Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Óscar Osvaldo García Montoya comenzó rápido su carrera al estrellato. El miércoles pasado le declaró a interrogadores de la Procuraduría General de Justicia del estado de México que el nombre de su organización criminal, “Mano con Ojos”, se lo inspiró el popular personaje que Televisa utiliza en eventos deportivos, “El Compayito”. El lunes, la procuraduría mexiquense le abrió la puerta al mundo al dar a conocer nuevas declaraciones suyas a través de YouTube.
En un interrogatorio informal realizado por la procuraduría estatal, García Montoya se dio vuelo. Dijo sin ninguna prueba –por el formato de entrevista más que de interrogatorio se le permitía-, que su intención era asesinar al procurador Alfredo Castillo, y que se sentía tan traicionado por José Jorge Balderas, “El J.J.”, un narcomenudista cercano a Edgar Valdés, “La Barbie”, que atentó contra el futbolista Salvador Cabañas. Cuando un policía le preguntó si le gustaría que lo colocaran en la misma celda, siguió el juego retórico y afirmó que le encantaría para matarlo.
Sin embargo, fue su revelación de que el secuestro de “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos el año pasado fue realizado por “El Pelacas” y “El Ricalde”, según él jefes del “Cártel de El Hongo”, lo que disparó el interés de los medios. La prensa no cuestionó la credibilidad de García Montoya, sino si había hecho bien la autoridad en dar a conocer esa entrevista. Hubo incluso periódicos que sin recato colocaron su declaración como el titular principal del día, otorgándole validez de fe a su dicho.
El cuestionamiento fue maniqueo. El método que usó la procuraduría mexiquense es el que ha utilizado hace tiempo la Secretaría de Seguridad Pública Federal con éxito mediático, pero con impacto negativo en la integración de expedientes, de acuerdo con funcionarios federales consultados sobre este tema. Nadie se detuvo en el fondo, sino en la forma. Otros criminales prestados a las televisoras antes de entregarlo al Ministerio Público Federal para que los entrevistaran, como “El J.J.” o “La Barbie”, tuvieron un alto impacto mediático positivo para el gobierno, pero cuando fueron presentados a declarar ante el Ministerio Público, se abstuvieron de hacerlo.
La perniciosa tendencia a impactar en medios a costa de alterar el debido proceso –uno de los alegatos incansables en el caso de Florence Cassez-, ha elevado la dificultad para las autoridades en la construcción de sus casos , al tiempo que ha provocado una de las externalidades más extrañas de la guerra contra las drogas: el enorme deseo de hablar de los criminales ante las cámaras de la televisión, sin importar que sean periodistas o policías.
Los criminales han encontrado en el vehículo que les han regalado las autoridades, un extraño atractivo para hablar a las audiencias públicas sin comprometerse legalmente. Ante las cámaras de televisión describen la manera como secuestran, descuartizan o matan. Hablan de sus amores y sus odios. Ofrecen detalles y narran momentos y acciones que luego, ante quienes deben declarar legalmente para que se integren a las averiguaciones previas y generen mayor investigación, callan.
José Antonio Acosta Hernández, “El Diego”, uno de los jefes del Cártel de Juárez y de sus mercenarios pandilleros de “La Línea”, es uno de los ejemplos más claro de la perversión –la dialéctica de la ley versus la comunicación social- que se vive. Fue entrevistado por las cámaras de televisión policiales tras su arresto a fines del mes pasado, donde habló con una ligereza asombrosa de todo lo que le preguntaban:
Pregunta: En Juárez, además, bueno, de lo que platicamos del vehículo con explosivos, de los multihomicidios en los centros de rehabilitación y en fiestas, tenemos conocimiento de atentados en contra de gente, de funcionarios tanto de México como de Estados Unidos. ¿Usted sabe de esto?
Respuesta: Sí claro.
Pregunta: ¿Usted sabe del homicidio (en julio del año pasado) de la subprocuradora (de Chihuahua) Sandra Ivonne Salas?
Respuesta: Sí.
Pregunta: ¿Qué nos puede contar?
Respuesta: Pues ella había realizado detenciones, había estado realizando muchas detenciones y teníamos la precisión de que participaba en el bando contrario y se dio la orden para que le privaran la vida.
En las entrevistas no se fundamenta ni la investigación, ni el caso judicial. Pero su difusión en forma de materia prima, además de perjudicar los procesos legales, contraviene los principios éticos que el propio gobierno exige a medios que cuiden. En este caso, por ejemplo, se difundió el nombre de la subprocuradora, con lo cual la propia autoridad daña su imagen y su fama pública. Es exactamente lo mismo cuando se quejan que los medios lastiman la imagen pública de funcionarios, a quienes se acusa en los medios sin pruebas. No pueden esperar un comportamiento profesional si aquellos que la responsabilidad de mantenerlo, fallan.
García Montoya es el último de estos casos. Dijo “El Pelacas” y “El Ricalde” eran los secuestradores de “El Jefe” Diego, y los medios acríticamente compraron la versión. Ese par de personajes encabezan lo que en junio identificó la propia procuraduría mexiquense como “El Cártel del Hongo”, que disputaban con “Mano con Ojos” el control por Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Este lunes, un matón, los elevó de categoría.
El secuestro de Fernández de Cevallos fue realizado por un grupo escindido del EPR que opera en la zona de Querétaro y San Luis Potosí hace años. No son sicarios que defienden su territorio, sino tienen una estructura con células logísticas, financieras, de comunicación y seguridad, que les permiten realizar secuestros de alto impacto para alimentar su lucha política e ideológica. Sus jefes -Misteriosos Desaparecedores”, se hacen llamar ahora-, son leídos y politizados. Su negocio es mantener vivos a los secuestrados y cobrar por ello. Es decir, son todo lo contrario de lo que representan “El Pelacas”, “El Ricalde” y el propio García Montoya.
Los medios no lo ven de esta manera, y juegan con el star system que ha creado la autoridad federal, al que ahora se suma la mexiquense, que han visto la utilidad de corto plazo en la difusión de interrogatorios sin ningún marco legal con el único propósito de alumbrar su imagen. No violan la ley, pero sí la afectan. Si García Montoya sigue los pasos de sus colegas del crimen previamente arrestados y entrevistados, tampoco hablará ante el ministerio público local, y toda la construcción jurídica del caso volverá a obstruirse.
Óscar Osvaldo García Montoya comenzó rápido su carrera al estrellato. El miércoles pasado le declaró a interrogadores de la Procuraduría General de Justicia del estado de México que el nombre de su organización criminal, “Mano con Ojos”, se lo inspiró el popular personaje que Televisa utiliza en eventos deportivos, “El Compayito”. El lunes, la procuraduría mexiquense le abrió la puerta al mundo al dar a conocer nuevas declaraciones suyas a través de YouTube.
En un interrogatorio informal realizado por la procuraduría estatal, García Montoya se dio vuelo. Dijo sin ninguna prueba –por el formato de entrevista más que de interrogatorio se le permitía-, que su intención era asesinar al procurador Alfredo Castillo, y que se sentía tan traicionado por José Jorge Balderas, “El J.J.”, un narcomenudista cercano a Edgar Valdés, “La Barbie”, que atentó contra el futbolista Salvador Cabañas. Cuando un policía le preguntó si le gustaría que lo colocaran en la misma celda, siguió el juego retórico y afirmó que le encantaría para matarlo.
Sin embargo, fue su revelación de que el secuestro de “El Jefe” Diego Fernández de Cevallos el año pasado fue realizado por “El Pelacas” y “El Ricalde”, según él jefes del “Cártel de El Hongo”, lo que disparó el interés de los medios. La prensa no cuestionó la credibilidad de García Montoya, sino si había hecho bien la autoridad en dar a conocer esa entrevista. Hubo incluso periódicos que sin recato colocaron su declaración como el titular principal del día, otorgándole validez de fe a su dicho.
El cuestionamiento fue maniqueo. El método que usó la procuraduría mexiquense es el que ha utilizado hace tiempo la Secretaría de Seguridad Pública Federal con éxito mediático, pero con impacto negativo en la integración de expedientes, de acuerdo con funcionarios federales consultados sobre este tema. Nadie se detuvo en el fondo, sino en la forma. Otros criminales prestados a las televisoras antes de entregarlo al Ministerio Público Federal para que los entrevistaran, como “El J.J.” o “La Barbie”, tuvieron un alto impacto mediático positivo para el gobierno, pero cuando fueron presentados a declarar ante el Ministerio Público, se abstuvieron de hacerlo.
La perniciosa tendencia a impactar en medios a costa de alterar el debido proceso –uno de los alegatos incansables en el caso de Florence Cassez-, ha elevado la dificultad para las autoridades en la construcción de sus casos , al tiempo que ha provocado una de las externalidades más extrañas de la guerra contra las drogas: el enorme deseo de hablar de los criminales ante las cámaras de la televisión, sin importar que sean periodistas o policías.
Los criminales han encontrado en el vehículo que les han regalado las autoridades, un extraño atractivo para hablar a las audiencias públicas sin comprometerse legalmente. Ante las cámaras de televisión describen la manera como secuestran, descuartizan o matan. Hablan de sus amores y sus odios. Ofrecen detalles y narran momentos y acciones que luego, ante quienes deben declarar legalmente para que se integren a las averiguaciones previas y generen mayor investigación, callan.
José Antonio Acosta Hernández, “El Diego”, uno de los jefes del Cártel de Juárez y de sus mercenarios pandilleros de “La Línea”, es uno de los ejemplos más claro de la perversión –la dialéctica de la ley versus la comunicación social- que se vive. Fue entrevistado por las cámaras de televisión policiales tras su arresto a fines del mes pasado, donde habló con una ligereza asombrosa de todo lo que le preguntaban:
Pregunta: En Juárez, además, bueno, de lo que platicamos del vehículo con explosivos, de los multihomicidios en los centros de rehabilitación y en fiestas, tenemos conocimiento de atentados en contra de gente, de funcionarios tanto de México como de Estados Unidos. ¿Usted sabe de esto?
Respuesta: Sí claro.
Pregunta: ¿Usted sabe del homicidio (en julio del año pasado) de la subprocuradora (de Chihuahua) Sandra Ivonne Salas?
Respuesta: Sí.
Pregunta: ¿Qué nos puede contar?
Respuesta: Pues ella había realizado detenciones, había estado realizando muchas detenciones y teníamos la precisión de que participaba en el bando contrario y se dio la orden para que le privaran la vida.
En las entrevistas no se fundamenta ni la investigación, ni el caso judicial. Pero su difusión en forma de materia prima, además de perjudicar los procesos legales, contraviene los principios éticos que el propio gobierno exige a medios que cuiden. En este caso, por ejemplo, se difundió el nombre de la subprocuradora, con lo cual la propia autoridad daña su imagen y su fama pública. Es exactamente lo mismo cuando se quejan que los medios lastiman la imagen pública de funcionarios, a quienes se acusa en los medios sin pruebas. No pueden esperar un comportamiento profesional si aquellos que la responsabilidad de mantenerlo, fallan.
García Montoya es el último de estos casos. Dijo “El Pelacas” y “El Ricalde” eran los secuestradores de “El Jefe” Diego, y los medios acríticamente compraron la versión. Ese par de personajes encabezan lo que en junio identificó la propia procuraduría mexiquense como “El Cártel del Hongo”, que disputaban con “Mano con Ojos” el control por Cuautitlán Izcalli y Tultitlán. Este lunes, un matón, los elevó de categoría.
El secuestro de Fernández de Cevallos fue realizado por un grupo escindido del EPR que opera en la zona de Querétaro y San Luis Potosí hace años. No son sicarios que defienden su territorio, sino tienen una estructura con células logísticas, financieras, de comunicación y seguridad, que les permiten realizar secuestros de alto impacto para alimentar su lucha política e ideológica. Sus jefes -Misteriosos Desaparecedores”, se hacen llamar ahora-, son leídos y politizados. Su negocio es mantener vivos a los secuestrados y cobrar por ello. Es decir, son todo lo contrario de lo que representan “El Pelacas”, “El Ricalde” y el propio García Montoya.
Los medios no lo ven de esta manera, y juegan con el star system que ha creado la autoridad federal, al que ahora se suma la mexiquense, que han visto la utilidad de corto plazo en la difusión de interrogatorios sin ningún marco legal con el único propósito de alumbrar su imagen. No violan la ley, pero sí la afectan. Si García Montoya sigue los pasos de sus colegas del crimen previamente arrestados y entrevistados, tampoco hablará ante el ministerio público local, y toda la construcción jurídica del caso volverá a obstruirse.
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