Carlos Ramírez / Indicador Político
La Corte Suprema de Justicia de México decidió castigar al Ejército con la limitación del fuero militar por un suceso ocurrido en 1974, cuando el sistema presidencialista del PRI utilizó a las fuerzas armadas para aplacar las demandas de democracia.
En esos 40 años, el papel y la situación del Ejército han cambiado radicalmente, al grado de que -como en casi ningún otro ejército- cuenta con una oficina de atención ciudadana y con una dirección de derechos humanos. De ahí que la Corte Suprema haya decidido desconocer la evolución profesional del ejército y lo haya asumido como un violador per se de los derechos humanos pero basado y no en el presente.
Lo paradójico ha sido que la Corte exoneró a Luis Echeverría del delito de genocidio por la represión estudiantil en 1968 con el criterio de que no se podía aplicar retroactivamente el convenio internacional firmado por México en el 2002 pero ahora sí se aplicó la retroactividad en el caso Radilla. Lo peor es que la Corte sancionó al ejército por el caso Radilla de 1974, cuando el presidente de la república entonces era Luis Echeverría y cuando justamente Echeverría como comandante en jefe de las fuerzas armadas utilizó al Ejército para combatir la guerrilla guerrerense.
La corresponsabilidad moral por la represión es muy amplia. La sentencia Radilla debe ser tomada como una condena internacional al régimen priísta que usó la fuerza para reprimir las exigencias de democracia. Y puede darse la paradoja de que ese mismo régimen priísta, sin pasar por algún acto de contrición o de revisión de su pasado represor, pueda regresar al poder presidencial en el 2012. Hasta ahora, el priísmo no ha tenido el valor político de revisar críticamente la etapa de la represión ni de deslindar las responsabilidades del ejército como instrumento de fuera en el reinado priísta. En el caso Radilla, el PRI abandonó al ejército a su propia suerte, a pesar de que fue el PRI el que usó al Ejército contra la disidencia.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que ser llevada a juicio por incongruencia jurídica y corresponsabilidad moral. La CIDH ha condenado a México por represión. Sin embargo, uno de sus jueces de la CIDH, el mexicano Sergio García Ramírez, hoy retirado, formó parte del gobierno de Echeverría.
García Ramírez se excusó de participar en el caso Radilla pero por el hecho de ser mexicano, no por haber sido miembro del gobierno de Echeverría en 1974. En el 1974 del caso Radilla, el juez García Ramírez de la CIDH era nada menos que subsecretario de Gobernación del gabinete de Echeverría, la dependencia encargada de operar la represión contra disidentes. Y durante la primera mitad del gobierno de López Portillo, cuando se formó la Brigada Blanca como escuadrón de élite para liquidar ilegalmente a la guerrilla, García Ramírez fue subsecretario de la Juventud precisamente cuando la juventud era reprimida por el Estado priísta para aplacar sus exigencias de democracia.
Lo grave del caso es que la decisión de la Corte obedeciendo a la CIDH causó un daño irreversible al escudo de seguridad nacional de la república y a la soberanía del Estado. El problema en que la Corte metió al ejército puede ser inmanejable. De hecho, las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares han sido en el combate al crimen organizado como parte de sus tareas de defensa de la seguridad interior, entendida ésta como el orden interno que es atacado por la acción criminal y que pone en riesgo la seguridad nacional, la soberanía del Estado y la balcanización territorial. Por tanto, los primeros en cobijarse bajo la decisión de la Corte serán los criminales que podrían alegar el exceso de fuerza y por tanto la violación de derechos humanos en su contra para eludir la justicia.
La Corte Suprema de Justicia de México decidió castigar al Ejército con la limitación del fuero militar por un suceso ocurrido en 1974, cuando el sistema presidencialista del PRI utilizó a las fuerzas armadas para aplacar las demandas de democracia.
En esos 40 años, el papel y la situación del Ejército han cambiado radicalmente, al grado de que -como en casi ningún otro ejército- cuenta con una oficina de atención ciudadana y con una dirección de derechos humanos. De ahí que la Corte Suprema haya decidido desconocer la evolución profesional del ejército y lo haya asumido como un violador per se de los derechos humanos pero basado y no en el presente.
Lo paradójico ha sido que la Corte exoneró a Luis Echeverría del delito de genocidio por la represión estudiantil en 1968 con el criterio de que no se podía aplicar retroactivamente el convenio internacional firmado por México en el 2002 pero ahora sí se aplicó la retroactividad en el caso Radilla. Lo peor es que la Corte sancionó al ejército por el caso Radilla de 1974, cuando el presidente de la república entonces era Luis Echeverría y cuando justamente Echeverría como comandante en jefe de las fuerzas armadas utilizó al Ejército para combatir la guerrilla guerrerense.
La corresponsabilidad moral por la represión es muy amplia. La sentencia Radilla debe ser tomada como una condena internacional al régimen priísta que usó la fuerza para reprimir las exigencias de democracia. Y puede darse la paradoja de que ese mismo régimen priísta, sin pasar por algún acto de contrición o de revisión de su pasado represor, pueda regresar al poder presidencial en el 2012. Hasta ahora, el priísmo no ha tenido el valor político de revisar críticamente la etapa de la represión ni de deslindar las responsabilidades del ejército como instrumento de fuera en el reinado priísta. En el caso Radilla, el PRI abandonó al ejército a su propia suerte, a pesar de que fue el PRI el que usó al Ejército contra la disidencia.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que ser llevada a juicio por incongruencia jurídica y corresponsabilidad moral. La CIDH ha condenado a México por represión. Sin embargo, uno de sus jueces de la CIDH, el mexicano Sergio García Ramírez, hoy retirado, formó parte del gobierno de Echeverría.
García Ramírez se excusó de participar en el caso Radilla pero por el hecho de ser mexicano, no por haber sido miembro del gobierno de Echeverría en 1974. En el 1974 del caso Radilla, el juez García Ramírez de la CIDH era nada menos que subsecretario de Gobernación del gabinete de Echeverría, la dependencia encargada de operar la represión contra disidentes. Y durante la primera mitad del gobierno de López Portillo, cuando se formó la Brigada Blanca como escuadrón de élite para liquidar ilegalmente a la guerrilla, García Ramírez fue subsecretario de la Juventud precisamente cuando la juventud era reprimida por el Estado priísta para aplacar sus exigencias de democracia.
Lo grave del caso es que la decisión de la Corte obedeciendo a la CIDH causó un daño irreversible al escudo de seguridad nacional de la república y a la soberanía del Estado. El problema en que la Corte metió al ejército puede ser inmanejable. De hecho, las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares han sido en el combate al crimen organizado como parte de sus tareas de defensa de la seguridad interior, entendida ésta como el orden interno que es atacado por la acción criminal y que pone en riesgo la seguridad nacional, la soberanía del Estado y la balcanización territorial. Por tanto, los primeros en cobijarse bajo la decisión de la Corte serán los criminales que podrían alegar el exceso de fuerza y por tanto la violación de derechos humanos en su contra para eludir la justicia.
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