Jorge Alejandro Medellín
1.- El caso de la detención oficiosa y política de Jorge Hank Rhon amenaza con destapar, en mal momento para Felipe Calderón, los lados más oscuros de la manipulación que el Poder Ejecutivo ha ejercido durante décadas sobre las fuerzas armadas.
2.- Además, el burdo operativo para sacar de circulación al empresario y para golpear la imagen y las encuestas que siguen inflando el posicionamiento priista en el Estado de México (ligado íntimamente al clan de los Hank), ha terminado por revertirse y darle oxígeno al partido tricolor, aunque sea momentáneamente.
3.- Al final, como se había anticipado, la Juez Novena de Distrito en materia Penal en Tijuana, Baja California, Evelia Parra Meza (con cuarenta años de experiencia profesional), terminó desechando todas y cada una de las pruebas del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
4.- Lo grave es que el material presentado por la SIEDO que se basó siempre en las evidencias, indicios y pruebas de la comisión varios delitos “en flagrancia”, aportadas por el Ejército Mexicano antes, durante y después del cateo.
Fue precisamente el cúmulo de elementos entregados por los militares el que le dio la libertad a Jorge Hank Rhon en el primer proceso (acopio de armas) federal. Lo entregado era insuficiente, inverosímil y, en una palabra, “inconsistente” para la juzgadora.
5.- La decisión no deja de ser inquietante, porque siempre se habló de la ilegalidad del operativo por haber derivado en un cateo para el que nunca hubo orden judicial.
La Sedena y la PGR defendieron en todo momento el operativo a partir de la premisa de la flagrancia en que los militares supuestamente sorprendieron a dos de los empleados de seguridad de Hank Rhon.
Esto es lo inexplicable, ya que la misma juez le dio entrada a pliego de consignación de la SIEDO que encabeza Patricia Bugarín, admitiendo la existencia y la legalidad de la flagrancia para justificar la incursión militar en la casa de Jorge Hank.
Sin embargo, al revisar las pruebas y reconstruir los hechos, la misma jueza terminó por descalificar todas las versiones de la Sedena, basada en los videos seleccionados y entregados por la defensa de empresario y en los que aprecia que los señalamientos del Ejercito sobre la presencia de gente con armas largas ubicada en las inmediaciones de la zona residencial de Agua Caliente eran falsas o por lo menos no correspondían con lo que aparecía en las imágenes.
Entonces, ¿por qué se aceptó la consignación del expediente si de raíz este no tenía sustento, ya que no hubo flagrancia y no se acreditó la portación y posesión de armas de fuego?
6.- De hecho, este es el primero punto que la Subprocuradora Bugarín mencionó en la lectura del comunicado que hizo la tarde del miércoles (sin admitir preguntas) para intentar rebatir el fallo del Juzgado Noveno de Tijuana.
7.- Aún más; la Subprocuradora calificó de incongruente a la jueza, la tachó de ser parcial en la revisión de las pruebas y de negarle a la PGR la posibilidad de que sus peritos pudieran analizar el material y determinar si los videos estaban alterados o no.
Bugarín fue más allá y advirtió que la acción de la juzgadora terminaba por abrirle espacios a la impunidad en el combate a la delincuencia.
8.- Así, el atropellado operativo ordenado por Calderón, secundado por el alto mando militar y arropado por la procuradora Marisela Morales, ha derivado en una abierta confrontación que tiene como protagonistas al Ejército Mexicano (por encabezar una acción ilegal que aportó datos endebles y contradictorios), a la PGR (en donde la procuradora y su subprocuradora suman un segundo traspiés, con el michoacanazo como antecedente inmediato), a la Juez Novena de Distrito y al Consejo de la Judicatura Federal (colocados en un fuego cruzado que exhibe la descoordinación en el combate a la delincuencia, la confrontación ante hechos violatorios de la ley y basados en actos supralegales y las severas deficiencias del aparato judicial con el que se pretende combatir al crimen organizado), así como al Presidente de la República, orquestador y responsable de todo este enredo preelectoral.
9.- Hank Rhon también libró, en un solo día, la acción de la justicia estatal en su contra en el proceso por la presunta utilización de dos armas de fuego con las que se cometieron sendos asesinatos.
La insuficiencia de pruebas o la negativa de la jueza para llevar adelante un proceso por consigna, acabaron por dejar al empresario en libertad ante el ridículo, la confrontación y la manipulación militar para cimentar un caso delicado.
A todo esto, la Sedena insiste ante legisladores federales en que le se otorguen facultades de policía investigadora para así atacar con mayor contundencia a los cárteles de la droga.
Sus cartas de presentación no ayudan a ayudarla.
CENTINELA.- Dentro de los foros para analizar la propuesta de esta legislación el gobierno federal canceló de última hora la asistencia de tres generales con cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional: Ezequiel Hernández, subjefe de doctrina militar; Guillermo Almazán, jefe de la sección 5 (Planes estratégicos) y Jaime Juárez, jefe de asesores del Estado Mayor de Defensa, participación que era muy interesante para conocer la opinión de los militares en torno a la actividad de los elementos castrenses en labores de seguridad pública.
La administración federal determinó únicamente la participación del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández Aceves.
1.- El caso de la detención oficiosa y política de Jorge Hank Rhon amenaza con destapar, en mal momento para Felipe Calderón, los lados más oscuros de la manipulación que el Poder Ejecutivo ha ejercido durante décadas sobre las fuerzas armadas.
2.- Además, el burdo operativo para sacar de circulación al empresario y para golpear la imagen y las encuestas que siguen inflando el posicionamiento priista en el Estado de México (ligado íntimamente al clan de los Hank), ha terminado por revertirse y darle oxígeno al partido tricolor, aunque sea momentáneamente.
3.- Al final, como se había anticipado, la Juez Novena de Distrito en materia Penal en Tijuana, Baja California, Evelia Parra Meza (con cuarenta años de experiencia profesional), terminó desechando todas y cada una de las pruebas del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
4.- Lo grave es que el material presentado por la SIEDO que se basó siempre en las evidencias, indicios y pruebas de la comisión varios delitos “en flagrancia”, aportadas por el Ejército Mexicano antes, durante y después del cateo.
Fue precisamente el cúmulo de elementos entregados por los militares el que le dio la libertad a Jorge Hank Rhon en el primer proceso (acopio de armas) federal. Lo entregado era insuficiente, inverosímil y, en una palabra, “inconsistente” para la juzgadora.
5.- La decisión no deja de ser inquietante, porque siempre se habló de la ilegalidad del operativo por haber derivado en un cateo para el que nunca hubo orden judicial.
La Sedena y la PGR defendieron en todo momento el operativo a partir de la premisa de la flagrancia en que los militares supuestamente sorprendieron a dos de los empleados de seguridad de Hank Rhon.
Esto es lo inexplicable, ya que la misma juez le dio entrada a pliego de consignación de la SIEDO que encabeza Patricia Bugarín, admitiendo la existencia y la legalidad de la flagrancia para justificar la incursión militar en la casa de Jorge Hank.
Sin embargo, al revisar las pruebas y reconstruir los hechos, la misma jueza terminó por descalificar todas las versiones de la Sedena, basada en los videos seleccionados y entregados por la defensa de empresario y en los que aprecia que los señalamientos del Ejercito sobre la presencia de gente con armas largas ubicada en las inmediaciones de la zona residencial de Agua Caliente eran falsas o por lo menos no correspondían con lo que aparecía en las imágenes.
Entonces, ¿por qué se aceptó la consignación del expediente si de raíz este no tenía sustento, ya que no hubo flagrancia y no se acreditó la portación y posesión de armas de fuego?
6.- De hecho, este es el primero punto que la Subprocuradora Bugarín mencionó en la lectura del comunicado que hizo la tarde del miércoles (sin admitir preguntas) para intentar rebatir el fallo del Juzgado Noveno de Tijuana.
7.- Aún más; la Subprocuradora calificó de incongruente a la jueza, la tachó de ser parcial en la revisión de las pruebas y de negarle a la PGR la posibilidad de que sus peritos pudieran analizar el material y determinar si los videos estaban alterados o no.
Bugarín fue más allá y advirtió que la acción de la juzgadora terminaba por abrirle espacios a la impunidad en el combate a la delincuencia.
8.- Así, el atropellado operativo ordenado por Calderón, secundado por el alto mando militar y arropado por la procuradora Marisela Morales, ha derivado en una abierta confrontación que tiene como protagonistas al Ejército Mexicano (por encabezar una acción ilegal que aportó datos endebles y contradictorios), a la PGR (en donde la procuradora y su subprocuradora suman un segundo traspiés, con el michoacanazo como antecedente inmediato), a la Juez Novena de Distrito y al Consejo de la Judicatura Federal (colocados en un fuego cruzado que exhibe la descoordinación en el combate a la delincuencia, la confrontación ante hechos violatorios de la ley y basados en actos supralegales y las severas deficiencias del aparato judicial con el que se pretende combatir al crimen organizado), así como al Presidente de la República, orquestador y responsable de todo este enredo preelectoral.
9.- Hank Rhon también libró, en un solo día, la acción de la justicia estatal en su contra en el proceso por la presunta utilización de dos armas de fuego con las que se cometieron sendos asesinatos.
La insuficiencia de pruebas o la negativa de la jueza para llevar adelante un proceso por consigna, acabaron por dejar al empresario en libertad ante el ridículo, la confrontación y la manipulación militar para cimentar un caso delicado.
A todo esto, la Sedena insiste ante legisladores federales en que le se otorguen facultades de policía investigadora para así atacar con mayor contundencia a los cárteles de la droga.
Sus cartas de presentación no ayudan a ayudarla.
CENTINELA.- Dentro de los foros para analizar la propuesta de esta legislación el gobierno federal canceló de última hora la asistencia de tres generales con cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional: Ezequiel Hernández, subjefe de doctrina militar; Guillermo Almazán, jefe de la sección 5 (Planes estratégicos) y Jaime Juárez, jefe de asesores del Estado Mayor de Defensa, participación que era muy interesante para conocer la opinión de los militares en torno a la actividad de los elementos castrenses en labores de seguridad pública.
La administración federal determinó únicamente la participación del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández Aceves.
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