El Financiero
El líder de la bancada perredista en San Lázaro, Armando Ríos Piter, señaló que su bancada estará muy atenta a los elementos jurídicos que presente el gobierno de Chiapas para la detención del ex gobernador de la entidad, Pablo Salazar Mendiguchía, en espera de que no se trate de una acusación política.
“Hay que tener más información, es una asunto del fuero común, la autoridad acusadora es la estatal y en este momento no contamos con toda la información del particular”, dijo en entrevista.
Enfatizó que no se puede justificar una detención por motivos políticos, así como tampoco se puede permitir que la procuración de justicia la use con esos fines.
“El PRD ha sido muy puntual y muy enfático en todo momento, no podemos hacer justificaciones de carácter político cuando alguien viole la ley, pero tampoco podemos permitir que la procuración de justicia se utilice con fines políticos. Siendo congruentes, exigiremos una gran claridad respecto a las acusaciones, al seguimiento jurídico procesal que se tenga y quien haya cometido excesos y violentado la ley tiene que responder por ello, así sea un ex mandatario; no podemos ver todo desde la lógica política, porque estaríamos promoviendo la impunidad”.
Por separado, su compañero de bancada Emilio Serrano Jiménez, señaló que la Ley debe ser aplicada a todos los funcionarios y gobernadores sin distinción de nivel político o económico, y quien tenga cuentas con la Ley que se proceda conforme a Derecho.
“Si Salazar Mendiguchía hizo algo, que lo pague y del partido que sea del color que sea, y que la ley llegue al nivel político y económico que sea. La autoridad competente está haciendo las investigaciones y si hizo algo que lo pague“.
Tal parce -dijo- que el Gobierno federal está esperando los tiempos electorales para aplicar la ley. Sin embargo, confió que la detención del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, sea el inicio para que la ley se aplique a todos los gobernadores que han caído en actos de corrupción, lo que sería una oportunidad para que el Gobierno federal recobre la confianza de la ciudadanía. (Con información de Edganr Amigón/Finsat/TPC)
El líder de la bancada perredista en San Lázaro, Armando Ríos Piter, señaló que su bancada estará muy atenta a los elementos jurídicos que presente el gobierno de Chiapas para la detención del ex gobernador de la entidad, Pablo Salazar Mendiguchía, en espera de que no se trate de una acusación política.
“Hay que tener más información, es una asunto del fuero común, la autoridad acusadora es la estatal y en este momento no contamos con toda la información del particular”, dijo en entrevista.
Enfatizó que no se puede justificar una detención por motivos políticos, así como tampoco se puede permitir que la procuración de justicia la use con esos fines.
“El PRD ha sido muy puntual y muy enfático en todo momento, no podemos hacer justificaciones de carácter político cuando alguien viole la ley, pero tampoco podemos permitir que la procuración de justicia se utilice con fines políticos. Siendo congruentes, exigiremos una gran claridad respecto a las acusaciones, al seguimiento jurídico procesal que se tenga y quien haya cometido excesos y violentado la ley tiene que responder por ello, así sea un ex mandatario; no podemos ver todo desde la lógica política, porque estaríamos promoviendo la impunidad”.
Por separado, su compañero de bancada Emilio Serrano Jiménez, señaló que la Ley debe ser aplicada a todos los funcionarios y gobernadores sin distinción de nivel político o económico, y quien tenga cuentas con la Ley que se proceda conforme a Derecho.
“Si Salazar Mendiguchía hizo algo, que lo pague y del partido que sea del color que sea, y que la ley llegue al nivel político y económico que sea. La autoridad competente está haciendo las investigaciones y si hizo algo que lo pague“.
Tal parce -dijo- que el Gobierno federal está esperando los tiempos electorales para aplicar la ley. Sin embargo, confió que la detención del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, sea el inicio para que la ley se aplique a todos los gobernadores que han caído en actos de corrupción, lo que sería una oportunidad para que el Gobierno federal recobre la confianza de la ciudadanía. (Con información de Edganr Amigón/Finsat/TPC)
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