La responsabilidad de la operación ilegal es de SG y PGR, sostuvo la bancada perredista en San Lázaro.
Enrique Méndez, enviado, y Ernesto Martínez, corresponsal
México, DF. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados atribuyó la responsabilidad de la operación ilegal del casino Royale a la Secretaría de Gobernación (SG) y a la Procuraduría General de la República (PGR), a las que desde mayo se presentó una denuncia de que esa casa de juegos y 15 más en Monterrey, Nuevo León, no contaban con permisos federales.
La diputada Lizbeth García Coronado (PRD), coordinadora del grupo de trabajo de la Cámara que revisa la aplicación de la Ley de Juegos y Sorteos, afirmó que en la operación de casinos clandestinos e ilegales persiste la complicidad de funcionarios del gobierno federal surgido del Partido Acción Nacional (PAN), y recordó que desde que Santiago Creel Miranda era secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, se otorgaron cientos de permisos para casas de apuestas.
Recordó que inicialmente envió varios escritos al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para informarle que el casino Royale, donde murieron 53 personas el jueves, no contaba con autorización federal para continuar abierto. Luego, señaló, ante el silencio de Blake, optó por presentar en mayo pasado una denuncia penal ante la PGR.
“Tengo muy claro que el atentado lo perpetró la delincuencia organizada, pero la responsabilidad de que el casino Royale permaneciera abierto es de Gobernación, que de haber tenido voluntad de verificar si operaba o no de manera ilegal, tendría que haberlo cerrado, porque no aparece en su lista de empresas autorizadas”, declaró.
García Coronado refirió, en conferencia de prensa, que también debe investigarse la actuación del Poder Judicial, que tampoco ha respondido a un punto de acuerdo del PRD en el que se le pidió una relación de los jueces que han concedido amparos a empresas dedicadas al juego con apuestas.
“Aquí hay una trampa: la Secretaría de Gobernación no concede los permisos, las empresas solicitan una ampliación de los que ya tienen, y el endeble equipo jurídico de la dependencia no les responde en los 30 días que la obliga la ley. Cumplido el plazo, las empresas recurren al Poder Judicial, que les reconoce la ampliación y les concede el amparo”, declaró.
Informó que entre los exfuncionarios denunciados ante la PGR está la exdirectora de Juegos y Sorteos de Gobernación, Guadalupe López Mares, por su presunta colusión con el otorgamiento de un permiso falso para un casino en Chihuahua.
Detalló que entre los propietarios del casino Royale están Javier Vázquez y Raúl Rocha, vinculados a exfuncionarios panistas del ayuntamiento de Monterrey.
Enrique Méndez, enviado, y Ernesto Martínez, corresponsal
México, DF. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados atribuyó la responsabilidad de la operación ilegal del casino Royale a la Secretaría de Gobernación (SG) y a la Procuraduría General de la República (PGR), a las que desde mayo se presentó una denuncia de que esa casa de juegos y 15 más en Monterrey, Nuevo León, no contaban con permisos federales.
La diputada Lizbeth García Coronado (PRD), coordinadora del grupo de trabajo de la Cámara que revisa la aplicación de la Ley de Juegos y Sorteos, afirmó que en la operación de casinos clandestinos e ilegales persiste la complicidad de funcionarios del gobierno federal surgido del Partido Acción Nacional (PAN), y recordó que desde que Santiago Creel Miranda era secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, se otorgaron cientos de permisos para casas de apuestas.
Recordó que inicialmente envió varios escritos al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para informarle que el casino Royale, donde murieron 53 personas el jueves, no contaba con autorización federal para continuar abierto. Luego, señaló, ante el silencio de Blake, optó por presentar en mayo pasado una denuncia penal ante la PGR.
“Tengo muy claro que el atentado lo perpetró la delincuencia organizada, pero la responsabilidad de que el casino Royale permaneciera abierto es de Gobernación, que de haber tenido voluntad de verificar si operaba o no de manera ilegal, tendría que haberlo cerrado, porque no aparece en su lista de empresas autorizadas”, declaró.
García Coronado refirió, en conferencia de prensa, que también debe investigarse la actuación del Poder Judicial, que tampoco ha respondido a un punto de acuerdo del PRD en el que se le pidió una relación de los jueces que han concedido amparos a empresas dedicadas al juego con apuestas.
“Aquí hay una trampa: la Secretaría de Gobernación no concede los permisos, las empresas solicitan una ampliación de los que ya tienen, y el endeble equipo jurídico de la dependencia no les responde en los 30 días que la obliga la ley. Cumplido el plazo, las empresas recurren al Poder Judicial, que les reconoce la ampliación y les concede el amparo”, declaró.
Informó que entre los exfuncionarios denunciados ante la PGR está la exdirectora de Juegos y Sorteos de Gobernación, Guadalupe López Mares, por su presunta colusión con el otorgamiento de un permiso falso para un casino en Chihuahua.
Detalló que entre los propietarios del casino Royale están Javier Vázquez y Raúl Rocha, vinculados a exfuncionarios panistas del ayuntamiento de Monterrey.
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