Álvaro Cuadra
La más reciente manifestación estudiantil ha mostrado síntomas inquietantes. La extrema virulencia de las fuerzas policiales esta dando cuenta de una incapacidad política de las actuales autoridades para responder a las demandas ciudadanas. La sociedad chilena ha entrado en un estado de efervescencia democrática tal que no admite el uso del expediente represivo como en tiempos de la dictadura militar.
Si sumamos a lo anterior un evidente malestar de amplios sectores de trabajadores convocados a un paro por la CUT para las próximas semanas y la baja catastrófica en las encuestas de los políticos de gobierno y oposición, incluido - por cierto – el primer mandatario, se puede colegir la gravedad de la crisis que vive el país. El conjunto de síntomas que comienzan a manifestarse pone en evidencia el agotamiento del “modelo chileno” basado en una constitución política hecha a la medida de una Junta Militar. En el actual marco jurídico y político las demandas ciudadanas reclamadas con vehemencia en las calles por miles de chilenos no encuentran una solución aceptable.
El descrédito de la institucionalidad política vigente - que incluye a los partidos opositores y oficialistas -, impide que las movilizaciones sociales encuentren un espacio legítimo para encauzar sus demandas. En la hora actual, el gobierno derechista del señor Piñera, el mismo que hizo del “cambio” su bandera electoral y que una vez en La Moneda se niega a cumplir sus promesas de candidato, se esta aproximado, de manera tan temeraria como insensata, a una “crisis de gobernabilidad”. Todo indica que las protestas ciudadanas están muy lejos de aminorar su intensidad, profundizando mas la brecha entre un vetusto andamiaje político y los procesos sociales emergentes. Al revisar la historia, advertimos que este tipo de situaciones conduce a periodos de anarquía y a soluciones de corte populista.
La mas mínima sensatez esta indicando la necesidad de un cambio democrático profundo en nuestro país. Se requiere dejar atrás todo vestigio dictatorial. En pocas palabras, un nuevo orden político, una nueva constitución sancionada por la soberanía popular donde los temas como legislación laboral y tributaria, gasto público en educación, salud y previsión social, derechos de las minorías étnicas y sexuales no pueden estar ausentes. La historia enseña que la derecha es, por definición, enemiga de todo cambio que comprometa su riqueza y sus privilegios. La represión callejera que se ha escenificado por estos días en nuestras principales ciudades, nos trae a la memoria los límites a los que son capaces de llegar quienes, cubiertos con piel de cordero, gobiernan hoy en nuestro país.
La más reciente manifestación estudiantil ha mostrado síntomas inquietantes. La extrema virulencia de las fuerzas policiales esta dando cuenta de una incapacidad política de las actuales autoridades para responder a las demandas ciudadanas. La sociedad chilena ha entrado en un estado de efervescencia democrática tal que no admite el uso del expediente represivo como en tiempos de la dictadura militar.
Si sumamos a lo anterior un evidente malestar de amplios sectores de trabajadores convocados a un paro por la CUT para las próximas semanas y la baja catastrófica en las encuestas de los políticos de gobierno y oposición, incluido - por cierto – el primer mandatario, se puede colegir la gravedad de la crisis que vive el país. El conjunto de síntomas que comienzan a manifestarse pone en evidencia el agotamiento del “modelo chileno” basado en una constitución política hecha a la medida de una Junta Militar. En el actual marco jurídico y político las demandas ciudadanas reclamadas con vehemencia en las calles por miles de chilenos no encuentran una solución aceptable.
El descrédito de la institucionalidad política vigente - que incluye a los partidos opositores y oficialistas -, impide que las movilizaciones sociales encuentren un espacio legítimo para encauzar sus demandas. En la hora actual, el gobierno derechista del señor Piñera, el mismo que hizo del “cambio” su bandera electoral y que una vez en La Moneda se niega a cumplir sus promesas de candidato, se esta aproximado, de manera tan temeraria como insensata, a una “crisis de gobernabilidad”. Todo indica que las protestas ciudadanas están muy lejos de aminorar su intensidad, profundizando mas la brecha entre un vetusto andamiaje político y los procesos sociales emergentes. Al revisar la historia, advertimos que este tipo de situaciones conduce a periodos de anarquía y a soluciones de corte populista.
La mas mínima sensatez esta indicando la necesidad de un cambio democrático profundo en nuestro país. Se requiere dejar atrás todo vestigio dictatorial. En pocas palabras, un nuevo orden político, una nueva constitución sancionada por la soberanía popular donde los temas como legislación laboral y tributaria, gasto público en educación, salud y previsión social, derechos de las minorías étnicas y sexuales no pueden estar ausentes. La historia enseña que la derecha es, por definición, enemiga de todo cambio que comprometa su riqueza y sus privilegios. La represión callejera que se ha escenificado por estos días en nuestras principales ciudades, nos trae a la memoria los límites a los que son capaces de llegar quienes, cubiertos con piel de cordero, gobiernan hoy en nuestro país.
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