Lydia Cacho / Plan B
Los pasillos de la PGR y SSP están de luto. Al presidente Calderón y a sus asesores se les ocurrió la brillante idea de crear la Procuraduría Social para la Atención a Víctimas de la Violencia como respuesta a los llamados ante la impunidad. La idea les pareció genial para acallar las voces disidentes, así que de inmediato ordenaron desmantelar las fiscalías preexistentes para llevarse al personal a su nueva creación. Sí, desmanteló las que apenas pueden con una veintena de casos, para unificarlas y entregarles miles de asuntos no resueltos o no investigados.
Durante años México ha caminado hacia la implementación de políticas públicas que permitan a diferentes instancias resolver los diversos problemas sociales. Uno de ellos, por ejemplo, la violencia específica contra mujeres y niñas. Se invirtieron millones de pesos en la creación de la Fevimtra, fiscalía que además de atender a mujeres en general ahora es responsable de las víctimas de trata. Gracias a las presiones sociales la fiscalía contrató a especialistas en atención a víctimas, terapeutas y expertas en protección a víctimas. Desde su creación en febrero de 2008 a octubre del 2010, pudo atender 386 denuncias, sólo en dos casos ejerció su facultad de atracción. Canalizó 139 averiguaciones previas y consignó 45. Obtuvo 17 órdenes de aprehensión y una condena. Ahora el equipo se desintegra, como los equipos de atención a víctimas de la Sedena, la Secretaría de Seguridad Pública y PGR, entre otros.
Y no, para los que levantan infundios contra el Presidente, ésta no es una simple fiscalía más, es una Procuraduría Social, es decir, un organismo público descentralizado (como lo es el DIF). La novedosa idea del equipo calderonista surge del principio de que si la sociedad no confía en la PGR para resolver los miles de casos rezagados, ahora tendrá que ir a pedir ayuda en este sucedáneo de DIF para víctimas de la guerra contra el narco y todos los delitos adjuntos y difuntos. Mientras tanto las demás fiscalías se quedan solamente con Ministerios Públicos, es decir, volvemos a como estaba la PGR hace 12 años: las víctimas tendrán que hacer un vía crucis interinstitucional para recibir los servicios de procuración de justicia. Irán a la fiscalía a denunciar, por ejemplo, trata de personas, un asesinato o secuestro, pero si quien declara necesita atención sicológica, que vaya sacando su numerito y se dirija a la nueva Procuraduría Social, en la cual las sicólogas que durante seis años han recibido capacitaciones y sensibilización para atender a víctimas con ciertas características (explotación sexual, pederastia, tortura, desaparición forzada) ahora deberán atender a quien les llegue, como les llegue, y si es que les llega.
Como el Presidente tiene prisa, según el decreto, en octubre comienzan las funciones en la nueva instancia. Se llevan a las y los especialistas en atención a víctimas a hacer lo mismo pero más barato (atenderán al triple de víctimas con menos tiempo). Para mantenerles en el puesto (y sin hacer olas), les han prometido un bono especial por el cambio inesperado. Lo inconcebible es que las y los servidores públicos responsables de la atención a víctimas están en desacuerdo con el decreto, saben que no perdurará, que desintegrará esfuerzos y que es un retroceso, pero saben que su voz no será escuchada.
Los pasillos de la PGR y SSP están de luto. Al presidente Calderón y a sus asesores se les ocurrió la brillante idea de crear la Procuraduría Social para la Atención a Víctimas de la Violencia como respuesta a los llamados ante la impunidad. La idea les pareció genial para acallar las voces disidentes, así que de inmediato ordenaron desmantelar las fiscalías preexistentes para llevarse al personal a su nueva creación. Sí, desmanteló las que apenas pueden con una veintena de casos, para unificarlas y entregarles miles de asuntos no resueltos o no investigados.
Durante años México ha caminado hacia la implementación de políticas públicas que permitan a diferentes instancias resolver los diversos problemas sociales. Uno de ellos, por ejemplo, la violencia específica contra mujeres y niñas. Se invirtieron millones de pesos en la creación de la Fevimtra, fiscalía que además de atender a mujeres en general ahora es responsable de las víctimas de trata. Gracias a las presiones sociales la fiscalía contrató a especialistas en atención a víctimas, terapeutas y expertas en protección a víctimas. Desde su creación en febrero de 2008 a octubre del 2010, pudo atender 386 denuncias, sólo en dos casos ejerció su facultad de atracción. Canalizó 139 averiguaciones previas y consignó 45. Obtuvo 17 órdenes de aprehensión y una condena. Ahora el equipo se desintegra, como los equipos de atención a víctimas de la Sedena, la Secretaría de Seguridad Pública y PGR, entre otros.
Y no, para los que levantan infundios contra el Presidente, ésta no es una simple fiscalía más, es una Procuraduría Social, es decir, un organismo público descentralizado (como lo es el DIF). La novedosa idea del equipo calderonista surge del principio de que si la sociedad no confía en la PGR para resolver los miles de casos rezagados, ahora tendrá que ir a pedir ayuda en este sucedáneo de DIF para víctimas de la guerra contra el narco y todos los delitos adjuntos y difuntos. Mientras tanto las demás fiscalías se quedan solamente con Ministerios Públicos, es decir, volvemos a como estaba la PGR hace 12 años: las víctimas tendrán que hacer un vía crucis interinstitucional para recibir los servicios de procuración de justicia. Irán a la fiscalía a denunciar, por ejemplo, trata de personas, un asesinato o secuestro, pero si quien declara necesita atención sicológica, que vaya sacando su numerito y se dirija a la nueva Procuraduría Social, en la cual las sicólogas que durante seis años han recibido capacitaciones y sensibilización para atender a víctimas con ciertas características (explotación sexual, pederastia, tortura, desaparición forzada) ahora deberán atender a quien les llegue, como les llegue, y si es que les llega.
Como el Presidente tiene prisa, según el decreto, en octubre comienzan las funciones en la nueva instancia. Se llevan a las y los especialistas en atención a víctimas a hacer lo mismo pero más barato (atenderán al triple de víctimas con menos tiempo). Para mantenerles en el puesto (y sin hacer olas), les han prometido un bono especial por el cambio inesperado. Lo inconcebible es que las y los servidores públicos responsables de la atención a víctimas están en desacuerdo con el decreto, saben que no perdurará, que desintegrará esfuerzos y que es un retroceso, pero saben que su voz no será escuchada.
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