Rubén Cortés
Es sintomático cuánto se parecen El Michoacanazo y la captura de Jorge Hank: el primero, contra una mayoría de alcaldes perredistas, un mes antes de las elecciones de 2009; y el otro contra un ex alcalde priista, a un mes de los comicios del Edomex.
El 28 de mayo de 2009, el gobierno federal panista capturó, por vínculos con el crimen organizado, a media administración estatal (17 funcionarios) del gobernador Leonel Godoy en Michoacán y a ocho alcaldes: dos perredistas, seis priistas y… sólo dos panistas.
Ni aún así el PAN impidió su mayor debacle electoral en 20 años: perdió Querétaro y San Luis Potosí, y si ganó Sonora fue por el voto de castigo contra el PRI tras el incendio de la guardería ABC.
Pasó de ser primera minoría en la Cámara de Diputados, al segundo lugar al caer de 206 a 143 diputados, y perdió bastiones como Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Toluca y Cuernavaca.
Los 35 de El Michoacanazo quedaron libres porque las pruebas se esfumaron casualmente al calor de la alianza del PAN con el PRD, que le llevó a ganar Oaxaca, Sinaloa, Puebla y Guerrero.
El único implicado sobre el que había pruebas, el ex diputado perredista Julio César Godoy, anda prófugo gracias a subterfugios leguleyos solapados por el PAN gobierno.
Lo cual provoca pensar que este gobierno usa la justicia con políticos en etapas de cercanía electoral: hoy en el caso de Hank, como ayer con El Michoacanazo, hay una elección en puerta, la del Edomex, el primer domingo de julio.
Y, al igual que en los comicios previos a El Michoacanazo, el PAN está hundido y quiere levantar con golpes de efecto: su candidato, Luis Felipe Bravo Mena, está a 40 puntos del priista Eruviel Ávila.
El caso Hank tiene el tufillo de El Michoacanazo en cuanto al uso de la justicia por razones políticas: el ex alcalde tijuanense es denunciado desde muchísimo como presunto criminal, acusado de corrupción, de tenencia ilegal de armas…
Es marcado como autor intelectual del asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta, y el propio PAN le achacó siempre colusión con el narcotráfico y el juego ilegal.
Ah, pero esperaron la cercanía de las elecciones mexiquenses para apresarlo y utilizar su detención como revulsivo contra el súper favorito Eruviel Ávila en esos comicios.
Por eso, el gobierno debería aclarar por qué no actuó antes contra Hank. También por qué no toca al gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame, sobre quien pesan señalamientos documentados de penetración del narco en su gobierno.
Queda claro que no lo hace porque usa el poder del Estado únicamente contra sus enemigos.
No contra los suyos.
Es sintomático cuánto se parecen El Michoacanazo y la captura de Jorge Hank: el primero, contra una mayoría de alcaldes perredistas, un mes antes de las elecciones de 2009; y el otro contra un ex alcalde priista, a un mes de los comicios del Edomex.
El 28 de mayo de 2009, el gobierno federal panista capturó, por vínculos con el crimen organizado, a media administración estatal (17 funcionarios) del gobernador Leonel Godoy en Michoacán y a ocho alcaldes: dos perredistas, seis priistas y… sólo dos panistas.
Ni aún así el PAN impidió su mayor debacle electoral en 20 años: perdió Querétaro y San Luis Potosí, y si ganó Sonora fue por el voto de castigo contra el PRI tras el incendio de la guardería ABC.
Pasó de ser primera minoría en la Cámara de Diputados, al segundo lugar al caer de 206 a 143 diputados, y perdió bastiones como Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Toluca y Cuernavaca.
Los 35 de El Michoacanazo quedaron libres porque las pruebas se esfumaron casualmente al calor de la alianza del PAN con el PRD, que le llevó a ganar Oaxaca, Sinaloa, Puebla y Guerrero.
El único implicado sobre el que había pruebas, el ex diputado perredista Julio César Godoy, anda prófugo gracias a subterfugios leguleyos solapados por el PAN gobierno.
Lo cual provoca pensar que este gobierno usa la justicia con políticos en etapas de cercanía electoral: hoy en el caso de Hank, como ayer con El Michoacanazo, hay una elección en puerta, la del Edomex, el primer domingo de julio.
Y, al igual que en los comicios previos a El Michoacanazo, el PAN está hundido y quiere levantar con golpes de efecto: su candidato, Luis Felipe Bravo Mena, está a 40 puntos del priista Eruviel Ávila.
El caso Hank tiene el tufillo de El Michoacanazo en cuanto al uso de la justicia por razones políticas: el ex alcalde tijuanense es denunciado desde muchísimo como presunto criminal, acusado de corrupción, de tenencia ilegal de armas…
Es marcado como autor intelectual del asesinato del periodista Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta, y el propio PAN le achacó siempre colusión con el narcotráfico y el juego ilegal.
Ah, pero esperaron la cercanía de las elecciones mexiquenses para apresarlo y utilizar su detención como revulsivo contra el súper favorito Eruviel Ávila en esos comicios.
Por eso, el gobierno debería aclarar por qué no actuó antes contra Hank. También por qué no toca al gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame, sobre quien pesan señalamientos documentados de penetración del narco en su gobierno.
Queda claro que no lo hace porque usa el poder del Estado únicamente contra sus enemigos.
No contra los suyos.
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