Miguel Ángel Granados Chapa
La Comisión Permanente del Congreso no convocó al periodo de sesiones extraordinarias demandado por el Presidente Calderón la semana pasada. La pretensión del Ejecutivo era incumplible, salvo que hubiera pactado su realización con el PRI. Ya el miércoles anterior, cuando la Permanente no calificó la solicitud presidencial de urgente y obvia resolución para votarla ese mismo día, se esbozó una respuesta negativa. La oposición entera dio entonces una respuesta afirmativa, pero no dijo cuándo podrían realizarse las sesiones requeridas por Calderón.
Al remitirlo a comisiones, la Permanente hizo de dicho periodo algo impracticable. Aun si se hubiera convocado ayer, sin que estén listos los dictámenes relativos a los más importantes asuntos planteados por el Ejecutivo, la fecha de reuniones de las Cámaras habría tenido que situarse no para la semana próxima, antes de las elecciones locales en Coahuila, Hidalgo, México y Nayarit. El fragor de las campañas en los próximos días haría imposible una reunión legislativa de cualquier tipo. Y no se diga en los días de veda, los que corren del jueves 30 de junio a la jornada electoral: Todo debate que se entablara entonces estaría infectado por la propaganda que ya no se puede realizar en cada una de esas entidades.
En esas condiciones puede darse por muerta, al menos en lo inmediato, la reforma política aprobada en el Senado y que la Cámara ya no alcanzó a discutir y menos a aprobar, salvo el improbable caso de que una cámara dominada por el peñismo se allanara acríticamente a la otra, controlada por el beltronismo. Al comenzar julio se inicia el periodo de veda para cualquier reforma legislativa en materia electoral que se pretenda esté en vigor con miras a la elección federal del año próximo. Las candidaturas independientes, por poner el ejemplo que más de bulto importa al sector participante de la sociedad, no serán posibles el año próximo.
La negativa del PRI a aceptar el pedido del Presidente fue ya explícita. La emitió primero Francisco Rojas, líder de los diputados, y la refrendó en la víspera de la sesión de la Permanente el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones. Es una de las raras ocasiones en que coinciden. Precisamente una de las varias causas por las que el periodo ordinario concluido en abril tuvo un final anticlimático, es el desacuerdo persistente entre ambos coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI. Los disensos entre ambos generan conductas que parecen propias de fracciones opuestas. Por ejemplo, el proyecto de reforma hacendaria, concebido e impulsado por Beltrones, naufragó rumbo a san Lázaro, donde los diputados priístas le hicieron el feo. En sentido contrario, el Senado envió el proyecto, ya incorporado a una minuta, sobre la reforma política, en la víspera de la clausura del periodo de sesiones ordinarias. Con ello se buscó que posiciones de Peña Nieto como la contrarreforma demandada por el gobernador mexiquense para sobreponer la gobernabilidad de la Cámara de diputados a la pluralidad de la representación no pudieran ser incorporadas al texto discutido en el Senado.
La reforma laboral, que importa al Gobierno tanto como al PRI en san Lázaro, al grado de que ya había un acuerdo para aprobarla de prisa en abril, tampoco será posible antes de septiembre, y ya se verá si muda esa condición en el penúltimo periodo de sesiones de la actual legislatura. La comisión dictaminadora que se apresuraba a emitir su dictamen se vio súbitamente frenada por diversos factores. Por lo tanto, cesó sus trabajos y los condicionó a una consulta que ampliara los horizontes de la nueva ley laboral. Hasta se fijó fecha entonces, mediados de mayo. Pero el término se agotó y ahora la propia comisión ha citado a sus miembros para la primera semana de agosto. Si emitiera una semana después su dictamen, sería oneroso, innecesario y aun ridículo citar a sesiones extraordinarias en la segunda quincena del último mes del receso, cuando esté en puerta el periodo ordinario.
No habrá, pues, periodo que interrumpa el descanso de los legisladores. Y que no lo haya no será responsabilidad exclusiva de los miembros del Congreso. Calderón fue instado a dar una seña de que su prisa por reformar leyes y aun la constitución se extiende a todo el proceso legislativo, cuya fase última le concierne. El diputado Sebastián Lerdo de Tejada le pidió publicar 25 decretos sobre reformas ya cursadas por el poder legislativo que el Presidente mantiene sobre su escritorio o guardadas en un cajón. El Ejecutivo no acusó recibo de esa solicitud y por lo tanto no procesó la aparición en el Diario Oficial de ninguno de esos decretos, y menos propició una edición especial en que diera salida a todos de una sola vez.
De esa manera se comprobó que Calderón no buscaba un periodo extraordinario, solicitado en un momento político poco pertinente y sobre materias inabordables con prisa, sino la negativa del Congreso. Con ello el Presidente podría ostentarse ante la opinión pública como el poder dispuesto a las reformas que choca contra el legislativo que rehúsa acompañarlo en ese empeño. Generar esa imagen de víctima de la negligencia legislativa fue rentable para Vicente Fox, no obstante que se documentó en su momento la sostenida colaboración que sus opositores le brindaron en las cámaras. Algo semejante espera Calderón, que de ese modo ocultaría sus propias abulias y escondería en qué medida sus notorias intemperancias dificultan los acuerdos que llevarían a reformas.
La Comisión Permanente del Congreso no convocó al periodo de sesiones extraordinarias demandado por el Presidente Calderón la semana pasada. La pretensión del Ejecutivo era incumplible, salvo que hubiera pactado su realización con el PRI. Ya el miércoles anterior, cuando la Permanente no calificó la solicitud presidencial de urgente y obvia resolución para votarla ese mismo día, se esbozó una respuesta negativa. La oposición entera dio entonces una respuesta afirmativa, pero no dijo cuándo podrían realizarse las sesiones requeridas por Calderón.
Al remitirlo a comisiones, la Permanente hizo de dicho periodo algo impracticable. Aun si se hubiera convocado ayer, sin que estén listos los dictámenes relativos a los más importantes asuntos planteados por el Ejecutivo, la fecha de reuniones de las Cámaras habría tenido que situarse no para la semana próxima, antes de las elecciones locales en Coahuila, Hidalgo, México y Nayarit. El fragor de las campañas en los próximos días haría imposible una reunión legislativa de cualquier tipo. Y no se diga en los días de veda, los que corren del jueves 30 de junio a la jornada electoral: Todo debate que se entablara entonces estaría infectado por la propaganda que ya no se puede realizar en cada una de esas entidades.
En esas condiciones puede darse por muerta, al menos en lo inmediato, la reforma política aprobada en el Senado y que la Cámara ya no alcanzó a discutir y menos a aprobar, salvo el improbable caso de que una cámara dominada por el peñismo se allanara acríticamente a la otra, controlada por el beltronismo. Al comenzar julio se inicia el periodo de veda para cualquier reforma legislativa en materia electoral que se pretenda esté en vigor con miras a la elección federal del año próximo. Las candidaturas independientes, por poner el ejemplo que más de bulto importa al sector participante de la sociedad, no serán posibles el año próximo.
La negativa del PRI a aceptar el pedido del Presidente fue ya explícita. La emitió primero Francisco Rojas, líder de los diputados, y la refrendó en la víspera de la sesión de la Permanente el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones. Es una de las raras ocasiones en que coinciden. Precisamente una de las varias causas por las que el periodo ordinario concluido en abril tuvo un final anticlimático, es el desacuerdo persistente entre ambos coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI. Los disensos entre ambos generan conductas que parecen propias de fracciones opuestas. Por ejemplo, el proyecto de reforma hacendaria, concebido e impulsado por Beltrones, naufragó rumbo a san Lázaro, donde los diputados priístas le hicieron el feo. En sentido contrario, el Senado envió el proyecto, ya incorporado a una minuta, sobre la reforma política, en la víspera de la clausura del periodo de sesiones ordinarias. Con ello se buscó que posiciones de Peña Nieto como la contrarreforma demandada por el gobernador mexiquense para sobreponer la gobernabilidad de la Cámara de diputados a la pluralidad de la representación no pudieran ser incorporadas al texto discutido en el Senado.
La reforma laboral, que importa al Gobierno tanto como al PRI en san Lázaro, al grado de que ya había un acuerdo para aprobarla de prisa en abril, tampoco será posible antes de septiembre, y ya se verá si muda esa condición en el penúltimo periodo de sesiones de la actual legislatura. La comisión dictaminadora que se apresuraba a emitir su dictamen se vio súbitamente frenada por diversos factores. Por lo tanto, cesó sus trabajos y los condicionó a una consulta que ampliara los horizontes de la nueva ley laboral. Hasta se fijó fecha entonces, mediados de mayo. Pero el término se agotó y ahora la propia comisión ha citado a sus miembros para la primera semana de agosto. Si emitiera una semana después su dictamen, sería oneroso, innecesario y aun ridículo citar a sesiones extraordinarias en la segunda quincena del último mes del receso, cuando esté en puerta el periodo ordinario.
No habrá, pues, periodo que interrumpa el descanso de los legisladores. Y que no lo haya no será responsabilidad exclusiva de los miembros del Congreso. Calderón fue instado a dar una seña de que su prisa por reformar leyes y aun la constitución se extiende a todo el proceso legislativo, cuya fase última le concierne. El diputado Sebastián Lerdo de Tejada le pidió publicar 25 decretos sobre reformas ya cursadas por el poder legislativo que el Presidente mantiene sobre su escritorio o guardadas en un cajón. El Ejecutivo no acusó recibo de esa solicitud y por lo tanto no procesó la aparición en el Diario Oficial de ninguno de esos decretos, y menos propició una edición especial en que diera salida a todos de una sola vez.
De esa manera se comprobó que Calderón no buscaba un periodo extraordinario, solicitado en un momento político poco pertinente y sobre materias inabordables con prisa, sino la negativa del Congreso. Con ello el Presidente podría ostentarse ante la opinión pública como el poder dispuesto a las reformas que choca contra el legislativo que rehúsa acompañarlo en ese empeño. Generar esa imagen de víctima de la negligencia legislativa fue rentable para Vicente Fox, no obstante que se documentó en su momento la sostenida colaboración que sus opositores le brindaron en las cámaras. Algo semejante espera Calderón, que de ese modo ocultaría sus propias abulias y escondería en qué medida sus notorias intemperancias dificultan los acuerdos que llevarían a reformas.
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