Jorge Alejandro Medellín
1.- Mientras el presidente Felipe Calderón por fin se digna a sentarse a escuchar a representantes de un sector de la sociedad civil y se acerca por primera vez a la UNAM para conocer sus propuestas en materia de seguridad pública, seguridad nacional y lucha anticrimen, militares y marinos siguen gravitando en los nebulosos territorios de la verdad oficial cuando de explicar hechos y circunstancias se trata.
2.- Su principal interlocutor en la UNAM es el Rector José Narro Robles. De él, Calderón ha escuchado ayer lunes diversas propuestas y análisis en un marco urgente y casi desesperado para recomponer la fallida estrategia gubernamental antinarco.
3.- Invariablemente, una de las propuestas e inquietudes plasmadas en el documento universitario gira en torno a la necesidad de que las tropas regresen a sus cuarteles para no solo evitar mayor desgaste, dejar de exponerlas (con sus mandos) a la tentación de la gran corrupción del narcodinero, sino para evitar también que sigan dándose casos de agresión e incluso asesinato de civiles por parte de militares y navales, ya sea en el curso de operativos o en retenes carreteros o durante incursiones en sembradíos de enervantes.
4.- El reclamo de un sector de la sociedad civil acerca de la complicada agenda que comprende la relación de la sociedad con la milicia en los dos últimos sexenios, transita por la ocurrencia de hechos violentos que si bien no perfilan abusos y ataques castrenses cotidianos y que deriven en forma persistente en la muerte de ciudadanos por los excesos y errores de soldados y marinos, sí se ha caracterizado por la impunidad y la aplicación del Fuero Militar o Fuero de Guerra.
5.- Esto ha ocurrido de manera más acusada en México, señalan en un amplio ensayo los abogados mexicanos Juan Carlos Gutiérrez (Maestro en Derecho Penal y candidato a Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, en España) y Silvano Cantú (Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León; Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO), quienes abordan el tema del fuero castrense y sus límites necesarios en el documento La Restricción a la Jurisdicción Militar en los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, publicado en diciembre de 2010, en la Revista Internacional de Derechos Humanos.
6.- Gutiérrez y Cantú señalan, en el extenso ensayo comparativo, que países como la República Democrática del Congo, Egipto, Túnez, Jordania, Camboya, Nepal y los Estados Unidos, aplican con intensidad diversa y bajo contextos variados, pero igualmente degradantes, sus códigos de justicia militar.
7.- Lo hacen ya sea contra la población civil o contra militares de otros países a quienes combaten en conflictos de naturaleza amplia. En algunos de estos países la ley militar es la única norma aplicable para todos sus habitantes. En otras naciones, el fuero castrense se extiende en automático sobre las leyes civiles y suple y borra la jurisprudencia civil.
8.- El resultado es la existencia de cortes y tribunales castrenses que lo ven y lo juzgan todo y cuyos fallos son inapelables. En este abanico de aplicación de la justicia militar en el globo, México figura como un caso que llama la atención por el creciente uso discrecional del Fuero de Guerra o Fuero Militar en el contexto de la lucha antidrogas.
9.- El Informe del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos citado por ambos juristas en el ensayo, indica que el problema de la jurisdicción militar en América Latina era latente en toda la región.
A la luz de los hechos recientes, señalan Gutiérrez y Cantú, “hoy cabe sostener fuera de dudas que el problema se ha agudizado y que México representa uno de sus casos más elocuentes”.
10.- El caso tipo presentado es el de Rosendo Radilla Cantú, privado de la libertad y desaparecido por militares en 1974 en el estado de Guerrero. Es el caso tipo porque, entre otras cosas, ha sido ignorado durante casi 40 años por el Estado Mexicano y fue en 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció finalmente en un fallo histórico, señalando a México por las omisiones y la negativa a investigar lo sucedido en esta desaparición forzada y concluyendo que los militares no pueden detener, ni procesar, ni juzgar a civiles y que los militares que atenten contra civiles en el curso de misiones o fuera de éstas, deberán ser juzgados en el fuero civil.
11.- Señalamientos como el que derivo en la presentación del caso Radilla ante la CIDH se han repetido contra las fuerzas armadas mexicanas durante décadas. Suman miles. Los investigados y sentenciados por esta clase delitos cometidos por soldados y marinos, suman quizá una o dos decenas.
12.- Desde finales del 2009, la Sedena ha señalado cada vez de manera más marcada que los cárteles se la droga se escudan en diversas ONG para acusar a la milicia de cometer toda clase de abusos y crímenes. Marina y Sedena han señalado esto a raíz de las narcomantas y las movilizaciones civiles en Michoacán, en Ciudad Juárez, en Culiacán, en Matamoros y Reynosa y en otros puntos del país en donde se ha exigido el retiro de las tropas debido a los abusos presentados.
13.- En este año la Sedena y la Marina han vuelto sobre el tema de los ataques de ONGs en su contra como parte de la estrategia del crimen organizado para ganar terreno y vulnerar la imagen credibilidad militares.
14.- El Hace unos días la Sedena me contestó una petición de información mediante el IFAI en la que le solicité todos los datos de las ONG que su aparato de inteligencia tuviera detectadas y claramente identificadas como parapetos y/o promotoras de ataques, acusaciones, señalamientos y acciones contra civiles.
15.- Luego de solicitar una prórroga para buscar en sus archivos, la Defensa Nacional contestó que no contaba con dato alguno sobre lo que se la información que le requerí. Falta conocer las respuestas de la Marina, cuyo alto mando, el Almirante Saynez, aseguró hace unos meses a los reporteros de la fuente militar que las ONG estaban detrás de las acusaciones en contra de la Armada por presuntas violaciones a los derechos humanos.
16.- Hace unos días La Jornada dio a conocer la versión de la familia de un civil que falleció en Monterrey durante un operativo para detenerlo (http://www.jornada.unam.mx/2011/09/03/politica/015n1pol) .
La familia de Gustavo Acosta Luján asegura que éste fue acribillado y murió de un disparo en la cabeza cuando iba a abrir la puerta de su casa en la madrugada del 2 de septiembre, ante los gritos y toquidos de personal naval que iba a catear el lugar.
La Marina asegura contar con toda la investigación y los datos de inteligencia para validar el operativo contra esa casa, en la que fueron halladas armas largas, cartuchos y droga.
Todo está plenamente acreditado, sostiene la dependencia.
1.- Mientras el presidente Felipe Calderón por fin se digna a sentarse a escuchar a representantes de un sector de la sociedad civil y se acerca por primera vez a la UNAM para conocer sus propuestas en materia de seguridad pública, seguridad nacional y lucha anticrimen, militares y marinos siguen gravitando en los nebulosos territorios de la verdad oficial cuando de explicar hechos y circunstancias se trata.
2.- Su principal interlocutor en la UNAM es el Rector José Narro Robles. De él, Calderón ha escuchado ayer lunes diversas propuestas y análisis en un marco urgente y casi desesperado para recomponer la fallida estrategia gubernamental antinarco.
3.- Invariablemente, una de las propuestas e inquietudes plasmadas en el documento universitario gira en torno a la necesidad de que las tropas regresen a sus cuarteles para no solo evitar mayor desgaste, dejar de exponerlas (con sus mandos) a la tentación de la gran corrupción del narcodinero, sino para evitar también que sigan dándose casos de agresión e incluso asesinato de civiles por parte de militares y navales, ya sea en el curso de operativos o en retenes carreteros o durante incursiones en sembradíos de enervantes.
4.- El reclamo de un sector de la sociedad civil acerca de la complicada agenda que comprende la relación de la sociedad con la milicia en los dos últimos sexenios, transita por la ocurrencia de hechos violentos que si bien no perfilan abusos y ataques castrenses cotidianos y que deriven en forma persistente en la muerte de ciudadanos por los excesos y errores de soldados y marinos, sí se ha caracterizado por la impunidad y la aplicación del Fuero Militar o Fuero de Guerra.
5.- Esto ha ocurrido de manera más acusada en México, señalan en un amplio ensayo los abogados mexicanos Juan Carlos Gutiérrez (Maestro en Derecho Penal y candidato a Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, en España) y Silvano Cantú (Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León; Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO), quienes abordan el tema del fuero castrense y sus límites necesarios en el documento La Restricción a la Jurisdicción Militar en los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, publicado en diciembre de 2010, en la Revista Internacional de Derechos Humanos.
6.- Gutiérrez y Cantú señalan, en el extenso ensayo comparativo, que países como la República Democrática del Congo, Egipto, Túnez, Jordania, Camboya, Nepal y los Estados Unidos, aplican con intensidad diversa y bajo contextos variados, pero igualmente degradantes, sus códigos de justicia militar.
7.- Lo hacen ya sea contra la población civil o contra militares de otros países a quienes combaten en conflictos de naturaleza amplia. En algunos de estos países la ley militar es la única norma aplicable para todos sus habitantes. En otras naciones, el fuero castrense se extiende en automático sobre las leyes civiles y suple y borra la jurisprudencia civil.
8.- El resultado es la existencia de cortes y tribunales castrenses que lo ven y lo juzgan todo y cuyos fallos son inapelables. En este abanico de aplicación de la justicia militar en el globo, México figura como un caso que llama la atención por el creciente uso discrecional del Fuero de Guerra o Fuero Militar en el contexto de la lucha antidrogas.
9.- El Informe del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos citado por ambos juristas en el ensayo, indica que el problema de la jurisdicción militar en América Latina era latente en toda la región.
A la luz de los hechos recientes, señalan Gutiérrez y Cantú, “hoy cabe sostener fuera de dudas que el problema se ha agudizado y que México representa uno de sus casos más elocuentes”.
10.- El caso tipo presentado es el de Rosendo Radilla Cantú, privado de la libertad y desaparecido por militares en 1974 en el estado de Guerrero. Es el caso tipo porque, entre otras cosas, ha sido ignorado durante casi 40 años por el Estado Mexicano y fue en 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció finalmente en un fallo histórico, señalando a México por las omisiones y la negativa a investigar lo sucedido en esta desaparición forzada y concluyendo que los militares no pueden detener, ni procesar, ni juzgar a civiles y que los militares que atenten contra civiles en el curso de misiones o fuera de éstas, deberán ser juzgados en el fuero civil.
11.- Señalamientos como el que derivo en la presentación del caso Radilla ante la CIDH se han repetido contra las fuerzas armadas mexicanas durante décadas. Suman miles. Los investigados y sentenciados por esta clase delitos cometidos por soldados y marinos, suman quizá una o dos decenas.
12.- Desde finales del 2009, la Sedena ha señalado cada vez de manera más marcada que los cárteles se la droga se escudan en diversas ONG para acusar a la milicia de cometer toda clase de abusos y crímenes. Marina y Sedena han señalado esto a raíz de las narcomantas y las movilizaciones civiles en Michoacán, en Ciudad Juárez, en Culiacán, en Matamoros y Reynosa y en otros puntos del país en donde se ha exigido el retiro de las tropas debido a los abusos presentados.
13.- En este año la Sedena y la Marina han vuelto sobre el tema de los ataques de ONGs en su contra como parte de la estrategia del crimen organizado para ganar terreno y vulnerar la imagen credibilidad militares.
14.- El Hace unos días la Sedena me contestó una petición de información mediante el IFAI en la que le solicité todos los datos de las ONG que su aparato de inteligencia tuviera detectadas y claramente identificadas como parapetos y/o promotoras de ataques, acusaciones, señalamientos y acciones contra civiles.
15.- Luego de solicitar una prórroga para buscar en sus archivos, la Defensa Nacional contestó que no contaba con dato alguno sobre lo que se la información que le requerí. Falta conocer las respuestas de la Marina, cuyo alto mando, el Almirante Saynez, aseguró hace unos meses a los reporteros de la fuente militar que las ONG estaban detrás de las acusaciones en contra de la Armada por presuntas violaciones a los derechos humanos.
16.- Hace unos días La Jornada dio a conocer la versión de la familia de un civil que falleció en Monterrey durante un operativo para detenerlo (http://www.jornada.unam.mx/2011/09/03/politica/015n1pol) .
La familia de Gustavo Acosta Luján asegura que éste fue acribillado y murió de un disparo en la cabeza cuando iba a abrir la puerta de su casa en la madrugada del 2 de septiembre, ante los gritos y toquidos de personal naval que iba a catear el lugar.
La Marina asegura contar con toda la investigación y los datos de inteligencia para validar el operativo contra esa casa, en la que fueron halladas armas largas, cartuchos y droga.
Todo está plenamente acreditado, sostiene la dependencia.
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