Miguel Ángel Granados Chapa
Si el comunicado sabatino de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de la captura de Jorge Hank Rhon y diez personas señaladas por posesión de armas describe los hechos como fueron, a esta hora o dentro de poco el empresario de juegos de azar debe estar libre. La versión de la autoridad castrense no resiste el menor análisis como veremos enseguida, aunque sea difícil penetrar en la sintaxis del comunicado emitido en Lomas de Sotelo.
Afirma la Sedena que “los hechos ocurrieron en atención a una denuncia ciudadana, la cual hacía referencia sobre la presencia (sic) de tres personas armadas a inmediaciones del hotel Palacio de dicha plaza, mismos (sic) que al ser aprehendidos por el personal militar señalaron que en un domicilio de la colonia hipódromo ocultaban armamento”.
Ya en muchos casos anteriores autoridades militares han pretendido basar su actuación en una “denuncia ciudadana” o llamado anónimo. Sería ingenuo pensar que, como los bomberos ante una petición de auxilio, un comando militar salga sin más a averiguar de qué se trata. Lo dijeron cuando en marzo del año pasado militares participaron en un lance en que murieron dos estudiantes posgraduados del Tecnológico de Monterrey. Si la tropa en verdad partiera de su cuartel apenas se le insinúa ni siquiera la comisión de un delito, sino sólo una presencia, el procedimiento se convertiría en una trampa de aplicación frecuente, a fin de causar bajas en el Ejército. De modo que es lógico desechar que el origen del episodio en Tijuana haya sido una denuncia ciudadana.
Como quiera que sea he allí a soldados y oficiales apersonados “a inmediaciones”, no en las inmediaciones, sino en las mediaciones del hotel Palacio. El personal militar encaró a los individuos armados y los aprehendió ¿con qué base procedió de ese modo la tropa? ¿carecían de los permisos de posesión y de portación respectivos? Una vez aprehendidos, ¿de qué medios se valieron los captores para hacerlos confesar de inmediato que “en un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento?”. Hacia allá se dirigieron los militares (“el personal castrense se desplazó a la citada colonia”, dice el comunicado), donde se localizó “el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio”. Con sólo moverse, con sólo entrar a la casa, esas personas armadas habrían cometido un delito, pues agrega la Sedena, “ante la flagrancia de este ilícito se les persiguió al interior del mismo” (¿el interior del ilícito?), “donde se aseguró a ocho personas más”, todas las cuales fueron detenidas, puestas a disposición del Ministerio Público federal y trasladadas a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO). Si, como digo, el escueto y sin embargo atropellado relato militar resume la evidencia que condujo a la defensa de Jorge Hank, a la SIEDO no le quedará más remedio que dejarlo en libertad y, en rigor, solicitar a otras áreas de la PGR que investigue la comisión de delitos por el personal castrense, que irrumpió en la madrugada, como si se tratara de un asalto delincuencial, sin orden de cateo ni de aprehensión, pretextando una flagrancia de quién sabe qué delito en que incurrió quién sabe qué persona.
Es tan burdo el procedimiento para apresar a Hank, que sus defectos parecen deliberados, como para permitir al dueño de casinos y otros lugares de apuestas librar esta peripecia sin dificultad, generada quizá únicamente para mostrar las posibilidades del uso político de la Procuraduría General de la República cuya titular, Marisela Morales, tiene ya experiencia en ese campo. Un mal comienzo del debido proceso al que cualquiera persona tiene derecho, afecta el conjunto de las acciones ministeriales y judiciales al punto de que puede dar cauce a la libertad del inculpado.
El principal detenido niega ser poseedor del vasto arsenal que fue hallado en su casa. Según su testimonio y el de su esposa, ambos sacados de la cama en la mitad de la noche. Salvo que se hubiera incluido en el Código Penal Federal el delito de dormir, no parece que el hijo del profesor Carlos Hank González hubiera sido detenido al incurrir en una conducta penalmente reprochable. Alega el afectado que le fueron sembradas las armas (40 largas y 49 cortas, así como más de 9 mil cartuchos útiles y 70 cargadores), es decir que llegaron a su domicilio llevadas por sus captores. Hank no las vio porque lo mantuvieron de cara a la pared, pero escuchó ruidos metálicos que habrían sido originados por la puesta en escena del armamento. Por lo pronto la PGR no pudo acreditar ante un juez la responsabilidad de Hank en el delito que le imputa, al concluir ayer en la madrugada el plazo constitucional y solicitó que se extienda hasta mañana miércoles temprano.
Si no se trata de una tentativa de inmiscuir a un Jorge Hank que en este caso fuera inocente, se producirá la paradoja de que se le detenga por un delito que no cometió y no por las varias conductas rayanas en la delincuencia o francamente ilegales, respecto de las cuales no se ha descubierto la evidencia que permita someterlo a proceso.
Su más reciente aparición ante la opinión pública ocurrió con motivo del ascenso de su nuevo negocio, el equipo de futbol de los Xoloitzcuintles. Aunque formalmente lo maneja su hijo Jorge Alberto Hank Insunza, es claro que el club está incurso en una falta de ética prevista en las reglas de la FIFA. Pero eso es lo de menos en la biografía del menor de los Hank Rhon.
Si el comunicado sabatino de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de la captura de Jorge Hank Rhon y diez personas señaladas por posesión de armas describe los hechos como fueron, a esta hora o dentro de poco el empresario de juegos de azar debe estar libre. La versión de la autoridad castrense no resiste el menor análisis como veremos enseguida, aunque sea difícil penetrar en la sintaxis del comunicado emitido en Lomas de Sotelo.
Afirma la Sedena que “los hechos ocurrieron en atención a una denuncia ciudadana, la cual hacía referencia sobre la presencia (sic) de tres personas armadas a inmediaciones del hotel Palacio de dicha plaza, mismos (sic) que al ser aprehendidos por el personal militar señalaron que en un domicilio de la colonia hipódromo ocultaban armamento”.
Ya en muchos casos anteriores autoridades militares han pretendido basar su actuación en una “denuncia ciudadana” o llamado anónimo. Sería ingenuo pensar que, como los bomberos ante una petición de auxilio, un comando militar salga sin más a averiguar de qué se trata. Lo dijeron cuando en marzo del año pasado militares participaron en un lance en que murieron dos estudiantes posgraduados del Tecnológico de Monterrey. Si la tropa en verdad partiera de su cuartel apenas se le insinúa ni siquiera la comisión de un delito, sino sólo una presencia, el procedimiento se convertiría en una trampa de aplicación frecuente, a fin de causar bajas en el Ejército. De modo que es lógico desechar que el origen del episodio en Tijuana haya sido una denuncia ciudadana.
Como quiera que sea he allí a soldados y oficiales apersonados “a inmediaciones”, no en las inmediaciones, sino en las mediaciones del hotel Palacio. El personal militar encaró a los individuos armados y los aprehendió ¿con qué base procedió de ese modo la tropa? ¿carecían de los permisos de posesión y de portación respectivos? Una vez aprehendidos, ¿de qué medios se valieron los captores para hacerlos confesar de inmediato que “en un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento?”. Hacia allá se dirigieron los militares (“el personal castrense se desplazó a la citada colonia”, dice el comunicado), donde se localizó “el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio”. Con sólo moverse, con sólo entrar a la casa, esas personas armadas habrían cometido un delito, pues agrega la Sedena, “ante la flagrancia de este ilícito se les persiguió al interior del mismo” (¿el interior del ilícito?), “donde se aseguró a ocho personas más”, todas las cuales fueron detenidas, puestas a disposición del Ministerio Público federal y trasladadas a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO). Si, como digo, el escueto y sin embargo atropellado relato militar resume la evidencia que condujo a la defensa de Jorge Hank, a la SIEDO no le quedará más remedio que dejarlo en libertad y, en rigor, solicitar a otras áreas de la PGR que investigue la comisión de delitos por el personal castrense, que irrumpió en la madrugada, como si se tratara de un asalto delincuencial, sin orden de cateo ni de aprehensión, pretextando una flagrancia de quién sabe qué delito en que incurrió quién sabe qué persona.
Es tan burdo el procedimiento para apresar a Hank, que sus defectos parecen deliberados, como para permitir al dueño de casinos y otros lugares de apuestas librar esta peripecia sin dificultad, generada quizá únicamente para mostrar las posibilidades del uso político de la Procuraduría General de la República cuya titular, Marisela Morales, tiene ya experiencia en ese campo. Un mal comienzo del debido proceso al que cualquiera persona tiene derecho, afecta el conjunto de las acciones ministeriales y judiciales al punto de que puede dar cauce a la libertad del inculpado.
El principal detenido niega ser poseedor del vasto arsenal que fue hallado en su casa. Según su testimonio y el de su esposa, ambos sacados de la cama en la mitad de la noche. Salvo que se hubiera incluido en el Código Penal Federal el delito de dormir, no parece que el hijo del profesor Carlos Hank González hubiera sido detenido al incurrir en una conducta penalmente reprochable. Alega el afectado que le fueron sembradas las armas (40 largas y 49 cortas, así como más de 9 mil cartuchos útiles y 70 cargadores), es decir que llegaron a su domicilio llevadas por sus captores. Hank no las vio porque lo mantuvieron de cara a la pared, pero escuchó ruidos metálicos que habrían sido originados por la puesta en escena del armamento. Por lo pronto la PGR no pudo acreditar ante un juez la responsabilidad de Hank en el delito que le imputa, al concluir ayer en la madrugada el plazo constitucional y solicitó que se extienda hasta mañana miércoles temprano.
Si no se trata de una tentativa de inmiscuir a un Jorge Hank que en este caso fuera inocente, se producirá la paradoja de que se le detenga por un delito que no cometió y no por las varias conductas rayanas en la delincuencia o francamente ilegales, respecto de las cuales no se ha descubierto la evidencia que permita someterlo a proceso.
Su más reciente aparición ante la opinión pública ocurrió con motivo del ascenso de su nuevo negocio, el equipo de futbol de los Xoloitzcuintles. Aunque formalmente lo maneja su hijo Jorge Alberto Hank Insunza, es claro que el club está incurso en una falta de ética prevista en las reglas de la FIFA. Pero eso es lo de menos en la biografía del menor de los Hank Rhon.
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