Jorge Alejandro Medellín
1.- En la cúpula castrense la decisión de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atreverse a tocar el Fuero Militar es vista como un agravio, una intromisión inaceptable que atenta no solo contra la disciplina dentro y fuera de los cuarteles, sino que además abre puertas a eventuales reformas al interior de la estructura de las fuerzas armadas mexicanas.
2.- El verdadero enojo en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) radica en las posibilidades de control, monitoreo y verdadero escrutinio político y civil que se podrían ejercer sobre las fuerzas armadas a partir de una serie de reformas que llegarían incluso a plantear escenarios en los que un civil se convirtiera por primera en la historia del país, en titular de la Sedena.
3.- Antes o a la par de estas posibles modificaciones, se contemplarían cambios en la estructura organizativa de la dependencia, con la creación de un Estado Mayor Conjunto, un Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la separación de la Fuerza Aérea como arma independiente, el reconocimiento de la Armada de México como instancia equiparada a las otras dos armas (Ejército y Fuerza Aérea) en una dimensión de revisión de análisis a fondo sobre las misiones que deben desempeñar los militares mexicanos.
4.- La asignación de presupuestos, las atribuciones castrenses a partir de una nueva legislación miliar que deje de lado la complacencia y los vacíos legales o las interpretaciones sin control que la Sedena y Marina han hecho de las leyes penales y la relación con la sociedad civil desde una perspectiva de verdadero respeto (a las comunidades indígenas, a los luchadores sociales, a los grupos civiles críticos hacia el ejercicio del poder político sin límites), serían o deberán ser parte de los escenarios que la decisión de la SCJN desataría a interior de las fuerzas armadas.
5.- Una auténtica Caja de Pandora. Por eso la molestia, el enojo, la irritación de los militares que perdieron esa plaza ante una carga de actores foráneos y locales que no dudaron en llevar hasta sus últimas consecuencias el reclamo de justicia y transparencia con el que deben cumplir todas las instituciones del Estado mexicano, comenzando -en estos tiempos violentos- por las fuerzas armadas.
6.- Entre los argumentos esgrimidos por los mandos de Sedena y Marina para oponerse a cualquier cambio en el Fuero Militar están el de la peligrosa relajación que esto implicará en la disciplina castrense, el de la lluvia de amparos y acusaciones sobre arrestos indebidos, maltratos, golpes, vejaciones y todo tipo de torturas inflingidos por uniformados a …narcos y toda clase de delincuentes que, apoyados en costos despachos jurídicos, reclamarán con éxito por las violaciones que se cometerán en su contra en el marco de la lucha antidrogas.
7.- Estos escenarios serán probables, pero no como consecuencia de la aplicación de lineamientos internacionales dirigidos a preservar y proteger los derechos humanos de los mexicanos, sino por una incorrecta modificación a los mecanismos de control que deberán acompañar los cambios legislativos al artículo 57 del Código Penal Militar, a fin de igualarlo con lo planteado en el artículo 2 de la Convención Interamericana de derechos Humanos.
8.- La visita de militares a la Cámara de Diputados para intentar acelerar la aprobación de leyes que otorguen mayor respaldo jurídico a las tropas en combate al narco, es uno de los escenarios inmediatos con los que el alto mando reaccionó un día después del fallo de la Corte.
9.- Lo que resulta preocupante en este contexto es precisamente la respuesta del gobierno federal mediante un impreciso y amañado comunicado de prensa conjunto, en el que el gobierno federal acepta la decisión de la Corte pero la convierte en un mero “criterio orientador” y no en una guía o precepto a seguir y aplicar en caso de que haya nuevas violaciones a los derechos humanos cometidas por marinos o soldados.
10.- Las expresiones del gobierno federal (Gobernación, Sedena y Marina) son preocupantes, porque no se han traducido en disposiciones inmediatas para que la PGR, por ejemplo, le solicite a la Defensa Nacional la entrega de los expedientes (casos Rosendo Radilla, Valentina Rosendo Cantú, Isabel Fernández Ortega, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel) para conocer de esos hechos y llevar a cabo las indagatorias correspondientes.
1.- En la cúpula castrense la decisión de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atreverse a tocar el Fuero Militar es vista como un agravio, una intromisión inaceptable que atenta no solo contra la disciplina dentro y fuera de los cuarteles, sino que además abre puertas a eventuales reformas al interior de la estructura de las fuerzas armadas mexicanas.
2.- El verdadero enojo en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) radica en las posibilidades de control, monitoreo y verdadero escrutinio político y civil que se podrían ejercer sobre las fuerzas armadas a partir de una serie de reformas que llegarían incluso a plantear escenarios en los que un civil se convirtiera por primera en la historia del país, en titular de la Sedena.
3.- Antes o a la par de estas posibles modificaciones, se contemplarían cambios en la estructura organizativa de la dependencia, con la creación de un Estado Mayor Conjunto, un Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la separación de la Fuerza Aérea como arma independiente, el reconocimiento de la Armada de México como instancia equiparada a las otras dos armas (Ejército y Fuerza Aérea) en una dimensión de revisión de análisis a fondo sobre las misiones que deben desempeñar los militares mexicanos.
4.- La asignación de presupuestos, las atribuciones castrenses a partir de una nueva legislación miliar que deje de lado la complacencia y los vacíos legales o las interpretaciones sin control que la Sedena y Marina han hecho de las leyes penales y la relación con la sociedad civil desde una perspectiva de verdadero respeto (a las comunidades indígenas, a los luchadores sociales, a los grupos civiles críticos hacia el ejercicio del poder político sin límites), serían o deberán ser parte de los escenarios que la decisión de la SCJN desataría a interior de las fuerzas armadas.
5.- Una auténtica Caja de Pandora. Por eso la molestia, el enojo, la irritación de los militares que perdieron esa plaza ante una carga de actores foráneos y locales que no dudaron en llevar hasta sus últimas consecuencias el reclamo de justicia y transparencia con el que deben cumplir todas las instituciones del Estado mexicano, comenzando -en estos tiempos violentos- por las fuerzas armadas.
6.- Entre los argumentos esgrimidos por los mandos de Sedena y Marina para oponerse a cualquier cambio en el Fuero Militar están el de la peligrosa relajación que esto implicará en la disciplina castrense, el de la lluvia de amparos y acusaciones sobre arrestos indebidos, maltratos, golpes, vejaciones y todo tipo de torturas inflingidos por uniformados a …narcos y toda clase de delincuentes que, apoyados en costos despachos jurídicos, reclamarán con éxito por las violaciones que se cometerán en su contra en el marco de la lucha antidrogas.
7.- Estos escenarios serán probables, pero no como consecuencia de la aplicación de lineamientos internacionales dirigidos a preservar y proteger los derechos humanos de los mexicanos, sino por una incorrecta modificación a los mecanismos de control que deberán acompañar los cambios legislativos al artículo 57 del Código Penal Militar, a fin de igualarlo con lo planteado en el artículo 2 de la Convención Interamericana de derechos Humanos.
8.- La visita de militares a la Cámara de Diputados para intentar acelerar la aprobación de leyes que otorguen mayor respaldo jurídico a las tropas en combate al narco, es uno de los escenarios inmediatos con los que el alto mando reaccionó un día después del fallo de la Corte.
9.- Lo que resulta preocupante en este contexto es precisamente la respuesta del gobierno federal mediante un impreciso y amañado comunicado de prensa conjunto, en el que el gobierno federal acepta la decisión de la Corte pero la convierte en un mero “criterio orientador” y no en una guía o precepto a seguir y aplicar en caso de que haya nuevas violaciones a los derechos humanos cometidas por marinos o soldados.
10.- Las expresiones del gobierno federal (Gobernación, Sedena y Marina) son preocupantes, porque no se han traducido en disposiciones inmediatas para que la PGR, por ejemplo, le solicite a la Defensa Nacional la entrega de los expedientes (casos Rosendo Radilla, Valentina Rosendo Cantú, Isabel Fernández Ortega, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel) para conocer de esos hechos y llevar a cabo las indagatorias correspondientes.
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