Jenaro Villamil
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR) que investiguen las cuentas del ISSSTE, para aplicar las sanciones correspondientes, pues el presupuesto correspondiente al 2009 fue 81% más de lo autorizado, es decir, 160 mil 323 millones de pesos.
Un día después de que se desatara el escándalo tras las declaraciones de Miguel Ángel Yunes, exdirector del ISSSTE, que acusó a la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, de pedirle 20 millones de pesos mensuales de las cuentas del Instituto para destinarlo al Partido Nueva Alianza (Panal), el Congreso también solicitó que se tomen las “acciones necesarias” para salvaguardar la integridad de los recursos públicos destinados al órgano encargado de los trabajadores del estado.
En el punto de acuerdo, promovido por los legisladores del PRI, se recuerda que la ASF detectó múltiples irregularidades en las cuentas del ISSSTE.
Entre dichas anomalías, está el manejo de más de una cuenta por unidad administrativa, de las cuales 12 delegaciones no han podido aclarar los motivos del exceso de cuentas; contratos por mil 700 millones de pesos del Turissste a diversas empresas para la realización de actividades relacionadas con los festejos del Bicentenario de la Independencia, capacitar policías federales e, incluso, organizar actos públicos del presidente Felipe Calderón.
Estos montos, se advierte en el punto de acuerdo, sobrepasan el gasto de operación para el 2009, que era de sólo 76 millones de pesos para Turissste. Es decir, este fideicomiso terminó ejerciendo un presupuesto 17 veces superior al aprobado por la Cámara de Diputados.
Los legisladores advirtieron que muchos de estos contratos se realizaron por adjudicación directa, lo que ha evitado una evaluación de costos de mercado y de costos de administración.
Además, 27 instituciones del gobierno federal le adjudicaron al Turissste, al menos, 185 contratos por mil 862 millones de pesos para realizar eventos que exceden sus atribuciones y capacidades.
Sobre la disputa entre Yunes y Gordillo, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga afirmó que este tema debe ser tratado con transparencia para que “la ciudadanía esté debidamente” informada, mientras que el senador del PRD, Pablo Gómez afirmó que estas denuncias mutuas “implican una trama corrupta”.
Gómez indicó que tras las declaraciones pueden existir varios delitos, incluido el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, ya que “el señor Yunes dice que recibió 10 millones de pesos en efectivo para su campaña en Veracruz y que se los entregó al Panal”.
La diputada federal perredista Laura Itzel Castillo resaltó que en el caso de Elba Esther y Yunes “hubo complicidad que se refleja en todas las acciones que se desarrollan en cada uno de los procesos electorales”.
Por su parte, el senador panista Alejandro Zapata Perogordo afirmó que su bancada apoya una investigación e indagatorias en este tema “y en caso de existir responsabilidades que se proceda”.
Se negó a abundar sobre la posible implicación del presidente Felipe Calderón Hinojosa, después que Gordillo afirmara que hizo un “pacto político” en el 2006 con el entonces candidato presidencial del PAN para que le dieran cuotas y posiciones de poder en el gobierno federal, como fue la dirección general del ISSSTE.
Crisis en el IMSS
Por otro lado, el Instituto Mexicano de Seguro Social reveló en su informe entregado ante la Comisión Permanente que su situación financiera “es complicada”, ya que existe un déficit entre los ingresos y gastos del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), así como del Seguro de Salud para la Familia (SSFAM).
En su reporte, el IMSS indica que el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual tenía un saldo de 33 mil 706 millones y tan sólo en el 2009 y 2010 se utilizaron 14 mil 303 millones de pesos para el pago de jubilaciones y pensiones. Este fondo se podría agotar en el 2012.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR) que investiguen las cuentas del ISSSTE, para aplicar las sanciones correspondientes, pues el presupuesto correspondiente al 2009 fue 81% más de lo autorizado, es decir, 160 mil 323 millones de pesos.
Un día después de que se desatara el escándalo tras las declaraciones de Miguel Ángel Yunes, exdirector del ISSSTE, que acusó a la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, de pedirle 20 millones de pesos mensuales de las cuentas del Instituto para destinarlo al Partido Nueva Alianza (Panal), el Congreso también solicitó que se tomen las “acciones necesarias” para salvaguardar la integridad de los recursos públicos destinados al órgano encargado de los trabajadores del estado.
En el punto de acuerdo, promovido por los legisladores del PRI, se recuerda que la ASF detectó múltiples irregularidades en las cuentas del ISSSTE.
Entre dichas anomalías, está el manejo de más de una cuenta por unidad administrativa, de las cuales 12 delegaciones no han podido aclarar los motivos del exceso de cuentas; contratos por mil 700 millones de pesos del Turissste a diversas empresas para la realización de actividades relacionadas con los festejos del Bicentenario de la Independencia, capacitar policías federales e, incluso, organizar actos públicos del presidente Felipe Calderón.
Estos montos, se advierte en el punto de acuerdo, sobrepasan el gasto de operación para el 2009, que era de sólo 76 millones de pesos para Turissste. Es decir, este fideicomiso terminó ejerciendo un presupuesto 17 veces superior al aprobado por la Cámara de Diputados.
Los legisladores advirtieron que muchos de estos contratos se realizaron por adjudicación directa, lo que ha evitado una evaluación de costos de mercado y de costos de administración.
Además, 27 instituciones del gobierno federal le adjudicaron al Turissste, al menos, 185 contratos por mil 862 millones de pesos para realizar eventos que exceden sus atribuciones y capacidades.
Sobre la disputa entre Yunes y Gordillo, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga afirmó que este tema debe ser tratado con transparencia para que “la ciudadanía esté debidamente” informada, mientras que el senador del PRD, Pablo Gómez afirmó que estas denuncias mutuas “implican una trama corrupta”.
Gómez indicó que tras las declaraciones pueden existir varios delitos, incluido el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, ya que “el señor Yunes dice que recibió 10 millones de pesos en efectivo para su campaña en Veracruz y que se los entregó al Panal”.
La diputada federal perredista Laura Itzel Castillo resaltó que en el caso de Elba Esther y Yunes “hubo complicidad que se refleja en todas las acciones que se desarrollan en cada uno de los procesos electorales”.
Por su parte, el senador panista Alejandro Zapata Perogordo afirmó que su bancada apoya una investigación e indagatorias en este tema “y en caso de existir responsabilidades que se proceda”.
Se negó a abundar sobre la posible implicación del presidente Felipe Calderón Hinojosa, después que Gordillo afirmara que hizo un “pacto político” en el 2006 con el entonces candidato presidencial del PAN para que le dieran cuotas y posiciones de poder en el gobierno federal, como fue la dirección general del ISSSTE.
Crisis en el IMSS
Por otro lado, el Instituto Mexicano de Seguro Social reveló en su informe entregado ante la Comisión Permanente que su situación financiera “es complicada”, ya que existe un déficit entre los ingresos y gastos del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), así como del Seguro de Salud para la Familia (SSFAM).
En su reporte, el IMSS indica que el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual tenía un saldo de 33 mil 706 millones y tan sólo en el 2009 y 2010 se utilizaron 14 mil 303 millones de pesos para el pago de jubilaciones y pensiones. Este fondo se podría agotar en el 2012.
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