Octavio Vélez Ascencio / Corresponsal
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado detectó irregularidades en el manejo de 721 millones 294 mil 644.84 pesos en una auditoría practicada al ejercicio fiscal 2010 del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) durante el último año de la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
Como resultado del arqueo aplicado a la caja de la Coordinación General de Administración y Finanzas del IEEPO, que encabezó Abel Trejo González, se presentaron 24 observaciones por el monto mencionado, equivalente a 16 por ciento del total del ejercicio, que fue de 4 mil 371 millones 62 mil 337.56 pesos.
Es decir, uno de cada seis pesos que se otorgaron al sector educativo en 2010 fue desviado o utilizado en forma irregular.
Según el reporte, 363 millones 491 mil 290 pesos fueron utilizados para retiros y pagos en efectivo a proveedores o prestadores de servicios, pero no existen documentos de materiales entregados ni de los servicios supuestamente realizados.
Tampoco existen documentos que comprueben el uso de 69 millones 583 mil 390.81 pesos, y 54 millones desaparecieron en traspasos a cuentas; además, 33 millones 8 mil 562.57 pesos no aparecen, por incumplimiento de las reglas de operación de los programas.
Además, hubo un subejercicio de 99 millones 593 mil 722.50 pesos en cuentas no productivas. Por ello, la anterior administración deberá aclarar y justificar la falta de aplicación de los recursos.
Veinticinco millones 656 mil 129.89 pesos corresponden a gastos por comprobar con antigüedad mayor a dos meses. El ex director del IEEPO, Abel Trejo, tendrá que entregar la documentación que justifique el uso de los recursos o reintegrarlos.
Lo mismo sucede con 12 millones 109 mil pesos 127.94 que desaparecieron en cuentas bancarias de ejercicios anteriores con saldo insuficiente, sin movimientos en 2010 o con escaso movimiento.
Trejo González deberá justificar además cheques emitidos cuyo destino se desconoce, la falta de bienes muebles y equipos (por ejemplo, un vehículo que no fue registrado en la plantilla oficial), el uso de recursos que debieron ser reintegrados a la Secretaría de Finanzas, préstamos personales y anticipos a contratistas.
Barril sin fondo
El gobernador Gabino Cué Monteagudo consideró que es urgente sanear el IEEPO porque durante el régimen priísta se utilizó como caja chica para financiar situaciones al margen de lo educativo. Estamos terminando la auditoría; hay una serie de irregularidades que han convertido al IEEPO en un barril sin fondo y, lo quiero aclarar, no necesariamente para financiar al magisterio, señaló.
Detalló que el manejo de la nómina del magisterio ha sido discrecional, con la opción de quitar o poner nombres, lo que implica la erogación de recursos. En la auditoría se han detectado nóminas que no corresponden al magisterio; incluso se presume complicidad de los bancos que manejaban las nóminas, comentó.
Mencionó que se encontraron unas 160 plazas de personal de confianza entregadas en los últimos días de la administración de Ruiz Ortiz. El déficit financiero del IEEPO proviene de esas nóminas ficticias y del desvío de recursos destinados a educación, señaló el gobernador.
Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que la auditoría al IEEPO es una de las principales demandas del magisterio oaxaqueño para conocer el manejo de los recursos financieros durante el sexenio pasado.
El magisterio insistirá en saber si Ulises Ruiz Ortiz otorgó plazas a sus allegados antes de terminar su gobierno, señaló.
Solicita el Congreso no concederle amparo
David Carrizales Corresponsal
Monterrey, NL, 31 de mayo. El secretario de fomento económico de Monterrey, el panista Dionisio Herrera Duque, renunció hoy por motivos personales y para evitar que lo utilicen para lastimar a mi amigo, el edil de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón.
Desde el 4 de abril Herrera Duque se encontraba de licencia sin goce de sueldo, que era sólo de 15 días, la cual solicitó para aclarar observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública de 2009, cuando el ahora dimitente era alcalde de Santa Catarina.
Dionisio Herrera habría desviado a gasto corriente 90 millones de pesos del fondo metropolitano, cuando los recursos federales debieron destinarse a obras en la avenida Ignacio Morones Prieto.
El juez tercero de distrito en materia administrativa, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, otorgó el 19 de mayo una suspensión definitiva en vía de amparo a Herrera para evitar que el Congreso local revisara la cuenta de 2009, con el argumento de que la ASE había violado su derecho de audiencia.
Herrera Duque tiene el apoyo del diputado panista Enrique Pérez Villa (quien busca la dirigencia municipal del PAN en Monterrey, supuestamente respaldado por el alcalde Larrazábal), pues como presidente de la comisión quinta de hacienda y desarrollo municipal compareció motu proprio ante el juzgado de distrito para avalar que sólo se revisaran las cuentas de 2009 cuando se resolviera el fondo del amparo.
Para tratar de revertir la suspensión, el director jurídico del Congreso del estado, José Manuel Guajardo Canales, y el diputado Héctor Morales Rivera presentaron este martes un recurso de revisión y advirtieron: No hay sustento legal para impedir que el Poder Legislativo local cumpla sus funciones básicas, entre ellas fiscalizar, analizar y dictaminar la aplicación de recursos públicos municipales y estatales.
Morales Rivera advirtió que confirmar la suspensión a Herrera Duque podría favorecer a otros alcaldes implicados en manejo irregular del erario. No queremos que esto sea el preámbulo de una etapa de oscuridad propiciada por el Partido Acción Nacional para que, gracias a la resolución del juez tercero de distrito, otros alcaldes también puedan buscar impunidad, concluyó.
Larrazábal Bretón anunció que Gerardo Montemayor continuará a cargo de la secretaría de fomento económico de Monterrey.
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno del estado detectó irregularidades en el manejo de 721 millones 294 mil 644.84 pesos en una auditoría practicada al ejercicio fiscal 2010 del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) durante el último año de la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
Como resultado del arqueo aplicado a la caja de la Coordinación General de Administración y Finanzas del IEEPO, que encabezó Abel Trejo González, se presentaron 24 observaciones por el monto mencionado, equivalente a 16 por ciento del total del ejercicio, que fue de 4 mil 371 millones 62 mil 337.56 pesos.
Es decir, uno de cada seis pesos que se otorgaron al sector educativo en 2010 fue desviado o utilizado en forma irregular.
Según el reporte, 363 millones 491 mil 290 pesos fueron utilizados para retiros y pagos en efectivo a proveedores o prestadores de servicios, pero no existen documentos de materiales entregados ni de los servicios supuestamente realizados.
Tampoco existen documentos que comprueben el uso de 69 millones 583 mil 390.81 pesos, y 54 millones desaparecieron en traspasos a cuentas; además, 33 millones 8 mil 562.57 pesos no aparecen, por incumplimiento de las reglas de operación de los programas.
Además, hubo un subejercicio de 99 millones 593 mil 722.50 pesos en cuentas no productivas. Por ello, la anterior administración deberá aclarar y justificar la falta de aplicación de los recursos.
Veinticinco millones 656 mil 129.89 pesos corresponden a gastos por comprobar con antigüedad mayor a dos meses. El ex director del IEEPO, Abel Trejo, tendrá que entregar la documentación que justifique el uso de los recursos o reintegrarlos.
Lo mismo sucede con 12 millones 109 mil pesos 127.94 que desaparecieron en cuentas bancarias de ejercicios anteriores con saldo insuficiente, sin movimientos en 2010 o con escaso movimiento.
Trejo González deberá justificar además cheques emitidos cuyo destino se desconoce, la falta de bienes muebles y equipos (por ejemplo, un vehículo que no fue registrado en la plantilla oficial), el uso de recursos que debieron ser reintegrados a la Secretaría de Finanzas, préstamos personales y anticipos a contratistas.
Barril sin fondo
El gobernador Gabino Cué Monteagudo consideró que es urgente sanear el IEEPO porque durante el régimen priísta se utilizó como caja chica para financiar situaciones al margen de lo educativo. Estamos terminando la auditoría; hay una serie de irregularidades que han convertido al IEEPO en un barril sin fondo y, lo quiero aclarar, no necesariamente para financiar al magisterio, señaló.
Detalló que el manejo de la nómina del magisterio ha sido discrecional, con la opción de quitar o poner nombres, lo que implica la erogación de recursos. En la auditoría se han detectado nóminas que no corresponden al magisterio; incluso se presume complicidad de los bancos que manejaban las nóminas, comentó.
Mencionó que se encontraron unas 160 plazas de personal de confianza entregadas en los últimos días de la administración de Ruiz Ortiz. El déficit financiero del IEEPO proviene de esas nóminas ficticias y del desvío de recursos destinados a educación, señaló el gobernador.
Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que la auditoría al IEEPO es una de las principales demandas del magisterio oaxaqueño para conocer el manejo de los recursos financieros durante el sexenio pasado.
El magisterio insistirá en saber si Ulises Ruiz Ortiz otorgó plazas a sus allegados antes de terminar su gobierno, señaló.
Solicita el Congreso no concederle amparo
David Carrizales Corresponsal
Monterrey, NL, 31 de mayo. El secretario de fomento económico de Monterrey, el panista Dionisio Herrera Duque, renunció hoy por motivos personales y para evitar que lo utilicen para lastimar a mi amigo, el edil de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón.
Desde el 4 de abril Herrera Duque se encontraba de licencia sin goce de sueldo, que era sólo de 15 días, la cual solicitó para aclarar observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la cuenta pública de 2009, cuando el ahora dimitente era alcalde de Santa Catarina.
Dionisio Herrera habría desviado a gasto corriente 90 millones de pesos del fondo metropolitano, cuando los recursos federales debieron destinarse a obras en la avenida Ignacio Morones Prieto.
El juez tercero de distrito en materia administrativa, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, otorgó el 19 de mayo una suspensión definitiva en vía de amparo a Herrera para evitar que el Congreso local revisara la cuenta de 2009, con el argumento de que la ASE había violado su derecho de audiencia.
Herrera Duque tiene el apoyo del diputado panista Enrique Pérez Villa (quien busca la dirigencia municipal del PAN en Monterrey, supuestamente respaldado por el alcalde Larrazábal), pues como presidente de la comisión quinta de hacienda y desarrollo municipal compareció motu proprio ante el juzgado de distrito para avalar que sólo se revisaran las cuentas de 2009 cuando se resolviera el fondo del amparo.
Para tratar de revertir la suspensión, el director jurídico del Congreso del estado, José Manuel Guajardo Canales, y el diputado Héctor Morales Rivera presentaron este martes un recurso de revisión y advirtieron: No hay sustento legal para impedir que el Poder Legislativo local cumpla sus funciones básicas, entre ellas fiscalizar, analizar y dictaminar la aplicación de recursos públicos municipales y estatales.
Morales Rivera advirtió que confirmar la suspensión a Herrera Duque podría favorecer a otros alcaldes implicados en manejo irregular del erario. No queremos que esto sea el preámbulo de una etapa de oscuridad propiciada por el Partido Acción Nacional para que, gracias a la resolución del juez tercero de distrito, otros alcaldes también puedan buscar impunidad, concluyó.
Larrazábal Bretón anunció que Gerardo Montemayor continuará a cargo de la secretaría de fomento económico de Monterrey.
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