Apro
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la minuta de la Ley contra el Lavado de Dinero que envió el Senado, en la que se elimina la responsabilidad judicial de los notarios públicos.
Durante una discusión de casi dos horas, los diputados del PAN y del PRD intentaron que el proyecto de dictamen no se discutiera, pues los panistas tenían reservados todos los artículos de la nueva ley.
Durante la sesión, funcionarios de las secretarías de Hacienda (SHCP) y de Gobernación (Segob), de la Procuraduría Fiscal se presentaron para demandar, en voz de los diputados panistas, que no se votara el proyecto.
Los diputados del PRI y del Partido Verde ignoraron las propuestas de panistas y perredistas; ejercieron su mayoría para aprobar el dictamen.
De acuerdo con versiones de diputados del PRI, lo que existe es un diferendo entre la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República quienes se disputan la aplicación de la ley; esto es cuál de las dos dependencias tendrían la facultad de interponer una denuncia contra el lavado de dinero.
La Comisión de Hacienda aprobó en agosto pasado la Ley contra el Lavado de Dinero y este miércoles la Comisión de Justicia, finalmente votó el documento –luego de tres frustrados intentos anteriores–, pero le hizo algunas modificaciones.
La diputada del PAN, María Antonieta Pérez, quien se manifestó en contra de la votación del dictamen, dijo en entrevista que un grupo de trabajo de la Comisión de Justicia eliminó la responsabilidad que tendrían los notarios públicos para dar a conocer ante las autoridades un posible acto de lavado de dinero.
Comentó que si los joyeros o los dueños de inmobiliarias están obligados a dar cuentas a las autoridades, también lo deberían de estar los notarios públicos.
Los priistas comentaron que esa no es la razón por la cual se negaban a votar el proyecto, sino que fueron presionados por los funcionarios de Hacienda y de la Procuraduría Fiscal para que “pararan el dictamen”.
Desde que se discutió la iniciativa en el Senado de la República, el Colegio de Notarios se manifestó en contra de la obligación que se les pretendía imponer.
Finalmente, la Comisión de Justicia aprobó con 15 votos a favor y tres en contra el proyecto de dictamen; y acordó que dentro de 15 días las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda votarían el documento para pasarlo al pleno.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la minuta de la Ley contra el Lavado de Dinero que envió el Senado, en la que se elimina la responsabilidad judicial de los notarios públicos.
Durante una discusión de casi dos horas, los diputados del PAN y del PRD intentaron que el proyecto de dictamen no se discutiera, pues los panistas tenían reservados todos los artículos de la nueva ley.
Durante la sesión, funcionarios de las secretarías de Hacienda (SHCP) y de Gobernación (Segob), de la Procuraduría Fiscal se presentaron para demandar, en voz de los diputados panistas, que no se votara el proyecto.
Los diputados del PRI y del Partido Verde ignoraron las propuestas de panistas y perredistas; ejercieron su mayoría para aprobar el dictamen.
De acuerdo con versiones de diputados del PRI, lo que existe es un diferendo entre la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República quienes se disputan la aplicación de la ley; esto es cuál de las dos dependencias tendrían la facultad de interponer una denuncia contra el lavado de dinero.
La Comisión de Hacienda aprobó en agosto pasado la Ley contra el Lavado de Dinero y este miércoles la Comisión de Justicia, finalmente votó el documento –luego de tres frustrados intentos anteriores–, pero le hizo algunas modificaciones.
La diputada del PAN, María Antonieta Pérez, quien se manifestó en contra de la votación del dictamen, dijo en entrevista que un grupo de trabajo de la Comisión de Justicia eliminó la responsabilidad que tendrían los notarios públicos para dar a conocer ante las autoridades un posible acto de lavado de dinero.
Comentó que si los joyeros o los dueños de inmobiliarias están obligados a dar cuentas a las autoridades, también lo deberían de estar los notarios públicos.
Los priistas comentaron que esa no es la razón por la cual se negaban a votar el proyecto, sino que fueron presionados por los funcionarios de Hacienda y de la Procuraduría Fiscal para que “pararan el dictamen”.
Desde que se discutió la iniciativa en el Senado de la República, el Colegio de Notarios se manifestó en contra de la obligación que se les pretendía imponer.
Finalmente, la Comisión de Justicia aprobó con 15 votos a favor y tres en contra el proyecto de dictamen; y acordó que dentro de 15 días las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda votarían el documento para pasarlo al pleno.
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