AFP
Cincuenta y siete años después de que un histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera un fin oficial a la segregación racial, Alabama revive una nueva crisis de derechos civiles que, esta vez, atenta contra la dignidad de los hispanos.
“Es vergonzoso y doloroso que casi 50 años después de la quema de una iglesia de Brimingham en la que murieron cuatro niñas negras (1963) estemos en una nueva crisis de derechos civiles”, dijo a la AFP Sam Brooke, abogado del Southern Poverty Law Center, una organización con sede en Montgomery que lucha contra el racismo y la intolerancia organizada.
La ley migratoria denominada HB56, promulgada el 28 de septiembre en Alabama fue tan lejos en su intento por frenar la inmigración ilegal -en su mayoría de obreros latinoamericanos y sus familias-, que esta comunidad ha escapado en masa de este estado del sureste estadounidense, epicentro de la lucha por los derechos civiles de los negros, encabezada por Martin Luther King hace más de medio siglo.
“Las personas están huyendo del estado, tienen miedo de salir de sus casas, se les está convirtiendo en delincuentes. Es una vergüenza que esto esté sucediendo en la cuna del movimiento de derechos civiles”, apuntó Brooke.
En su versión original la ley migratoria de Alabama, la más severa promulgada en Estados Unidos contra los indocumentados, contiene artículos que de aplicarse pueden dejar un hogar sin agua ni energía, sin escuela pública a los niños y, el peor de los temores, separar familias.
La denominada ley HB56 permite a la policía local parar o arrestar a cualquier persona que habiendo cometido una infracción menor como conducir con una luz del automóvil dañada, y que es sospechosa de vivir ilegalmente en el estado, puede terminar siendo deportada tras un intercambio de información con la agencia de inmigración y aduanas.
También establece en su artículo 30 que los indocumentados no pueden realizar “transacciones de negocios” con empresas del estado de Alabama, un aspecto cuya aplicación es tan compleja que puede afectar desde el aquiler de un techo, la renovación de la licencia de un negocio, sacar el permiso de conducir hasta impedir el suministro de servicios públicos como agua y luz.
Cincuenta y siete años después de que un histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera un fin oficial a la segregación racial, Alabama revive una nueva crisis de derechos civiles que, esta vez, atenta contra la dignidad de los hispanos.
“Es vergonzoso y doloroso que casi 50 años después de la quema de una iglesia de Brimingham en la que murieron cuatro niñas negras (1963) estemos en una nueva crisis de derechos civiles”, dijo a la AFP Sam Brooke, abogado del Southern Poverty Law Center, una organización con sede en Montgomery que lucha contra el racismo y la intolerancia organizada.
La ley migratoria denominada HB56, promulgada el 28 de septiembre en Alabama fue tan lejos en su intento por frenar la inmigración ilegal -en su mayoría de obreros latinoamericanos y sus familias-, que esta comunidad ha escapado en masa de este estado del sureste estadounidense, epicentro de la lucha por los derechos civiles de los negros, encabezada por Martin Luther King hace más de medio siglo.
“Las personas están huyendo del estado, tienen miedo de salir de sus casas, se les está convirtiendo en delincuentes. Es una vergüenza que esto esté sucediendo en la cuna del movimiento de derechos civiles”, apuntó Brooke.
En su versión original la ley migratoria de Alabama, la más severa promulgada en Estados Unidos contra los indocumentados, contiene artículos que de aplicarse pueden dejar un hogar sin agua ni energía, sin escuela pública a los niños y, el peor de los temores, separar familias.
La denominada ley HB56 permite a la policía local parar o arrestar a cualquier persona que habiendo cometido una infracción menor como conducir con una luz del automóvil dañada, y que es sospechosa de vivir ilegalmente en el estado, puede terminar siendo deportada tras un intercambio de información con la agencia de inmigración y aduanas.
También establece en su artículo 30 que los indocumentados no pueden realizar “transacciones de negocios” con empresas del estado de Alabama, un aspecto cuya aplicación es tan compleja que puede afectar desde el aquiler de un techo, la renovación de la licencia de un negocio, sacar el permiso de conducir hasta impedir el suministro de servicios públicos como agua y luz.
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