¿Oferta de un México mejor?
Triste historial de barbaridades
Carlos Fernández-Vega / México SA
Un grupo de políticos, académicos e intelectuales, todos ellos abajo firmantes de un desplegado, se han pronunciado a favor de lo siguiente: si ningún partido dispone de mayoría en la Presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban. En el inventario de promotores hay de todo: de viejo cuño y de muy viejo cuño, que comparten una firme decisión: consolidar la democracia constitucional en México para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad.
Pues bien, tan eminentes personajes deberían pensar en los mortales, que sumamos millones, y detallarles qué tipo de coalición es la que proponen, porque, si recordamos los hechos, a lo largo de los últimos 20 años los mexicanos no han visto ni padecido otra cosa que una coalición de facto entre tricolores y blanquiazules –con la participación perredista en algunas ocasiones– (recuérdese la ley Televisa, por ejemplo) a la hora de lo que ellos llaman gobernar, y lo han hecho siempre en aras –según declaran los coaligados– de dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad de quienes habitan esta heroica República. Y los resultados de tan propositiva alianza están a la vista de todos: sin respuestas y sin atención a los grandes problemas nacionales, el país se desmorona, mientras el horno social cada día se calienta más.
Tal desplegado apareció a escasas horas del comienzo oficial del proceso electoral 2012, de tal suerte que el llamado no está dirigido al actual gobierno (cuyo titular prometió incluir en el gabinete a representantes de distintas fuerzas políticas, lo que, desde luego, incumplió). Entre los abajo firmantes aparecen ex gobernadores y otros en funciones; ex senadores y diputados y algunos que todavía gozan de fuero, con ganas de convertirse en candidatos a Los Pinos; ex funcionarios gubernamentales (salinistas, zedillistas y foxistas; calderonistas no, porque están en el ejercicio del hueso); el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal; ex candidatos a la Presidencia de la República y a gubernaturas, amén de académicos y hombres de letras. Todos ellos proponen una coalición para consolidar la democracia constitucional en México.
Poco más de 20 años atrás, después de un proceso electoral por demás sucio y fraudulento, algunas eminencias del aparato político consideraron que una coalición de facto entre priístas y panistas sería una excelente solución al desencuentro, como lo calificaron, derivado del referido proceso. Así, Ejecutivo y Legislativo se dedicaron a destrozar el país. Muchos de los abajo firmantes de hoy se coaligaron en aquel entonces, y dos décadas después de nueva cuenta recurren a dicha figura para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad, es decir, a lo mismo que los motivó a coaligarse en los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón.
Cada quien con su conciencia, pero entre los hechos más sobresalientes de esa coalición de facto que ha operado a lo largo del referido sexenio de 20 años (de Salinas a Calderón) se cuentan los siguientes (no es un inventario completo; sólo hasta donde la memoria ayude):
Coaligados, tricolores y blanquiazules siguieron al pie de la letra la instrucción del entonces inquilino de Los Pinos, Carlos Salinas, para destrozar el aparato productivo del Estado y privatizar absolutamente todo, siempre con el discurso de que el dinero que se obtendría por la desincorporación (léase privatización) de los bienes de la nación no tendría otro destino que atender las urgencias de los mexicanos. Por esa ruta transitó la banca, las siderúrgicas, las aerolíneas, los ingenios azucareros, los puertos, la minería, la telefonía, y muchos otros sectores estratégicos, mientras las urgencias de los mexicanos se hacían cada día más urgentes, porque nadie atendió nada. Se concentraron en el negocio, y los amigos del régimen hicieron fila para que les dieran su respectiva rebanada de esa riqueza privatizada. Y se las dieron
Coaligados, en 1995 atendieron la instrucción del entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, de incrementar 50 por ciento la tasa del IVA y aplicar un draconiano programa de ajuste que reventó a los mexicanos, no muy sólidos de por sí. Lo único que aportaron para la historia fue la roqueseñal. También permitieron el oneroso rescate de la banca, las aerolíneas, los ingenios azucareros y las carreteras, entre otros (todos privatizados en el sexenio anterior), con recursos de la nación, los cuales, según promesa de la coalición, se destinarían a dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad. De igual forma, tricolores y blanquiazules avalaron la privatización de los ferrocarriles y los satélites propiedad de la nación, para entregárselos a los mismos empresarios amigos del régimen, y legalizaron el Fobaproa (1.2 billones de pesos pagaderos por los mexicanos). Por si fuera poco, permitieron la extranjerización del sistema financiero, después –claro está– de sanearlo con dinero de los mexicanos.
Coaligados, aplaudieron el advenimiento del cambio –que nunca se dio– y permitieron todo tipo de locuras y excesos del nuevo inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, a quien ovacionaron cuando éste definió el nuevo concepto de la democracia mexicana: de, para y por los empresarios (aunque no todos, sólo los amigos del régimen). Por unanimidad, la coalición aprobó la ley Televisa, el saqueo de la nación, los permisos para casinos (que hoy son cuestionados por ellos mismos), el derroche de los excedentes petroleros, la privatización del sector eléctrico y del petrolero, la permanente violación a la Constitución, las frivolidades de la parejita presidencial y su ilegal cuan descarada intervención en el proceso electoral de 2006. Los recursos de la nación siguieron fluyendo para apuntalar al gran capital, mientras los mexicanos seguían en espera de las multicitadas respuestas prometidas.
Coaligados, avalaron el cochinero electoral de 2006, impusieron al candidato blanquiazul y dieron el banderazo para que comenzara uno de los sexenios más nefastos y pútridos (y miren que en esto hay una pelea cerrada para obtener el título) de la historia mexicana.
Ése es el rápido balance de la coalición, pero hoy, ante el inicio formal del proceso electoral 2012, algunos creen que lo mejor que puede sucederle a México es que sigan adelante los coaligados que en cuatro sexenios al hilo destrozaron al país, porque ellos, dicen, sacarán del hoyo a la nación en el siguiente periodo de gobierno.
Las rebanadas del pastel
No, pos sí.
Triste historial de barbaridades
Carlos Fernández-Vega / México SA
Un grupo de políticos, académicos e intelectuales, todos ellos abajo firmantes de un desplegado, se han pronunciado a favor de lo siguiente: si ningún partido dispone de mayoría en la Presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban. En el inventario de promotores hay de todo: de viejo cuño y de muy viejo cuño, que comparten una firme decisión: consolidar la democracia constitucional en México para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad.
Pues bien, tan eminentes personajes deberían pensar en los mortales, que sumamos millones, y detallarles qué tipo de coalición es la que proponen, porque, si recordamos los hechos, a lo largo de los últimos 20 años los mexicanos no han visto ni padecido otra cosa que una coalición de facto entre tricolores y blanquiazules –con la participación perredista en algunas ocasiones– (recuérdese la ley Televisa, por ejemplo) a la hora de lo que ellos llaman gobernar, y lo han hecho siempre en aras –según declaran los coaligados– de dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad de quienes habitan esta heroica República. Y los resultados de tan propositiva alianza están a la vista de todos: sin respuestas y sin atención a los grandes problemas nacionales, el país se desmorona, mientras el horno social cada día se calienta más.
Tal desplegado apareció a escasas horas del comienzo oficial del proceso electoral 2012, de tal suerte que el llamado no está dirigido al actual gobierno (cuyo titular prometió incluir en el gabinete a representantes de distintas fuerzas políticas, lo que, desde luego, incumplió). Entre los abajo firmantes aparecen ex gobernadores y otros en funciones; ex senadores y diputados y algunos que todavía gozan de fuero, con ganas de convertirse en candidatos a Los Pinos; ex funcionarios gubernamentales (salinistas, zedillistas y foxistas; calderonistas no, porque están en el ejercicio del hueso); el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal; ex candidatos a la Presidencia de la República y a gubernaturas, amén de académicos y hombres de letras. Todos ellos proponen una coalición para consolidar la democracia constitucional en México.
Poco más de 20 años atrás, después de un proceso electoral por demás sucio y fraudulento, algunas eminencias del aparato político consideraron que una coalición de facto entre priístas y panistas sería una excelente solución al desencuentro, como lo calificaron, derivado del referido proceso. Así, Ejecutivo y Legislativo se dedicaron a destrozar el país. Muchos de los abajo firmantes de hoy se coaligaron en aquel entonces, y dos décadas después de nueva cuenta recurren a dicha figura para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad, es decir, a lo mismo que los motivó a coaligarse en los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón.
Cada quien con su conciencia, pero entre los hechos más sobresalientes de esa coalición de facto que ha operado a lo largo del referido sexenio de 20 años (de Salinas a Calderón) se cuentan los siguientes (no es un inventario completo; sólo hasta donde la memoria ayude):
Coaligados, tricolores y blanquiazules siguieron al pie de la letra la instrucción del entonces inquilino de Los Pinos, Carlos Salinas, para destrozar el aparato productivo del Estado y privatizar absolutamente todo, siempre con el discurso de que el dinero que se obtendría por la desincorporación (léase privatización) de los bienes de la nación no tendría otro destino que atender las urgencias de los mexicanos. Por esa ruta transitó la banca, las siderúrgicas, las aerolíneas, los ingenios azucareros, los puertos, la minería, la telefonía, y muchos otros sectores estratégicos, mientras las urgencias de los mexicanos se hacían cada día más urgentes, porque nadie atendió nada. Se concentraron en el negocio, y los amigos del régimen hicieron fila para que les dieran su respectiva rebanada de esa riqueza privatizada. Y se las dieron
Coaligados, en 1995 atendieron la instrucción del entonces inquilino de Los Pinos, Ernesto Zedillo, de incrementar 50 por ciento la tasa del IVA y aplicar un draconiano programa de ajuste que reventó a los mexicanos, no muy sólidos de por sí. Lo único que aportaron para la historia fue la roqueseñal. También permitieron el oneroso rescate de la banca, las aerolíneas, los ingenios azucareros y las carreteras, entre otros (todos privatizados en el sexenio anterior), con recursos de la nación, los cuales, según promesa de la coalición, se destinarían a dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad. De igual forma, tricolores y blanquiazules avalaron la privatización de los ferrocarriles y los satélites propiedad de la nación, para entregárselos a los mismos empresarios amigos del régimen, y legalizaron el Fobaproa (1.2 billones de pesos pagaderos por los mexicanos). Por si fuera poco, permitieron la extranjerización del sistema financiero, después –claro está– de sanearlo con dinero de los mexicanos.
Coaligados, aplaudieron el advenimiento del cambio –que nunca se dio– y permitieron todo tipo de locuras y excesos del nuevo inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, a quien ovacionaron cuando éste definió el nuevo concepto de la democracia mexicana: de, para y por los empresarios (aunque no todos, sólo los amigos del régimen). Por unanimidad, la coalición aprobó la ley Televisa, el saqueo de la nación, los permisos para casinos (que hoy son cuestionados por ellos mismos), el derroche de los excedentes petroleros, la privatización del sector eléctrico y del petrolero, la permanente violación a la Constitución, las frivolidades de la parejita presidencial y su ilegal cuan descarada intervención en el proceso electoral de 2006. Los recursos de la nación siguieron fluyendo para apuntalar al gran capital, mientras los mexicanos seguían en espera de las multicitadas respuestas prometidas.
Coaligados, avalaron el cochinero electoral de 2006, impusieron al candidato blanquiazul y dieron el banderazo para que comenzara uno de los sexenios más nefastos y pútridos (y miren que en esto hay una pelea cerrada para obtener el título) de la historia mexicana.
Ése es el rápido balance de la coalición, pero hoy, ante el inicio formal del proceso electoral 2012, algunos creen que lo mejor que puede sucederle a México es que sigan adelante los coaligados que en cuatro sexenios al hilo destrozaron al país, porque ellos, dicen, sacarán del hoyo a la nación en el siguiente periodo de gobierno.
Las rebanadas del pastel
No, pos sí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario