Apro
El daño causado a las arcas estatales por el gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz, asciende a 4,971 millones de pesos, reveló hoy la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández.
La funcionaria estatal explicó que la cuantificación del daño fue posible gracias a las 45 auditorías que le practicaron a la pasada administración.
Durante su comparecencia ante la LXI Legislatura local, Woolrich Fernández detalló que las 45 auditorías concluidas arrojaron 507 observaciones, de las cuales 20 han sido solventadas, 300 se encuentran en trámite de hacerlo y 187 se turnaron a la Dirección de Procedimientos Jurídicos por presuntas faltas administrativas por un monto de casi cinco mil millones de pesos.
Hizo hincapié en que de un universo de 77 instituciones estatales, se auditaron 45, de las cuales nueve correspondieron al sector de infraestructura, 15 al educativo, nueve a gobierno, justicia y seguridad y 12 al económico y desarrollo productivo.
Como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria estatal explicó que ya se presentaron ante la Procuraduría de Justicia del estado cuatro querellas contra el exsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; el extitular de la Comisión para el Desarrollo del estado (Coplade), Bulmaro Rito Salinas; y el exsecretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé.
Asimismo, Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, Soledad Juana Rojas Walls y Jorge Efrén Rojas Hernández, exvoceros de Ulises Ruiz Ortiz, según consta en la averiguación previa 84(FCIE)2011.
Woolrich Fernández destacó que mientras que en el sexenio de Ulises Ruiz se tramitaron mil 60 procedimientos de responsabilidad administrativa, en 2011 se concluyeron mil 522 expedientes que derivaron en la amonestación a mil 390 servidores públicos y sanción económica a 54 por un importe de seis millones 258 mil 46 pesos.
Asimismo, fueron suspendidos de su cargo dos funcionarios, inhabilitados nueve y absueltos 67.
En cuanto al Registro de Situación Patrimonial de servidores públicos, destacó que la cifra alcanzada es la más alta (14 mil 782 declaraciones patrimoniales), incluida por primera vez la del gobernador del estado.
Al finalizar su exposición, el legislador perredista Alejandro López Jarquín cuestionó a la contralora sobre un posible acuerdo entre el gobierno aliancista de Gabino Cué con su antecesor priista Ulises Ruiz Ortiz para que sus exfuncionarios no pisen la cárcel, pues destacó que todos siguen libres:
“¿Hubo algún acuerdo de carácter político, en cuanto a estos temas, es decir ¿se pactó el borrón y cuenta nueva? ¿Se le va a dar vuelta a la página? ¿Se va a permitir que a los que quieran protegerse con las candidaturas a diputados federales y el senado para tener fuero e impunidad, no se les toque? ¿Fue un acuerdo en otro sentido, de retrasar las investigaciones o permitir que esos individuos se ampararan, huyeran del país y buscaran la protección, a través de mecanismos que la misma justicia establece para que puedan ser candidatos?”, cuestionó.
Si se permite que los que saquearon las arcas del estado sigan libres, es un latrocinio a la democracia, advirtió el legislador.
Por su parte, el diputado del PT, Flavio Sosa Villavicencio, exigió aclarar la exoneración que hizo el gobernador Gabino Cué de su antecesor Ulises Ruiz.
“¿Cuáles fueron las autoridades que cometieron qué irregularidades? ¡Queremos nombres y montos, secretaria!, queremos saber si entre esos figuran los tristemente célebres Ulises Ruiz Ortiz y Bulmaro Rito Salinas, ligados a qué irregularidades; ¡queremos saber si se les investiga!”, interrogó el legislador.
La funcionaria respondió que la Ley de Responsabilidades le impide proporcionar nombres. “Baste saber que se han presentado cuatro querellas e infinidad de procedimientos de responsabilidad”, en los que “puedo asegurar que se encuentran implicados muchos de los que usted mencionó”, señaló la funcionaria.
“¿Comparte usted la declaración del licenciado Gabino Cué de que no hay elementos contra el señor Ulises Ruiz, cuando había, si es que ya no los hay, procesos en curso? Queremos saber con base en qué pudo la administración estatal realizar declaraciones exculpando al anterior gobernador”, preguntó también Sosa Villavicencio.
La contralora respondió que Ulises Ruiz y otros, “pillos connotadísimos” serán materia de alguna de las acciones por ejecutar al concluir las auditorías, “pues quien da las concesiones para los vehículos no son los directores, como tampoco los que regalaron los fiat a los señores notarios”, respondió.
El daño causado a las arcas estatales por el gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz, asciende a 4,971 millones de pesos, reveló hoy la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández.
La funcionaria estatal explicó que la cuantificación del daño fue posible gracias a las 45 auditorías que le practicaron a la pasada administración.
Durante su comparecencia ante la LXI Legislatura local, Woolrich Fernández detalló que las 45 auditorías concluidas arrojaron 507 observaciones, de las cuales 20 han sido solventadas, 300 se encuentran en trámite de hacerlo y 187 se turnaron a la Dirección de Procedimientos Jurídicos por presuntas faltas administrativas por un monto de casi cinco mil millones de pesos.
Hizo hincapié en que de un universo de 77 instituciones estatales, se auditaron 45, de las cuales nueve correspondieron al sector de infraestructura, 15 al educativo, nueve a gobierno, justicia y seguridad y 12 al económico y desarrollo productivo.
Como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria estatal explicó que ya se presentaron ante la Procuraduría de Justicia del estado cuatro querellas contra el exsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; el extitular de la Comisión para el Desarrollo del estado (Coplade), Bulmaro Rito Salinas; y el exsecretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé.
Asimismo, Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, Soledad Juana Rojas Walls y Jorge Efrén Rojas Hernández, exvoceros de Ulises Ruiz Ortiz, según consta en la averiguación previa 84(FCIE)2011.
Woolrich Fernández destacó que mientras que en el sexenio de Ulises Ruiz se tramitaron mil 60 procedimientos de responsabilidad administrativa, en 2011 se concluyeron mil 522 expedientes que derivaron en la amonestación a mil 390 servidores públicos y sanción económica a 54 por un importe de seis millones 258 mil 46 pesos.
Asimismo, fueron suspendidos de su cargo dos funcionarios, inhabilitados nueve y absueltos 67.
En cuanto al Registro de Situación Patrimonial de servidores públicos, destacó que la cifra alcanzada es la más alta (14 mil 782 declaraciones patrimoniales), incluida por primera vez la del gobernador del estado.
Al finalizar su exposición, el legislador perredista Alejandro López Jarquín cuestionó a la contralora sobre un posible acuerdo entre el gobierno aliancista de Gabino Cué con su antecesor priista Ulises Ruiz Ortiz para que sus exfuncionarios no pisen la cárcel, pues destacó que todos siguen libres:
“¿Hubo algún acuerdo de carácter político, en cuanto a estos temas, es decir ¿se pactó el borrón y cuenta nueva? ¿Se le va a dar vuelta a la página? ¿Se va a permitir que a los que quieran protegerse con las candidaturas a diputados federales y el senado para tener fuero e impunidad, no se les toque? ¿Fue un acuerdo en otro sentido, de retrasar las investigaciones o permitir que esos individuos se ampararan, huyeran del país y buscaran la protección, a través de mecanismos que la misma justicia establece para que puedan ser candidatos?”, cuestionó.
Si se permite que los que saquearon las arcas del estado sigan libres, es un latrocinio a la democracia, advirtió el legislador.
Por su parte, el diputado del PT, Flavio Sosa Villavicencio, exigió aclarar la exoneración que hizo el gobernador Gabino Cué de su antecesor Ulises Ruiz.
“¿Cuáles fueron las autoridades que cometieron qué irregularidades? ¡Queremos nombres y montos, secretaria!, queremos saber si entre esos figuran los tristemente célebres Ulises Ruiz Ortiz y Bulmaro Rito Salinas, ligados a qué irregularidades; ¡queremos saber si se les investiga!”, interrogó el legislador.
La funcionaria respondió que la Ley de Responsabilidades le impide proporcionar nombres. “Baste saber que se han presentado cuatro querellas e infinidad de procedimientos de responsabilidad”, en los que “puedo asegurar que se encuentran implicados muchos de los que usted mencionó”, señaló la funcionaria.
“¿Comparte usted la declaración del licenciado Gabino Cué de que no hay elementos contra el señor Ulises Ruiz, cuando había, si es que ya no los hay, procesos en curso? Queremos saber con base en qué pudo la administración estatal realizar declaraciones exculpando al anterior gobernador”, preguntó también Sosa Villavicencio.
La contralora respondió que Ulises Ruiz y otros, “pillos connotadísimos” serán materia de alguna de las acciones por ejecutar al concluir las auditorías, “pues quien da las concesiones para los vehículos no son los directores, como tampoco los que regalaron los fiat a los señores notarios”, respondió.
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