Notimex
El Senado avaló en comisiones, en lo general, reformas a la Constitución para eliminar el fuero de funcionarios de los Tres Poderes, incluido el Ejecutivo federal, cuando sean acusados de algún delito, aunque conservarán la inmunidad.
De acuerdo con el dictamen avalado, los servidores públicos con fuero podrán ser sujetos de proceso penal sin ser privados de su libertad ni separados de su cargo, pero en caso de ser declarados culpables, serán removidos y sometidos a la condena que el juez determine.
Las reformas incluyen a altos funcionarios como el Presidente de la República, los secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Así como a consejeros de la Judicatura Federal, diputados y senadores, consejeros del IFE, jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados de la Asamblea Legislativa, procuradores General de la República y estatales, entre otros.
Esta medida será extensiva a gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, miembros de los consejos de las judicaturas locales y magistrados electorales de las entidades federativas.
Así, esos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso 'cuando exista presunta responsabilidad penal', y mientras se lleva a cabo podrán seguir en su cargo, además de que las medidas cautelares no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad.
Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado acordaron que este procedimiento se aplique también al Presidente de la República, para lo cual la colegisladora será cámara de origen para resolver el pedido judicial.
En tanto que el Senado fungirá como el órgano revisor que adoptará su decisión dentro de diez días hábiles, sin embargo para que éste apruebe el retiro de inmunidad y separación del cargo será necesaria una mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes presentes.
En su intervención, el senador del PRD, Pablo Gómez, quien presentó la iniciativa en 2007, dijo que el objetivo es que los servidores 'puedan ser acusados ante un tribunal normal, común y corriente, como cualquiera', pero que se refuerce la inmunidad.
A su vez, el senador panista, Felipe González, estimó que sería conveniente que cuando se acuse a algún funcionario se obligue a que las imputaciones vayan hasta las últimas consecuencias, 'para evitar que haya denuncian falsas'.
'No se vale que utilicen una denuncia amparados en estas modificaciones para vulnerar a la persona', precisó el senador por Aguascalientes', quien votó a favor 'porque inmunidad no debe significar impunidad'.
Se prevé que este jueves se reúnan de nuevo las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos del Senado, para discutir en lo particular estas reformas.
El Senado avaló en comisiones, en lo general, reformas a la Constitución para eliminar el fuero de funcionarios de los Tres Poderes, incluido el Ejecutivo federal, cuando sean acusados de algún delito, aunque conservarán la inmunidad.
De acuerdo con el dictamen avalado, los servidores públicos con fuero podrán ser sujetos de proceso penal sin ser privados de su libertad ni separados de su cargo, pero en caso de ser declarados culpables, serán removidos y sometidos a la condena que el juez determine.
Las reformas incluyen a altos funcionarios como el Presidente de la República, los secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Así como a consejeros de la Judicatura Federal, diputados y senadores, consejeros del IFE, jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados de la Asamblea Legislativa, procuradores General de la República y estatales, entre otros.
Esta medida será extensiva a gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, miembros de los consejos de las judicaturas locales y magistrados electorales de las entidades federativas.
Así, esos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso 'cuando exista presunta responsabilidad penal', y mientras se lleva a cabo podrán seguir en su cargo, además de que las medidas cautelares no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad.
Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado acordaron que este procedimiento se aplique también al Presidente de la República, para lo cual la colegisladora será cámara de origen para resolver el pedido judicial.
En tanto que el Senado fungirá como el órgano revisor que adoptará su decisión dentro de diez días hábiles, sin embargo para que éste apruebe el retiro de inmunidad y separación del cargo será necesaria una mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes presentes.
En su intervención, el senador del PRD, Pablo Gómez, quien presentó la iniciativa en 2007, dijo que el objetivo es que los servidores 'puedan ser acusados ante un tribunal normal, común y corriente, como cualquiera', pero que se refuerce la inmunidad.
A su vez, el senador panista, Felipe González, estimó que sería conveniente que cuando se acuse a algún funcionario se obligue a que las imputaciones vayan hasta las últimas consecuencias, 'para evitar que haya denuncian falsas'.
'No se vale que utilicen una denuncia amparados en estas modificaciones para vulnerar a la persona', precisó el senador por Aguascalientes', quien votó a favor 'porque inmunidad no debe significar impunidad'.
Se prevé que este jueves se reúnan de nuevo las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos del Senado, para discutir en lo particular estas reformas.
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