Raymundo Riva Palacio / Estrictamente Personal
Desarticulada moral y operativamente desde la muerte de su líder espiritual Nazario Moreno “El Chayo”, en diciembre pasado, La Familia Michoacana entró en un proceso de autodestrucción que tuvo una nueva baja con el arresto de José de Jesús “El Chango” Méndez el martes pasado. Si para esa banda criminal significa la confirmación de su desmantelamiento, para el gobierno de Leonel Godoy representa la reapertura de la investigación sobre el Michoacanazo, con un capo tras las rejas que tiene toda la información sobre la red de protección institucional al cártel en Michoacán.
Méndez, quien respaldó a Moreno en 2005 cuando comenzó la disputa contra Los Zetas por Lázaro Cárdenas y Morelia –el quiebre final se dio en septiembre de 2006-, se convirtió en una de las dos cabezas de La Familia Michoacana, que evolucionó en dos cárteles de facto por la disputa entre sus dos jefes por sus estilos distintos de liderazgo. Mientras “El Chayo” buscaba no enfrentar a las autoridades y buscar siempre un arreglo, “El Chango” se caracterizaba por su afán expansionista, ser muy agresivo y utilizar medios intimidatorios con alto impacto –decapitaciones, ejecuciones múltiples y ataques a instalaciones policiales locales y federales-.
La fractura en la cúpula de La Familia Michoacana tuvo su expresión más dramática el 15 de septiembre de 2008, cuando en el centro de Morelia explotaron granadas durante la ceremonia de El Grito -mientras el gobernador gritaba las “vivas”- que mataron a ocho personas e hirieron a otras 85, en lo que se consideró el primer acto de narcoterrorismo en México.
Las sospechas recayeron inmediatamente en los cárteles, que a su vez buscaron deslindarse y desviar la culpa a sus rivales. La Familia Michoacana colocó 15 mantas en Michoacán y Durango, y Los Zetas, pusieron 51 mantas en 15 entidades -Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Durango, México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas-, para acusarse mutuamente del atentado.
No era un choque sólo entre dos cárteles, sino resultado directo de la conflictividad interna que vivía La Familia. Por un lado estaba la parte más violenta de la banda, encabezada por “El Chango”, quien había desarrollado contactos con el Cártel de Sinaloa (hoy Pacífico) a través de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y se había extendido al estado de México, Jalisco y Guerrero. Por el otro se encontraba la parte mística que encarnaba “El Chayo”, con arraigo total en Michoacán, y cuyos principales operadores eran Enrique “Kike” Plancarte y Servando Gómez, “La Tuta”, quienes a su muerte fundaron Los Caballeros Templarios, para enfrentar a Méndez.
Las granadas en la plaza central de Morelia ese 15 de septiembre no iban dirigidas a la población michoacana sino al balcón del gobernador, de acuerdo con fuentes federales, en represalia porque funcionarios de su administración tomaron partido en la lucha entre los cárteles y rompieron el equilibrio que se había mantenido tras la ruptura con Los Zetas, que fue el periodo donde La Familia –en sus dos ramas-, compró policías, personal en la procuraduría estatal, en el gabinete, en los partidos políticos, en parroquias y medios de comunicación, a nivel local y nacional.
La Familia Michoacana estaba quebrada desde antes de las granadas estallaran en Morelia, pese a compartir territorios en el estado donde sumaban a su negocio tradicional de la marihuana y narcotráfico, el cobro de cuotas a cada sector de la producción, desde el agrícola al minero, prácticas usureras, y trabajo social y popular que incluía la instauración de centros religiosos y motivacionales, organización de fiestas de pueblo, corridas de todos, peleas de gallos y conciertos.
La rama de “El Chango” operaba el negocio de las metanfetaminas –por el cual luchó con Los Zetas al arrancar la década para eliminar al cártel de los hermanos Valencia-, al cual se sumaron Guzmán y el Cártel de Sinaloa en el corredor que comenzaba en el puerto de Lázaro Cárdenas. La de “El Chayo”, ligada a Los Zetas, se dedicaba también al negocio de la piratería, que venían desarrollando junto con sus viejos socios del Cártel del Golfo en Tamaulipas.
El choque entre las dos facciones de La Familia Michoacana produjo delaciones y traiciones dentro de la organización criminal, que en los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón produjo el arresto de más de 600 miembros de la banda y neutralizado -en la cárcel o muerto- a prácticamente toda su estructura de mando operativo, militar, financiero e ideológico. Adicionalmente, permitió que desde 2007 que se fueran hilvanando sus redes de protección institucional.
En la rama de “El Chango” se descubrió a una pieza importante, Dionisio Loya Plancarte, “El Tío“, que articulaba la red de corrupción para garantizar la protección de autoridades de seguridad pública, procuración de justicia y políticos, así como también era el responsable de la relación con prensa, la cooptación política y las relaciones públicas. En la rama de “El Chayo”, el seguimiento que se hizo a “La Tuta” ayudó a establecer los lazos directos del cártel con el gobierno de Godoy. El momento más claro fue su medio hermano Julio César, quien durante su campaña para una diputación federal recibió dinero y apoyo –en intimidación a sus rivales- para ganar el escaño.
Esas investigaciones llevaron a El Michoacanazo en 2009, cuando se detuvo a más de una treintena de funcionarios estatales, policías y presidentes municipales en todo el estado. La mayoría de ellos se encuentra en libertad, principalmente porque los jueces en Michoacán, en la última instancia judicial, no aceptaron como válidas las grabaciones entre la mayoría de ellos y los narcotraficantes, o como sucedió directamente con el gobernador Godoy, porque la DEA, que tiene grabaciones telefónicas presuntamente comprometedoras de él con personas vinculadas a los cárteles, de acuerdo con funcionarios federales, no quiso entregarlas a la PGR.
El Michoacanazo no se ha cerrado. Las investigaciones han seguido a partir de las declaraciones de los jefes de La Familia detenidos y de los documentos decomisados, que es como llegaron a la detención de “El Chango”. Más allá de lo que califica el gobierno federal como el gran golpe que termina de decapitar a La Familia Michoacana, es lo que pueda aportar sobre la red de protección oficial en Michoacán y la profundidad de su penetración institucional desde hace casi una década, que fue la razón por la que la guerra contra las drogas comenzó.
Desarticulada moral y operativamente desde la muerte de su líder espiritual Nazario Moreno “El Chayo”, en diciembre pasado, La Familia Michoacana entró en un proceso de autodestrucción que tuvo una nueva baja con el arresto de José de Jesús “El Chango” Méndez el martes pasado. Si para esa banda criminal significa la confirmación de su desmantelamiento, para el gobierno de Leonel Godoy representa la reapertura de la investigación sobre el Michoacanazo, con un capo tras las rejas que tiene toda la información sobre la red de protección institucional al cártel en Michoacán.
Méndez, quien respaldó a Moreno en 2005 cuando comenzó la disputa contra Los Zetas por Lázaro Cárdenas y Morelia –el quiebre final se dio en septiembre de 2006-, se convirtió en una de las dos cabezas de La Familia Michoacana, que evolucionó en dos cárteles de facto por la disputa entre sus dos jefes por sus estilos distintos de liderazgo. Mientras “El Chayo” buscaba no enfrentar a las autoridades y buscar siempre un arreglo, “El Chango” se caracterizaba por su afán expansionista, ser muy agresivo y utilizar medios intimidatorios con alto impacto –decapitaciones, ejecuciones múltiples y ataques a instalaciones policiales locales y federales-.
La fractura en la cúpula de La Familia Michoacana tuvo su expresión más dramática el 15 de septiembre de 2008, cuando en el centro de Morelia explotaron granadas durante la ceremonia de El Grito -mientras el gobernador gritaba las “vivas”- que mataron a ocho personas e hirieron a otras 85, en lo que se consideró el primer acto de narcoterrorismo en México.
Las sospechas recayeron inmediatamente en los cárteles, que a su vez buscaron deslindarse y desviar la culpa a sus rivales. La Familia Michoacana colocó 15 mantas en Michoacán y Durango, y Los Zetas, pusieron 51 mantas en 15 entidades -Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Durango, México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas-, para acusarse mutuamente del atentado.
No era un choque sólo entre dos cárteles, sino resultado directo de la conflictividad interna que vivía La Familia. Por un lado estaba la parte más violenta de la banda, encabezada por “El Chango”, quien había desarrollado contactos con el Cártel de Sinaloa (hoy Pacífico) a través de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y se había extendido al estado de México, Jalisco y Guerrero. Por el otro se encontraba la parte mística que encarnaba “El Chayo”, con arraigo total en Michoacán, y cuyos principales operadores eran Enrique “Kike” Plancarte y Servando Gómez, “La Tuta”, quienes a su muerte fundaron Los Caballeros Templarios, para enfrentar a Méndez.
Las granadas en la plaza central de Morelia ese 15 de septiembre no iban dirigidas a la población michoacana sino al balcón del gobernador, de acuerdo con fuentes federales, en represalia porque funcionarios de su administración tomaron partido en la lucha entre los cárteles y rompieron el equilibrio que se había mantenido tras la ruptura con Los Zetas, que fue el periodo donde La Familia –en sus dos ramas-, compró policías, personal en la procuraduría estatal, en el gabinete, en los partidos políticos, en parroquias y medios de comunicación, a nivel local y nacional.
La Familia Michoacana estaba quebrada desde antes de las granadas estallaran en Morelia, pese a compartir territorios en el estado donde sumaban a su negocio tradicional de la marihuana y narcotráfico, el cobro de cuotas a cada sector de la producción, desde el agrícola al minero, prácticas usureras, y trabajo social y popular que incluía la instauración de centros religiosos y motivacionales, organización de fiestas de pueblo, corridas de todos, peleas de gallos y conciertos.
La rama de “El Chango” operaba el negocio de las metanfetaminas –por el cual luchó con Los Zetas al arrancar la década para eliminar al cártel de los hermanos Valencia-, al cual se sumaron Guzmán y el Cártel de Sinaloa en el corredor que comenzaba en el puerto de Lázaro Cárdenas. La de “El Chayo”, ligada a Los Zetas, se dedicaba también al negocio de la piratería, que venían desarrollando junto con sus viejos socios del Cártel del Golfo en Tamaulipas.
El choque entre las dos facciones de La Familia Michoacana produjo delaciones y traiciones dentro de la organización criminal, que en los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón produjo el arresto de más de 600 miembros de la banda y neutralizado -en la cárcel o muerto- a prácticamente toda su estructura de mando operativo, militar, financiero e ideológico. Adicionalmente, permitió que desde 2007 que se fueran hilvanando sus redes de protección institucional.
En la rama de “El Chango” se descubrió a una pieza importante, Dionisio Loya Plancarte, “El Tío“, que articulaba la red de corrupción para garantizar la protección de autoridades de seguridad pública, procuración de justicia y políticos, así como también era el responsable de la relación con prensa, la cooptación política y las relaciones públicas. En la rama de “El Chayo”, el seguimiento que se hizo a “La Tuta” ayudó a establecer los lazos directos del cártel con el gobierno de Godoy. El momento más claro fue su medio hermano Julio César, quien durante su campaña para una diputación federal recibió dinero y apoyo –en intimidación a sus rivales- para ganar el escaño.
Esas investigaciones llevaron a El Michoacanazo en 2009, cuando se detuvo a más de una treintena de funcionarios estatales, policías y presidentes municipales en todo el estado. La mayoría de ellos se encuentra en libertad, principalmente porque los jueces en Michoacán, en la última instancia judicial, no aceptaron como válidas las grabaciones entre la mayoría de ellos y los narcotraficantes, o como sucedió directamente con el gobernador Godoy, porque la DEA, que tiene grabaciones telefónicas presuntamente comprometedoras de él con personas vinculadas a los cárteles, de acuerdo con funcionarios federales, no quiso entregarlas a la PGR.
El Michoacanazo no se ha cerrado. Las investigaciones han seguido a partir de las declaraciones de los jefes de La Familia detenidos y de los documentos decomisados, que es como llegaron a la detención de “El Chango”. Más allá de lo que califica el gobierno federal como el gran golpe que termina de decapitar a La Familia Michoacana, es lo que pueda aportar sobre la red de protección oficial en Michoacán y la profundidad de su penetración institucional desde hace casi una década, que fue la razón por la que la guerra contra las drogas comenzó.
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