Apro
En Guerrero, de 2008 a la fecha han sido localizadas 32 fosas clandestinas en diferentes puntos de donde fueron exhumados 138 cadáveres, indica un reporte de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE).
La mayoría de los cuerpos apareció en los dos destinos turísticos más importantes de la entidad: Acapulco y Taxco, donde bandas ligadas al crimen organizado mantienen una cruenta disputa por el control del territorio.
Los casos más significativos son el hallazgo de 55 cuerpos que fueron arrojados en la mina de San Francisco Cuadra, municipio de Taxco, el 29 de mayo de 2010 y posteriormente, en noviembre del mismo año en una huerta de cocos de la comunidad de Tunzingo, zona rural de Acapulco, fueron encontrados 18 de los 20 michoacanos que levantó un grupo armado en plena zona turística.
El reporte oficial solicitado por Proceso señala que en Acapulco han sido encontradas 57 víctimas en 21 fosas clandestinas, ubicadas en distintos puntos de este destino de playa, y en Taxco fueron extraídos 54 cuerpos de diferentes respiraderos de minas.
En Chilpancingo, durante el mismo periodo, se han localizado seis fosas, donde exhumaron 16 cuerpos; dos fosas más se ubicaron en Chilapa con nueve cuerpos y otras dos en Tierra Caliente con el mismo número de víctimas.
La dependencia estatal señala que la dirección de Servicios Periciales de la PGJ, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Procuraduría General de la República (PGR), realizaron 104 estudios de genética forense (8 en Chilpancingo; 9 en Chilapa; 42 en Taxco; 43 en Acapulco y 2 en Tierra Caliente)
Sin especificar, el reporte oficial de la PGJ refiere que ocho cuerpos encontrados en Chilpancingo y 12 de Taxco fueron identificados “por otros medios”.
La PGJE no informó cuántos de los 138 cuerpos exhumados en las 32 fosas clandestinas fueron reclamados por familiares y cuántos de estos se inhumaron en fosas comunes, argumentando que estos datos se encuentran en la dirección de Averiguaciones Previas de la dependencia estatal.
De acuerdo con datos periodísticos, sólo se tiene el registro que en septiembre de 2010 fueron sepultados en una fosa común del panteón que se encuentra al norte de esta capital, 42 de los 55 cuerpos exhumados en una mina de Taxco, de los cuales sólo fueron identificados 13, entre ellos Daniel Bravo, quien se desempeñaba como director del penal de Iguala cuando fue levantado por un comando en esta ciudad.
Para los integrantes del Comité de familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero la falta de justicia para las víctimas en nuestro país y en particular en la entidad, es total.
El Comité, surgido en 2004 a partir de la desaparición del arquitecto capitalino Jorge Gabriel Cerón Silva, tiene un registro de mil 643 víctimas de esta ola de violencia extrema entre los meses de abril de 2005 y marzo de este año; de los cuales 25 casos corresponden el delito de secuestro, 289 de desaparición forzada y mil 290 personas asesinadas.
Estas cifras forman parte del informe que el Comité entregó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante su visita al puerto de Acapulco el pasado 27 de marzo.
El reporte señala que las autoridades estatales han tendido un manto de opacidad, adoptando el término de “daño colateral” para referirse a las víctimas civiles en este contexto de la narcoguerra emprendida por el gobierno federal y relacionando todos los casos con los hechos derivados directamente de la confrontación entre los grupos de la delincuencia organizada y de esta forma justificar la criminalización de la lucha social, considera el Comité.
En esta confusión, añade el documento consultado por Proceso, la impartición de justicia es ausente debido a que la Procuraduría local maneja los casos de forma irregular, al “no investigar” y los Ministerios Públicos en algunos casos distorsionan los hechos, en otros atemorizan, intimidan y desalientan a los familiares de las víctimas.
En otros casos, las autoridades ministeriales instrumentan “artimañas” como integrar actas administrativas en lugar de averiguaciones previas, desintegrando y ocultando expedientes, mientras que los agentes ministeriales y policías municipales, quienes por su labor conocen y están relacionados directamente con el medio donde se suceden los hechos, no llevan a cabo ningún tipo de investigación y “más bien encubren los hechos”.
El Comité agrega que generalmente las denuncias penales que se han presentado por desaparición forzada son incorrectamente tipificadas como “privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro”, delito que sólo puede cometer un particular.
Este hecho es considerado como una argucia legal que favorece “el deslinde institucional”, en consecuencia, ningún servidor público ha sido consignado, ni sentenciado por el delito de desaparición forzada por lo que el Comíté concluye que la impunidad para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas “es absoluta”.
Al respecto, el informe señala que el tejido social no se puede restablecer, mientras no se conozca el paradero de las decenas de víctimas que han desparecido en este contexto de violencia.
En Guerrero, de 2008 a la fecha han sido localizadas 32 fosas clandestinas en diferentes puntos de donde fueron exhumados 138 cadáveres, indica un reporte de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE).
La mayoría de los cuerpos apareció en los dos destinos turísticos más importantes de la entidad: Acapulco y Taxco, donde bandas ligadas al crimen organizado mantienen una cruenta disputa por el control del territorio.
Los casos más significativos son el hallazgo de 55 cuerpos que fueron arrojados en la mina de San Francisco Cuadra, municipio de Taxco, el 29 de mayo de 2010 y posteriormente, en noviembre del mismo año en una huerta de cocos de la comunidad de Tunzingo, zona rural de Acapulco, fueron encontrados 18 de los 20 michoacanos que levantó un grupo armado en plena zona turística.
El reporte oficial solicitado por Proceso señala que en Acapulco han sido encontradas 57 víctimas en 21 fosas clandestinas, ubicadas en distintos puntos de este destino de playa, y en Taxco fueron extraídos 54 cuerpos de diferentes respiraderos de minas.
En Chilpancingo, durante el mismo periodo, se han localizado seis fosas, donde exhumaron 16 cuerpos; dos fosas más se ubicaron en Chilapa con nueve cuerpos y otras dos en Tierra Caliente con el mismo número de víctimas.
La dependencia estatal señala que la dirección de Servicios Periciales de la PGJ, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Procuraduría General de la República (PGR), realizaron 104 estudios de genética forense (8 en Chilpancingo; 9 en Chilapa; 42 en Taxco; 43 en Acapulco y 2 en Tierra Caliente)
Sin especificar, el reporte oficial de la PGJ refiere que ocho cuerpos encontrados en Chilpancingo y 12 de Taxco fueron identificados “por otros medios”.
La PGJE no informó cuántos de los 138 cuerpos exhumados en las 32 fosas clandestinas fueron reclamados por familiares y cuántos de estos se inhumaron en fosas comunes, argumentando que estos datos se encuentran en la dirección de Averiguaciones Previas de la dependencia estatal.
De acuerdo con datos periodísticos, sólo se tiene el registro que en septiembre de 2010 fueron sepultados en una fosa común del panteón que se encuentra al norte de esta capital, 42 de los 55 cuerpos exhumados en una mina de Taxco, de los cuales sólo fueron identificados 13, entre ellos Daniel Bravo, quien se desempeñaba como director del penal de Iguala cuando fue levantado por un comando en esta ciudad.
Para los integrantes del Comité de familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero la falta de justicia para las víctimas en nuestro país y en particular en la entidad, es total.
El Comité, surgido en 2004 a partir de la desaparición del arquitecto capitalino Jorge Gabriel Cerón Silva, tiene un registro de mil 643 víctimas de esta ola de violencia extrema entre los meses de abril de 2005 y marzo de este año; de los cuales 25 casos corresponden el delito de secuestro, 289 de desaparición forzada y mil 290 personas asesinadas.
Estas cifras forman parte del informe que el Comité entregó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante su visita al puerto de Acapulco el pasado 27 de marzo.
El reporte señala que las autoridades estatales han tendido un manto de opacidad, adoptando el término de “daño colateral” para referirse a las víctimas civiles en este contexto de la narcoguerra emprendida por el gobierno federal y relacionando todos los casos con los hechos derivados directamente de la confrontación entre los grupos de la delincuencia organizada y de esta forma justificar la criminalización de la lucha social, considera el Comité.
En esta confusión, añade el documento consultado por Proceso, la impartición de justicia es ausente debido a que la Procuraduría local maneja los casos de forma irregular, al “no investigar” y los Ministerios Públicos en algunos casos distorsionan los hechos, en otros atemorizan, intimidan y desalientan a los familiares de las víctimas.
En otros casos, las autoridades ministeriales instrumentan “artimañas” como integrar actas administrativas en lugar de averiguaciones previas, desintegrando y ocultando expedientes, mientras que los agentes ministeriales y policías municipales, quienes por su labor conocen y están relacionados directamente con el medio donde se suceden los hechos, no llevan a cabo ningún tipo de investigación y “más bien encubren los hechos”.
El Comité agrega que generalmente las denuncias penales que se han presentado por desaparición forzada son incorrectamente tipificadas como “privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro”, delito que sólo puede cometer un particular.
Este hecho es considerado como una argucia legal que favorece “el deslinde institucional”, en consecuencia, ningún servidor público ha sido consignado, ni sentenciado por el delito de desaparición forzada por lo que el Comíté concluye que la impunidad para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas “es absoluta”.
Al respecto, el informe señala que el tejido social no se puede restablecer, mientras no se conozca el paradero de las decenas de víctimas que han desparecido en este contexto de violencia.
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