Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
El gran acto de gobierno de Vicente Fox fue proponer e impulsar la creación de la Ley de Transparencia e Información Pública Gubernamental. Contra la costumbre, los funcionarios públicos, los legisladores, los integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales, tienen la obligación de informar en los términos en que los obliga la mencionada ley.
Hoy, en materias tan susceptibles para la sociedad como lo son la seguridad pública y la administración de Pemex, eso parece haber dejado de existir, como si ocultar la verdad favoreciera el control de la voluntad popular en vísperas de las elecciones presidenciales, e incidiera en el estado de ánimo, pero quienes determinaron proceder de esa manera no se dan cuenta que la reacción de los mexicanos será para peor, pues dejan a la imaginación lo que no se informa, lo que favorece el rumor a una velocidad pasmosa y con consecuencias desconocidas, como ocurrió con el episodio de los Twitters en Morelos y Veracruz.
Si el rumor de boca a oído cundía con velocidad increíble, actualmente adquiera la rapidez del mensaje cibernético, Twitteado, enviado como mensaje de texto o vía telefónica.
El Twitter adquiera la velocidad exponencial de los seguidores que tenga el emisor original, que a su vez retwittean a sus propios seguidores. ¿Puede controlarse con la emisión de leyes, como la emitida por el congreso local de Veracruz, para sancionar “el supuesto mal uso de ese fenómeno comunicacional? Hacerlo es atentar contra la libertad de expresión.
Lo ideal, por ello imposible, es que los funcionarios, legisladores, ministros, magistrados y jueces asuman las responsabilidades constitucionales adquiridas con el cargo, y den cuenta puntual de las razones por las cuales tomaron tal o cual decisión. Por ejemplo, ¿sabe alguien de las poderosas, seguramente poderosísimas razones, que determinaron la decisión de Estado de Felipe Calderón, e iniciar la guerra cruenta y sin cuartel al crimen organizado? Únicamente Alejandro y Rosi Orozco.
¿Puede aceptarse que el destino de México esté subordinado al de Estados Unidos, como para que en territorio nacional las fuerzas armadas, las policías y además la sociedad se vuelquen a una guerra en la que las ganancias van al Departamento del Tesoro, las corporaciones y corredurías bursátiles, porque el dinero negro de todas las operaciones ilícitas les es tan necesario como el oxígeno bajo el agua?
Crisis económica, terrorismo y narcotráfico son consideradas las amenazas que determinan el futuro inmediato de la globalización y del mundo, a la que añadiría la mordaza informativa, porque el Twitter potencia el rumor a niveles inimaginables. Lo constatarán en el lío Pemex-Repsol, como se puede comprobar ya en el diferendo legal entre Mario Marín y Jorge Meléndez.
El gran acto de gobierno de Vicente Fox fue proponer e impulsar la creación de la Ley de Transparencia e Información Pública Gubernamental. Contra la costumbre, los funcionarios públicos, los legisladores, los integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales, tienen la obligación de informar en los términos en que los obliga la mencionada ley.
Hoy, en materias tan susceptibles para la sociedad como lo son la seguridad pública y la administración de Pemex, eso parece haber dejado de existir, como si ocultar la verdad favoreciera el control de la voluntad popular en vísperas de las elecciones presidenciales, e incidiera en el estado de ánimo, pero quienes determinaron proceder de esa manera no se dan cuenta que la reacción de los mexicanos será para peor, pues dejan a la imaginación lo que no se informa, lo que favorece el rumor a una velocidad pasmosa y con consecuencias desconocidas, como ocurrió con el episodio de los Twitters en Morelos y Veracruz.
Si el rumor de boca a oído cundía con velocidad increíble, actualmente adquiera la rapidez del mensaje cibernético, Twitteado, enviado como mensaje de texto o vía telefónica.
El Twitter adquiera la velocidad exponencial de los seguidores que tenga el emisor original, que a su vez retwittean a sus propios seguidores. ¿Puede controlarse con la emisión de leyes, como la emitida por el congreso local de Veracruz, para sancionar “el supuesto mal uso de ese fenómeno comunicacional? Hacerlo es atentar contra la libertad de expresión.
Lo ideal, por ello imposible, es que los funcionarios, legisladores, ministros, magistrados y jueces asuman las responsabilidades constitucionales adquiridas con el cargo, y den cuenta puntual de las razones por las cuales tomaron tal o cual decisión. Por ejemplo, ¿sabe alguien de las poderosas, seguramente poderosísimas razones, que determinaron la decisión de Estado de Felipe Calderón, e iniciar la guerra cruenta y sin cuartel al crimen organizado? Únicamente Alejandro y Rosi Orozco.
¿Puede aceptarse que el destino de México esté subordinado al de Estados Unidos, como para que en territorio nacional las fuerzas armadas, las policías y además la sociedad se vuelquen a una guerra en la que las ganancias van al Departamento del Tesoro, las corporaciones y corredurías bursátiles, porque el dinero negro de todas las operaciones ilícitas les es tan necesario como el oxígeno bajo el agua?
Crisis económica, terrorismo y narcotráfico son consideradas las amenazas que determinan el futuro inmediato de la globalización y del mundo, a la que añadiría la mordaza informativa, porque el Twitter potencia el rumor a niveles inimaginables. Lo constatarán en el lío Pemex-Repsol, como se puede comprobar ya en el diferendo legal entre Mario Marín y Jorge Meléndez.
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