Infraestructura y discurso
Inversión pública rezagada
Prioridades, último lugar
Carlos Fernández-Vega / México SA
¡Y ahora con ustedes, la realidad contra el discurso! Desde el micrófono oficial se pregona que no hay subejercicio presupuestal, que el gasto público se ejerce correctamente, que los resultados son comprobables y que en materia de gasto público, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, las prioridades del calderonato para 2011 no son otras que el crecimiento con empleo, el desarrollo social y la seguridad pública con procuración de justicia. En los hechos, se documenta que no son pocos los ramos de la administración pública federal que mantienen un precario grado de avance en materia de gasto en infraestructura, con los renglones prioritarios al frente de los pendientes.
Así, al cierre del quinto mes del presente año, apenas se tiene, en promedio ponderado, un avance de 23.42 por ciento en el ejercicio del presupuesto de egresos, y de 20.97 por ciento si no se contabiliza Petróleos Mexicanos, lo que definitivamente refleja un rezago en inversión pública que sin duda afecta el bienestar de la población. Sin embargo, lo que más se evidencia es la falta de compromiso y cumplimiento de la actual administración pública, pero no sólo de ella, porque ésta es una problemática estructural, como lo documenta el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, que preside José Luis de la Cruz Gallegos.
En su más reciente reporte (México: abundantes necesidades y recursos, escasa política de acción), que adelantó a México SA, el citado centro académico advierte que el país se encuentra atrasado en muchas dimensiones, no se ha cumplido con los requerimientos mínimos que logren posicionar a la población mexicana en mejores condiciones que disminuya sus limitantes para la obtención de una mejor calidad de vida. Se ha mostrado la ineficiencia de los altos niveles de gasto corriente, la dependencia que se tiene de Estados Unidos, la debilidad de la actividad industrial y, por tanto, de la actividad económica en general, junto con los altos niveles de desempleo. Pero no sólo eso: la falta de ejecución oportuna y eficaz del presupuesto de egresos, en materia de inversión presenta retrasos en los esquemas propuestos por el propio gobierno federal, representando otro freno en la obtención de un México robusto.
De acuerdo con el discurso, para el presente año, el Plan Nacional de Desarrollo establece tres prioridades del gasto público: crecimiento y generación de empleos; desarrollo social, y seguridad pública y procuración de justicia. Esas son, en teoría, las líneas de acción en las que el gobierno federal aplicaría toda su voluntad, dedicación y capacidad para alcanzar avances sustanciales.
Pues bien, en el autodenominado sexenio de la infraestructura (Calderón dixit), para el cumplimiento de los objetivos del crecimiento económico y generación de empleos, el PND 2011 propone darle continuidad a la construcción de carreteras, infraestructura ferroviaria y portuaria. Sin embargo, hasta el cierre de mayo el gasto público en capital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes únicamente ha tenido un avance de 18 por ciento, mientras que el de Puentes y Caminos Federales apenas es de 16.4 por ciento y el de Telecomunicaciones de México, cero por ciento. Por si fuera poco, el avance de la Secretaría de Turismo es igual al anterior (cero por ciento); Fonatur, 6.5 por ciento; Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 8.5 por ciento; Comisión Federal de Electricidad, 27.3 por ciento (pero qué tal infla los recibos bimestrales); Instituto Mexicano del Petróleo, 6.6 por ciento; Pemex, 25 por ciento; Conaculta, 4.3 por ciento, y Conagua, 13.3 por ciento. A pesar de que existe el dinero para llevar a cabo proyectos de mejora en infraestructura, estos no han sido realizados.
Por lo que toca a otro de los renglones prioritarios, desarrollo social, el CIEN documentas lo bien que el gobierno federal cumple con sus propios compromisos: la secretaría del ramo reporta un avance de 0.2 por ciento en infraestructura; la SEP, 8 por ciento; Sagarpa, 9 por ciento; Semarnat, 25.9 por ciento; IMSS, 24.3 por ciento; Diconsa y Liconsa, cero y 1.7 por ciento, respectivamente, y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 20.5 por ciento. La mayor puntuación la obtuvo salud pública, con 63.2 por ciento. Un caso patético es el del Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa, cuyo objetivo es mantener la infraestructura escolar del país con instalaciones seguras, integrales, de calidad vinculadas al modelo educativo nacional. Qué bueno, porque ni siquiera tiene presupuesto asignado en la materia.
En la tercera prioridad, seguridad pública y procuración de justicia, se documenta que el grado de avance de la Policía Federal en materia de infraestructura es apenas de 15 por ciento, y de 8.8 en prevención y readaptación social. En este renglón, apunta el CIEN, es de especial atención observar que, a pesar del estado actual de inseguridad del país y del compromiso del gobierno federal de enfrentar este desafío, no exista mayor avance en gasto de capital asignado a las dependencias responsables de este rubro: solo 12 por ciento (como promedio sectorial).
Lo descrito refleja un preocupante rezago en inversión pública que impacta negativamente en el bienestar de la población. La falta de resultados evidencia el incumplimiento de los objetivos propuestos en las prioridades de gasto de la administración pública. El gasto inversión pública debe ser evaluado de manera permanente para así tomar decisiones adecuadas que permitan mejorar la situación social, política y económica del país. El gobierno federal presume que constantemente se realizan evaluaciones de las aplicaciones del presupuesto de egresos, pero en realidad qué es lo que se evalúa, ya que los resultados son insuficientes e incluso pueden llegar a ser nulos.
El discurso gubernamental pregona que una de sus prioridades es el crecimiento económico y la generación de empleo, pero los resultados son escasos. Por ello, el CIEN subraya: existen los programas, los recursos y la aprobación, pero sobretodo la necesidad imponderable de llevar a cabo proyectos de inversión. Entonces, ¿por qué el gasto no se ejerce de manera eficaz y oportuna? ¿Por qué los efectos finales no corresponden con lo que se propuso lograr? ¿O es que en realidad, la debilidad de las políticas públicas recae en la asignación ineficiente del presupuesto? De cualquier manera, todas estas posibilidades muestran un México que perpetua aún más su creciente inestabilidad.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte abrazo y mi agradecimiento a los integrantes del Círculo de Estudios Central, por su cortesía y recepción.
Inversión pública rezagada
Prioridades, último lugar
Carlos Fernández-Vega / México SA
¡Y ahora con ustedes, la realidad contra el discurso! Desde el micrófono oficial se pregona que no hay subejercicio presupuestal, que el gasto público se ejerce correctamente, que los resultados son comprobables y que en materia de gasto público, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, las prioridades del calderonato para 2011 no son otras que el crecimiento con empleo, el desarrollo social y la seguridad pública con procuración de justicia. En los hechos, se documenta que no son pocos los ramos de la administración pública federal que mantienen un precario grado de avance en materia de gasto en infraestructura, con los renglones prioritarios al frente de los pendientes.
Así, al cierre del quinto mes del presente año, apenas se tiene, en promedio ponderado, un avance de 23.42 por ciento en el ejercicio del presupuesto de egresos, y de 20.97 por ciento si no se contabiliza Petróleos Mexicanos, lo que definitivamente refleja un rezago en inversión pública que sin duda afecta el bienestar de la población. Sin embargo, lo que más se evidencia es la falta de compromiso y cumplimiento de la actual administración pública, pero no sólo de ella, porque ésta es una problemática estructural, como lo documenta el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, que preside José Luis de la Cruz Gallegos.
En su más reciente reporte (México: abundantes necesidades y recursos, escasa política de acción), que adelantó a México SA, el citado centro académico advierte que el país se encuentra atrasado en muchas dimensiones, no se ha cumplido con los requerimientos mínimos que logren posicionar a la población mexicana en mejores condiciones que disminuya sus limitantes para la obtención de una mejor calidad de vida. Se ha mostrado la ineficiencia de los altos niveles de gasto corriente, la dependencia que se tiene de Estados Unidos, la debilidad de la actividad industrial y, por tanto, de la actividad económica en general, junto con los altos niveles de desempleo. Pero no sólo eso: la falta de ejecución oportuna y eficaz del presupuesto de egresos, en materia de inversión presenta retrasos en los esquemas propuestos por el propio gobierno federal, representando otro freno en la obtención de un México robusto.
De acuerdo con el discurso, para el presente año, el Plan Nacional de Desarrollo establece tres prioridades del gasto público: crecimiento y generación de empleos; desarrollo social, y seguridad pública y procuración de justicia. Esas son, en teoría, las líneas de acción en las que el gobierno federal aplicaría toda su voluntad, dedicación y capacidad para alcanzar avances sustanciales.
Pues bien, en el autodenominado sexenio de la infraestructura (Calderón dixit), para el cumplimiento de los objetivos del crecimiento económico y generación de empleos, el PND 2011 propone darle continuidad a la construcción de carreteras, infraestructura ferroviaria y portuaria. Sin embargo, hasta el cierre de mayo el gasto público en capital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes únicamente ha tenido un avance de 18 por ciento, mientras que el de Puentes y Caminos Federales apenas es de 16.4 por ciento y el de Telecomunicaciones de México, cero por ciento. Por si fuera poco, el avance de la Secretaría de Turismo es igual al anterior (cero por ciento); Fonatur, 6.5 por ciento; Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 8.5 por ciento; Comisión Federal de Electricidad, 27.3 por ciento (pero qué tal infla los recibos bimestrales); Instituto Mexicano del Petróleo, 6.6 por ciento; Pemex, 25 por ciento; Conaculta, 4.3 por ciento, y Conagua, 13.3 por ciento. A pesar de que existe el dinero para llevar a cabo proyectos de mejora en infraestructura, estos no han sido realizados.
Por lo que toca a otro de los renglones prioritarios, desarrollo social, el CIEN documentas lo bien que el gobierno federal cumple con sus propios compromisos: la secretaría del ramo reporta un avance de 0.2 por ciento en infraestructura; la SEP, 8 por ciento; Sagarpa, 9 por ciento; Semarnat, 25.9 por ciento; IMSS, 24.3 por ciento; Diconsa y Liconsa, cero y 1.7 por ciento, respectivamente, y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 20.5 por ciento. La mayor puntuación la obtuvo salud pública, con 63.2 por ciento. Un caso patético es el del Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa, cuyo objetivo es mantener la infraestructura escolar del país con instalaciones seguras, integrales, de calidad vinculadas al modelo educativo nacional. Qué bueno, porque ni siquiera tiene presupuesto asignado en la materia.
En la tercera prioridad, seguridad pública y procuración de justicia, se documenta que el grado de avance de la Policía Federal en materia de infraestructura es apenas de 15 por ciento, y de 8.8 en prevención y readaptación social. En este renglón, apunta el CIEN, es de especial atención observar que, a pesar del estado actual de inseguridad del país y del compromiso del gobierno federal de enfrentar este desafío, no exista mayor avance en gasto de capital asignado a las dependencias responsables de este rubro: solo 12 por ciento (como promedio sectorial).
Lo descrito refleja un preocupante rezago en inversión pública que impacta negativamente en el bienestar de la población. La falta de resultados evidencia el incumplimiento de los objetivos propuestos en las prioridades de gasto de la administración pública. El gasto inversión pública debe ser evaluado de manera permanente para así tomar decisiones adecuadas que permitan mejorar la situación social, política y económica del país. El gobierno federal presume que constantemente se realizan evaluaciones de las aplicaciones del presupuesto de egresos, pero en realidad qué es lo que se evalúa, ya que los resultados son insuficientes e incluso pueden llegar a ser nulos.
El discurso gubernamental pregona que una de sus prioridades es el crecimiento económico y la generación de empleo, pero los resultados son escasos. Por ello, el CIEN subraya: existen los programas, los recursos y la aprobación, pero sobretodo la necesidad imponderable de llevar a cabo proyectos de inversión. Entonces, ¿por qué el gasto no se ejerce de manera eficaz y oportuna? ¿Por qué los efectos finales no corresponden con lo que se propuso lograr? ¿O es que en realidad, la debilidad de las políticas públicas recae en la asignación ineficiente del presupuesto? De cualquier manera, todas estas posibilidades muestran un México que perpetua aún más su creciente inestabilidad.
Las rebanadas del pastel
Un fuerte abrazo y mi agradecimiento a los integrantes del Círculo de Estudios Central, por su cortesía y recepción.
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