Jorge Fernández Menéndez
Hace unos días, con motivo de la visita del presidente Santos, platicábamos con los directores de medios de ese país que lo acompañaban y no dejaba de asombrarles a nuestros colegas que en México no se terminara de comprender y asumir la batalla contra el narcotráfico como un tema, un desafío, realmente nacional. Uno de ellos, conocedor de la situación mexicana, me decía que, como estaban las cosas, terminaría siendo inevitable que la seguridad se convirtiera en tema de campaña, se partidizara y por lo tanto, que fuera utilizada por los propios grupos criminales para generar presiones en su beneficio y desestabilizar el proceso político.
Tenía toda la razón: para algunos éste sí es un esfuerzo nacional y debe ser entendido como tal, pero para otros simplemente, es “la guerra de Calderón”; hay quienes consideran que en ese enfrentamiento entre los narcotraficantes y el Estado hay que permanecer “neutrales” y otros que creen que lo mejor es mantener una línea declarativa de apoyo pero, en realidad, no involucrarse en algo en lo que sienten que no tienen nada que ganar.
El hecho es notable en muchos aspectos: todos los partidos saben de mucho tiempo atrás, por qué carriles transita la colaboración con Estados Unidos, pero es suficiente con que el New York Times publique que hay agentes de la CIA y de otras agencias asesorando al Gobierno mexicano para que estalle el fervor nacionalista, se pidan explicaciones, se diga que se está violando la Constitución y, como no podía faltar, el inefable Javier Sicilia declarara que la verdadera lucha no es contra los criminales, sino contra los gringos. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, puso la cereza en el pastel al exigir que “no nos colombianicemos”, porque según él, los problemas en Colombia comenzaron cuando establecieron acuerdos con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Habría que recordarle que fue exactamente al revés: los cambios positivos que se han dado en Colombia comenzaron a partir de la implementación del plan Colombia, en forma conjunta entre ese país y los Estados Unidos, y con la adopción de una serie de medidas que pasan por la centralización de los esfuerzos de seguridad y por la convicción, que nosotros no tenemos, de partidos, gobiernos, medios y sociedad de que el narcotráfico era un enemigo común.
Algo similar está sucediendo con la ley de seguridad nacional, donde se dicen y declaran tantos dislates que en ocasiones uno debería pensar que quizás estamos mejor así: porque lo único peor que no tener una ley que regule, entre otras cosas, la presencia de las fuerzas de seguridad en el combate a la delincuencia, es tener una ley que termine siendo abiertamente contraproducente.
Pero el problema principal, la mayor resistencia a este combate está en los estados y sobre todo en los municipios. No hay en la enorme mayoría de los gobiernos locales disposición a emprender una lucha real contra la delincuencia. Recuerdo que un gobernador de un estado particularmente afectado por la violencia, antes de dejar su cargo, me decía que él cumplía estrictamente con todo lo que le pedían de la Federación y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en recursos, personal, apoyos. Pero que ese combate no era su responsabilidad y que fuera de brindar todo ese apoyo, él no estaba dispuesto a hacer nada que le generara conflictos internos.
Eso se refleja en muchos ámbitos pero en pocos tan claramente, porque el tema allí se mide en pesos y centavos, como en la operación del subsidio para los municipios en materia de seguridad. Durante los primeros años de aplicación, cuando no había condiciones que cumplir para recibirlo, todos lo pidieron.
No les interesa a muchos actores ver la batalla contra el crimen organizado como un esfuerzo nacional, aunque se considere que haya errores de instrumentación: siguen pensando en que es un tema coyuntural y parte de un error del Gobierno federal por haberse lanzado a la misma. Siguen pensando que no había que moverle; que no había que romper el status quo con los grupos criminales. Me recuerda 1994, cuando después del levantamiento zapatista e incluso después del asesinato de Colosio, se decía que todo se debía a las reformas aprobadas en los años anteriores: que no había necesidad de haber firmado un TLC con Estados Unidos, que no se necesitaba abrir la economía, que no tenía sentido haber modificado la ley agraria o restablecer relaciones con el Vaticano. La culpa de la desestabilización se le atribuía entonces a esas grandes reformas estructurales, ahora se le atribuye a la “guerra de Calderón”.
Hace unos días, con motivo de la visita del presidente Santos, platicábamos con los directores de medios de ese país que lo acompañaban y no dejaba de asombrarles a nuestros colegas que en México no se terminara de comprender y asumir la batalla contra el narcotráfico como un tema, un desafío, realmente nacional. Uno de ellos, conocedor de la situación mexicana, me decía que, como estaban las cosas, terminaría siendo inevitable que la seguridad se convirtiera en tema de campaña, se partidizara y por lo tanto, que fuera utilizada por los propios grupos criminales para generar presiones en su beneficio y desestabilizar el proceso político.
Tenía toda la razón: para algunos éste sí es un esfuerzo nacional y debe ser entendido como tal, pero para otros simplemente, es “la guerra de Calderón”; hay quienes consideran que en ese enfrentamiento entre los narcotraficantes y el Estado hay que permanecer “neutrales” y otros que creen que lo mejor es mantener una línea declarativa de apoyo pero, en realidad, no involucrarse en algo en lo que sienten que no tienen nada que ganar.
El hecho es notable en muchos aspectos: todos los partidos saben de mucho tiempo atrás, por qué carriles transita la colaboración con Estados Unidos, pero es suficiente con que el New York Times publique que hay agentes de la CIA y de otras agencias asesorando al Gobierno mexicano para que estalle el fervor nacionalista, se pidan explicaciones, se diga que se está violando la Constitución y, como no podía faltar, el inefable Javier Sicilia declarara que la verdadera lucha no es contra los criminales, sino contra los gringos. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, puso la cereza en el pastel al exigir que “no nos colombianicemos”, porque según él, los problemas en Colombia comenzaron cuando establecieron acuerdos con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Habría que recordarle que fue exactamente al revés: los cambios positivos que se han dado en Colombia comenzaron a partir de la implementación del plan Colombia, en forma conjunta entre ese país y los Estados Unidos, y con la adopción de una serie de medidas que pasan por la centralización de los esfuerzos de seguridad y por la convicción, que nosotros no tenemos, de partidos, gobiernos, medios y sociedad de que el narcotráfico era un enemigo común.
Algo similar está sucediendo con la ley de seguridad nacional, donde se dicen y declaran tantos dislates que en ocasiones uno debería pensar que quizás estamos mejor así: porque lo único peor que no tener una ley que regule, entre otras cosas, la presencia de las fuerzas de seguridad en el combate a la delincuencia, es tener una ley que termine siendo abiertamente contraproducente.
Pero el problema principal, la mayor resistencia a este combate está en los estados y sobre todo en los municipios. No hay en la enorme mayoría de los gobiernos locales disposición a emprender una lucha real contra la delincuencia. Recuerdo que un gobernador de un estado particularmente afectado por la violencia, antes de dejar su cargo, me decía que él cumplía estrictamente con todo lo que le pedían de la Federación y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en recursos, personal, apoyos. Pero que ese combate no era su responsabilidad y que fuera de brindar todo ese apoyo, él no estaba dispuesto a hacer nada que le generara conflictos internos.
Eso se refleja en muchos ámbitos pero en pocos tan claramente, porque el tema allí se mide en pesos y centavos, como en la operación del subsidio para los municipios en materia de seguridad. Durante los primeros años de aplicación, cuando no había condiciones que cumplir para recibirlo, todos lo pidieron.
No les interesa a muchos actores ver la batalla contra el crimen organizado como un esfuerzo nacional, aunque se considere que haya errores de instrumentación: siguen pensando en que es un tema coyuntural y parte de un error del Gobierno federal por haberse lanzado a la misma. Siguen pensando que no había que moverle; que no había que romper el status quo con los grupos criminales. Me recuerda 1994, cuando después del levantamiento zapatista e incluso después del asesinato de Colosio, se decía que todo se debía a las reformas aprobadas en los años anteriores: que no había necesidad de haber firmado un TLC con Estados Unidos, que no se necesitaba abrir la economía, que no tenía sentido haber modificado la ley agraria o restablecer relaciones con el Vaticano. La culpa de la desestabilización se le atribuía entonces a esas grandes reformas estructurales, ahora se le atribuye a la “guerra de Calderón”.
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