Apro
El dirigente de la Central de Abastos de Ciudad Juárez, Chihuahua, Miguel Esaul Galindo Figueroa, denunció hoy que el 90% de los 10 mil establecimientos comerciales que operan en esa ciudad fronteriza pagan “derechos de piso” a la delincuencia organizada.
En rueda de prensa conjunta con líderes de comerciantes y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el dirigente dijo que “los grupos criminales han logrado en Juárez lo que ni el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha conseguido: exprimir hasta quienes sobreviven en la economía informal”.
Sostuvo que en Juárez hay más contribuyentes al crimen organizado que al fisco “porque casi nadie escapa a la extorsión”,
Luego de exigir a las autoridades federales ayudarlos con un paquete de exenciones fiscales, Galindo Figueroa aseguró que las extorsiones oscilan de los 200 a los 800 dólares a la semana para comercios establecidos, mientras que a los ambulantes llegan a cobrarles “cuotas únicas” de 16 a 20 mil pesos.
Y lamentó que la estrategia integral que el gobierno federal lanzó para recuperar el tejido social de Juárez, carezca de medidas fiscales que permitan la recuperación económica local y se ejerza en cambio un “terrorismo fiscal” contra los negocios que aún operan, sin tener en cuenta que son extorsionados de manera sistemática.
El dirigente de la Central de Abastos de Ciudad Juárez, Chihuahua, Miguel Esaul Galindo Figueroa, denunció hoy que el 90% de los 10 mil establecimientos comerciales que operan en esa ciudad fronteriza pagan “derechos de piso” a la delincuencia organizada.
En rueda de prensa conjunta con líderes de comerciantes y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el dirigente dijo que “los grupos criminales han logrado en Juárez lo que ni el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha conseguido: exprimir hasta quienes sobreviven en la economía informal”.
Sostuvo que en Juárez hay más contribuyentes al crimen organizado que al fisco “porque casi nadie escapa a la extorsión”,
Luego de exigir a las autoridades federales ayudarlos con un paquete de exenciones fiscales, Galindo Figueroa aseguró que las extorsiones oscilan de los 200 a los 800 dólares a la semana para comercios establecidos, mientras que a los ambulantes llegan a cobrarles “cuotas únicas” de 16 a 20 mil pesos.
Y lamentó que la estrategia integral que el gobierno federal lanzó para recuperar el tejido social de Juárez, carezca de medidas fiscales que permitan la recuperación económica local y se ejerza en cambio un “terrorismo fiscal” contra los negocios que aún operan, sin tener en cuenta que son extorsionados de manera sistemática.
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