Jorge Fernández Menéndez
Hace unos dos años, cuando todavía era Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto informó que sólo en su estado, había entonces unas 19 mil jovencitas de entre 13 y 19 años que estaban embarazadas producto de una violación. A esas jóvenes se las apoyaba con una despensa. Recuerdo que aquí, en aquella ocasión nos preguntábamos cuántas de esas jovencitas, si hubieran tenido la oportunidad y se les hubiera ofrecido la opción, hubieran preferido no tener un hijo producto de una violación en lugar de recibir una despensa.
La reflexión viene a cuento por el debate que se ha librado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las leyes antiaborto de los estados de Baja California y San Luis Potosí, que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia, incluida por supuesto la violación. En el fondo del asunto, por lo menos en términos legales, lo que realmente se está debatiendo es el momento de la concepción, y por ende el derecho del no nacido respecto al de la mujer el de la madre. En ese debate siempre chocan visiones religiosas y científicas divergentes, y por ende el derecho de la mujer respecto a los derechos del embrión.
A pesar de lo que dicen ciertos personajes no conozco a nadie pro aborto, como no conozco a nadie pro mastectomía, pero sí a grupos religiosos que han decidido no comer carne de cerdo o no recibir transfusiones de sangre bajo ninguna circunstancia. Están en su derecho, pero no son leyes del hombre sino, desde su convicción de Dios. Lo que sí sé y estoy convencido de ello de que miles de mujeres recurren a abortos clandestinos, donde está en peligro su vida, para acabar con un embarazo no deseado. Y también sé que hay miles de mujeres que jamás, bajo ninguna causa recurrirían a un aborto simplemente por sus convicciones religiosas. Y las dos tienen los mismos derechos.
Este, además, no es un problema de clases altas o de más o menos liberalismo, es un problema de salud pública: en los sectores relativamente acomodados, legal o no el aborto, ese no es un problema, de éste o del otro lado de la frontera se puede pagar un aborto en muy buenas condiciones clínicas. El verdadero drama está en la enorme mayoría de las mujeres que caen en manos de carniceros que se aprovechan de la desprotección que sufren para someterlas a abortos que pueden acabar con su vida, o que terminan utilizando todo tipo de medicamentos o productos para provocarlo, en muchas ocasiones con graves secuelas de salud.
Nadie sabe con certeza cuál es el número real de abortos clandestinos ni de las muertes que éste produce. Ni siquiera hay registros médicos serios sobre el tema, ya que incluso en las actas de defunción no se establece el aborto como la causa de muerte de la víctima. Algunos hablan de 15 mil muertos anuales por abortos clandestinos. Sean más o menos, son muchos. Y es injusto que sea así.
Esta tampoco debe ser considerada como una cuestión de fe. Ninguna mujer está obligada a abortar ni ningún médico a practicarlo: la idea sería colocar en la legalidad una práctica generalizada pero hoy clandestina, peligrosa para la salud pública y la sociedad. Deben ser las distintas comunidades sociales y religiosas, las que hagan su trabajo ante la gente para convencerlos con sus argumentos, de sus convicciones y si se le otorgan instrumentos de otra clase, desde espirituales hasta materiales, se verá que muchas mujeres quizás no recurran al aborto ante un embarazo no deseado. Pero incluso así no puedo comprender que haya alguna legislación que prohíba un aborto incluso en caso de una violación. Me parece sencillamente inhumano.
La ley no puede construirse simplemente con base en encuestas. Se debe tomar en cuenta el interés general de la población pero también el de sus grupos más desprotegidos. Se deben salvaguardar derechos elementales, y en este caso el de la mujer es central. Podemos debatir sobre si la vida comienza en el momento de la concepción o si ésta se da con el crecimiento del sistema nervioso en el embrión. Pero no creo que podamos poner a discusión que toda mujer tiene que tener derecho sobre su propio cuerpo. Las leyes de Baja California y San Luis Potosí consideran sujeto de ley al no nacido e incluso le dan primacía sobre el derecho de la madre, de la mujer. No tiene sentido.
Insisto, no conozco a nadie que esté a favor del aborto. Conozco a muchos, como yo que estamos a favor de que una mujer pueda y deba decidir sobre su destino sin interferencias, con el respaldo de la ley.
Sin embargo, con todo y decisión de la Suprema Corte, los legisladores de 17 estados de la República siguen pensando que no es así, que hay derechos superiores, aunque nuestra constitución no lo establezca.
Hace unos dos años, cuando todavía era Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto informó que sólo en su estado, había entonces unas 19 mil jovencitas de entre 13 y 19 años que estaban embarazadas producto de una violación. A esas jóvenes se las apoyaba con una despensa. Recuerdo que aquí, en aquella ocasión nos preguntábamos cuántas de esas jovencitas, si hubieran tenido la oportunidad y se les hubiera ofrecido la opción, hubieran preferido no tener un hijo producto de una violación en lugar de recibir una despensa.
La reflexión viene a cuento por el debate que se ha librado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las leyes antiaborto de los estados de Baja California y San Luis Potosí, que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia, incluida por supuesto la violación. En el fondo del asunto, por lo menos en términos legales, lo que realmente se está debatiendo es el momento de la concepción, y por ende el derecho del no nacido respecto al de la mujer el de la madre. En ese debate siempre chocan visiones religiosas y científicas divergentes, y por ende el derecho de la mujer respecto a los derechos del embrión.
A pesar de lo que dicen ciertos personajes no conozco a nadie pro aborto, como no conozco a nadie pro mastectomía, pero sí a grupos religiosos que han decidido no comer carne de cerdo o no recibir transfusiones de sangre bajo ninguna circunstancia. Están en su derecho, pero no son leyes del hombre sino, desde su convicción de Dios. Lo que sí sé y estoy convencido de ello de que miles de mujeres recurren a abortos clandestinos, donde está en peligro su vida, para acabar con un embarazo no deseado. Y también sé que hay miles de mujeres que jamás, bajo ninguna causa recurrirían a un aborto simplemente por sus convicciones religiosas. Y las dos tienen los mismos derechos.
Este, además, no es un problema de clases altas o de más o menos liberalismo, es un problema de salud pública: en los sectores relativamente acomodados, legal o no el aborto, ese no es un problema, de éste o del otro lado de la frontera se puede pagar un aborto en muy buenas condiciones clínicas. El verdadero drama está en la enorme mayoría de las mujeres que caen en manos de carniceros que se aprovechan de la desprotección que sufren para someterlas a abortos que pueden acabar con su vida, o que terminan utilizando todo tipo de medicamentos o productos para provocarlo, en muchas ocasiones con graves secuelas de salud.
Nadie sabe con certeza cuál es el número real de abortos clandestinos ni de las muertes que éste produce. Ni siquiera hay registros médicos serios sobre el tema, ya que incluso en las actas de defunción no se establece el aborto como la causa de muerte de la víctima. Algunos hablan de 15 mil muertos anuales por abortos clandestinos. Sean más o menos, son muchos. Y es injusto que sea así.
Esta tampoco debe ser considerada como una cuestión de fe. Ninguna mujer está obligada a abortar ni ningún médico a practicarlo: la idea sería colocar en la legalidad una práctica generalizada pero hoy clandestina, peligrosa para la salud pública y la sociedad. Deben ser las distintas comunidades sociales y religiosas, las que hagan su trabajo ante la gente para convencerlos con sus argumentos, de sus convicciones y si se le otorgan instrumentos de otra clase, desde espirituales hasta materiales, se verá que muchas mujeres quizás no recurran al aborto ante un embarazo no deseado. Pero incluso así no puedo comprender que haya alguna legislación que prohíba un aborto incluso en caso de una violación. Me parece sencillamente inhumano.
La ley no puede construirse simplemente con base en encuestas. Se debe tomar en cuenta el interés general de la población pero también el de sus grupos más desprotegidos. Se deben salvaguardar derechos elementales, y en este caso el de la mujer es central. Podemos debatir sobre si la vida comienza en el momento de la concepción o si ésta se da con el crecimiento del sistema nervioso en el embrión. Pero no creo que podamos poner a discusión que toda mujer tiene que tener derecho sobre su propio cuerpo. Las leyes de Baja California y San Luis Potosí consideran sujeto de ley al no nacido e incluso le dan primacía sobre el derecho de la madre, de la mujer. No tiene sentido.
Insisto, no conozco a nadie que esté a favor del aborto. Conozco a muchos, como yo que estamos a favor de que una mujer pueda y deba decidir sobre su destino sin interferencias, con el respaldo de la ley.
Sin embargo, con todo y decisión de la Suprema Corte, los legisladores de 17 estados de la República siguen pensando que no es así, que hay derechos superiores, aunque nuestra constitución no lo establezca.
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