Carlos Ramírez / Indicador Político
Si Elba Esther Gordillo se preciaba de tener una especial sensibilidad política para poner temas especiales de la agenda del poder, su conferencia de prensa para revelar sus pactos secretos con Felipe Calderón y su denuncia de corrupción contra Miguel Ángel Yunes, se convirtió en un grave error político de percepción y de estrategia que la expuso negativamente ante la sociedad política, las élites dirigentes y la opinión pública. El debate generado le redujo margen de maniobra y abrió la cloaca de sus pasivos morales.
El valor político de Gordillo radicaba en su especial habilidad para los acuerdos oscuros en los sótanos del poder. Si realmente su participación ayudó a Calderón a ganar las elecciones presidenciales del 2006, su factura fue muy barata: El ISSSTE, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Lotería Nacional, tres instancias marginales del poder; si acaso, la primera y la tercera con posibilidades de capitalización financiera, pero en niveles menores al manejo de las cuotas del sindicato de más de un millón de afiliados.
Y Gordillo también falló en los tiempos: Echar la luz sobre sus estilos de negociación antes de tener candidatos constituyó un error en el manejo de los tiempos políticos. El debate generado a su alrededor ahuyentó posibilidades de negociación de su apoyo, además de que las revelaciones de Yunes sobre el dinero ilegal del ISSSTE al Partido Nueva Alianza abrió un expediente que podría derivar en la pérdida del registro. Por tanto, Gordillo pareció haber perdido su sensibilidad sobre los tiempos políticos y cometió el pecado de arrogancia de revelar victorias electorales por su forma de operar elecciones.
Por lo pronto, Gordillo como figura política se volvió incómoda para partidos y precandidatos. Y su pérdida de imagen --de suyo deteriorada por su sobreexposición en medios y su tendencia a sobrevalorar su peso político-- también se constituyó en un elemento adverso para cualquier negociación política con miras a las elecciones presidenciales del 2012.
En el fondo existen algunos indicios de deterioro político previo a la conferencia de prensa que la obligaron a dar el paso audaz de abrir una cloaca de negociaciones políticas: El PRI de Enrique Peña Nieto ha comenzado labores de seducción política para regresarla al PRI o para que el SNTE y el PANAL hagan alianzas electorales, aunque el repudio de priístas y de grupos sociales a Gordillo está orillando ya al PRI de Peña Nieto a evaluar la inconveniencia de establecer relaciones abiertas con la dirigente magisterial; en el PRI siguen muy sólidos los grupos que la echaron del partido por sus alianzas con Fox siendo ella priísta. Si el PRI pacta con Gordillo y gana, el grupo de Manlio Fabio Beltrones tratará de impedir cualquier acuerdo poselectoral con ella.
En el PAN hay una especie de convencimiento de que la alianza abierta con Gordillo es más costosa que benéfica y tienen algunos indicios de que el magisterio ya no tiene tanto poder electoral como para decidir una elección presidencial. De ahí la interpretación de que Gordillo abrió el debate casi para obligar al PAN a buscar el refrendo de los viejos compromisos. Y el titular de la SEP y una ex secretaria de Educación --los dos maltratados y humillados por Gordillo-- aparecen en la lista de precandidatos presidenciales del PAN. Gordillo quiso jugar como lo hizo con Ernesto Zedillo como titular de la SEP para luego vender caro su apoyo y capitalizar alianzas que impidieran su deposición.
Y en el PRD ya se topó con el muro infranqueable de López Obrador y cierta frialdad en su amigo del alma y precandidato preferido por ella, Marcelo Ebrard, sin duda porque el perredismo no aceptaría bajo ninguna circunstancia alguna alianza electoral. Ebrard sabe del costo político de profundizar su lucha por la candidatura presidencial perredista con el lastre de Gordillo, además de tener seguramente la certeza de que pocas posibilidades tendría de ganar como candidato presidencial de Nueva Alianza.
Por tanto, hay indicios de que Gordillo ya llegó a la conclusión de que su conferencia de prensa fue un error estratégico y que no tiene mucho margen de maniobra para recomponer el desaguisado, además de que ha comenzado una ofensiva mediática para presionar por ajustes de cuenta legales con ella. La sombra del quinazo del presidente Carlos Salinas en enero de 1989 anda rondando por los pasillos del SNTE y han comenzado a preocupar a su presidenta vitalicia. Y si Calderón no toma la decisión, de todos modos el desprestigio de la lideresa ha minado su poder de negociación. Y por sí solos, el SNTE y Nueva Alianza no le garantizan la permanencia y el aumento de su poder político.
Si en el 2006 el SNTE y Gordillo fueron un factor de poder en las elecciones, en el 2012 constituyen un lastre.
FORTALECER AL EJÉRCITO, NO DEBILITARLO
Se ha dicho y escrito de muchas maneras: El Ejército es la primera línea de combate y la última línea de defensa de la soberanía nacional y de la autoridad del Estado. De ahí que todo lo que afecte la fortaleza militar repercute automáticamente en el Estado.
El debate sobre el fuero de guerra ha sido magnificado. En su sentencia sobre el caso Rosendo Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el fuero militar que reconoce el artículo 13 Constitucional que el fuero de guerra “pareciera no generar problema alguno” y agrega que “no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución”, pero más adelante exige que se modifiquen las leyes para que sean juzgados en tribunales civiles los militares que cometan irregularidades en funciones oficiales.
El asunto tiene que ver con la soberanía nacional, como lo señalaron con argumentación jurídica los ministros de la Corte, Luis María Aguilar y Aguirre Anguiano porque las sentencias de la CIDH rebasan sus atribuciones; una cosa es que señalen que en algunos casos no se respetó el “debido proceso” y hasta ordenen indemnizaciones, pero otras muy diferente que hagan lo que la CIDH: Convertirse en legislador negativo ordenando que se modifiquen las leyes y la Constitución y con ello que se dañen los instrumentos de la soberanía del Estado.
El fuero de guerra es la columna vertebral de la disciplina militar. Por eso su origen señala que los militares deben ser juzgados por militares en base a códigos de honor, de justicia y de consideraciones penales. La razón es sencilla: Los militares defienden la soberanía; si pueden acudir a tribunales civiles, entonces vendrían las indisciplinas. Si bien la acción militar contra la inseguridad no involucra invasión externa, sí deja ver que la seguridad interior es parte de la seguridad nacional por hechos como que los cárteles forman parte de organizaciones internacionales, buscan apoderarse de partes del territorio nacional y someten a civiles a vejaciones.
Los militares entraron a combatir a los cárteles ante la complicidad de policías y político y ante la capacidad de armamento de los delincuentes. Los daños colaterales a civiles son juzgados con severidad por los tribunales militares. Si el fuero de guerra desaparece y los militares pasan a juzgados civiles, la disciplina castrense dejará de ser una garantía de defensa de la seguridad nacional y de la soberanía.
México no enfrenta una amenaza militar. A diferencia de otras naciones, el Ejército mexicano ha nacido del pueblo. Sin la acción militar, el saldo de bajas criminales, decomisos y desarticulación de cárteles hubiera sido menor. La cohesión de las fuerzas armadas ha sido posible por el código de justicia militar y por la disciplina interna.
Lo que está en riesgo con el abuso en las sentencias de la CIDH es el escudo militar que blinda la soberanía nacional. Sin el fuero de guerra, los narcos podrán clamar por sus derechos humanos y llevar el problema a derechos humanos y tribunales civiles, justamente como ocurría en el pasado. Los militares necesitan de la confianza social y del apoyo institucional para sus tareas.
Por ello es que el tema del fuero de guerra debe ser debatido en el contexto de la seguridad nacional y la soberanía del Estado.
Si Elba Esther Gordillo se preciaba de tener una especial sensibilidad política para poner temas especiales de la agenda del poder, su conferencia de prensa para revelar sus pactos secretos con Felipe Calderón y su denuncia de corrupción contra Miguel Ángel Yunes, se convirtió en un grave error político de percepción y de estrategia que la expuso negativamente ante la sociedad política, las élites dirigentes y la opinión pública. El debate generado le redujo margen de maniobra y abrió la cloaca de sus pasivos morales.
El valor político de Gordillo radicaba en su especial habilidad para los acuerdos oscuros en los sótanos del poder. Si realmente su participación ayudó a Calderón a ganar las elecciones presidenciales del 2006, su factura fue muy barata: El ISSSTE, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Lotería Nacional, tres instancias marginales del poder; si acaso, la primera y la tercera con posibilidades de capitalización financiera, pero en niveles menores al manejo de las cuotas del sindicato de más de un millón de afiliados.
Y Gordillo también falló en los tiempos: Echar la luz sobre sus estilos de negociación antes de tener candidatos constituyó un error en el manejo de los tiempos políticos. El debate generado a su alrededor ahuyentó posibilidades de negociación de su apoyo, además de que las revelaciones de Yunes sobre el dinero ilegal del ISSSTE al Partido Nueva Alianza abrió un expediente que podría derivar en la pérdida del registro. Por tanto, Gordillo pareció haber perdido su sensibilidad sobre los tiempos políticos y cometió el pecado de arrogancia de revelar victorias electorales por su forma de operar elecciones.
Por lo pronto, Gordillo como figura política se volvió incómoda para partidos y precandidatos. Y su pérdida de imagen --de suyo deteriorada por su sobreexposición en medios y su tendencia a sobrevalorar su peso político-- también se constituyó en un elemento adverso para cualquier negociación política con miras a las elecciones presidenciales del 2012.
En el fondo existen algunos indicios de deterioro político previo a la conferencia de prensa que la obligaron a dar el paso audaz de abrir una cloaca de negociaciones políticas: El PRI de Enrique Peña Nieto ha comenzado labores de seducción política para regresarla al PRI o para que el SNTE y el PANAL hagan alianzas electorales, aunque el repudio de priístas y de grupos sociales a Gordillo está orillando ya al PRI de Peña Nieto a evaluar la inconveniencia de establecer relaciones abiertas con la dirigente magisterial; en el PRI siguen muy sólidos los grupos que la echaron del partido por sus alianzas con Fox siendo ella priísta. Si el PRI pacta con Gordillo y gana, el grupo de Manlio Fabio Beltrones tratará de impedir cualquier acuerdo poselectoral con ella.
En el PAN hay una especie de convencimiento de que la alianza abierta con Gordillo es más costosa que benéfica y tienen algunos indicios de que el magisterio ya no tiene tanto poder electoral como para decidir una elección presidencial. De ahí la interpretación de que Gordillo abrió el debate casi para obligar al PAN a buscar el refrendo de los viejos compromisos. Y el titular de la SEP y una ex secretaria de Educación --los dos maltratados y humillados por Gordillo-- aparecen en la lista de precandidatos presidenciales del PAN. Gordillo quiso jugar como lo hizo con Ernesto Zedillo como titular de la SEP para luego vender caro su apoyo y capitalizar alianzas que impidieran su deposición.
Y en el PRD ya se topó con el muro infranqueable de López Obrador y cierta frialdad en su amigo del alma y precandidato preferido por ella, Marcelo Ebrard, sin duda porque el perredismo no aceptaría bajo ninguna circunstancia alguna alianza electoral. Ebrard sabe del costo político de profundizar su lucha por la candidatura presidencial perredista con el lastre de Gordillo, además de tener seguramente la certeza de que pocas posibilidades tendría de ganar como candidato presidencial de Nueva Alianza.
Por tanto, hay indicios de que Gordillo ya llegó a la conclusión de que su conferencia de prensa fue un error estratégico y que no tiene mucho margen de maniobra para recomponer el desaguisado, además de que ha comenzado una ofensiva mediática para presionar por ajustes de cuenta legales con ella. La sombra del quinazo del presidente Carlos Salinas en enero de 1989 anda rondando por los pasillos del SNTE y han comenzado a preocupar a su presidenta vitalicia. Y si Calderón no toma la decisión, de todos modos el desprestigio de la lideresa ha minado su poder de negociación. Y por sí solos, el SNTE y Nueva Alianza no le garantizan la permanencia y el aumento de su poder político.
Si en el 2006 el SNTE y Gordillo fueron un factor de poder en las elecciones, en el 2012 constituyen un lastre.
FORTALECER AL EJÉRCITO, NO DEBILITARLO
Se ha dicho y escrito de muchas maneras: El Ejército es la primera línea de combate y la última línea de defensa de la soberanía nacional y de la autoridad del Estado. De ahí que todo lo que afecte la fortaleza militar repercute automáticamente en el Estado.
El debate sobre el fuero de guerra ha sido magnificado. En su sentencia sobre el caso Rosendo Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el fuero militar que reconoce el artículo 13 Constitucional que el fuero de guerra “pareciera no generar problema alguno” y agrega que “no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución”, pero más adelante exige que se modifiquen las leyes para que sean juzgados en tribunales civiles los militares que cometan irregularidades en funciones oficiales.
El asunto tiene que ver con la soberanía nacional, como lo señalaron con argumentación jurídica los ministros de la Corte, Luis María Aguilar y Aguirre Anguiano porque las sentencias de la CIDH rebasan sus atribuciones; una cosa es que señalen que en algunos casos no se respetó el “debido proceso” y hasta ordenen indemnizaciones, pero otras muy diferente que hagan lo que la CIDH: Convertirse en legislador negativo ordenando que se modifiquen las leyes y la Constitución y con ello que se dañen los instrumentos de la soberanía del Estado.
El fuero de guerra es la columna vertebral de la disciplina militar. Por eso su origen señala que los militares deben ser juzgados por militares en base a códigos de honor, de justicia y de consideraciones penales. La razón es sencilla: Los militares defienden la soberanía; si pueden acudir a tribunales civiles, entonces vendrían las indisciplinas. Si bien la acción militar contra la inseguridad no involucra invasión externa, sí deja ver que la seguridad interior es parte de la seguridad nacional por hechos como que los cárteles forman parte de organizaciones internacionales, buscan apoderarse de partes del territorio nacional y someten a civiles a vejaciones.
Los militares entraron a combatir a los cárteles ante la complicidad de policías y político y ante la capacidad de armamento de los delincuentes. Los daños colaterales a civiles son juzgados con severidad por los tribunales militares. Si el fuero de guerra desaparece y los militares pasan a juzgados civiles, la disciplina castrense dejará de ser una garantía de defensa de la seguridad nacional y de la soberanía.
México no enfrenta una amenaza militar. A diferencia de otras naciones, el Ejército mexicano ha nacido del pueblo. Sin la acción militar, el saldo de bajas criminales, decomisos y desarticulación de cárteles hubiera sido menor. La cohesión de las fuerzas armadas ha sido posible por el código de justicia militar y por la disciplina interna.
Lo que está en riesgo con el abuso en las sentencias de la CIDH es el escudo militar que blinda la soberanía nacional. Sin el fuero de guerra, los narcos podrán clamar por sus derechos humanos y llevar el problema a derechos humanos y tribunales civiles, justamente como ocurría en el pasado. Los militares necesitan de la confianza social y del apoyo institucional para sus tareas.
Por ello es que el tema del fuero de guerra debe ser debatido en el contexto de la seguridad nacional y la soberanía del Estado.
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