Jorge Fernández Menéndez
Humberto Moreira, el presidente nacional del PRI, llegó a esa posición por la relación con Enrique Peña Nieto, sin duda el principal aspirante, para muchos el único, del tricolor a la presidencia de la República. Las razones que llevaron a su llegada a la presidencia de ese partido eran varias: la relación personal con Peña; la forma en que había prácticamente borrado electoralmente al PAN en el estado; una carrera política en la que había establecido ligas con varios grupos de poder importantes; la condición de maestro de Moreira y, por esa vía una relación de tiempo atrás con Elba Esther Gordillo y el SNTE que Peña Nieto quería y quiere conservar. Esa relación permitió la coalición de Nueva Alianza con el PRI en la mayoría de las más recientes elecciones estatales.
Y esa relación está en el fondo de la ofensiva que ha vivido Moreira en las últimas semanas. El tema de la deuda pública de los estados ha estado en el centro de esas denuncias y se ha alimentado, además, de una distancia, de una prescindencia del presidente del PRI que pareció preferir ignorar los hechos en lugar de afrontarlos, incluso para establecer su defensa.
Como está planteado, el debate sobre el endeudamiento público de los estados, parece ser más un elemento de campaña que un peligro inminente. Es verdad que las autoridades estatales han hecho crecer su deuda en forma muy significativa, pero también lo es que la misma se mantiene todavía en términos manejables. Ningún estado está a punto del default. Las comparaciones que se hacen con las entidades autonómicas españolas, resultan, en términos estrictos, exageradas: el peso de esas deudas autonómicas en la deuda global del estado español respecto al de nuestras entidades federativas, no es comparable. Pero es verdad que se trata de un peligro potencial que de no ser tratado ahora se catalizará en el futuro inmediato y puede afectar las finanzas y las calificaciones crediticias del país y de los propios estados.
En todo esto se han plantado dos estrategias simultáneas. Por una parte, en el terreno institucional, la SHCP y Banobras, han planteado un programa irreprochable, que le permitirá a todos los estados que lo deseen renegociar sus adeudos, y colocarlos en deuda de largo plazo con tasas bajas y muy manejables. En contraparte se deben adquirir compromisos sobre el crecimiento y el manejo responsable de esa deuda. Siguiendo el ejemplo de España, esta misma semana, por primera vez en varios años el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo para una reforma constitucional mediante la cual, asumen el compromiso legal, tanto el gobierno central como los autonómicos, de mantener un equilibrio fiscal, en los hechos de no gastar más de lo que se recauda. El esquema propuesto en México no llega ni remotamente tan lejos.
La propuesta institucional es irreprochable. Pero el proceso ha ido acompañado de una ofensiva política que se ha centrado en Moreira y su administración en Coahuila, porque lo ven como un eslabón débil y también porque, más allá de los errores o aciertos que pudiera haber cometido Moreira, resulta obvio que el factor Elba Esther puede ser un elemento de división en el priísmo. El PRI, ha tenido rupturas en todos los fines de sexenio desde 1988 hasta la pasada elección presidencial, y ese es el mayor peligro que enfrenta, en términos electorales, ese partido.
La presión se da también por otras dos razones: Moreira ha sido, a su vez, quien ha encabezado la ofensiva declarativa contra los gobiernos panistas y está recibiendo un trato de reciprocidad, y al mismo tiempo sirve para probar hasta qué punto Peña Nieto defiende a los suyos ante estas coyunturas. Se cala al PRI y al virtual candidato. En este aspecto, el todavía gobernador no parece dispuesto a dar marcha atrás: está construyendo con sus hombres y mujeres una suerte de clase política propia. Lo demostró con la llegada de Moreira a la presidencia del PRI, por encima de hombres con tanta presencia política como Emilio Gamboa; lo ratificó con la designación de Eruviel Avila en la candidatura mexiquense; también con los movimientos que se dieron en el congreso a partir de la decisión de que Luis Videgaray fuera el coordinador de Eruviel; y se ratifica con los nombramientos que se han hecho en el CEN del PRI, el más importante la llegada de Miguel Osorio Chong, otro hombre de toda la confianza de Peña.
Independientemente de todo ello, los ataques recíprocos parecen inevitables, son parte de la disputa electoral. Lo que parece mucho menos recomendable es que se juegue en cualquiera de los campos partidarios con la economía del país. Sólo una vez más el ejemplo, en ese sentido, español: vaya que se han atacado, hasta con la visita del Papa, el gobierno del PSOE y la oposición del PP, pero la reforma sobre el equilibrio fiscal la han anunciado ambos en apenas 10 minutos, se aprobará en un menos de un mes y se anunció cuando faltan apenas tres meses para las elecciones.
Humberto Moreira, el presidente nacional del PRI, llegó a esa posición por la relación con Enrique Peña Nieto, sin duda el principal aspirante, para muchos el único, del tricolor a la presidencia de la República. Las razones que llevaron a su llegada a la presidencia de ese partido eran varias: la relación personal con Peña; la forma en que había prácticamente borrado electoralmente al PAN en el estado; una carrera política en la que había establecido ligas con varios grupos de poder importantes; la condición de maestro de Moreira y, por esa vía una relación de tiempo atrás con Elba Esther Gordillo y el SNTE que Peña Nieto quería y quiere conservar. Esa relación permitió la coalición de Nueva Alianza con el PRI en la mayoría de las más recientes elecciones estatales.
Y esa relación está en el fondo de la ofensiva que ha vivido Moreira en las últimas semanas. El tema de la deuda pública de los estados ha estado en el centro de esas denuncias y se ha alimentado, además, de una distancia, de una prescindencia del presidente del PRI que pareció preferir ignorar los hechos en lugar de afrontarlos, incluso para establecer su defensa.
Como está planteado, el debate sobre el endeudamiento público de los estados, parece ser más un elemento de campaña que un peligro inminente. Es verdad que las autoridades estatales han hecho crecer su deuda en forma muy significativa, pero también lo es que la misma se mantiene todavía en términos manejables. Ningún estado está a punto del default. Las comparaciones que se hacen con las entidades autonómicas españolas, resultan, en términos estrictos, exageradas: el peso de esas deudas autonómicas en la deuda global del estado español respecto al de nuestras entidades federativas, no es comparable. Pero es verdad que se trata de un peligro potencial que de no ser tratado ahora se catalizará en el futuro inmediato y puede afectar las finanzas y las calificaciones crediticias del país y de los propios estados.
En todo esto se han plantado dos estrategias simultáneas. Por una parte, en el terreno institucional, la SHCP y Banobras, han planteado un programa irreprochable, que le permitirá a todos los estados que lo deseen renegociar sus adeudos, y colocarlos en deuda de largo plazo con tasas bajas y muy manejables. En contraparte se deben adquirir compromisos sobre el crecimiento y el manejo responsable de esa deuda. Siguiendo el ejemplo de España, esta misma semana, por primera vez en varios años el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo para una reforma constitucional mediante la cual, asumen el compromiso legal, tanto el gobierno central como los autonómicos, de mantener un equilibrio fiscal, en los hechos de no gastar más de lo que se recauda. El esquema propuesto en México no llega ni remotamente tan lejos.
La propuesta institucional es irreprochable. Pero el proceso ha ido acompañado de una ofensiva política que se ha centrado en Moreira y su administración en Coahuila, porque lo ven como un eslabón débil y también porque, más allá de los errores o aciertos que pudiera haber cometido Moreira, resulta obvio que el factor Elba Esther puede ser un elemento de división en el priísmo. El PRI, ha tenido rupturas en todos los fines de sexenio desde 1988 hasta la pasada elección presidencial, y ese es el mayor peligro que enfrenta, en términos electorales, ese partido.
La presión se da también por otras dos razones: Moreira ha sido, a su vez, quien ha encabezado la ofensiva declarativa contra los gobiernos panistas y está recibiendo un trato de reciprocidad, y al mismo tiempo sirve para probar hasta qué punto Peña Nieto defiende a los suyos ante estas coyunturas. Se cala al PRI y al virtual candidato. En este aspecto, el todavía gobernador no parece dispuesto a dar marcha atrás: está construyendo con sus hombres y mujeres una suerte de clase política propia. Lo demostró con la llegada de Moreira a la presidencia del PRI, por encima de hombres con tanta presencia política como Emilio Gamboa; lo ratificó con la designación de Eruviel Avila en la candidatura mexiquense; también con los movimientos que se dieron en el congreso a partir de la decisión de que Luis Videgaray fuera el coordinador de Eruviel; y se ratifica con los nombramientos que se han hecho en el CEN del PRI, el más importante la llegada de Miguel Osorio Chong, otro hombre de toda la confianza de Peña.
Independientemente de todo ello, los ataques recíprocos parecen inevitables, son parte de la disputa electoral. Lo que parece mucho menos recomendable es que se juegue en cualquiera de los campos partidarios con la economía del país. Sólo una vez más el ejemplo, en ese sentido, español: vaya que se han atacado, hasta con la visita del Papa, el gobierno del PSOE y la oposición del PP, pero la reforma sobre el equilibrio fiscal la han anunciado ambos en apenas 10 minutos, se aprobará en un menos de un mes y se anunció cuando faltan apenas tres meses para las elecciones.
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