Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
Hoy los actores políticos quieren que todo sea considerado de seguridad nacional. También quieren colocar todo bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas mexicanas. Es tiempo de que las aguas regresen a su cauce, para colocar los acontecimientos en su lugar.
Los especialistas han explicado hasta el cansancio las diferencias entre seguridad pública, seguridad interna y seguridad nacional. Ciertamente, en sentido contrario a lo pretendido por Leonardo Valdés Zurita, las próximas elecciones federales no tienen el carácter de seguridad nacional, como tampoco cae dentro de esa clasificación el combate a la delincuencia organizada, hoy fuera de control y con una fuerza desproporcionada favorecida por la corrupción de las instancias de procuración y administración de justicia, por la impunidad que garantiza a los barones de la droga y los sicarios por ellos contratados con el propósito de amedrentar, achicar, humillar a las fuerzas del orden, y a la sociedad.
Por otro lado, está la derrama económica dejada por la delincuencia, pues cierto es que no atesoran sus ganancias ilícitas, sino que proceden con munificencia, exactamente en sentido contrario al comportamiento de los auténticos, los verdaderos delincuentes de cuello blanco o disfrazados de administradores públicos, de legisladores, magistrados, jueces y demás, que esconden su negro enriquecimiento en cuentas off shore o numeradas y en paraísos fiscales.
La delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes y todas las modalidades de que se valen para lesionar a la sociedad, como son los desaparecidos, la trata, los levantones, la extorsión, el secuestro y demás, caen en el ámbito de la seguridad pública, son exclusiva responsabilidad de Genaro García Luna, a quien le crearon el puesto y las funciones para que cumpliera con el mandato constitucional de dar seguridad a los mexicanos todos, pero ha sucedido lo contrario, porque el secretario de Seguridad Pública Federal ha favorecido la confusión y no ha podido cumplir con la tarea a él encomendada por su patrón, el presidente Felipe Calderón.
Y no vengan con el cuento que los gobernadores y los presidentes municipales incumplen con su parte de responsabilidad, no traten de exculpar al gobierno del cambio, al que prometió que corrupción e impunidad no cabrían en su lenguaje administrativo, porque sucede lo contrario, porque las autoridades federales, notoriamente el presidente de la República, no han sabido concitar voluntades y establecer compromisos con la sociedad, el Legislativo y los gobernadores, para, sin restricciones, apoyar sus propuestas de políticas públicas y ver con simpatía sus esfuerzos por dar seguridad a la sociedad, pero ¿dónde están las reformas que pudieran dar inicio a la transición?
El gobierno del cambio no supo liderarlo, no estuvo preparado para encabezar a la nación, porque sus compromisos políticos fueron adquiridos con los poderes fácticos y refrendados con el Imperio, para garantizar, esa sí, la seguridad nacional y regional de Estados Unidos, con el propósito de favorecer la reformulación de la geopolítica estadounidense, a efecto de permitirles sobrevivir al descalabro económico de la globalización, y a la amenaza que representa China.
Anotan los especialistas: “La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social.
“En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto existen las fuerzas de seguridad, que trabajan en conjunto con el Poder Judicial.
“Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están en curso. También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley”.
Queda perfectamente definido donde cae la delincuencia organizada, así como las instituciones responsables de combatirla. Suplir las deficiencias de la Secretaría de Seguridad Pública federal con las fuerzas armadas es un contrasentido, una sobredimensión del problema, que no reside en el poder de los delincuentes, sino en las complicidades y corrupción de quienes tienen la obligación de legalmente reprimirlos.
En cuanto a la seguridad nacional, los especialistas proponen: “La Seguridad Nacional se refiere a la noción de relativa estabilidad, calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país; así como a los recursos y estrategias para conseguirla (principalmente a través de la Defensa nacional).
“Mientras que los objetivos clásicos de la seguridad nacional consistían en prevenir o rechazar amenazas militares de estados (la guerra clásica), en la actualidad las amenazas a la seguridad nacional son más difusas, e incluyen el terrorismo, los riesgos medioambientales y fenómenos sociales de escala global como las migraciones masivas.
“Según el plan estratégico antiterrorista del Reino Unido, su objetivo es que la gente pueda llevar adelante su vida diaria con libertad y confianza. Un concepto de aparición reciente (1994) que profundiza en este sentido, es el de seguridad humana; mientras que el concepto limitado al orden público interior suele definirse como seguridad ciudadana”.
Exijan entonces a Genaro García Luna que cumpla con el mandato constitucional, garantice la seguridad pública de la población y combata con eficiencia, sin complicidades ni corrupción dentro de sus cuadros, a la delincuencia organizada, y dejen en paz a las Fuerzas Armadas mexicanas, porque éstas deben cumplir con otros menesteres.
Hoy los actores políticos quieren que todo sea considerado de seguridad nacional. También quieren colocar todo bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas mexicanas. Es tiempo de que las aguas regresen a su cauce, para colocar los acontecimientos en su lugar.
Los especialistas han explicado hasta el cansancio las diferencias entre seguridad pública, seguridad interna y seguridad nacional. Ciertamente, en sentido contrario a lo pretendido por Leonardo Valdés Zurita, las próximas elecciones federales no tienen el carácter de seguridad nacional, como tampoco cae dentro de esa clasificación el combate a la delincuencia organizada, hoy fuera de control y con una fuerza desproporcionada favorecida por la corrupción de las instancias de procuración y administración de justicia, por la impunidad que garantiza a los barones de la droga y los sicarios por ellos contratados con el propósito de amedrentar, achicar, humillar a las fuerzas del orden, y a la sociedad.
Por otro lado, está la derrama económica dejada por la delincuencia, pues cierto es que no atesoran sus ganancias ilícitas, sino que proceden con munificencia, exactamente en sentido contrario al comportamiento de los auténticos, los verdaderos delincuentes de cuello blanco o disfrazados de administradores públicos, de legisladores, magistrados, jueces y demás, que esconden su negro enriquecimiento en cuentas off shore o numeradas y en paraísos fiscales.
La delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes y todas las modalidades de que se valen para lesionar a la sociedad, como son los desaparecidos, la trata, los levantones, la extorsión, el secuestro y demás, caen en el ámbito de la seguridad pública, son exclusiva responsabilidad de Genaro García Luna, a quien le crearon el puesto y las funciones para que cumpliera con el mandato constitucional de dar seguridad a los mexicanos todos, pero ha sucedido lo contrario, porque el secretario de Seguridad Pública Federal ha favorecido la confusión y no ha podido cumplir con la tarea a él encomendada por su patrón, el presidente Felipe Calderón.
Y no vengan con el cuento que los gobernadores y los presidentes municipales incumplen con su parte de responsabilidad, no traten de exculpar al gobierno del cambio, al que prometió que corrupción e impunidad no cabrían en su lenguaje administrativo, porque sucede lo contrario, porque las autoridades federales, notoriamente el presidente de la República, no han sabido concitar voluntades y establecer compromisos con la sociedad, el Legislativo y los gobernadores, para, sin restricciones, apoyar sus propuestas de políticas públicas y ver con simpatía sus esfuerzos por dar seguridad a la sociedad, pero ¿dónde están las reformas que pudieran dar inicio a la transición?
El gobierno del cambio no supo liderarlo, no estuvo preparado para encabezar a la nación, porque sus compromisos políticos fueron adquiridos con los poderes fácticos y refrendados con el Imperio, para garantizar, esa sí, la seguridad nacional y regional de Estados Unidos, con el propósito de favorecer la reformulación de la geopolítica estadounidense, a efecto de permitirles sobrevivir al descalabro económico de la globalización, y a la amenaza que representa China.
Anotan los especialistas: “La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social.
“En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto existen las fuerzas de seguridad, que trabajan en conjunto con el Poder Judicial.
“Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están en curso. También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley”.
Queda perfectamente definido donde cae la delincuencia organizada, así como las instituciones responsables de combatirla. Suplir las deficiencias de la Secretaría de Seguridad Pública federal con las fuerzas armadas es un contrasentido, una sobredimensión del problema, que no reside en el poder de los delincuentes, sino en las complicidades y corrupción de quienes tienen la obligación de legalmente reprimirlos.
En cuanto a la seguridad nacional, los especialistas proponen: “La Seguridad Nacional se refiere a la noción de relativa estabilidad, calma o predictibilidad que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país; así como a los recursos y estrategias para conseguirla (principalmente a través de la Defensa nacional).
“Mientras que los objetivos clásicos de la seguridad nacional consistían en prevenir o rechazar amenazas militares de estados (la guerra clásica), en la actualidad las amenazas a la seguridad nacional son más difusas, e incluyen el terrorismo, los riesgos medioambientales y fenómenos sociales de escala global como las migraciones masivas.
“Según el plan estratégico antiterrorista del Reino Unido, su objetivo es que la gente pueda llevar adelante su vida diaria con libertad y confianza. Un concepto de aparición reciente (1994) que profundiza en este sentido, es el de seguridad humana; mientras que el concepto limitado al orden público interior suele definirse como seguridad ciudadana”.
Exijan entonces a Genaro García Luna que cumpla con el mandato constitucional, garantice la seguridad pública de la población y combata con eficiencia, sin complicidades ni corrupción dentro de sus cuadros, a la delincuencia organizada, y dejen en paz a las Fuerzas Armadas mexicanas, porque éstas deben cumplir con otros menesteres.
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