Ezequiel Flores Contreras
La cruenta disputa entre bandas del crimen organizado en Guerrero dejó un saldo de 195 ejecuciones durante mayo, que lo convierten en el mes más violento en lo que va de 2011.
Con los 195 ejecutados durante mayo pasado, suman 780 homicidios violentos vinculados al narcotráfico en los primeros cinco meses de este año.
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), sobre "las muertes violentas vinculadas al crimen organizado durante el periodo enero-mayo de 2011", en enero se registraron 135 homicidios; en febrero, 130; en marzo, 160; en abril, 160, y en mayo, el número de ejecuciones se incrementó a 195.
La cifra total de ejecuciones ligadas a la delincuencia organizada en los primeros cinco meses de este año, representa un promedio de 5.2 asesinatos diarios y un aumento de 30.7% en lo que va de 2011 con relación al mismo periodo del año pasado, sin considerar los crímenes considerados del fuero común, según refiere un reporte oficial al que Apro tuvo acceso.
Tan sólo en los dos meses que lleva la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero --marcada por la violencia extrema y los señalamientos de nepotismo--, se han registrado 355 ejecuciones atribuidas a la disputa de plazas entre bandas de narcotraficantes.
Esta confrontación que ha dejado una estela de muerte, se enfoca en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente y Centro, donde remanentes de los cárteles de los Beltrán Leyva y Edgar Valdez Villarreal, La Barbie --luego de su división y debacle--, pelean la hegemonía frente al grupo de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, quienes por medio del grupo delictivo La Familia, intentan apoderarse de las principales zonas de siembra, trasiego y comercio de drogas de la entidad, de acuerdo con los reportes oficiales.
Mientras la violencia y la impunidad carcomen el tejido social, las autoridades estatales reflejan una ausencia de criterio y de política común para revertir los efectos de la narcoviolencia.
Mientras el gobernador Ángel Aguirre públicamente ha pedido a los narcotraficantes que cesen sus acciones porque afectan el turismo y la inversión; el secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, Ramón Almonte Borja, se ha manifestado a favor de que los ciudadanos porten armas para enfrentar a la delincuencia, bajo el argumento de que "los buenos son más que los malos".
En esa misma descoordinación, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, criticó las declaraciones del titular de la SSP; afirmó que esa no es la postura del gobierno estatal, porque sería como "apagar un incendio echándole gasolina”.
Ayer, el procurador de Justicia, Alberto López Rosas, declaró que están importando "recetas" de Colombia, a través del gobierno federal, para combatir el crimen organizado, con la adopción de medidas como "la extinción de dominio".
Mientras los funcionarios estatales se enfocan en hacer declaraciones y contradecirse entre ellos, las balaceras y ejecuciones continúan al alza, así como la ola de secuestros, robo de autos y extorsiones que han sumido a la sociedad guerrerense en un ambiente asfixiante.
La cruenta disputa entre bandas del crimen organizado en Guerrero dejó un saldo de 195 ejecuciones durante mayo, que lo convierten en el mes más violento en lo que va de 2011.
Con los 195 ejecutados durante mayo pasado, suman 780 homicidios violentos vinculados al narcotráfico en los primeros cinco meses de este año.
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), sobre "las muertes violentas vinculadas al crimen organizado durante el periodo enero-mayo de 2011", en enero se registraron 135 homicidios; en febrero, 130; en marzo, 160; en abril, 160, y en mayo, el número de ejecuciones se incrementó a 195.
La cifra total de ejecuciones ligadas a la delincuencia organizada en los primeros cinco meses de este año, representa un promedio de 5.2 asesinatos diarios y un aumento de 30.7% en lo que va de 2011 con relación al mismo periodo del año pasado, sin considerar los crímenes considerados del fuero común, según refiere un reporte oficial al que Apro tuvo acceso.
Tan sólo en los dos meses que lleva la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero --marcada por la violencia extrema y los señalamientos de nepotismo--, se han registrado 355 ejecuciones atribuidas a la disputa de plazas entre bandas de narcotraficantes.
Esta confrontación que ha dejado una estela de muerte, se enfoca en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente y Centro, donde remanentes de los cárteles de los Beltrán Leyva y Edgar Valdez Villarreal, La Barbie --luego de su división y debacle--, pelean la hegemonía frente al grupo de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, quienes por medio del grupo delictivo La Familia, intentan apoderarse de las principales zonas de siembra, trasiego y comercio de drogas de la entidad, de acuerdo con los reportes oficiales.
Mientras la violencia y la impunidad carcomen el tejido social, las autoridades estatales reflejan una ausencia de criterio y de política común para revertir los efectos de la narcoviolencia.
Mientras el gobernador Ángel Aguirre públicamente ha pedido a los narcotraficantes que cesen sus acciones porque afectan el turismo y la inversión; el secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, Ramón Almonte Borja, se ha manifestado a favor de que los ciudadanos porten armas para enfrentar a la delincuencia, bajo el argumento de que "los buenos son más que los malos".
En esa misma descoordinación, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, criticó las declaraciones del titular de la SSP; afirmó que esa no es la postura del gobierno estatal, porque sería como "apagar un incendio echándole gasolina”.
Ayer, el procurador de Justicia, Alberto López Rosas, declaró que están importando "recetas" de Colombia, a través del gobierno federal, para combatir el crimen organizado, con la adopción de medidas como "la extinción de dominio".
Mientras los funcionarios estatales se enfocan en hacer declaraciones y contradecirse entre ellos, las balaceras y ejecuciones continúan al alza, así como la ola de secuestros, robo de autos y extorsiones que han sumido a la sociedad guerrerense en un ambiente asfixiante.
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