Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Treinta y cinco muertos tirados sobre una avenida primaria en un municipio boyante y en vísperas de una reunión nacional de procuradores, parece un acto de desafío al Estado por parte de un grupo entrenado y con capacidad de fuego. Que pudieran mover un convoy de cuatro camionetas por el puerto de Veracruz, dos de ellas con cadáveres apilados, llegar a Boca de Río y tirarlos en una vía rápida en el perímetro de seguridad y logística para esa cumbre de funcionarios, muestra la impunidad con la que se manejan.
Javier Duarte, uno de los cuatro gobernadores –los otros son de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas- que más se han entregado a las Fuerzas Armadas para que les resuelvan el problema de inseguridad, recibió por ello del gobierno federal lo que menos se esperaba: un manotazo sobre la mesa. En un comunicado de Los Pinos, reveló que Veracruz no ha presentado ningún elemento que permita a la PGR atraer el caso, y subrayó que si no aprietan y mejoran los gobiernos estatales a sus cuerpos policiales, la criminalidad seguirá sin castigo.
El gobierno de Duarte está descontrolado. Al día siguiente de que les dejaron los cuerpos tirados, el procurador estatal Reynaldo Escobar, recorrió los medios electrónicos nacionales para dar distintas versiones del suceso. En la víspera ya había anticipado que ni se preocupara la sociedad, porque los muertos eran resultado de un conflicto entre pandillas del crimen organizado. ¿Sabía algo Escobar, que fue secretario de Gobierno en la administración de Fidel Herrera, que todos desconocían? ¿Cómo supo que era un conflicto entre cárteles? Y si estaba tan seguro, ¿por qué no presentó las pruebas a la PGR para que tomara el caso bajo su responsabilidad?
Como ha sucedido en cada momento de crisis, el gobierno de Duarte se colapsó. Se quedó enredado en las contradicciones del procurador, que sólo aumentaron confusión a todo el episodio. Desde la noche en que tiraron los cuerpos a la calle, los servicios de inteligencia militar reportaron que al menos 28 de ellos estaban vinculados a Los Zetas, que durante más de cinco años tenían bajo control el estado sin permitir que ninguna organización rival pusiera un pie en Veracruz, pero ninguna autoridad ha aportado evidencia de que, en efecto, sea un capítulo más de la guerra contra las drogas y sus externalidades, que es la lucha entre cárteles.
Retóricamente, Duarte y su equipo aseguraron que los responsables del crimen eran un brazo armado del Cártel del Pacífico, pero tampoco correspondió la declaración con la atracción que del caso, tendría que haber hecho la PGR por tratarse de un asunto de índole federal. Para abonar al desastre del gobierno estatal, el procurador aseguró que todos los muertos tenían antecedentes penales. ¿Los delitos? Secuestros, robo de autos, extorsión y homicidio. O sea, todos ellos del fueron común, no del federal. El manotazo de Los Pinos se enmarca en ese contexto: el problema central es de Duarte y su equipo, y el tipo de delitos de los asesinados, no le abre todavía la puerta a la PGR para que atraiga el caso.
El aparatoso episodio del martes pasado, sin embargo, despierta más dudas de las que el propio gobierno veracruzano detonó, y abundan las preguntas sin respuesta:
1.- Si no hay evidencia de que Veracruz se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre cárteles, ¿qué grupo pudo haber perpetrado un crimen de tal magnitud y visibilidad? ¿Cuál fue la verdadera intención? La prensa sugiere que fue un “aviso” al gobierno, aunque si ese fuera el caso, ¿por qué sólo mataron personas con antecedentes penales y no a algún funcionario, o se atacó a las instalaciones donde se realizaría la cumbre de procuradores? El “aviso” se da directamente a la autoridad; no se mata a criminales –según el procurador- para inhibir a autoridades.
2.- Si no hay un conflicto real entre cárteles, pues hasta ahora la confrontación de los Zetas ha sido con la Marina principalmente, y con el Ejército de manera casual, ¿cómo se explica que una organización de narcotraficantes tenga un implante territorial que aparentemente de la nada le permita tener la capacidad logística y la protección institucional –según sugiere el comunicado de la Presidencia-, si carece de arraigo en Veracruz?
3.- Si el puerto de Veracruz está bajo resguardo de la Marina, que tiene una capacidad de reacción de minutos ante hechos de violencia, ¿cómo fue posible que un comando, en un convoy de cuatro vehículos, pudiera realizar una operación tan deliberadamente visible sin que ningún cuerpo de seguridad hiciera acto de presencia? Más aún, si se preparaba la reunión de procuradores, ¿cómo pudieron cruzar el perímetro de seguridad que supuestamente debía haber estado listo y en operación?
4.- Las autoridades estatales cuentan con C-4, que es el comando de seguridad en donde se encuentra el monitoreo de las cámaras de vigilancia en las calles. En la arteria donde tiraron los cuerpos hay varias cámaras desplazadas, pero el lugar exacto en donde los arrojaron estaba en un punto ciego para ellas. ¿Cómo sabía el comando en dónde podían realizar la aparatosa maniobra sin que quedara testimonio grabado? ¿Alguien les dio la ubicación exacta del punto ciego? ¿Fue mera coincidencia?
5.- Las autoridades federales han filtrado a la prensa que los responsables del crimen fueron un grupo que se autodenomina Cártel de Guadalajara Nueva Generación. Si alguien observa el video en YouTube que circula desde el pasado 29 de julio, la casi treintena de personas armadas y encapuchadas que dicen haber fundado ese grupo para exterminar a Los Zetas, tienen una complexión física diferente a la de la mayoría de los narcotraficantes muertos o detenidos; sus cuerpos están formados por el ejercicio y sus brazos robustos. El discurso del líder, leído fuera de cámara, habla de corrupción de policías municipales, acusa al ex gobernador Fidel Herrera de colusión, y de defiende la integridad de la Marina y el Ejército. Además, llama “mugrosos” a los narcotraficantes, que nunca usan ese término entre ellos. ¿Quiénes integran realmente ese grupo?
Sí es cierto que el gobierno de Duarte debe aclarar aún muchas cosas sobre este episodio, que no debe excluir la manera como actúan las fuerzas militares en su estado. Pero eso no lo hará Duarte, quien se comerá todo lo que sabe sobre ese tema. Ya se colgó de la información militar sin darle sustento judicial, para tratar de limpiarse políticamente. Débil y debilitado, Duarte aguantará todo. Con la mayoría de sus policías infiltradas por Los Zetas, es un rehén de la Marina, en cuyas manos depositó la estabilidad del estado y su viabilidad como gobernante.
Treinta y cinco muertos tirados sobre una avenida primaria en un municipio boyante y en vísperas de una reunión nacional de procuradores, parece un acto de desafío al Estado por parte de un grupo entrenado y con capacidad de fuego. Que pudieran mover un convoy de cuatro camionetas por el puerto de Veracruz, dos de ellas con cadáveres apilados, llegar a Boca de Río y tirarlos en una vía rápida en el perímetro de seguridad y logística para esa cumbre de funcionarios, muestra la impunidad con la que se manejan.
Javier Duarte, uno de los cuatro gobernadores –los otros son de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas- que más se han entregado a las Fuerzas Armadas para que les resuelvan el problema de inseguridad, recibió por ello del gobierno federal lo que menos se esperaba: un manotazo sobre la mesa. En un comunicado de Los Pinos, reveló que Veracruz no ha presentado ningún elemento que permita a la PGR atraer el caso, y subrayó que si no aprietan y mejoran los gobiernos estatales a sus cuerpos policiales, la criminalidad seguirá sin castigo.
El gobierno de Duarte está descontrolado. Al día siguiente de que les dejaron los cuerpos tirados, el procurador estatal Reynaldo Escobar, recorrió los medios electrónicos nacionales para dar distintas versiones del suceso. En la víspera ya había anticipado que ni se preocupara la sociedad, porque los muertos eran resultado de un conflicto entre pandillas del crimen organizado. ¿Sabía algo Escobar, que fue secretario de Gobierno en la administración de Fidel Herrera, que todos desconocían? ¿Cómo supo que era un conflicto entre cárteles? Y si estaba tan seguro, ¿por qué no presentó las pruebas a la PGR para que tomara el caso bajo su responsabilidad?
Como ha sucedido en cada momento de crisis, el gobierno de Duarte se colapsó. Se quedó enredado en las contradicciones del procurador, que sólo aumentaron confusión a todo el episodio. Desde la noche en que tiraron los cuerpos a la calle, los servicios de inteligencia militar reportaron que al menos 28 de ellos estaban vinculados a Los Zetas, que durante más de cinco años tenían bajo control el estado sin permitir que ninguna organización rival pusiera un pie en Veracruz, pero ninguna autoridad ha aportado evidencia de que, en efecto, sea un capítulo más de la guerra contra las drogas y sus externalidades, que es la lucha entre cárteles.
Retóricamente, Duarte y su equipo aseguraron que los responsables del crimen eran un brazo armado del Cártel del Pacífico, pero tampoco correspondió la declaración con la atracción que del caso, tendría que haber hecho la PGR por tratarse de un asunto de índole federal. Para abonar al desastre del gobierno estatal, el procurador aseguró que todos los muertos tenían antecedentes penales. ¿Los delitos? Secuestros, robo de autos, extorsión y homicidio. O sea, todos ellos del fueron común, no del federal. El manotazo de Los Pinos se enmarca en ese contexto: el problema central es de Duarte y su equipo, y el tipo de delitos de los asesinados, no le abre todavía la puerta a la PGR para que atraiga el caso.
El aparatoso episodio del martes pasado, sin embargo, despierta más dudas de las que el propio gobierno veracruzano detonó, y abundan las preguntas sin respuesta:
1.- Si no hay evidencia de que Veracruz se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre cárteles, ¿qué grupo pudo haber perpetrado un crimen de tal magnitud y visibilidad? ¿Cuál fue la verdadera intención? La prensa sugiere que fue un “aviso” al gobierno, aunque si ese fuera el caso, ¿por qué sólo mataron personas con antecedentes penales y no a algún funcionario, o se atacó a las instalaciones donde se realizaría la cumbre de procuradores? El “aviso” se da directamente a la autoridad; no se mata a criminales –según el procurador- para inhibir a autoridades.
2.- Si no hay un conflicto real entre cárteles, pues hasta ahora la confrontación de los Zetas ha sido con la Marina principalmente, y con el Ejército de manera casual, ¿cómo se explica que una organización de narcotraficantes tenga un implante territorial que aparentemente de la nada le permita tener la capacidad logística y la protección institucional –según sugiere el comunicado de la Presidencia-, si carece de arraigo en Veracruz?
3.- Si el puerto de Veracruz está bajo resguardo de la Marina, que tiene una capacidad de reacción de minutos ante hechos de violencia, ¿cómo fue posible que un comando, en un convoy de cuatro vehículos, pudiera realizar una operación tan deliberadamente visible sin que ningún cuerpo de seguridad hiciera acto de presencia? Más aún, si se preparaba la reunión de procuradores, ¿cómo pudieron cruzar el perímetro de seguridad que supuestamente debía haber estado listo y en operación?
4.- Las autoridades estatales cuentan con C-4, que es el comando de seguridad en donde se encuentra el monitoreo de las cámaras de vigilancia en las calles. En la arteria donde tiraron los cuerpos hay varias cámaras desplazadas, pero el lugar exacto en donde los arrojaron estaba en un punto ciego para ellas. ¿Cómo sabía el comando en dónde podían realizar la aparatosa maniobra sin que quedara testimonio grabado? ¿Alguien les dio la ubicación exacta del punto ciego? ¿Fue mera coincidencia?
5.- Las autoridades federales han filtrado a la prensa que los responsables del crimen fueron un grupo que se autodenomina Cártel de Guadalajara Nueva Generación. Si alguien observa el video en YouTube que circula desde el pasado 29 de julio, la casi treintena de personas armadas y encapuchadas que dicen haber fundado ese grupo para exterminar a Los Zetas, tienen una complexión física diferente a la de la mayoría de los narcotraficantes muertos o detenidos; sus cuerpos están formados por el ejercicio y sus brazos robustos. El discurso del líder, leído fuera de cámara, habla de corrupción de policías municipales, acusa al ex gobernador Fidel Herrera de colusión, y de defiende la integridad de la Marina y el Ejército. Además, llama “mugrosos” a los narcotraficantes, que nunca usan ese término entre ellos. ¿Quiénes integran realmente ese grupo?
Sí es cierto que el gobierno de Duarte debe aclarar aún muchas cosas sobre este episodio, que no debe excluir la manera como actúan las fuerzas militares en su estado. Pero eso no lo hará Duarte, quien se comerá todo lo que sabe sobre ese tema. Ya se colgó de la información militar sin darle sustento judicial, para tratar de limpiarse políticamente. Débil y debilitado, Duarte aguantará todo. Con la mayoría de sus policías infiltradas por Los Zetas, es un rehén de la Marina, en cuyas manos depositó la estabilidad del estado y su viabilidad como gobernante.
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