Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
El procurador de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, se encuentra en el paredón de ajusticiamiento republicano. El senador Charles Grassley –un connotado anti mexicano- y el diputado Darrel Issa, lo atraparon en la mentira que no había sido informado de la “Operación Rápido y Furioso”. Ante sus insistentes desmentidos, Grassley e Issa revelaron correos electrónicos que prueban que a su cuenta sí llegó esa información, con lo cual han llevado esta escándalo al extremo de poder ser Holder por donde se desmadejen las pretensiones de reelección de Barack Obama.
Estos ataques se han enmarcado en la batalla ideológica contra Obama. Sin embargo, es bastante más profundo. Holder puede convertirse en la metáfora de cómo el gobierno de Obama ha desarrollado un patrón de violaciones a la ley para garantizar que la ley se cumpla. La discusión está abierta en Estados Unidos en el contexto de la guerra contra el terrorismo, por el asesinato de Anwar al-Awlaki, un religioso radical musulmán líder de Al Qaeda escondido en Yemen, y tiene una extensión directa con México, donde en nuestra propia guerra contra las drogas, la Administración Obama, si no directamente, sí ha propiciado que con su aval involuntario, se mate a cientos de mexicanos y a varios de sus ciudadanos.
Al-Awlaki fue asesinado en Yemen en septiembre durante una operación encubierta de la CIA, que lo atacó con un avión no tripulado. Al-Awlaki nació en Nuevo México y su muerte colocó al gobierno estadounidense en la ilegalidad de haberlo ejecutado sin juicio. Frente a las críticas, la Administración Obama filtró a la prensa un memorando secreto que justifica esa acción y le da la vuelta a la orden presidencial que prohíbe los asesinatos, a la ley federal en ese país en contra de ellos, a las garantías que da la Carta de Derechos y a los convenios internacionales en conflictos bélicos. Según el memorando escrito el año pasado, podría haber sido asesinado legalmente porque no era posible capturarlo y representaba una amenaza a la seguridad nacional.
El memorando no alcanza a establecer una doctrina legal sobre este tema, que se entrelaza, aunque con orígenes y propósitos diferentes pero con resultados similares, con la “Operación Rápido y Furioso”, planeada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en Phoenix, para permitir la venta de armas a cárteles de la droga mexicanos, a fin de seguirlos y detener a jefes del narcotráfico. La operación resultó un fiasco. No se detuvo a ningún capo, y esas armas no sólo sirvieron para alimentar la estadística de muertos mexicanos en la guerra contra las drogas, sino que fueron utilizadas para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en México y en aquél país.
La Administración Obama buscó controlar los daños en la oficina de Phoenix al destituir a los responsables de la operación, pero les creció el escándalo. Las cabezas rodaron en la ATF en Washington, pero tampoco se detuvo el problema político. Grassley e Issa están sobre Holder, quien defiende el cargo y al propio Obama. El trasfondo no es sobre ética o aplicación clara de la justicia, ni sobre la defensa de lo justo sobre lo arbitrario. Su tema es de político electoral. Pero para México, donde el gobierno se encuentra tan cerca del de Obama en materia de seguridad, la preocupación y alerta debe tener otro sentido, al crecer las evidencias sobre la forma como está aplicando la ley Estados Unidos, que no habla del respeto a las soberanías y mucho menos a los derechos humanos.
La “Operación Rápido y Furioso” es el ejemplo más vívido de los que afectan a México, pero está lejos de ser el único bajo la Administración Obama. Hace unos días, el Departamento de Justicia que comanda Holder, admitió que sí hubo contactos entre agentes de la DEA y Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los jefes del Cártel del Pacífico (antes Sinaloa). Durante dos meses la DEA negó todo contacto con Zambada Niebla, quien reveló haberse reunido con sus agentes en México para forjar un acuerdo: a cambio de información sobre cárteles rivales, él podría seguir en el negocio de la droga.
Las revelaciones las hizo durante el juicio que se le lleva en Chicago en julio pasado, que fueron desmentidas por la DEA. Sin embargo los fiscales reconocieron dos meses después que, en efecto, el abogado de “El Vicentillo” había arreglado esa reunión, pero que nunca se concretó y que ni Holder ni algún otro funcionario, autorizaron a sus agentes para que le ofreciera inmunidad. La postura de Washington, sin embargo, está en entredicho.
La semana pasada el diario texano El Paso Times, entrevistó a un investigador que durante 18 meses trabajó con el FBI, Wesley Dutton, quien declaró que aceptó varios cargamentos de drogas de cárteles mexicanos, que entraban a Estados Unidos en las sillas de montar. No precisó qué tipo de operación realizaba el FBI, que aunque distinta de ATF, también responde al mando de Holder. Para añadir documentación a la distorsión de la ley, otro ex policía de El Paso que también trabajó para el FBI como informante, Greg González, confirmó las aseveraciones de Dutton. Ambos dijeron además que esa operación se canceló cuando comenzaron a salir los nombres de “altos” funcionarios estadounidenses que recibían dinero de los cárteles de la droga.
El caso de la corrupción entre funcionarios y agentes estadounidenses, así como su participación en acciones ilícitas, ha sido cubierto por el escándalo de Al-Awlaki en Estados Unidos, y por la complacencia mexicana, dentro y fuera del gobierno, sobre los abusos, irregularidades y violaciones a la ley. Son las mismas acusaciones que durante años se han hecho contra los mexicanos en aquella nación, donde ocultan, maquillan y niegan que la corrupción es universal, pero que en materia de encubrimientos, Estados Unidos nos lleva, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, bastante delantera.
El procurador de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, se encuentra en el paredón de ajusticiamiento republicano. El senador Charles Grassley –un connotado anti mexicano- y el diputado Darrel Issa, lo atraparon en la mentira que no había sido informado de la “Operación Rápido y Furioso”. Ante sus insistentes desmentidos, Grassley e Issa revelaron correos electrónicos que prueban que a su cuenta sí llegó esa información, con lo cual han llevado esta escándalo al extremo de poder ser Holder por donde se desmadejen las pretensiones de reelección de Barack Obama.
Estos ataques se han enmarcado en la batalla ideológica contra Obama. Sin embargo, es bastante más profundo. Holder puede convertirse en la metáfora de cómo el gobierno de Obama ha desarrollado un patrón de violaciones a la ley para garantizar que la ley se cumpla. La discusión está abierta en Estados Unidos en el contexto de la guerra contra el terrorismo, por el asesinato de Anwar al-Awlaki, un religioso radical musulmán líder de Al Qaeda escondido en Yemen, y tiene una extensión directa con México, donde en nuestra propia guerra contra las drogas, la Administración Obama, si no directamente, sí ha propiciado que con su aval involuntario, se mate a cientos de mexicanos y a varios de sus ciudadanos.
Al-Awlaki fue asesinado en Yemen en septiembre durante una operación encubierta de la CIA, que lo atacó con un avión no tripulado. Al-Awlaki nació en Nuevo México y su muerte colocó al gobierno estadounidense en la ilegalidad de haberlo ejecutado sin juicio. Frente a las críticas, la Administración Obama filtró a la prensa un memorando secreto que justifica esa acción y le da la vuelta a la orden presidencial que prohíbe los asesinatos, a la ley federal en ese país en contra de ellos, a las garantías que da la Carta de Derechos y a los convenios internacionales en conflictos bélicos. Según el memorando escrito el año pasado, podría haber sido asesinado legalmente porque no era posible capturarlo y representaba una amenaza a la seguridad nacional.
El memorando no alcanza a establecer una doctrina legal sobre este tema, que se entrelaza, aunque con orígenes y propósitos diferentes pero con resultados similares, con la “Operación Rápido y Furioso”, planeada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en Phoenix, para permitir la venta de armas a cárteles de la droga mexicanos, a fin de seguirlos y detener a jefes del narcotráfico. La operación resultó un fiasco. No se detuvo a ningún capo, y esas armas no sólo sirvieron para alimentar la estadística de muertos mexicanos en la guerra contra las drogas, sino que fueron utilizadas para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en México y en aquél país.
La Administración Obama buscó controlar los daños en la oficina de Phoenix al destituir a los responsables de la operación, pero les creció el escándalo. Las cabezas rodaron en la ATF en Washington, pero tampoco se detuvo el problema político. Grassley e Issa están sobre Holder, quien defiende el cargo y al propio Obama. El trasfondo no es sobre ética o aplicación clara de la justicia, ni sobre la defensa de lo justo sobre lo arbitrario. Su tema es de político electoral. Pero para México, donde el gobierno se encuentra tan cerca del de Obama en materia de seguridad, la preocupación y alerta debe tener otro sentido, al crecer las evidencias sobre la forma como está aplicando la ley Estados Unidos, que no habla del respeto a las soberanías y mucho menos a los derechos humanos.
La “Operación Rápido y Furioso” es el ejemplo más vívido de los que afectan a México, pero está lejos de ser el único bajo la Administración Obama. Hace unos días, el Departamento de Justicia que comanda Holder, admitió que sí hubo contactos entre agentes de la DEA y Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los jefes del Cártel del Pacífico (antes Sinaloa). Durante dos meses la DEA negó todo contacto con Zambada Niebla, quien reveló haberse reunido con sus agentes en México para forjar un acuerdo: a cambio de información sobre cárteles rivales, él podría seguir en el negocio de la droga.
Las revelaciones las hizo durante el juicio que se le lleva en Chicago en julio pasado, que fueron desmentidas por la DEA. Sin embargo los fiscales reconocieron dos meses después que, en efecto, el abogado de “El Vicentillo” había arreglado esa reunión, pero que nunca se concretó y que ni Holder ni algún otro funcionario, autorizaron a sus agentes para que le ofreciera inmunidad. La postura de Washington, sin embargo, está en entredicho.
La semana pasada el diario texano El Paso Times, entrevistó a un investigador que durante 18 meses trabajó con el FBI, Wesley Dutton, quien declaró que aceptó varios cargamentos de drogas de cárteles mexicanos, que entraban a Estados Unidos en las sillas de montar. No precisó qué tipo de operación realizaba el FBI, que aunque distinta de ATF, también responde al mando de Holder. Para añadir documentación a la distorsión de la ley, otro ex policía de El Paso que también trabajó para el FBI como informante, Greg González, confirmó las aseveraciones de Dutton. Ambos dijeron además que esa operación se canceló cuando comenzaron a salir los nombres de “altos” funcionarios estadounidenses que recibían dinero de los cárteles de la droga.
El caso de la corrupción entre funcionarios y agentes estadounidenses, así como su participación en acciones ilícitas, ha sido cubierto por el escándalo de Al-Awlaki en Estados Unidos, y por la complacencia mexicana, dentro y fuera del gobierno, sobre los abusos, irregularidades y violaciones a la ley. Son las mismas acusaciones que durante años se han hecho contra los mexicanos en aquella nación, donde ocultan, maquillan y niegan que la corrupción es universal, pero que en materia de encubrimientos, Estados Unidos nos lleva, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, bastante delantera.
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