jueves, junio 02, 2011

Peligra capacitación para elecciones del 2012 en Querétaro: IFE

Norma Saldaña / El Economista

Debido a la violencia que se registra en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán, el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene encendidas “señales amarillas” dado que se corre el riesgo de no poder capacitar a los funcionarios electorales que participarían en las elecciones del 2012, reconoció el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita.

Luego de inaugurar en Querétaro el Encuentro Nacional para la Organización de Elecciones Concurrentes, aceptó que el IFE, los institutos electorales y las autoridades encargadas de la seguridad en esas entidades deberán dar certeza tanto a los ciudadanos como a los funcionarios para acudir a unas elecciones tranquilas.

“En este momento, lo que tenemos son señales amarillas, es decir, que en esas zonas tenemos que hacer un esfuerzo mayor para realizar la capacitación de los funcionarios electorales”, dijo a los medios.

Los capacitadores electorales, añadió, tienen instrucciones para no entrar a las zonas donde perciban que su seguridad está en riesgo y, a diferencia de años anteriores, en vez de ir una sola persona, van en parejas formadas por un hombre y una mujer.

Sin embargo, confió en que en el 2012 se podrán instalar todas las casillas aún en los estados mencionados pues es un ejercicio que ya se realizó en el 2009.

Procedencia ilícita

En el discurso inaugural del evento, el titular del IFE reconoció la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita y la violencia pudieran empañar las campañas electorales. Por ello, pidió a los institutos electorales de 22 entidades reunidos en el Encuentro que pongan atención en la fiscalización de los recursos que utilizarán los partidos.

“La efectividad de las elecciones del próximo año está asociada al ojo crítico de las autoridades electorales para vigilar que el dinero ilícito no corrompa las campañas electorales”, aseveró.

Valdés Zurita dijo que es responsabilidad de los partidos políticos garantizar que sus candidatos no estén vinculados con el crimen organizado.

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