A 12 años del fin del subsidio
Precio: factores coyunturales
Carlos Fernández-Vega / México SA
Para beneficiar a los mexicanos –de acuerdo con la versión oficial–, desde 1999 los genios de la tecnocracia nacional decidieron cancelar el subsidio gubernamental a la tortilla, porque con la apertura del mercado y la competencia entre los productores se logrará abatir el precio de este alimento básico en la dieta popular, lo que favorecerá ampliamente a los consumidores, según rezaba el anuncio del gobierno zedillista. Doce años después de tan inteligente medida, el saldo es espeluznante: el precio promedio de dicho producto se ha incrementado mil 752 por ciento, una proporción casi 19 veces superior al crecimiento de la inflación reconocido por el Banco de México y, ahora, el Inegi, y 21 tantos por arriba del avance salarial.
De ese tamaño ha sido el amplio beneficio (tecnócratas dixit) obtenido por los consumidores. Y si hay dudas, pues allí va la numeralia: en enero de 1999 con un salario mínimo se adquirían 53.3 kilogramos de tortilla; en octubre de 2011 (hasta el día 5) con el mismo ingreso apenas se compraban 5.2 kilos. En ese periodo la inflación oficialmente reconocida es de 91.6 por ciento, mientras el del salario mínimo ha sido de 82 por ciento, y el precio promedio del citado producto pasó de 60 centavos a 11.11 pesos por kilogramo, de tal suerte que el deterioro se ha dado por el lado del poder adquisitivo del ingreso, y el del desalmado incremento en el precio del denominado disco llenador.
El beneficio, pues, ha sido inobjetable, y en el calderonato también se han aplicado, puesto que en 58 meses de estancia en Los Pinos el precio del kilogramo de tortilla se ha incrementado casi 40 por ciento (hasta el pasado miércoles), por mucho que en enero de 2007 el inquilino de la residencia oficial y sus genios tecnocráticos se comprometieron a no permitir abusos de los productores y comercializadores de dicho alimento popular. De paso vale decir, para el comparativo, que en ese periodo la inflación oficialmente reconocida ha sido de 21.34 por ciento y el aumento, por llamarle así, del salario mínimo de 18.6 por ciento, es decir, proporciones seis y siete veces menores, respetivamente, al crecimiento del precio del kilogramo de tortilla. Lo anterior, sin considerar que sólo en el último mes de estancia en Los Pinos de su buen amigo y correligionario Vicente Fox el precio de la tortilla (como muchos otros) se incrementó de 6.5 a 8 pesos (23 por ciento de una vez).
Hay que recalcar que el citado es un precio promedio (los 11.11 pesos por kilogramo de tortilla que se menciona líneas arriba), porque en distintas zonas urbanas de la República el incremento durante el calderonato ha sido cercano a 100 por ciento. Por ejemplo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, de la Secretaría de Economía, el 5 de octubre de 2011 el kilogramo de tortilla se vendió a 15.4 pesos en Mexicali, Baja California; a 15.25 en Hermosillo, Sonora; 14.67 en Cuernavaca, Morelos; 14 en Piedras Negras, Coahuila, y en Cancún y Chetumal, Quintana Roo, así como en Poza Rica, Veracruz, por citar algunas ciudades.
Desde luego que el descrito no es el único beneficio obtenido por los mexicanos por la política económica impuesta en el país desde hace 30 años, pero el caso de la tortilla es significativo, no sólo por tratarse del alimento básico del pueblo mexicano, sino porque resume la brutal agresión que cinco gobiernos neoliberales al hilo han propinado a los mexicanos. A estas alturas del partido, a más 28 millones de connacionales no les alcanza para lo elemental: comer.
Nada más iniciar su estancia en la residencia oficial, el actual inquilino de Los Pinos tuvo que enfrentar (o hizo como que lo hacía) lo que podría ser catalogada –en el lenguaje sexenal– como su primera guerra de la tortilla. Desde diciembre de 2006 la presiones de los industriales de la masa y la tortilla fue constante; no quedaron satisfechos con el 23 por ciento de aumento en el precio con el que se despidió Vicente Fox. Apretaron y apretaron, y en los primeros días de enero de 2007 de nueva cuenta reventó el asunto. En primera instancia, Eduardo Sojo, entonces secretario de Economía y hoy en la presidencia del Inegi, salió a decir que no se trataba de una presión especulativa ni de acaparamiento, por lo que el gobierno de Felipe Calderón no intervendría para contener la escalada en los precios de maíz y tortilla. Y no lo haría por la simple razón (remóntense a la justificación de 1999 para enterrar el subsidio) de que a medida que sube el precio y hay más incentivos, van a sembrarse más hectáreas, habrá más producción como respuesta al incentivo del mercado, según dijo el ínclito funcionario.
También salió a decir que para detener la escalada de precios en maíz y tortilla existen otras medidas más efectivas. Acciones como el control de precios siempre traen problemas, siempre desincentivan la producción; siempre traen problemas en toda la cadena productiva. Entonces, nuestra posición es que hay medidas mucho más efectivas para resolver el problema, que tiene que ver más con incrementar la producción y la competitividad y no el control de precios. Son factores coyunturales, decía.
Pues bien, la coyuntura se prolonga ya por 12 años, con el resultado que se cita: mil 752 por ciento de incremento en el precio del kilogramo de tortilla, sin considerar que cada día que pasa se importa más maíz. En aquel enero de 2007 la embestida trató de contenerse con un aumento ligeramente mayor al 6 por ciento en el precio de la tortilla y, la entrega de estímulos a productores y comercializadores del alimento. ¿Y de dónde salieron tales estímulos? Del erario, desde luego. Tres tristes secretarios ha tenido Economía (el propio Sojo, el eminente Gerardo Ruiz Mateos y Bruno Ferrari, licenciado en ciencias de la familia, lo que eso quiera decir), y ninguno logró, si es que lo intentó, frenar la escalada de precios de maíz y tortilla.
Las rebanadas del pastel
Eso sí, en discursos nadie les gana. Por ejemplo, el del más reciente secretario de Economía, Bruno Ferrari: no se tolerará ningún tipo de abuso u oportunismo en contra de los consumidores de tortilla, ni se permitirá que se incremente el precio de este alimento básico, puesto que no se justifica. Lo dijo en diciembre de 2010, y de esa fecha al 5 de octubre de 2011 el precio de la tortilla aumentó 12 por ciento, contra 0.94 por ciento de inflación acumulada (según el Banco de México y el Inegi), es decir, una diferencia de 13 tantos. Si fueran tan efectivos en la contención de precios como lo son en contención de salarios, tal vez la situación sería distinta.
Precio: factores coyunturales
Carlos Fernández-Vega / México SA
Para beneficiar a los mexicanos –de acuerdo con la versión oficial–, desde 1999 los genios de la tecnocracia nacional decidieron cancelar el subsidio gubernamental a la tortilla, porque con la apertura del mercado y la competencia entre los productores se logrará abatir el precio de este alimento básico en la dieta popular, lo que favorecerá ampliamente a los consumidores, según rezaba el anuncio del gobierno zedillista. Doce años después de tan inteligente medida, el saldo es espeluznante: el precio promedio de dicho producto se ha incrementado mil 752 por ciento, una proporción casi 19 veces superior al crecimiento de la inflación reconocido por el Banco de México y, ahora, el Inegi, y 21 tantos por arriba del avance salarial.
De ese tamaño ha sido el amplio beneficio (tecnócratas dixit) obtenido por los consumidores. Y si hay dudas, pues allí va la numeralia: en enero de 1999 con un salario mínimo se adquirían 53.3 kilogramos de tortilla; en octubre de 2011 (hasta el día 5) con el mismo ingreso apenas se compraban 5.2 kilos. En ese periodo la inflación oficialmente reconocida es de 91.6 por ciento, mientras el del salario mínimo ha sido de 82 por ciento, y el precio promedio del citado producto pasó de 60 centavos a 11.11 pesos por kilogramo, de tal suerte que el deterioro se ha dado por el lado del poder adquisitivo del ingreso, y el del desalmado incremento en el precio del denominado disco llenador.
El beneficio, pues, ha sido inobjetable, y en el calderonato también se han aplicado, puesto que en 58 meses de estancia en Los Pinos el precio del kilogramo de tortilla se ha incrementado casi 40 por ciento (hasta el pasado miércoles), por mucho que en enero de 2007 el inquilino de la residencia oficial y sus genios tecnocráticos se comprometieron a no permitir abusos de los productores y comercializadores de dicho alimento popular. De paso vale decir, para el comparativo, que en ese periodo la inflación oficialmente reconocida ha sido de 21.34 por ciento y el aumento, por llamarle así, del salario mínimo de 18.6 por ciento, es decir, proporciones seis y siete veces menores, respetivamente, al crecimiento del precio del kilogramo de tortilla. Lo anterior, sin considerar que sólo en el último mes de estancia en Los Pinos de su buen amigo y correligionario Vicente Fox el precio de la tortilla (como muchos otros) se incrementó de 6.5 a 8 pesos (23 por ciento de una vez).
Hay que recalcar que el citado es un precio promedio (los 11.11 pesos por kilogramo de tortilla que se menciona líneas arriba), porque en distintas zonas urbanas de la República el incremento durante el calderonato ha sido cercano a 100 por ciento. Por ejemplo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, de la Secretaría de Economía, el 5 de octubre de 2011 el kilogramo de tortilla se vendió a 15.4 pesos en Mexicali, Baja California; a 15.25 en Hermosillo, Sonora; 14.67 en Cuernavaca, Morelos; 14 en Piedras Negras, Coahuila, y en Cancún y Chetumal, Quintana Roo, así como en Poza Rica, Veracruz, por citar algunas ciudades.
Desde luego que el descrito no es el único beneficio obtenido por los mexicanos por la política económica impuesta en el país desde hace 30 años, pero el caso de la tortilla es significativo, no sólo por tratarse del alimento básico del pueblo mexicano, sino porque resume la brutal agresión que cinco gobiernos neoliberales al hilo han propinado a los mexicanos. A estas alturas del partido, a más 28 millones de connacionales no les alcanza para lo elemental: comer.
Nada más iniciar su estancia en la residencia oficial, el actual inquilino de Los Pinos tuvo que enfrentar (o hizo como que lo hacía) lo que podría ser catalogada –en el lenguaje sexenal– como su primera guerra de la tortilla. Desde diciembre de 2006 la presiones de los industriales de la masa y la tortilla fue constante; no quedaron satisfechos con el 23 por ciento de aumento en el precio con el que se despidió Vicente Fox. Apretaron y apretaron, y en los primeros días de enero de 2007 de nueva cuenta reventó el asunto. En primera instancia, Eduardo Sojo, entonces secretario de Economía y hoy en la presidencia del Inegi, salió a decir que no se trataba de una presión especulativa ni de acaparamiento, por lo que el gobierno de Felipe Calderón no intervendría para contener la escalada en los precios de maíz y tortilla. Y no lo haría por la simple razón (remóntense a la justificación de 1999 para enterrar el subsidio) de que a medida que sube el precio y hay más incentivos, van a sembrarse más hectáreas, habrá más producción como respuesta al incentivo del mercado, según dijo el ínclito funcionario.
También salió a decir que para detener la escalada de precios en maíz y tortilla existen otras medidas más efectivas. Acciones como el control de precios siempre traen problemas, siempre desincentivan la producción; siempre traen problemas en toda la cadena productiva. Entonces, nuestra posición es que hay medidas mucho más efectivas para resolver el problema, que tiene que ver más con incrementar la producción y la competitividad y no el control de precios. Son factores coyunturales, decía.
Pues bien, la coyuntura se prolonga ya por 12 años, con el resultado que se cita: mil 752 por ciento de incremento en el precio del kilogramo de tortilla, sin considerar que cada día que pasa se importa más maíz. En aquel enero de 2007 la embestida trató de contenerse con un aumento ligeramente mayor al 6 por ciento en el precio de la tortilla y, la entrega de estímulos a productores y comercializadores del alimento. ¿Y de dónde salieron tales estímulos? Del erario, desde luego. Tres tristes secretarios ha tenido Economía (el propio Sojo, el eminente Gerardo Ruiz Mateos y Bruno Ferrari, licenciado en ciencias de la familia, lo que eso quiera decir), y ninguno logró, si es que lo intentó, frenar la escalada de precios de maíz y tortilla.
Las rebanadas del pastel
Eso sí, en discursos nadie les gana. Por ejemplo, el del más reciente secretario de Economía, Bruno Ferrari: no se tolerará ningún tipo de abuso u oportunismo en contra de los consumidores de tortilla, ni se permitirá que se incremente el precio de este alimento básico, puesto que no se justifica. Lo dijo en diciembre de 2010, y de esa fecha al 5 de octubre de 2011 el precio de la tortilla aumentó 12 por ciento, contra 0.94 por ciento de inflación acumulada (según el Banco de México y el Inegi), es decir, una diferencia de 13 tantos. Si fueran tan efectivos en la contención de precios como lo son en contención de salarios, tal vez la situación sería distinta.
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