Ricardo Rocha / Detrás de la Noticia
Eso es lo que han intentado desde siempre los grupos ultraconservadores del país representados en los cuatro ministros de la Corte que votaron a favor de reformas que eso establecen: la criminalización de las mujeres que deciden practicarse un aborto.
El pretexto falaz ha sido “la defensa de la vida desde la concepción… y hasta la muerte por causa natural”. Una aberración jurídica y humana que estigmatiza hasta el uso de dispositivos como el DIU y la píldora del día siguiente, marcados ahora por la incertidumbre entre la prevención y un presunto crimen. Más aun, criminaliza también cualquier acción de enfermos terminales, familiares y médicos que eventualmente determinen la desconexión de aparatos de sobrevivencia artificial y hasta la donación voluntaria de órganos. En otras palabras, atropella los derechos humanos de las mujeres sobre sus capacidades reproductivas y aplasta la dignidad a que tienen derecho las personas hacia el final de su vida.
Por eso resulta increíble y ofensivo que esas visiones oscurantistas sigan prevaleciendo sobre los criterios científicos modernos y universalmente aceptados en dos sentidos: que no puede hablarse de persona humana hasta que el feto tenga funciones cerebrales o hasta las 12 semanas de gestación, tal como ocurre en el DF, y que los seres humanos y nuestros familiares tenemos derecho a poner fin a una existencia castigada injustamente por el dolor propio o de quienes nos rodean.
No podría asegurar qué llevó a los cuatro ministros a optar por la irracionalidad de esas reformas aberrantes: si fue la línea que les marcó el presidente Calderón a mitad del debate o tal vez las reiteradas declaraciones de la cúpula eclesiástica, o simple y llanamente su extremoderechismo natural que representa con creces a ese sector de la población mexicana. En una de ésas resulta que el señor Obispo de Mexicali siempre no pecó contra el octavo mandamiento y sí fue cierto que el mismísimo papa Benedicto XVI también metió su cuchara en la Corte.
Por supuesto que no sería la primera muestra de signos de regresión inconcebibles en lo que hace a las reivindicaciones femeninas. Es una herida permanentemente abierta la de las muertas de Juárez, sobre las que algún gobernador panista –de cuyo nombre no quiero acordarme– llegó a decir que eso les pasaba por andar en la calle a deshoras, como si en ellas estuviera poder escoger horario en las maquiladoras. Frescas también en la memoria las ridículas prohibiciones del uso de la minifalda en Jalisco y el antiestético –y ese sí inmoral– pegote de “censurado” sobre los encantos de la inolvidable chica wonderbra. Al mismo tiempo, hay que robar desde el poder lo que se pueda, pero nunca faltar a misa los domingos.
Además de esos embates de los proclamadores de la doble moral, hoy parece haber una ola de agresión mediática en contra de las mujeres. En la tele hay anuncios degradantes como el de un chavo que, mediante una mordida al chocolate, deja de ser niña quejumbrosa para convertirse en hombrecito. En innumerables bardas de esta ciudad hay un anuncio tan infame como absurdo: “Los Doritos recargados son una experiencia tan intensa como que tú te pares aquí sola, a las dos de la mañana y en MINIFALDA”.
La única buena nueva entre toda esta andanada de dislates estúpidos de todos calibres nos la ofrece la ministra doña Olga Sánchez Cordero, quien nos revela que la Corte no resolvió en definitiva sobre la constitucionalidad de las multicitadas reformas. Cierto que, para empezar, se requerían los famosos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de los mentados artículos, para lo que no alcanzó con “tan sólo” siete votos. Pero también es cierto que para validar la constitucionalidad de esas mismas reformas se requería una mayoría simple de seis votos, que tampoco alcanzaron con los cuatro de los ministros ultras. Así que las modificaciones en Baja California –y con sus asegunes en San Luis Potosí– quedan en una especie de limbo jurídico.
Pero lo más importante es que, con la ley en la mano, las mujeres y los médicos que así lo decidan podrían pedir un amparo en lo individual, además de que se podría configurarse un gran amparo colectivo.
En resumen, queda todavía una larga batalla en buena parte de este país en pro de nuestras mujeres, nunca como asesinas y sí, en cambio, como señoras y dadoras de vida.
Eso es lo que han intentado desde siempre los grupos ultraconservadores del país representados en los cuatro ministros de la Corte que votaron a favor de reformas que eso establecen: la criminalización de las mujeres que deciden practicarse un aborto.
El pretexto falaz ha sido “la defensa de la vida desde la concepción… y hasta la muerte por causa natural”. Una aberración jurídica y humana que estigmatiza hasta el uso de dispositivos como el DIU y la píldora del día siguiente, marcados ahora por la incertidumbre entre la prevención y un presunto crimen. Más aun, criminaliza también cualquier acción de enfermos terminales, familiares y médicos que eventualmente determinen la desconexión de aparatos de sobrevivencia artificial y hasta la donación voluntaria de órganos. En otras palabras, atropella los derechos humanos de las mujeres sobre sus capacidades reproductivas y aplasta la dignidad a que tienen derecho las personas hacia el final de su vida.
Por eso resulta increíble y ofensivo que esas visiones oscurantistas sigan prevaleciendo sobre los criterios científicos modernos y universalmente aceptados en dos sentidos: que no puede hablarse de persona humana hasta que el feto tenga funciones cerebrales o hasta las 12 semanas de gestación, tal como ocurre en el DF, y que los seres humanos y nuestros familiares tenemos derecho a poner fin a una existencia castigada injustamente por el dolor propio o de quienes nos rodean.
No podría asegurar qué llevó a los cuatro ministros a optar por la irracionalidad de esas reformas aberrantes: si fue la línea que les marcó el presidente Calderón a mitad del debate o tal vez las reiteradas declaraciones de la cúpula eclesiástica, o simple y llanamente su extremoderechismo natural que representa con creces a ese sector de la población mexicana. En una de ésas resulta que el señor Obispo de Mexicali siempre no pecó contra el octavo mandamiento y sí fue cierto que el mismísimo papa Benedicto XVI también metió su cuchara en la Corte.
Por supuesto que no sería la primera muestra de signos de regresión inconcebibles en lo que hace a las reivindicaciones femeninas. Es una herida permanentemente abierta la de las muertas de Juárez, sobre las que algún gobernador panista –de cuyo nombre no quiero acordarme– llegó a decir que eso les pasaba por andar en la calle a deshoras, como si en ellas estuviera poder escoger horario en las maquiladoras. Frescas también en la memoria las ridículas prohibiciones del uso de la minifalda en Jalisco y el antiestético –y ese sí inmoral– pegote de “censurado” sobre los encantos de la inolvidable chica wonderbra. Al mismo tiempo, hay que robar desde el poder lo que se pueda, pero nunca faltar a misa los domingos.
Además de esos embates de los proclamadores de la doble moral, hoy parece haber una ola de agresión mediática en contra de las mujeres. En la tele hay anuncios degradantes como el de un chavo que, mediante una mordida al chocolate, deja de ser niña quejumbrosa para convertirse en hombrecito. En innumerables bardas de esta ciudad hay un anuncio tan infame como absurdo: “Los Doritos recargados son una experiencia tan intensa como que tú te pares aquí sola, a las dos de la mañana y en MINIFALDA”.
La única buena nueva entre toda esta andanada de dislates estúpidos de todos calibres nos la ofrece la ministra doña Olga Sánchez Cordero, quien nos revela que la Corte no resolvió en definitiva sobre la constitucionalidad de las multicitadas reformas. Cierto que, para empezar, se requerían los famosos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de los mentados artículos, para lo que no alcanzó con “tan sólo” siete votos. Pero también es cierto que para validar la constitucionalidad de esas mismas reformas se requería una mayoría simple de seis votos, que tampoco alcanzaron con los cuatro de los ministros ultras. Así que las modificaciones en Baja California –y con sus asegunes en San Luis Potosí– quedan en una especie de limbo jurídico.
Pero lo más importante es que, con la ley en la mano, las mujeres y los médicos que así lo decidan podrían pedir un amparo en lo individual, además de que se podría configurarse un gran amparo colectivo.
En resumen, queda todavía una larga batalla en buena parte de este país en pro de nuestras mujeres, nunca como asesinas y sí, en cambio, como señoras y dadoras de vida.
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