Gregorio Ortega Molina / La Costumbre Del Poder
¿Se pueden cometer tantos errores en tan poco tiempo? ¿Están en los cargos de responsabilidad de procuración y administración de justicia, los mejores? ¿Cuál es la causa probable, de que nos lleven de un fiasco a otro, a otro y a otro? ¿Se trata de una conjura contra la sociedad? ¿Es simple y llanamente torpeza y corrupción?, porque una no va sin la otra, sólo los tontos se venden por tan poco, a menos de que la advertencia fuese diferente y violenta, muy violenta, porque involucra a las familias: ¿plata, o plomo?
El caso de Patricia Bugarín responde al segundo cuestionamiento: definitivamente no es la mejor, pues no supo o no quiso interpretar las señales, incluso las que advierten: a) El Ejecutivo estaba enterado; b) Existen videos de las cámaras de seguridad que muestran la flagrancia del hecho, pero del cometido por los militares; c) El agrupamiento especializado que participó en el operativo, fue trasladado del Distrito Federal a Tijuana el viernes 3 de junio, y c) Debió exigir ver los videos, o desistirse.
Pero como desea permanecer en el cargo, parece empeñada en enredarlo todo; por lo pronto, insiste en afirmar que el expediente puesto a disposición del Poder Judicial de la Federación es “jurídicamente sólido”. Acredita conductas “probablemente ilícitas”. ¿Y la flagrancia, no va más allá de lo probable, sino certificado por los presentes en el operativo? ¿Contó con testimonio de los militares participantes? ¿Pueden desmentir, la PGR y la SEDENA, la sospecha de que fue la autoridad la que sembró las armas?
Fue más allá doña Patricia Bugarín, quien con actitud políticamente incorrecta -en términos de soccer diríase fuera de lugar-, externó su preocupación porque (siempre según ella y la necesidad de conservar su chamba) la resolución, parcial y subjetiva, de la juez Blanca Evelia Parra Meza, que otorgó la liberación del presunto culpable y otros 10 coacusados, puede tener como consecuencia la valoración al alza de la impunidad de los delitos de acopio y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; además, criticó que el Consejo de la Judicatura Federal haya hecho públicos los argumentos de la juzgadora.
Es imposible que la subprocuradora desconozca que en un acuerdo interno del CJF, establecido bajo la presidencia de Mariano Azuela Güitrón, se determinó informar a la sociedad de las causas jurídicas y judiciales que valoraban los juzgadores para emitir resoluciones en casos relevantes y evitar, así, que la sociedad los acusara de vendidos. El mecanismo es simple, considerando que los mexicanos son menores de edad o puede malinterpretarse el lenguaje judicial, el juzgador hace un resumen que envía a la Dirección General de Comunicación Social del Consejo, cuyo titular todavía tiene que solicitar la autorización de cada uno de los siete consejeros. Nunca se difunde la resolución completa.
El Director General de Comunicación Social del Consejo, Carlos Avilés, omite la verdad, porque no es cierto que se proceda a la difusión de la nuez de la resolución por un acto de transparencia, sino que la decisión se tomó por necesidades de sobrevivencia de la mencionada dirección general, que no desempeña ninguna otra función.
En la nota redactada por la juez y difundida por Avilés, Blanca Meza dice haber otorgado la libertad, luego de estimar que la PGR no pudo probar el delito de acopio de armas, además de encontrar inconsistencias del Ejército en su versión sobre la detención, lo que de inmediato obliga a reflexionar en la actitud de la juzgadora, cuyo razonamiento judicial tropieza con el sentido común, pues 24 horas antes, como para lavar el rostro del Ejército, declaró legal la detención. Puede deducirse entonces, que le tiraron línea. Para la primera o la segunda de sus decisiones, pero le dijeron cómo hacerlo.
La señora abogada Bugarín sostiene que la juez concedió valor probatorio a los videos presentados por la defensa, argumentando que éstos no habían sido editados, sino segmentados para facilitar su conocimiento. “De esa manera dejó de observar el principio de colegiación en la prueba pericial, al impedir que los peritos (de la PGR) observaran y emitieran su dictamen”; ¿por qué no los solicitó para verlos? Será que no deseaba comprobar lo que ya sabía. Lo que venga después se irá como agua de borrajas.
Ese Demonio de Sócrates que no me suelta, me invita a un café, me pide que analicemos juntos la situación, porque como ocurre con las dictaduras, con los gobiernos de mano dura, pareciera que para el actual, el que hoy manda, “matar es una cuestión jurídica y moral, o una cuestión médica, un acto permitido o prohibido, un fenómeno limitado dentro de un sistema definido tanto desde un punto de vista jurídico como moral. Nosotros -se refiere al pretérito, cuando se decidió terminar con el caudillismo- también matamos, pero lo hicimos de una forma más complicada: lo hicimos según permite y prescribe la ley. Ahora matan en nombre de elevados ideales y en defensa de preciados bienes. Dicen matar narcos y delincuentes, aceptar daños colaterales o propiciarlos, desaparecer migrantes y tolerarlo, para salvaguardar el orden de la convivencia humana, porque, dicen ellos, no se puede matar de otra manera”.
En ello radica la delgada línea que del concepto de procuración de justicia pudieron hacerse Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, ante el que poseen y confunden Marisela Morales y Patricia Bugarín. Es cierto, México cambió, hoy vivimos bajo la impronta del PAN, bajo los auspicios de la transparencia, pero para infortunio de los mexicanos, nunca hubo tantos muertos, tanta opacidad, tanta mentira. Pero claro, es la alternancia, es el revés de una misma moneda, al que dejaron liso, sin identidad.
¿Se pueden cometer tantos errores en tan poco tiempo? ¿Están en los cargos de responsabilidad de procuración y administración de justicia, los mejores? ¿Cuál es la causa probable, de que nos lleven de un fiasco a otro, a otro y a otro? ¿Se trata de una conjura contra la sociedad? ¿Es simple y llanamente torpeza y corrupción?, porque una no va sin la otra, sólo los tontos se venden por tan poco, a menos de que la advertencia fuese diferente y violenta, muy violenta, porque involucra a las familias: ¿plata, o plomo?
El caso de Patricia Bugarín responde al segundo cuestionamiento: definitivamente no es la mejor, pues no supo o no quiso interpretar las señales, incluso las que advierten: a) El Ejecutivo estaba enterado; b) Existen videos de las cámaras de seguridad que muestran la flagrancia del hecho, pero del cometido por los militares; c) El agrupamiento especializado que participó en el operativo, fue trasladado del Distrito Federal a Tijuana el viernes 3 de junio, y c) Debió exigir ver los videos, o desistirse.
Pero como desea permanecer en el cargo, parece empeñada en enredarlo todo; por lo pronto, insiste en afirmar que el expediente puesto a disposición del Poder Judicial de la Federación es “jurídicamente sólido”. Acredita conductas “probablemente ilícitas”. ¿Y la flagrancia, no va más allá de lo probable, sino certificado por los presentes en el operativo? ¿Contó con testimonio de los militares participantes? ¿Pueden desmentir, la PGR y la SEDENA, la sospecha de que fue la autoridad la que sembró las armas?
Fue más allá doña Patricia Bugarín, quien con actitud políticamente incorrecta -en términos de soccer diríase fuera de lugar-, externó su preocupación porque (siempre según ella y la necesidad de conservar su chamba) la resolución, parcial y subjetiva, de la juez Blanca Evelia Parra Meza, que otorgó la liberación del presunto culpable y otros 10 coacusados, puede tener como consecuencia la valoración al alza de la impunidad de los delitos de acopio y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; además, criticó que el Consejo de la Judicatura Federal haya hecho públicos los argumentos de la juzgadora.
Es imposible que la subprocuradora desconozca que en un acuerdo interno del CJF, establecido bajo la presidencia de Mariano Azuela Güitrón, se determinó informar a la sociedad de las causas jurídicas y judiciales que valoraban los juzgadores para emitir resoluciones en casos relevantes y evitar, así, que la sociedad los acusara de vendidos. El mecanismo es simple, considerando que los mexicanos son menores de edad o puede malinterpretarse el lenguaje judicial, el juzgador hace un resumen que envía a la Dirección General de Comunicación Social del Consejo, cuyo titular todavía tiene que solicitar la autorización de cada uno de los siete consejeros. Nunca se difunde la resolución completa.
El Director General de Comunicación Social del Consejo, Carlos Avilés, omite la verdad, porque no es cierto que se proceda a la difusión de la nuez de la resolución por un acto de transparencia, sino que la decisión se tomó por necesidades de sobrevivencia de la mencionada dirección general, que no desempeña ninguna otra función.
En la nota redactada por la juez y difundida por Avilés, Blanca Meza dice haber otorgado la libertad, luego de estimar que la PGR no pudo probar el delito de acopio de armas, además de encontrar inconsistencias del Ejército en su versión sobre la detención, lo que de inmediato obliga a reflexionar en la actitud de la juzgadora, cuyo razonamiento judicial tropieza con el sentido común, pues 24 horas antes, como para lavar el rostro del Ejército, declaró legal la detención. Puede deducirse entonces, que le tiraron línea. Para la primera o la segunda de sus decisiones, pero le dijeron cómo hacerlo.
La señora abogada Bugarín sostiene que la juez concedió valor probatorio a los videos presentados por la defensa, argumentando que éstos no habían sido editados, sino segmentados para facilitar su conocimiento. “De esa manera dejó de observar el principio de colegiación en la prueba pericial, al impedir que los peritos (de la PGR) observaran y emitieran su dictamen”; ¿por qué no los solicitó para verlos? Será que no deseaba comprobar lo que ya sabía. Lo que venga después se irá como agua de borrajas.
Ese Demonio de Sócrates que no me suelta, me invita a un café, me pide que analicemos juntos la situación, porque como ocurre con las dictaduras, con los gobiernos de mano dura, pareciera que para el actual, el que hoy manda, “matar es una cuestión jurídica y moral, o una cuestión médica, un acto permitido o prohibido, un fenómeno limitado dentro de un sistema definido tanto desde un punto de vista jurídico como moral. Nosotros -se refiere al pretérito, cuando se decidió terminar con el caudillismo- también matamos, pero lo hicimos de una forma más complicada: lo hicimos según permite y prescribe la ley. Ahora matan en nombre de elevados ideales y en defensa de preciados bienes. Dicen matar narcos y delincuentes, aceptar daños colaterales o propiciarlos, desaparecer migrantes y tolerarlo, para salvaguardar el orden de la convivencia humana, porque, dicen ellos, no se puede matar de otra manera”.
En ello radica la delgada línea que del concepto de procuración de justicia pudieron hacerse Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, ante el que poseen y confunden Marisela Morales y Patricia Bugarín. Es cierto, México cambió, hoy vivimos bajo la impronta del PAN, bajo los auspicios de la transparencia, pero para infortunio de los mexicanos, nunca hubo tantos muertos, tanta opacidad, tanta mentira. Pero claro, es la alternancia, es el revés de una misma moneda, al que dejaron liso, sin identidad.
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