Axel Didriksson
La educación superior se ha convertido en el tema más acuciante para una importante serie de países, relacionado con las políticas de gobernabilidad y los problemas financieros. Las medidas de mercantilización y de abandono educativo para miles de niños y jóvenes están causando movilizaciones nunca antes vistas, que cuestionan de forma severa los recortes presupuestales a las universidades, la carencia de conocimientos y aprendizajes para obtener un trabajo digno, y la restricción a la garantía de un derecho social que debería ser fundamental.
El movimiento de estudiantes y jóvenes que ha irrumpido en este 2011, y que ya rebasó en magnitud a lo que se presentó durante el año emblemático de 1968, avanza ahora en la organización de otros sectores de la sociedad, dejando al desnudo la irracionalidad de las políticas educativas que se impusieron durante las últimas décadas, pero también los efectos que se resienten en los mercados laborales y en el bienestar de las mayorías.
Así, se reconoce que los resultados educativos alcanzados en el grupo de edad de 15 a 24 años en una serie de países otrora desarrollados están siendo rebasados por otros de menor nivel y de menores recursos de Asia o de Europa oriental, y que lo que sus jóvenes aprenden no sólo es irrelevante, sino hasta mediocre. En su gran mayoría, los que están en esta condición son los países que siguieron, en su momento, los mandatos de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, o los que aceptaron sin más los enfoques de mercado, como Estados Unidos, Inglaterra, España, Grecia, Chile o México.
En México, la imposición de este enfoque está ocasionando niveles alarmantes de desescolarización de millones de jóvenes, el estancamiento de gran cantidad de escuelas y universidades, la reproducción de un modelo de profesiones ya agotado y saturado, la pobreza en los resultados de la escolaridad, la inexistencia de reformas e innovaciones académicas, la sobrevivencia de los colectivos de investigación en sus espacios reducidos, y la constante contracción de los recursos hacia las universidades públicas y el desarrollo de la ciencia.
Por el contrario, lo que ha proliferado es la mercantilización de la oferta educativa pública y privada, el crecimiento de escuelas de carácter técnico con formaciones estrechas que conducen a sus egresados a la precarización laboral, así como el uso y manejo de los recursos en beneficio de sólidas y bien posicionadas mafias de control sindical y corporativo que manejan, con una demagogia descomunal, la política educativa y se benefician de los recursos concentrados en el sector.
Mientras tanto, la política pública ha asumido que la prioridad es apoyar la militarización y el combate a la violencia, para sustentar una estrategia de incremento del miedo, la mediocridad y la ignorancia, y reproducir un modelo de gobierno cada vez más autoritario y desarticulado de cualquier iniciativa de la sociedad civil emergente. La mejor muestra de que esto se organiza y decide de esa manera se presenta, como ocurre año con año, en la previsión y orientación que se da a los recursos dirigidos a la educación.
Mientras que para el sector educativo se ha propuesto un precario aumento de 0.3% respecto del año anterior, la reducción en los rubros de inversión será de 36%, y por ello las universidades públicas tendrán que enfrentar una contracción de 50% respecto a la base de sus requerimientos, por los recortes que suman más de mil millones de pesos (alrededor de 1.9%) respecto de 2011.
Estos recortes, sin embargo, no afectarán por igual a todas las universidades, porque por lo menos tres federales y dos estatales tendrán una amplia capacidad de maniobra en la actual Cámara de Diputados para revertir esos reducidos montos programados, y éstas son la UNAM, el IPN y la UAM, así como la Universidad de Guadalajara y la Autónoma del Estado de México, dadas sus cercanas relaciones con las presidencias de las comisiones de Presupuesto y de Educación.
Todas las demás tendrán que repartirse lo que quede porque, como se ha mencionado, en general, las universidades van a la deriva, aunque unas enfrentarán el vendaval mejor que otras, y a ver si algún rector de las que son o se dicen “banderas” dice otra cosa. Habrá que ver también si alguno de ellos emprende una acción a favor del conjunto o alcanza lo que ya se presenta en otros lados. O si los estudiantes de ahora se organizan para reclamar sus derechos.
La educación superior se ha convertido en el tema más acuciante para una importante serie de países, relacionado con las políticas de gobernabilidad y los problemas financieros. Las medidas de mercantilización y de abandono educativo para miles de niños y jóvenes están causando movilizaciones nunca antes vistas, que cuestionan de forma severa los recortes presupuestales a las universidades, la carencia de conocimientos y aprendizajes para obtener un trabajo digno, y la restricción a la garantía de un derecho social que debería ser fundamental.
El movimiento de estudiantes y jóvenes que ha irrumpido en este 2011, y que ya rebasó en magnitud a lo que se presentó durante el año emblemático de 1968, avanza ahora en la organización de otros sectores de la sociedad, dejando al desnudo la irracionalidad de las políticas educativas que se impusieron durante las últimas décadas, pero también los efectos que se resienten en los mercados laborales y en el bienestar de las mayorías.
Así, se reconoce que los resultados educativos alcanzados en el grupo de edad de 15 a 24 años en una serie de países otrora desarrollados están siendo rebasados por otros de menor nivel y de menores recursos de Asia o de Europa oriental, y que lo que sus jóvenes aprenden no sólo es irrelevante, sino hasta mediocre. En su gran mayoría, los que están en esta condición son los países que siguieron, en su momento, los mandatos de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, o los que aceptaron sin más los enfoques de mercado, como Estados Unidos, Inglaterra, España, Grecia, Chile o México.
En México, la imposición de este enfoque está ocasionando niveles alarmantes de desescolarización de millones de jóvenes, el estancamiento de gran cantidad de escuelas y universidades, la reproducción de un modelo de profesiones ya agotado y saturado, la pobreza en los resultados de la escolaridad, la inexistencia de reformas e innovaciones académicas, la sobrevivencia de los colectivos de investigación en sus espacios reducidos, y la constante contracción de los recursos hacia las universidades públicas y el desarrollo de la ciencia.
Por el contrario, lo que ha proliferado es la mercantilización de la oferta educativa pública y privada, el crecimiento de escuelas de carácter técnico con formaciones estrechas que conducen a sus egresados a la precarización laboral, así como el uso y manejo de los recursos en beneficio de sólidas y bien posicionadas mafias de control sindical y corporativo que manejan, con una demagogia descomunal, la política educativa y se benefician de los recursos concentrados en el sector.
Mientras tanto, la política pública ha asumido que la prioridad es apoyar la militarización y el combate a la violencia, para sustentar una estrategia de incremento del miedo, la mediocridad y la ignorancia, y reproducir un modelo de gobierno cada vez más autoritario y desarticulado de cualquier iniciativa de la sociedad civil emergente. La mejor muestra de que esto se organiza y decide de esa manera se presenta, como ocurre año con año, en la previsión y orientación que se da a los recursos dirigidos a la educación.
Mientras que para el sector educativo se ha propuesto un precario aumento de 0.3% respecto del año anterior, la reducción en los rubros de inversión será de 36%, y por ello las universidades públicas tendrán que enfrentar una contracción de 50% respecto a la base de sus requerimientos, por los recortes que suman más de mil millones de pesos (alrededor de 1.9%) respecto de 2011.
Estos recortes, sin embargo, no afectarán por igual a todas las universidades, porque por lo menos tres federales y dos estatales tendrán una amplia capacidad de maniobra en la actual Cámara de Diputados para revertir esos reducidos montos programados, y éstas son la UNAM, el IPN y la UAM, así como la Universidad de Guadalajara y la Autónoma del Estado de México, dadas sus cercanas relaciones con las presidencias de las comisiones de Presupuesto y de Educación.
Todas las demás tendrán que repartirse lo que quede porque, como se ha mencionado, en general, las universidades van a la deriva, aunque unas enfrentarán el vendaval mejor que otras, y a ver si algún rector de las que son o se dicen “banderas” dice otra cosa. Habrá que ver también si alguno de ellos emprende una acción a favor del conjunto o alcanza lo que ya se presenta en otros lados. O si los estudiantes de ahora se organizan para reclamar sus derechos.
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