Ciudad Juárez rechaza imposiciones del grupo que lidera Javier Sicilia sobre el diálogo con el gobierno y militarización del país.
Guadalupe Lizárraga
En Ciudad Juárez, surge la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad “del consenso de prácticamente de todas las organizaciones que a lo largo de estos tres penosos años, se han manifestado en contra de la militarización y la violencia”, afirma Gero Fong, activista de derechos humanos en la región y en las redes sociales. Explica que uno de los principales propósitos es mantener la autonomía de los organismos civiles, con respecto a la coordinación del grupo que lidera el poeta Javier Sicilia, quien ha reiterado su próximo diálogo con el gobierno de Felipe Calderón.
Entre las inconformidades con el movimiento del grupo de Sicilia, se denuncia que “los acuerdos ya estaban hechos, los documentos ya estaban redactados y las declaraciones ya se hicieron”. Otro de los miembros de la asamblea, quien prefiere el anonimato, denuncia que “lo primero que propuso Sicilia a su equipo en Juárez es: “ustedes nos reciben, se bajan del tren y nos dejan dialogar”. Una postura, quizá práctica, pero al parecer incómoda para quienes por años han estado denunciando las atrocidades generadas por la guerra contra el narcotráfico y por la parcialidad del gobierno en el combate a las mafias organizadas.
La violencia en Ciudad Juárez ha reducido su población a la cuarta parte de lo que era en 1993, cuando iniciaron los asesinatos de mujeres, lo que dio pie a la frase de la poeta asesinada Susana Chávez, “Ni una más”. No obstante, uno de los casos más representativos de la impunidad del crimen y de la corrupción de las autoridades fue el caso de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010, por exigir que no quedara impune el asesino confeso de su hija.
Lo mismo sucedió con el secuestro y asesinato de los Reyes, originarios del Valle, y que ha quedado en el olvido de las autoridades y en la impunidad de los criminales, así como el de Josefina Reyes, quien demandaba la expulsión de los militares. A la lista de los crímenes sin resolver de esta región, se incorpora las denuncias por tortura y secuestro a jóvenes por parte de militares para obligarlos a declararse culpables de algún delito, como ha sido el caso de Israel Arzate, ampliamente documentado por Amnistía Internacional en su reporte de 2010.
En recuento a toda esa violencia que ha arrojado hasta tres mil víctimas por año, la Asamblea Juarense, por su parte, elaboró una carta pública al poeta y a los coordinadores de la caravana puntualizando su rechazo a dialogar con el gobierno y a no dejar margen de negociación alguno sobre la militarización del país y, específicamente, de Chihuahua, donde se ha registrado uno de los índices más altos de violaciones de derechos humanos por parte de policías federales y militares, y donde la misma policía ha amedrentado a la población para dispersarlos de las manifestaciones o para que dejen de denunciar.
Los puntos que comprende esta carta pública de la Asamblea Juarense, son los siguientes:
1. Que el Pacto dirija su fuerza a la exigencia de justicia y reparación de los daños para las miles de víctimas, y que demande medidas efectivas de no repetición.
2. Que el Pacto sea ciudadano entre mujeres, hombres, jóvenes, trabajadores, indígenas, campesinos, y sociedad entera en su diversidad.
3. Que el Pacto sea un emplazamiento que surja de las demandas de grupos, organizaciones, personas y colectivos que participen en presencia; y también, de quienes a la distancia envíen sus exigencias. Que el emplazamiento se haga en Juárez a partir de nuestro Pacto, sin la presencia de las autoridades.
4. Que la desmilitarización del país sea una demanda que no tenga margen de negociación. De eso depende el alto al derramamiento de sangre que atestiguamos cotidianamente.
5. Que las seis exigencias que el Movimiento Nacional Ciudadano propone, sirvan para dar sustento a los debates e intercambios en Juárez y a los cuales puedan agregarse otra serie de demandas.
6. Que rechace la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que establecería legalmente la militarización del país; y rechace también, la reforma a la Ley Federal del Trabajo porque precariza la vida y es parte de la violencia que vivimos.
7. Que el Pacto exija estrategias para erradicar todo tipo de prácticas discriminatorias hacia las mujeres y grupos vulnerables.
8. Y finalmente, que el Pacto convoque y organice la resistencia civil para recuperar el país, como paso siguiente del Movimiento Nacional Ciudadano.
Guadalupe Lizárraga
En Ciudad Juárez, surge la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad “del consenso de prácticamente de todas las organizaciones que a lo largo de estos tres penosos años, se han manifestado en contra de la militarización y la violencia”, afirma Gero Fong, activista de derechos humanos en la región y en las redes sociales. Explica que uno de los principales propósitos es mantener la autonomía de los organismos civiles, con respecto a la coordinación del grupo que lidera el poeta Javier Sicilia, quien ha reiterado su próximo diálogo con el gobierno de Felipe Calderón.
Entre las inconformidades con el movimiento del grupo de Sicilia, se denuncia que “los acuerdos ya estaban hechos, los documentos ya estaban redactados y las declaraciones ya se hicieron”. Otro de los miembros de la asamblea, quien prefiere el anonimato, denuncia que “lo primero que propuso Sicilia a su equipo en Juárez es: “ustedes nos reciben, se bajan del tren y nos dejan dialogar”. Una postura, quizá práctica, pero al parecer incómoda para quienes por años han estado denunciando las atrocidades generadas por la guerra contra el narcotráfico y por la parcialidad del gobierno en el combate a las mafias organizadas.
La violencia en Ciudad Juárez ha reducido su población a la cuarta parte de lo que era en 1993, cuando iniciaron los asesinatos de mujeres, lo que dio pie a la frase de la poeta asesinada Susana Chávez, “Ni una más”. No obstante, uno de los casos más representativos de la impunidad del crimen y de la corrupción de las autoridades fue el caso de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010, por exigir que no quedara impune el asesino confeso de su hija.
Lo mismo sucedió con el secuestro y asesinato de los Reyes, originarios del Valle, y que ha quedado en el olvido de las autoridades y en la impunidad de los criminales, así como el de Josefina Reyes, quien demandaba la expulsión de los militares. A la lista de los crímenes sin resolver de esta región, se incorpora las denuncias por tortura y secuestro a jóvenes por parte de militares para obligarlos a declararse culpables de algún delito, como ha sido el caso de Israel Arzate, ampliamente documentado por Amnistía Internacional en su reporte de 2010.
En recuento a toda esa violencia que ha arrojado hasta tres mil víctimas por año, la Asamblea Juarense, por su parte, elaboró una carta pública al poeta y a los coordinadores de la caravana puntualizando su rechazo a dialogar con el gobierno y a no dejar margen de negociación alguno sobre la militarización del país y, específicamente, de Chihuahua, donde se ha registrado uno de los índices más altos de violaciones de derechos humanos por parte de policías federales y militares, y donde la misma policía ha amedrentado a la población para dispersarlos de las manifestaciones o para que dejen de denunciar.
Los puntos que comprende esta carta pública de la Asamblea Juarense, son los siguientes:
1. Que el Pacto dirija su fuerza a la exigencia de justicia y reparación de los daños para las miles de víctimas, y que demande medidas efectivas de no repetición.
2. Que el Pacto sea ciudadano entre mujeres, hombres, jóvenes, trabajadores, indígenas, campesinos, y sociedad entera en su diversidad.
3. Que el Pacto sea un emplazamiento que surja de las demandas de grupos, organizaciones, personas y colectivos que participen en presencia; y también, de quienes a la distancia envíen sus exigencias. Que el emplazamiento se haga en Juárez a partir de nuestro Pacto, sin la presencia de las autoridades.
4. Que la desmilitarización del país sea una demanda que no tenga margen de negociación. De eso depende el alto al derramamiento de sangre que atestiguamos cotidianamente.
5. Que las seis exigencias que el Movimiento Nacional Ciudadano propone, sirvan para dar sustento a los debates e intercambios en Juárez y a los cuales puedan agregarse otra serie de demandas.
6. Que rechace la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que establecería legalmente la militarización del país; y rechace también, la reforma a la Ley Federal del Trabajo porque precariza la vida y es parte de la violencia que vivimos.
7. Que el Pacto exija estrategias para erradicar todo tipo de prácticas discriminatorias hacia las mujeres y grupos vulnerables.
8. Y finalmente, que el Pacto convoque y organice la resistencia civil para recuperar el país, como paso siguiente del Movimiento Nacional Ciudadano.
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