Andy Novell F.
El crimen organizado no tiene llenadero y las autoridades siguen siendo tan incompetentes como lo han hecho desde un principio en esta guerra contra el narcotráfico, y no me refiero a las autoridades federales, sino a las estatales y municipales que no han querido poner orden en lo que les corresponde.
Resulta que el crimen organizado y la delincuencia común han empezado a tener en las escuelas de todos los niveles una mina de oro al empezar a exigir el llamado cobro de piso, si esa cuota para no dañar o secuestrar a alumnos profesores y personal que trabaja en las escuelas.
Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad Juárez y otros lugares más son víctimas de las bandas locales y del narcotráfico que con solo poner unas pintas y amenazas, cobran cantidades que oscilan entre los 5 y 20 mil pesos.
Sobre este delito de extorsión en escuelas hay unas estadísticas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llaman la atención como es que la cuarta parte de los jóvenes latinoamericanos entre 15 y 29 años están en grave riesgo de ser afectados por el crimen, ya sea perpetrándolo o como víctimas.
De los 150 millones de personas en esa franja de edad en la región, cerca de 38 millones no van a la escuela ni tienen trabajos estables. Además, nueve de cada diez muertes por disparo son de este grupo de edad. La posibilidad de que un latinoamericano muera como víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un europeo.
La Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) indicó que los comportamientos de riesgo en los que estos se involucran incluyen la deserción escolar, la iniciación sexual temprana, la maternidad y paternidad temprana, la adicción a las drogas y los crímenes.
El Banco Mundial calcula que dichas conductas reducen el crecimiento económico anual en un 2%. “La violencia por sí les cuesta a los países latinoamericanos y caribeños el equivalente del 1,4% de su producto bruto interno (PIB).
El crimen organizado no tiene llenadero y las autoridades siguen siendo tan incompetentes como lo han hecho desde un principio en esta guerra contra el narcotráfico, y no me refiero a las autoridades federales, sino a las estatales y municipales que no han querido poner orden en lo que les corresponde.
Resulta que el crimen organizado y la delincuencia común han empezado a tener en las escuelas de todos los niveles una mina de oro al empezar a exigir el llamado cobro de piso, si esa cuota para no dañar o secuestrar a alumnos profesores y personal que trabaja en las escuelas.
Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad Juárez y otros lugares más son víctimas de las bandas locales y del narcotráfico que con solo poner unas pintas y amenazas, cobran cantidades que oscilan entre los 5 y 20 mil pesos.
Sobre este delito de extorsión en escuelas hay unas estadísticas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llaman la atención como es que la cuarta parte de los jóvenes latinoamericanos entre 15 y 29 años están en grave riesgo de ser afectados por el crimen, ya sea perpetrándolo o como víctimas.
De los 150 millones de personas en esa franja de edad en la región, cerca de 38 millones no van a la escuela ni tienen trabajos estables. Además, nueve de cada diez muertes por disparo son de este grupo de edad. La posibilidad de que un latinoamericano muera como víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un europeo.
La Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) indicó que los comportamientos de riesgo en los que estos se involucran incluyen la deserción escolar, la iniciación sexual temprana, la maternidad y paternidad temprana, la adicción a las drogas y los crímenes.
El Banco Mundial calcula que dichas conductas reducen el crecimiento económico anual en un 2%. “La violencia por sí les cuesta a los países latinoamericanos y caribeños el equivalente del 1,4% de su producto bruto interno (PIB).
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