le ha pedido a Leonel Godoy cuentas sobre lo sucedido con Julio César y mucho menos sobre la brutal infiltración del narcotráfico en la entidad.
Andrés Manuel López Obrador, coincidiendo con Zambrano y también con Enrique Peña Nieto, dice que la autoridad debe proceder con el narcotráfico en lugar de hacer declaraciones, que es su obligación. En buena medida tiene razón. El problema es que en muchas ocasiones, cuando se procede son esos mismos políticos y dirigentes partidarios los que se oponen. Que se actúe, parecen decir, pero sobre los bueyes de mi compadre. Ahí está el ejemplo de Greg Sánchez, el ex alcalde de Benito Juárez, donde se ubica Cancún. Como en el caso de Julio César Godoy, la dirigencia del PRD fue advertida de que no lo presentaran como candidato porque había investigaciones sobre relaciones con el crimen organizado del entonces todavía alcalde. No sólo lo ignoraron y lo hicieron candidato a gobernador, sino que ahora lo están lanzando como candidato a senador por el estado. Se dirá que fue absuelto. Es una verdad a medias: lo que ocurrió fue que un juez, vaya uno a saber porqué, decidió irse de vacaciones en lugar de contestar el amparo que había presentado la PGR, la fecha límite venció y Greg quedó entonces en libertad.
Todos hemos criticado a Humberto Moreira por el manejo del tema de la deuda en Coahuila. Ayer Narciso Agúndez, que comenzó políticamente en el PAN, se fue al PT y terminó en el PRD como gobernador de Baja California Sur, fue inhabilitado por seis años por un peculado de 28 millones de pesos, mientras continúan los procesos penales en su contra. En BCS, durante su mandato, se más que asentó el narcotráfico, allí fue detenido Teodoro Simental, “El Teo”, protegido por autoridades locales. Ni un solo partido, ni un solo dirigente o candidato, ha dicho una palabra sobre Agúndez. Claro, es que en México no hay narcopolítica.
No deja de asombrarme la frivolidad con que muchos de nuestros políticos, de todos los partidos, asumen el desafío del crimen organizado dentro de la propia vida política, en su entorno, en su realidad. Olvidemos por un momento los capítulos fundamentales, más evidentes, como el incumplimiento, casi absoluto, de los compromisos contraídos hace más de tres años en aquel consejo de seguridad nacional realizado en Palacio Nacional luego de la muerte del joven Fernando Martí, cuando su padre, Alejandro, les lanzó aquello de que “si no pueden, renuncien”. Han pasado los meses y los años, los compromisos no se han cumplido y ninguno ha renunciado.
Ahí están, paralizadas en el Congreso, casi todas las reformas en el ámbito de la seguridad, incluyendo la que propusieron los propios partidos a través de sus gobernadores en la Conago. En el inter ha habido dirigentes locales, presidentes municipales, hasta un candidato a gobernador, Rodolfo Torre Cantú, asesinados y no ha pasado nada (en realidad uno de los pocos que ha reaccionado y tomado medidas ha sido su hermano Egidio Torre). Pero ahora que se advierte del peligro, evidente, real, cercano, de la intromisión del narcotráfico en las elecciones, como ha ocurrido en muchos puntos del país y como fue claro que sucedió en Michoacán, la mejor respuesta que muchos de nuestros más prominentes hombres de la política encuentran, es desgarrarse las vestiduras y decir que se trata de una intromisión gubernamental en las elecciones.
No estamos ciegos en el tema de la intromisión del crimen organizado en la política. Lo que sucede es que muchos prefieren no ver y piensan, quizás, que de alguna forma se beneficiarán, ya sea por el desgaste del Gobierno, por apoyos explícitos o por omisión, de esa ceguera voluntaria. Apenas el miércoles el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigía al Gobierno federal investigar y poner al descubierto lo sucedido con el narcotráfico en las elecciones de Michoacán. Está bien, pero cuando el mismo Gobierno federal detuvo a más de una docena de funcionarios locales relacionados con el narcotráfico en el llamado michoacanazo, dijeron que se estaba interviniendo en la vida política del estado.
Todos los detenidos quedaron en libertad por un más que extraño manejo judicial casualmente al mismo tiempo que se anunciaban las alianzas PAN-PRD en Oaxaca, Sinaloa y Puebla. Pero había un diputado electo que seguía prófugo: era Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy. Desde antes de las elecciones legislativas, el PRD tenía información sobre las relaciones de Julio César con Servando Gómez, “La Tuta”, uno de los jefes de “La Familia”, ahora llamados “Los Caballeros Templarios”. Lo ignoraron y lo dejaron como candidato. Cuando fue solicitada su orden de captura, para darle fuero, Alejandro Encinas lo tuvo escondido dos días en sus oficinas en San Lázaro. Rindió protesta como diputado y de inmediato se lo incorporó nada menos que a la Comisión de Justicia. Hasta que las grabaciones de Godoy y “La Tuta” se difundieron públicamente y fue desaforado. El proceso de desafuero le dio tiempo para huir. Está prófugo. Ni Zambrano ni nadie del PRD le ha pedido a Leonel Godoy cuentas sobre lo sucedido con Julio César y mucho menos sobre la brutal infiltración del narcotráfico en la entidad.
Andrés Manuel López Obrador, coincidiendo con Zambrano y también con Enrique Peña Nieto, dice que la autoridad debe proceder con el narcotráfico en lugar de hacer declaraciones, que es su obligación. En buena medida tiene razón. El problema es que en muchas ocasiones, cuando se procede son esos mismos políticos y dirigentes partidarios los que se oponen. Que se actúe, parecen decir, pero sobre los bueyes de mi compadre. Ahí está el ejemplo de Greg Sánchez, el ex alcalde de Benito Juárez, donde se ubica Cancún. Como en el caso de Julio César Godoy, la dirigencia del PRD fue advertida de que no lo presentaran como candidato porque había investigaciones sobre relaciones con el crimen organizado del entonces todavía alcalde. No sólo lo ignoraron y lo hicieron candidato a gobernador, sino que ahora lo están lanzando como candidato a senador por el estado. Se dirá que fue absuelto. Es una verdad a medias: lo que ocurrió fue que un juez, vaya uno a saber porqué, decidió irse de vacaciones en lugar de contestar el amparo que había presentado la PGR, la fecha límite venció y Greg quedó entonces en libertad.
Todos hemos criticado a Humberto Moreira por el manejo del tema de la deuda en Coahuila. Ayer Narciso Agúndez, que comenzó políticamente en el PAN, se fue al PT y terminó en el PRD como gobernador de Baja California Sur, fue inhabilitado por seis años por un peculado de 28 millones de pesos, mientras continúan los procesos penales en su contra. En BCS, durante su mandato, se más que asentó el narcotráfico, allí fue detenido Teodoro Simental, “El Teo”, protegido por autoridades locales. Ni un solo partido, ni un solo dirigente o candidato, ha dicho una palabra sobre Agúndez. Claro, es que en México no hay narcopolítica.
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