Lorenzo Meyer / Agenda Ciudadana
Mala Noticia
En su discurso del 4 de diciembre y luego al rendir homenaje a miembros de su partido que perdieron la vida en accidentes o atentados recientes, Felipe Calderón -el hombre en posesión de los datos más completos sobre el estado que guarda el Estado- dio información que no puede más que apesadumbrar a los ciudadanos mexicanos: el poder e influencia del narcotráfico es hoy mayor que cuando su administración le declaró informalmente la guerra, hace cinco años. Es verdad que Calderón no dio la información en esos términos, pero se infiere de lo dicho.
El Proyecto
Simplificando, se puede decir que desde el inicio el combate armado a las organizaciones de narcotraficantes fue el corazón del proyecto político de “Los Pinos”. Posiblemente se le concibió tras la elección de julio del 2006 y se anunció apenas diez días después de la peculiar toma de posesión. La prensa reportó entonces: “El gobierno se declara en ‘guerra’ contra el hampa; inicia acciones en Michoacán”, (“La Jornada”, 12, diciembre, 2006). Se trataba de la “Operación Conjunta Michoacán”, una ofensiva sin fecha de término y para la cual se movilizaron 6 mil 714 efectivos del Ejército, la Armada y la Policía (AFI y PFP) apoyados con aviones, helicópteros, barcos, vehículos y hasta perros, pues se proponía sellar las costas y las carreteras del estado, construir puestos de control, ejecutar órdenes de aprehensión (300), acabar con los plantíos de enervantes y con los puntos de venta de las drogas. No se dijo que Michoacán había sido elegido para este espectacular inicio de sexenio por estar gobernado por el PRD, sino por lo violento: 542 ejecuciones en un año. Al dar a conocer la operación, el secretario de Gobernación reveló que las primeras acciones se habían iniciado el 1° de diciembre mismo, que la nueva administración no había perdido ni un día en ponerse a limpiar de narcotraficantes no sólo el estado natal de Calderón sino al país. Y prueba de ello eran que con apenas once días de existencia, el nuevo gobierno ya había decomisado un cargamento de pseudoefedrina -el mayor en la historia-, desmantelado un laboratorio para metanfetaminas (ambos en Michoacán) y capturado un barco con 2.3 toneladas de cocaína en Chiapas.
El Informe
“Llegando y haciendo lumbre” parecía ser la consigna calderonista. La idea era empezar el ataque para mostrar decisión, liderazgo y ganar así un apoyo más amplio que el 35.89% que había votado por el PAN. El poner antes a punto los instrumentos para llevar con éxito esta política -las fuerzas armadas, las policías, las estructuras judiciales, los servicios de inteligencia- no se consideró necesario; eso se haría sobre la marcha lo mismo que el diseño de la parte económica, elemento central de este conflicto cuyas causas primeras y últimas siempre han sido económicas: un negocio donde las cantidades obtenidas llegan a sumar entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales.
Cinco Años más Tarde
El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo entonces que lo que se había iniciado “será una batalla que nos llevará tiempo”. Sin embargo, cinco años después la batalla ya ha consumido más tiempo que la I Guerra Mundial y no ve el final del túnel.
El reciente discurso donde Calderón da cuenta del quinto año de su gobierno puede verse como un parte de guerra: tantos delincuentes “inhabilitados” o extraditados, tantos operativos, decomisos, erradicaciones de plantíos de marihuana y amapola y aseguramientos de armas y dinero, etcétera. Sin embargo, está el otro lado de la moneda que no apareció en ese informe: el crecimiento sistemático de muertes provocadas por la lucha entre y contra los narcotraficantes o el hecho de que, pese a todo, el mercado nacional e internacional de drogas no registra falta de suministro. Sin embargo, lo más significativo de lo dicho en estos días por Calderón sobre el tema es la admisión de que el narcotráfico ya es capaz de intervenir en los procesos políticos, en las elecciones, y el caso más claro, según el discurso oficial, es Michoacán, justamente el estado donde se puso en marcha la acción armada contra los cárteles de la droga hace cinco años.
Al recordar el 6 de diciembre al alcalde asesinado de La Piedad, Calderón aceptó como algo inédito en México “y probablemente en el mundo” que los narcotraficantes obligaran a un periódico local a publicar un desplegado donde pedían no votar por el PAN bajo pena de muerte. Antes, dijo el jefe del Ejecutivo, en los procesos electorales se había llegado a amenazar al votante con quitarle apoyos si no sufragaba de tal o cual manera, pero ahora había un salto cualitativo: se amenazaba con quitarle la vida si votaba de manera contraria a lo ordenado por el narcotráfico.
Calderón hizo referencia a esa amenaza insólita para exigir su condena enérgica por parte de toda la sociedad, demanda absolutamente justa. Sin embargo, en ese discurso desde la cúspide de la estructura formal del poder político está implícita la admisión de que a pesar de que la federación ha intervenido militar y políticamente en Michoacán -recuérdese la redada de políticos perredistas locales a los que vanamente se intentó procesar por supuestas ligas con el narcotráfico- la situación está peor. Es la admisión sobrentendida que pese a la eliminación o arresto de capos y sicarios y decomisos de droga y dinero, los señores de la droga pueden incrementar su grado de desafío. Entonces, tras una gran inversión de energía política, de recursos materiales y humanos y de vidas perdidas ¿Estamos mejor o peor que al inicio?
Otro Crimen, otro Indicador
El asesinato en Michoacán de Trinidad de la Cruz Crisóstomo, miembro del Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad (MPJD) y defensor de los derechos de la comunidad de Xayakalan en Santa María Ostula, puede verse como otro indicador tan puntual como trágico del terreno ganado por el crimen organizado, de la impotencia de la autoridad y del reto criminal a la sociedad mexicana. El homicidio del líder campesino a manos de cuatro sicarios ocurrió el mismo día en que Felipe Calderón dio el discurso en “la casa del PAN” admitiendo lo inédito del reto de la criminalidad organizada. Las circunstancias en que ocurrió el sacrificio de don Trinidad, subrayan la magnitud creciente del terreno perdido por el gobierno federal y por los mexicanos pacíficos en su afán por llegar a vivir en un Estado de derecho.
Para poder reintegrarse a su comunidad, de donde había tenido que salir por amenazas y agresión directa de paramilitares, De la Cruz Crisóstomo se hizo acompañar desde la Ciudad de México por varios miembros del MPJD, todos supuestamente escoltados por la Policía Federal. El líder defensor de los derechos de su comunidad se creyó protegido por la fuerza del Estado pero no fue así. La Policía Federal, esa en la que se han invertido cuantiosos recursos públicos para su capacitación y armamento, decidió ser muy prudente y retirarse a un sitio seguro justo cuando su presencia era más necesaria: cuando el grupo de activistas estaba por arribar a Santa María Ostula. Y es que, según lo afirman los acompañantes de don Trinidad, en esa zona de Michoacán ni el Ejército ni la Marina tienen ya presencia y, por lo visto, la Policía Federal tampoco consideró sensato intentar tenerla y dejó sin protección al amenazado y a sus acompañantes civiles, una decisión totalmente impropia de una autoridad responsable, máxime cuando desde julio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado mexicano que protegiera a todos los miembros de la comunidad por estar bajo asedio de paramilitares, (“La Jornada”, 12 de diciembre). El atentado de naturaleza política que Calderón justamente lamenta y del que fue víctima el alcalde de La Piedad fue inesperado, pero el atentado también político en contra del líder comunitario de Santa María Ostula no lo fue y en ese sentido es peor, pues mostró que la autoridad federal es negligente cuando debe defender a ciudadanos de a pie o que tras varias matanzas de federales en Michoacán, éstos, entre cumplir a cabalidad o pecar de prudentes, optaron por lo segundo. Obviamente, el instrumento contra los narcos no es el adecuado.
Finalmente
El gobierno de Calderón va a concluir sin haber cerrado el capítulo que abrió hace un lustro a tambor batiente y banderas desplegadas. Quien tenga que guiar a México en su siguiente etapa política, va a heredar la batalla contra una criminalidad engallada y, a la vez, deberá enfrentar una compleja problemática económica y social cuya solución ni siquiera se ha empezado a intentar.
Mala Noticia
En su discurso del 4 de diciembre y luego al rendir homenaje a miembros de su partido que perdieron la vida en accidentes o atentados recientes, Felipe Calderón -el hombre en posesión de los datos más completos sobre el estado que guarda el Estado- dio información que no puede más que apesadumbrar a los ciudadanos mexicanos: el poder e influencia del narcotráfico es hoy mayor que cuando su administración le declaró informalmente la guerra, hace cinco años. Es verdad que Calderón no dio la información en esos términos, pero se infiere de lo dicho.
El Proyecto
Simplificando, se puede decir que desde el inicio el combate armado a las organizaciones de narcotraficantes fue el corazón del proyecto político de “Los Pinos”. Posiblemente se le concibió tras la elección de julio del 2006 y se anunció apenas diez días después de la peculiar toma de posesión. La prensa reportó entonces: “El gobierno se declara en ‘guerra’ contra el hampa; inicia acciones en Michoacán”, (“La Jornada”, 12, diciembre, 2006). Se trataba de la “Operación Conjunta Michoacán”, una ofensiva sin fecha de término y para la cual se movilizaron 6 mil 714 efectivos del Ejército, la Armada y la Policía (AFI y PFP) apoyados con aviones, helicópteros, barcos, vehículos y hasta perros, pues se proponía sellar las costas y las carreteras del estado, construir puestos de control, ejecutar órdenes de aprehensión (300), acabar con los plantíos de enervantes y con los puntos de venta de las drogas. No se dijo que Michoacán había sido elegido para este espectacular inicio de sexenio por estar gobernado por el PRD, sino por lo violento: 542 ejecuciones en un año. Al dar a conocer la operación, el secretario de Gobernación reveló que las primeras acciones se habían iniciado el 1° de diciembre mismo, que la nueva administración no había perdido ni un día en ponerse a limpiar de narcotraficantes no sólo el estado natal de Calderón sino al país. Y prueba de ello eran que con apenas once días de existencia, el nuevo gobierno ya había decomisado un cargamento de pseudoefedrina -el mayor en la historia-, desmantelado un laboratorio para metanfetaminas (ambos en Michoacán) y capturado un barco con 2.3 toneladas de cocaína en Chiapas.
El Informe
“Llegando y haciendo lumbre” parecía ser la consigna calderonista. La idea era empezar el ataque para mostrar decisión, liderazgo y ganar así un apoyo más amplio que el 35.89% que había votado por el PAN. El poner antes a punto los instrumentos para llevar con éxito esta política -las fuerzas armadas, las policías, las estructuras judiciales, los servicios de inteligencia- no se consideró necesario; eso se haría sobre la marcha lo mismo que el diseño de la parte económica, elemento central de este conflicto cuyas causas primeras y últimas siempre han sido económicas: un negocio donde las cantidades obtenidas llegan a sumar entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales.
Cinco Años más Tarde
El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo entonces que lo que se había iniciado “será una batalla que nos llevará tiempo”. Sin embargo, cinco años después la batalla ya ha consumido más tiempo que la I Guerra Mundial y no ve el final del túnel.
El reciente discurso donde Calderón da cuenta del quinto año de su gobierno puede verse como un parte de guerra: tantos delincuentes “inhabilitados” o extraditados, tantos operativos, decomisos, erradicaciones de plantíos de marihuana y amapola y aseguramientos de armas y dinero, etcétera. Sin embargo, está el otro lado de la moneda que no apareció en ese informe: el crecimiento sistemático de muertes provocadas por la lucha entre y contra los narcotraficantes o el hecho de que, pese a todo, el mercado nacional e internacional de drogas no registra falta de suministro. Sin embargo, lo más significativo de lo dicho en estos días por Calderón sobre el tema es la admisión de que el narcotráfico ya es capaz de intervenir en los procesos políticos, en las elecciones, y el caso más claro, según el discurso oficial, es Michoacán, justamente el estado donde se puso en marcha la acción armada contra los cárteles de la droga hace cinco años.
Al recordar el 6 de diciembre al alcalde asesinado de La Piedad, Calderón aceptó como algo inédito en México “y probablemente en el mundo” que los narcotraficantes obligaran a un periódico local a publicar un desplegado donde pedían no votar por el PAN bajo pena de muerte. Antes, dijo el jefe del Ejecutivo, en los procesos electorales se había llegado a amenazar al votante con quitarle apoyos si no sufragaba de tal o cual manera, pero ahora había un salto cualitativo: se amenazaba con quitarle la vida si votaba de manera contraria a lo ordenado por el narcotráfico.
Calderón hizo referencia a esa amenaza insólita para exigir su condena enérgica por parte de toda la sociedad, demanda absolutamente justa. Sin embargo, en ese discurso desde la cúspide de la estructura formal del poder político está implícita la admisión de que a pesar de que la federación ha intervenido militar y políticamente en Michoacán -recuérdese la redada de políticos perredistas locales a los que vanamente se intentó procesar por supuestas ligas con el narcotráfico- la situación está peor. Es la admisión sobrentendida que pese a la eliminación o arresto de capos y sicarios y decomisos de droga y dinero, los señores de la droga pueden incrementar su grado de desafío. Entonces, tras una gran inversión de energía política, de recursos materiales y humanos y de vidas perdidas ¿Estamos mejor o peor que al inicio?
Otro Crimen, otro Indicador
El asesinato en Michoacán de Trinidad de la Cruz Crisóstomo, miembro del Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad (MPJD) y defensor de los derechos de la comunidad de Xayakalan en Santa María Ostula, puede verse como otro indicador tan puntual como trágico del terreno ganado por el crimen organizado, de la impotencia de la autoridad y del reto criminal a la sociedad mexicana. El homicidio del líder campesino a manos de cuatro sicarios ocurrió el mismo día en que Felipe Calderón dio el discurso en “la casa del PAN” admitiendo lo inédito del reto de la criminalidad organizada. Las circunstancias en que ocurrió el sacrificio de don Trinidad, subrayan la magnitud creciente del terreno perdido por el gobierno federal y por los mexicanos pacíficos en su afán por llegar a vivir en un Estado de derecho.
Para poder reintegrarse a su comunidad, de donde había tenido que salir por amenazas y agresión directa de paramilitares, De la Cruz Crisóstomo se hizo acompañar desde la Ciudad de México por varios miembros del MPJD, todos supuestamente escoltados por la Policía Federal. El líder defensor de los derechos de su comunidad se creyó protegido por la fuerza del Estado pero no fue así. La Policía Federal, esa en la que se han invertido cuantiosos recursos públicos para su capacitación y armamento, decidió ser muy prudente y retirarse a un sitio seguro justo cuando su presencia era más necesaria: cuando el grupo de activistas estaba por arribar a Santa María Ostula. Y es que, según lo afirman los acompañantes de don Trinidad, en esa zona de Michoacán ni el Ejército ni la Marina tienen ya presencia y, por lo visto, la Policía Federal tampoco consideró sensato intentar tenerla y dejó sin protección al amenazado y a sus acompañantes civiles, una decisión totalmente impropia de una autoridad responsable, máxime cuando desde julio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado mexicano que protegiera a todos los miembros de la comunidad por estar bajo asedio de paramilitares, (“La Jornada”, 12 de diciembre). El atentado de naturaleza política que Calderón justamente lamenta y del que fue víctima el alcalde de La Piedad fue inesperado, pero el atentado también político en contra del líder comunitario de Santa María Ostula no lo fue y en ese sentido es peor, pues mostró que la autoridad federal es negligente cuando debe defender a ciudadanos de a pie o que tras varias matanzas de federales en Michoacán, éstos, entre cumplir a cabalidad o pecar de prudentes, optaron por lo segundo. Obviamente, el instrumento contra los narcos no es el adecuado.
Finalmente
El gobierno de Calderón va a concluir sin haber cerrado el capítulo que abrió hace un lustro a tambor batiente y banderas desplegadas. Quien tenga que guiar a México en su siguiente etapa política, va a heredar la batalla contra una criminalidad engallada y, a la vez, deberá enfrentar una compleja problemática económica y social cuya solución ni siquiera se ha empezado a intentar.
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