Gerardo Peláez Ramos
Tres estudiantes muertos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero; varios heridos, y algunas decenas de detenidos es el saldo de la represión injustificada y criminal contra una manifestación pacífica y con objetivos claramente definidos, en Chilpancingo de los Bravo, capital de la entidad suriana. Los caídos fueron los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús y Édgar David Espíritu, todos ellos muy jóvenes. Su crimen: demandar una audiencia con el gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, para negociar un pliego petitorio de esa comunidad estudiantil. La respuesta gubernamental a la demanda: la represión descarada y brutal, además de un chivo expiatorio, Gerardo Santiago Peña, a quien se acusa, sin base alguna, de estar detenido por portar un rifle AK-47, de los conocidos popularmente como cuernos de chivo.
Para tener una idea de la magnitud del crimen, quizá sea de mucha utilidad transcribir algunos párrafos del reportaje de la periodista Margena de la O, de La Jornada Guerrero: “Chilpancingo, 12 de diciembre. Policías que pretendían desalojar a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa cuando bloqueaban la autopista del Sol, para exigir al gobernador Ángel Aguirre Rivero una audiencia, los reprimieron a balazos y asesinaron a dos de ellos [en realidad, tres].
“En la embestida policiaca, ordenada por mandos de gobierno a través de radio, hubo un número indeterminado de heridos, y 24 personas fueron detenidas. Los estudiantes demandaban que reactivaran las clases en la normal, suspendidas desde hace más de un mes.
“A las 12 del día los jóvenes empezaron a reunirse a un lado de la autopista, a la altura de la tienda Liverpool, y a las 12:15 o 12:20 a lo más, los cuerpos de Jorge Alexis Herrera Pino, y Gabriel Echeverría de Jesús, ya estaban tirados e inertes sobre el asfalto de cuota.
La agresión
“Todo comenzó con una cortina de humo, provocada por las bombas con gas lacrimógeno que salieron de manos de policías federales. Fue la primera impresión de la escena observada desde la parte frontal (norte a sur de la autopista). Gritos. Zozobra. Reporteros, turistas, gente común que tuvo la mala fortuna de pasar ahí, colocados pecho al piso por indicación. Chillantes cláxones de los vehículos varados. Más gritos.
“Enseguida, vino la primera ráfaga de balas al aire, de los policías federales, autorizada mediante un enlace por radio. La segunda ráfaga, más prolongada, ya no salió de las mismas armas: policías ministeriales abrieron fuego contra los estudiantes del lado derecho (carril norte-sur), al entrar por el puente de la tienda departamental, para acorralarlos entre el ya opresivo bloqueo de carros. No tardó mucho para que los policías federales también apuntaran hacia el mismo blanco.
“Del otro lado, el de Ayotzinapa, el de los normalistas rurales de un presupuesto diario de 50 pesos para alimentación, respondieron, porque sí lo alcanzaron a hacer, con palos y piedras. Las bombas caseras que llevaban no las usaron porque no dio tiempo de llenarlas de combustible de las dos gasolineras de lado a lado del tramo. Algunos, en el intento de defenderse, alcanzaron a prender fuego a los aceites envasados de esos establecimientos.
“Los policías lanzaron entonces algunas granadas de fragmentación hacia los normalistas, que para ese momento se refugiaban entre los huecos de sus autobuses y los muros de concreto que dividen la carretera. Eran cinco en total, según se pudo contabilizar después, y ninguna alcanzó a detonar, pero provocaron pánico y al menos dos huidas a galope de todos los que rodeaban la escena. Los únicos inmóviles eran los dos estudiantes muertos, ambos de menos de 22 años.
“Otro fragmento de avasallamiento: un joven que vestía playera roja gritó a los policías federales, al mismo tiempo en que tocaba su abdomen, del cual escurría sangre, pidiéndoles ayuda porque lo habían herido.
“–Me diste –le dijo al policía que le había disparado.
“–Vete a la verga –le contestó el uniformado”.
Lenin Ocampo, otro reportero de La Jornada Guerrero, apunta: “Los estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos, intentaban bloquear la principal carretera que comunica con Acapulco, donde cientos de turistas regresaban del puente guadalupano.
“A las 12:20, un convoy de siete patrullas de la Policía Federal llegó para intentar desalojarlos, por lo que los estudiantes se pertrecharon junto a sus autobuses y buscaron piedras y palos para intentar enfrentarse con los uniformados, que portaban armas largas y chalecos antibalas.
“La orden fue desalojarlos, aunque un federal le recriminó a su jefe: “pero no tenemos equipo antimotines”.
“–Eso vale madres, actúen y aviéntenles las granadas (lacrimógenas) –le respondió.
“Los federales accionaron una bomba de humo y uno de los estudiantes respondió incendiando el aceite que estaba en una de las gasolineras que se encuentra a la salida de Chilpancingo.
“Del grupo de policías federales salieron los disparos a mansalva contra los estudiantes, argumentando éstos que les estaban tirando, pero los únicos disparos provenían del personal de la Policía Ministerial del estado”.
Como queda evidenciado en los reportajes citados y en diversos documentos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organización a la que pertenecen los normalistas de Ayotzinapa, y de otros organismos sociales y políticos, en los graves hechos ocurridos el 12 de diciembre hubo participación activa de los policías federales, miembros del operativo Guerrero Seguro. De esta suerte, los elementos que supuestamente deberían ocuparse de la seguridad de la población local se dedican a disparar contra estudiantes indefensos y a comportarse como delincuentes comunes o integrantes de las bandas de sicarios y otros sujetos de semejante catadura.
No hay, salta a la vista, ninguna seguridad con elementos de las corporaciones que moviliza el gobierno federal. Al contrario, tales individuos contribuyen gravemente a fortalecer la inseguridad que prevalece en Guerrero y en el país. Son resultado de una política ajena a los intereses del pueblo y la nación mexicanos, son una importación desde Washington que sólo sirve a los intereses de Estados Unidos y a una minoría insignificante de politiqueros de la ultraderecha que hacen negocios y se enriquecen con la guerra de los gringos.
Ángel Heladio Aguirre Rivero debería respetar su palabra, pues prometió a lo largo de su campaña electoral para la gubernatura de Guerrero que ya en el poder seguiría una política democrática frente a los conflictos y actores sociales, no haría uso de la represión y los cuerpos policiacos serían respetuosos de la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. No ha sido así y el trato dado a maestros, estudiantes, campesinos e indígenas es completamente distinto al que prometió. Los grupos sociales menos favorecidos son vistos con desprecio y tratados como si fueran delincuentes del orden común. El de Layo Aguirre no es un gobierno de izquierda, sino de derecha. No en vano forma filas en el conjunto de grandes cuates de Enrique Peña Nieto, precandidato ilustrado del Partido Revolucionario Institucional.
Dada la responsabilidad contraída con la masacre del Día Guadalupano, deberían ser destituidos, cuando menos, el secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja, y el Procurador General de Justicia en el Estado, Alberto López Rosas, así como los jefes policiacos. No sería correcto que conservaran sus puestos --vulgo: “huesos”-- como si nada hubiera ocurrido. Deben, asimismo, responder ante la justicia.
Sin embargo, no es todo. Después del triple asesinato, la golpiza infame contra los normalistas y las detenciones ilegales de ciudadanos, adolescentes y niños, los funcionarios de la administración “de izquierda moderna” se dieron a la tarea de tergiversar la realidad, señalando con la mayor desvergüenza que “no hubo represión”, que los policías no iban armados y que los estudiantes manifestantes provocaron un “enfrentamiento”. Se necesita no tener ninguna consideración por la verdad para difundir y defender tamañas insensateces… por no decir estupideces. El repudio generalizado de la represión contra los normalistas, ejecutada por los gobiernos federal y estatal, como es público y notorio, recorre amplias franjas del territorio nacional, pese a que debería ser más amplio aún, para que se traten de otra manera más adecuada los problemas sociales y políticos. Es justo y conveniente que protesten la Organización Campesina de la Sierra del Sur, el Partido de la Revolución Democrática, la FECSM, la coordinación estatal del Movimiento Regeneración Nacional en Guerrero, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y cientos de organizaciones más de Guerrero, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco y otras entidades federativas, así como de América Latina, Estados Unidos y Europa.
En defensa de sus representados, la organización unitaria del normalismo nacional plantea: “La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) condena enérgicamente el asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero; que fueron agredidos el día 12 de diciembre del 2011 a las 12 hrs. durante una manifestación pacífica que exigía que el Gobernador Ángel Aguirre Rivero cumpliera con los compromisos asumidos y luego de la cancelación de tres audiencias. En la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco fueron certeramente agredidos por fuerzas policiacas municipales, estatales y federales, resultando asesinado los normalistas:
“Gabriel Echeverría de Jesús de 20 años del 2º “B” de la Licenciatura de Educación Física.
“Jorge Alexis Herrera Pino de 21 años del 3º “A” de la Licenciatura de Educación Primaria.
“Y otro compañero [Édgar David Espíritu] que falleció a consecuencia de las heridas de bala”.
“Las fotografías y videos publicados por las redes de comunicación muestran la saña de la agresión y claramente que quienes dispararon fueron las fuerzas policiacas y que los estudiantes y los miembros de las organizaciones que los apoyaban no llevaban más armas que sus ideas y demandas.
“De igual forma, ha sido rodeada la normal por fuerzas militares y policiacas con la finalidad del desalojo de los estudiantes y padres de familia, a quienes no les permiten la salida”.
La FECSM demanda: castigo a los culpables del asesinato de los tres normalistas; libertad a los presos y presentación de los desaparecidos: entrega de los cuerpos a los familiares; respeto a la comunidad estudiantil, y no al cierre de la escuela.
En forma por demás acertada, La Jornada Guerrero indica en su editorial del 13 de diciembre: “La célebre frase de Guillermo Prieto [los valientes no asesinan] viene a cuento tras el asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa (al cierre de esta edición se confirmó la muerte de Édgar David Espíritu, quien estaba gravemente herido), porque es injustificable que para contener una manifestación se haya tenido que recurrir a policías armados que usaron balas de verdad, balas que sólo sirven para matar.
“Es necesario puntualizar que los normalistas no se manifestaban por primera ocasión, y que lo hacían por un asunto muy concreto: exigían una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre que se les había cancelado sin reposición de fecha, para resolver un problema por el cual no ha habido clases en esa normal desde hace más de un mes.
“El procurador de Justicia, Alberto López Rosas, informó que no hubo represión pues los estudiantes --así lo dijo-- llevaban armas, ya que se les encontraron ocho granadas y un fusil AK-47; además insinuó que algo raro está pasando; mientras el gobierno del estado en un comunicado también se mostró sorprendido porque, dijo, las demandas de los normalistas se han atendido y resuelto en su mayoría.
“La teoría de las armas encontradas tiene sus puntos débiles: si las llevaban, ¿por qué en otras ocasiones no las habían llevado? ¿Y por qué no las usaron, si se sentían agredidos por los policías?
“Aun en el supuesto de que en efecto hayan portado las armas, aun concediendo la beligerancia de los normalistas, la acción --que no reacción, hay que precisarlo-- de los policías, es injustificable. El gobierno estatal comete un error al pretender justificar esos hechos, cuando debería investigarlos y sancionarlos.
“Hay al menos dos muertos, no es un asunto menor. Murieron a balazos por la policía. La imagen difundida ayer por el periódico Reforma es elocuente: muestra cómo uno de ellos fue cazado mientras corría por la autopista despejada.
“Eso no puede quedar en un llamado a la mesura; el gobierno debe reconocer su responsabilidad y comprometerse a fondo a investigar los hechos, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables”.
No hay por qué hacerse bolas, la solución positiva al conflicto está a la mano: esclarecer plenamente los hechos y detener, someter a juicio y castigar a los autores materiales e intelectuales de la salvaje matanza; dar salida correcta a las demandas expuestas por la FECSM, además de resolver políticamente el pliego petitorio estudiantil, es decir, incrementar la matrícula escolar, disminuir los promedios de ingreso y otorgar plazas de maestros a los egresados de la generación 2012. La convivencia civilizada de los guerrerenses así lo demanda y así lo amerita.
Tres estudiantes muertos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero; varios heridos, y algunas decenas de detenidos es el saldo de la represión injustificada y criminal contra una manifestación pacífica y con objetivos claramente definidos, en Chilpancingo de los Bravo, capital de la entidad suriana. Los caídos fueron los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús y Édgar David Espíritu, todos ellos muy jóvenes. Su crimen: demandar una audiencia con el gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, para negociar un pliego petitorio de esa comunidad estudiantil. La respuesta gubernamental a la demanda: la represión descarada y brutal, además de un chivo expiatorio, Gerardo Santiago Peña, a quien se acusa, sin base alguna, de estar detenido por portar un rifle AK-47, de los conocidos popularmente como cuernos de chivo.
Para tener una idea de la magnitud del crimen, quizá sea de mucha utilidad transcribir algunos párrafos del reportaje de la periodista Margena de la O, de La Jornada Guerrero: “Chilpancingo, 12 de diciembre. Policías que pretendían desalojar a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa cuando bloqueaban la autopista del Sol, para exigir al gobernador Ángel Aguirre Rivero una audiencia, los reprimieron a balazos y asesinaron a dos de ellos [en realidad, tres].
“En la embestida policiaca, ordenada por mandos de gobierno a través de radio, hubo un número indeterminado de heridos, y 24 personas fueron detenidas. Los estudiantes demandaban que reactivaran las clases en la normal, suspendidas desde hace más de un mes.
“A las 12 del día los jóvenes empezaron a reunirse a un lado de la autopista, a la altura de la tienda Liverpool, y a las 12:15 o 12:20 a lo más, los cuerpos de Jorge Alexis Herrera Pino, y Gabriel Echeverría de Jesús, ya estaban tirados e inertes sobre el asfalto de cuota.
La agresión
“Todo comenzó con una cortina de humo, provocada por las bombas con gas lacrimógeno que salieron de manos de policías federales. Fue la primera impresión de la escena observada desde la parte frontal (norte a sur de la autopista). Gritos. Zozobra. Reporteros, turistas, gente común que tuvo la mala fortuna de pasar ahí, colocados pecho al piso por indicación. Chillantes cláxones de los vehículos varados. Más gritos.
“Enseguida, vino la primera ráfaga de balas al aire, de los policías federales, autorizada mediante un enlace por radio. La segunda ráfaga, más prolongada, ya no salió de las mismas armas: policías ministeriales abrieron fuego contra los estudiantes del lado derecho (carril norte-sur), al entrar por el puente de la tienda departamental, para acorralarlos entre el ya opresivo bloqueo de carros. No tardó mucho para que los policías federales también apuntaran hacia el mismo blanco.
“Del otro lado, el de Ayotzinapa, el de los normalistas rurales de un presupuesto diario de 50 pesos para alimentación, respondieron, porque sí lo alcanzaron a hacer, con palos y piedras. Las bombas caseras que llevaban no las usaron porque no dio tiempo de llenarlas de combustible de las dos gasolineras de lado a lado del tramo. Algunos, en el intento de defenderse, alcanzaron a prender fuego a los aceites envasados de esos establecimientos.
“Los policías lanzaron entonces algunas granadas de fragmentación hacia los normalistas, que para ese momento se refugiaban entre los huecos de sus autobuses y los muros de concreto que dividen la carretera. Eran cinco en total, según se pudo contabilizar después, y ninguna alcanzó a detonar, pero provocaron pánico y al menos dos huidas a galope de todos los que rodeaban la escena. Los únicos inmóviles eran los dos estudiantes muertos, ambos de menos de 22 años.
“Otro fragmento de avasallamiento: un joven que vestía playera roja gritó a los policías federales, al mismo tiempo en que tocaba su abdomen, del cual escurría sangre, pidiéndoles ayuda porque lo habían herido.
“–Me diste –le dijo al policía que le había disparado.
“–Vete a la verga –le contestó el uniformado”.
Lenin Ocampo, otro reportero de La Jornada Guerrero, apunta: “Los estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos, intentaban bloquear la principal carretera que comunica con Acapulco, donde cientos de turistas regresaban del puente guadalupano.
“A las 12:20, un convoy de siete patrullas de la Policía Federal llegó para intentar desalojarlos, por lo que los estudiantes se pertrecharon junto a sus autobuses y buscaron piedras y palos para intentar enfrentarse con los uniformados, que portaban armas largas y chalecos antibalas.
“La orden fue desalojarlos, aunque un federal le recriminó a su jefe: “pero no tenemos equipo antimotines”.
“–Eso vale madres, actúen y aviéntenles las granadas (lacrimógenas) –le respondió.
“Los federales accionaron una bomba de humo y uno de los estudiantes respondió incendiando el aceite que estaba en una de las gasolineras que se encuentra a la salida de Chilpancingo.
“Del grupo de policías federales salieron los disparos a mansalva contra los estudiantes, argumentando éstos que les estaban tirando, pero los únicos disparos provenían del personal de la Policía Ministerial del estado”.
Como queda evidenciado en los reportajes citados y en diversos documentos de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organización a la que pertenecen los normalistas de Ayotzinapa, y de otros organismos sociales y políticos, en los graves hechos ocurridos el 12 de diciembre hubo participación activa de los policías federales, miembros del operativo Guerrero Seguro. De esta suerte, los elementos que supuestamente deberían ocuparse de la seguridad de la población local se dedican a disparar contra estudiantes indefensos y a comportarse como delincuentes comunes o integrantes de las bandas de sicarios y otros sujetos de semejante catadura.
No hay, salta a la vista, ninguna seguridad con elementos de las corporaciones que moviliza el gobierno federal. Al contrario, tales individuos contribuyen gravemente a fortalecer la inseguridad que prevalece en Guerrero y en el país. Son resultado de una política ajena a los intereses del pueblo y la nación mexicanos, son una importación desde Washington que sólo sirve a los intereses de Estados Unidos y a una minoría insignificante de politiqueros de la ultraderecha que hacen negocios y se enriquecen con la guerra de los gringos.
Ángel Heladio Aguirre Rivero debería respetar su palabra, pues prometió a lo largo de su campaña electoral para la gubernatura de Guerrero que ya en el poder seguiría una política democrática frente a los conflictos y actores sociales, no haría uso de la represión y los cuerpos policiacos serían respetuosos de la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. No ha sido así y el trato dado a maestros, estudiantes, campesinos e indígenas es completamente distinto al que prometió. Los grupos sociales menos favorecidos son vistos con desprecio y tratados como si fueran delincuentes del orden común. El de Layo Aguirre no es un gobierno de izquierda, sino de derecha. No en vano forma filas en el conjunto de grandes cuates de Enrique Peña Nieto, precandidato ilustrado del Partido Revolucionario Institucional.
Dada la responsabilidad contraída con la masacre del Día Guadalupano, deberían ser destituidos, cuando menos, el secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja, y el Procurador General de Justicia en el Estado, Alberto López Rosas, así como los jefes policiacos. No sería correcto que conservaran sus puestos --vulgo: “huesos”-- como si nada hubiera ocurrido. Deben, asimismo, responder ante la justicia.
Sin embargo, no es todo. Después del triple asesinato, la golpiza infame contra los normalistas y las detenciones ilegales de ciudadanos, adolescentes y niños, los funcionarios de la administración “de izquierda moderna” se dieron a la tarea de tergiversar la realidad, señalando con la mayor desvergüenza que “no hubo represión”, que los policías no iban armados y que los estudiantes manifestantes provocaron un “enfrentamiento”. Se necesita no tener ninguna consideración por la verdad para difundir y defender tamañas insensateces… por no decir estupideces. El repudio generalizado de la represión contra los normalistas, ejecutada por los gobiernos federal y estatal, como es público y notorio, recorre amplias franjas del territorio nacional, pese a que debería ser más amplio aún, para que se traten de otra manera más adecuada los problemas sociales y políticos. Es justo y conveniente que protesten la Organización Campesina de la Sierra del Sur, el Partido de la Revolución Democrática, la FECSM, la coordinación estatal del Movimiento Regeneración Nacional en Guerrero, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y cientos de organizaciones más de Guerrero, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco y otras entidades federativas, así como de América Latina, Estados Unidos y Europa.
En defensa de sus representados, la organización unitaria del normalismo nacional plantea: “La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) condena enérgicamente el asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero; que fueron agredidos el día 12 de diciembre del 2011 a las 12 hrs. durante una manifestación pacífica que exigía que el Gobernador Ángel Aguirre Rivero cumpliera con los compromisos asumidos y luego de la cancelación de tres audiencias. En la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco fueron certeramente agredidos por fuerzas policiacas municipales, estatales y federales, resultando asesinado los normalistas:
“Gabriel Echeverría de Jesús de 20 años del 2º “B” de la Licenciatura de Educación Física.
“Jorge Alexis Herrera Pino de 21 años del 3º “A” de la Licenciatura de Educación Primaria.
“Y otro compañero [Édgar David Espíritu] que falleció a consecuencia de las heridas de bala”.
“Las fotografías y videos publicados por las redes de comunicación muestran la saña de la agresión y claramente que quienes dispararon fueron las fuerzas policiacas y que los estudiantes y los miembros de las organizaciones que los apoyaban no llevaban más armas que sus ideas y demandas.
“De igual forma, ha sido rodeada la normal por fuerzas militares y policiacas con la finalidad del desalojo de los estudiantes y padres de familia, a quienes no les permiten la salida”.
La FECSM demanda: castigo a los culpables del asesinato de los tres normalistas; libertad a los presos y presentación de los desaparecidos: entrega de los cuerpos a los familiares; respeto a la comunidad estudiantil, y no al cierre de la escuela.
En forma por demás acertada, La Jornada Guerrero indica en su editorial del 13 de diciembre: “La célebre frase de Guillermo Prieto [los valientes no asesinan] viene a cuento tras el asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa (al cierre de esta edición se confirmó la muerte de Édgar David Espíritu, quien estaba gravemente herido), porque es injustificable que para contener una manifestación se haya tenido que recurrir a policías armados que usaron balas de verdad, balas que sólo sirven para matar.
“Es necesario puntualizar que los normalistas no se manifestaban por primera ocasión, y que lo hacían por un asunto muy concreto: exigían una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre que se les había cancelado sin reposición de fecha, para resolver un problema por el cual no ha habido clases en esa normal desde hace más de un mes.
“El procurador de Justicia, Alberto López Rosas, informó que no hubo represión pues los estudiantes --así lo dijo-- llevaban armas, ya que se les encontraron ocho granadas y un fusil AK-47; además insinuó que algo raro está pasando; mientras el gobierno del estado en un comunicado también se mostró sorprendido porque, dijo, las demandas de los normalistas se han atendido y resuelto en su mayoría.
“La teoría de las armas encontradas tiene sus puntos débiles: si las llevaban, ¿por qué en otras ocasiones no las habían llevado? ¿Y por qué no las usaron, si se sentían agredidos por los policías?
“Aun en el supuesto de que en efecto hayan portado las armas, aun concediendo la beligerancia de los normalistas, la acción --que no reacción, hay que precisarlo-- de los policías, es injustificable. El gobierno estatal comete un error al pretender justificar esos hechos, cuando debería investigarlos y sancionarlos.
“Hay al menos dos muertos, no es un asunto menor. Murieron a balazos por la policía. La imagen difundida ayer por el periódico Reforma es elocuente: muestra cómo uno de ellos fue cazado mientras corría por la autopista despejada.
“Eso no puede quedar en un llamado a la mesura; el gobierno debe reconocer su responsabilidad y comprometerse a fondo a investigar los hechos, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables”.
No hay por qué hacerse bolas, la solución positiva al conflicto está a la mano: esclarecer plenamente los hechos y detener, someter a juicio y castigar a los autores materiales e intelectuales de la salvaje matanza; dar salida correcta a las demandas expuestas por la FECSM, además de resolver políticamente el pliego petitorio estudiantil, es decir, incrementar la matrícula escolar, disminuir los promedios de ingreso y otorgar plazas de maestros a los egresados de la generación 2012. La convivencia civilizada de los guerrerenses así lo demanda y así lo amerita.
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