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Pedro Leiva Domínguez, activista de la comunidad nahua de Santa María de Ostula, en la Costa de Michoacán, fue asesinado ayer alrededor de las 21:00 horas con arma de fuego en el territorio recuperado de Xayakalan, informó este viernes la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
En un comunicado, la red de organizaciones de derechos humanos manifestó su 'preocupación e indignación' por el homicidio de Leiva Domínguez y señaló que 'representa una fuerte agresión a la lucha por el territorio y autonomía de la comunidad'.
El activista fue representante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Asistió a varias reuniones como parte de la negociación con el gobierno federal a fin de que se dé solución definitiva al conflicto territorial que mantiene su comunidad desde hace más de cuatro décadas.
Pugnó por dar certeza jurídica y promovió una conciliación económica, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la más reciente el 29 de septiembre pasado.
Leiva Domínguez también era hijo del Comisariado de Bienes Comunales. El 27 de septiembre pasado se realizó una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el DF entre la comunidad, organizaciones de derechos humanos, así como representantes de los gobiernos federal y michoacano, donde uno de los puntos fue la seguridad de las autoridades comunitarias, debido al temor y riesgo que corren.
Según la red de organizaciones no gubernamentales (ONG), 'esta agresión se da a unos días que la comunidad concluya una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que está sosteniendo entre las partes del conflicto… La consulta no ha podido ser concluidas por la ola de violencia que ha padecido Ostula en contra de sus líderes'.
De acuerdo con las ONG, con el asesinato de Pedro Leiva Domínguez suman 27 homicidios perpetrados contra activistas de la comunidad, de junio de 2009 a la fecha.
Santa María Ostula está asediada por grupos paramilitares desde el 29 de junio de 2009, luego de la recuperación de alrededor de mil 300 hectáreas de tierras que habían sido arrebatadas a los habitantes de la comunidad por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán.
Ante los ataques de grupos armados, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal, con la finalidad de reivindicar su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
La Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas solicitó a los gobiernos federal y de Michoacán a dar cumplimiento a las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la presentación con vida de los activistas desaparecidos; cese al hostigamiento militar y paramilitar; urgente solución al conflicto agrario; brindar las garantías legales para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal, y respetar la decisión del pueblo a no participar en el proceso electoral del estado de Michoacán.
Pedro Leiva Domínguez, activista de la comunidad nahua de Santa María de Ostula, en la Costa de Michoacán, fue asesinado ayer alrededor de las 21:00 horas con arma de fuego en el territorio recuperado de Xayakalan, informó este viernes la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
En un comunicado, la red de organizaciones de derechos humanos manifestó su 'preocupación e indignación' por el homicidio de Leiva Domínguez y señaló que 'representa una fuerte agresión a la lucha por el territorio y autonomía de la comunidad'.
El activista fue representante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Asistió a varias reuniones como parte de la negociación con el gobierno federal a fin de que se dé solución definitiva al conflicto territorial que mantiene su comunidad desde hace más de cuatro décadas.
Pugnó por dar certeza jurídica y promovió una conciliación económica, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la más reciente el 29 de septiembre pasado.
Leiva Domínguez también era hijo del Comisariado de Bienes Comunales. El 27 de septiembre pasado se realizó una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el DF entre la comunidad, organizaciones de derechos humanos, así como representantes de los gobiernos federal y michoacano, donde uno de los puntos fue la seguridad de las autoridades comunitarias, debido al temor y riesgo que corren.
Según la red de organizaciones no gubernamentales (ONG), 'esta agresión se da a unos días que la comunidad concluya una consulta interna a fin de analizar y tomar decisiones en torno a la negociación que está sosteniendo entre las partes del conflicto… La consulta no ha podido ser concluidas por la ola de violencia que ha padecido Ostula en contra de sus líderes'.
De acuerdo con las ONG, con el asesinato de Pedro Leiva Domínguez suman 27 homicidios perpetrados contra activistas de la comunidad, de junio de 2009 a la fecha.
Santa María Ostula está asediada por grupos paramilitares desde el 29 de junio de 2009, luego de la recuperación de alrededor de mil 300 hectáreas de tierras que habían sido arrebatadas a los habitantes de la comunidad por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán.
Ante los ataques de grupos armados, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal, con la finalidad de reivindicar su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
La Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas solicitó a los gobiernos federal y de Michoacán a dar cumplimiento a las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la presentación con vida de los activistas desaparecidos; cese al hostigamiento militar y paramilitar; urgente solución al conflicto agrario; brindar las garantías legales para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal, y respetar la decisión del pueblo a no participar en el proceso electoral del estado de Michoacán.
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