El ex edil de Tijuana abandonó hoy el penal de El Hongo tras ser liberado por no haber pruebas suficientes del acopio de armas, pero fue retenido por PGJE al ser implicado en otro delito por un testigo y el cartucho de un arma suya.
Antonio Heras, corresponsal, y Alfredo Méndez, reportero / La Jornada
Tijuana, BC. Por la muerte de Angélica Muñoz Cervantes, registrado el 13 de agosto de 2009, el empresario y político priísta Jorge Hank Rhon enfrenta un cargo de homicidio.
Al dueño del Grupo Caliente lo incrimina un testigo y un cartucho percutido perteneciente a una de sus armas.
La noche del 13 de agosto un hijo de Hank Rhon llevó a su pareja sentimental a un hospital privado con disparos de arma de fuego. La mujer murió horas después. Hijo de Minerva Krauss, quien fue esposa de Hank, el joven informó que vio a la mujer herida y la llevó a un nosocomio.
En conferencia de prensa, el procurador Rommel Moreno Manjarrez confirmó los datos y señaló que entregaron las pruebas al juzgado Primero de lo Penal.
Hank Rhon fue liberado durante la madrugada de este martes al no comprobarse su culpabilidad de acopio de armas, pero al salir fue detenido por agentes de la Unidad Especializado en Crimen Organizado (UECO) de la PGJE.
Tras haber declarado, fue transportado al Hotel San Luis de la delegación La Mesa de Tijuana, donde permanecerá bajo arraigo.
El ex alcalde de Tijuana recibió auto de libertad la madrugada de este martes, luego de que un juez determinó que no hubo pruebas suficientes para procesarlo por acopio de armas de fuego y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército; sin embargo, enfrenta un nuevo proceso penal, ahora por un supuesto caso de homicidio, por lo que fue arraigado.
El dueño del Grupo Caliente se encuentra bajo arraigo por 30 días en el hotel San Luis, ubicado en la delegación La Mesa de Tijuana y alrededor de las 8:00 horas declaró ante el juez de turno en las instalaciones de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría de Justicia del Estado.
En Baja California el arraigo es de hasta 30 días y es solicitado por el Ministerio Público cuando se considera que el acusado puede evadir la acción de la justicia, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales. El juez Primero de lo Penal cuenta con 24 horas para ratificar el recurso de arraigo.
Luego de recibir el auto de libertad por Blanca Parra Meza, el político de extracción priísta y diez de sus coacusados dejaron a las tres de la madrugada el Centro de Readaptación Social El Hongo II, ubicado en el municipio de Tecate, Baja California; sin embargo, apenas salió libre fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Playas de Tijuana, al parecer por presuntos nexos con armas vinculadas con el asesinato de dos personas en 2009 y 2010 respectivamente.
En el auto de libertad inmediata, la autoridad judicial señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo demostrar que los militares se introdujeron el pasado 4 de junio al domicilio del político priísta bajo el principio jurídico de la flagrancia de los delitos señalados.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mediante una nota informativa difundida a partir de las 5:30 horas de este martes, reveló que la resolución de la titular del juzgado noveno de distrito en materia de procesos penales federales con sede en Tijuana, Baja California “se terminó de engrosar a las 23:10 minutos (hora de esa localidad), y fue entregada al funcionario correspondiente para efectos de su notificación a los inculpados" que se encontraban recluidos en El Hongo II.
Tras conocerse la orden de dejarlo en libertad, en las inmediaciones del penal festejaron esta mañana alrededor de 2 mil personas, entre las que se encontraban el socio de Hank, el empresario Alberto Murguía; su operador político Mario Madrigal, el ex diputado priísta Carlos Barboza, el vocero del Sintolet Jesús Vlezco, la directora de educación municipal de Tijuana y coordinadora de los campamentos de apoyo a Hank, Juanita Pérez Foloriano, entre otros. Este grupo fue quien al conocer la posterior detención del político se trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría.
La madrugada del pasado 4 de junio elementos del Ejército Mexicano arrestaron al dueño del Grupo Caliente y otros 10 hombres acusados de posesión de 88 armas largas y cortas, más de 9 mil cartuchos y una granada de gas.
Al día siguiente de su detención, Hank envió una carta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que aseguró que esas armas fueron sembradas en su residencia ubicada en los terrenos del hipódromo Caliente donde fue arrestado.
El CJF no precisó si en su resolución la juez argumentó, como elemento de descargo a favor de los 11 acusados, la posibilidad de que las armas hubieran sido introducidas a la casa de los Hank por efectivos militares.
Fuentes judiciales allegadas al caso informaron a La Jornada que además de que no quedó demostrada la flagrancia, la juez también ordenó liberar a los sospechosos porque los abogados de Hank lograron poner en entredicho que las armas fueron aseguradas dentro de su casa.
Desde el pasado 8 de junio, cuando la PGR consignó al ex alcalde de Tijuana y a sus coacusados ante la juez Parra, el abogado Fernando Benítez, uno de los defensores del político priísta, aseguró en diversas entrevistas que el equipo de litigantes buscaría acreditar la inoperancia del argumento de detención en flagrancia (fue la versión oficial que ofreció la Sedena desde el día de la captura) para justificar el allanamiento de la casa de los Hank, con la finalidad de que carezca de validez legal el hallazgo de armas en ese domicilio.
La tesis de jurisprudencia 1a/J21/2007, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que “carecen de eficacia probatoria todas las pruebas recabadas durante una intromisión a un domicilio sin orden de cateo de parte de una autoridad policial, cuando ésta no compruebe plenamente que allanó un domicilio bajo la hipótesis de la actuación en un caso de flagrancia”.
Además de Hank, la juez Parra ordenó la libertad de Juan Ignacio Parra Santos, Luis Alfonso Sánchez Solís, César Pérez Guerrero, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rubén Muñoz Nava, Marco Antonio Trinidad Gómez, Víctor Manuel de la Torre Horta y Rigoberto González López.
Por lo que toca a Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez y Ramón López Apodaca, son los únicos que habían sido inculpados por una modalidad no grave de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Ambos ya habían abandonado desde el fin de semana el penal de El Hongo en el Municipio de Tecate, luego de saldar el pago de sus respectivas garantías, equivalentes a alrededor de 23 mil pesos.
Este revés, el primero de relevancia para la gestión de Marisela Morales al frente de la PGR, puede ser impugnado por esa dependencia a través del recurso de apelación ante un tribunal unitario.
Antonio Heras, corresponsal, y Alfredo Méndez, reportero / La Jornada
Tijuana, BC. Por la muerte de Angélica Muñoz Cervantes, registrado el 13 de agosto de 2009, el empresario y político priísta Jorge Hank Rhon enfrenta un cargo de homicidio.
Al dueño del Grupo Caliente lo incrimina un testigo y un cartucho percutido perteneciente a una de sus armas.
La noche del 13 de agosto un hijo de Hank Rhon llevó a su pareja sentimental a un hospital privado con disparos de arma de fuego. La mujer murió horas después. Hijo de Minerva Krauss, quien fue esposa de Hank, el joven informó que vio a la mujer herida y la llevó a un nosocomio.
En conferencia de prensa, el procurador Rommel Moreno Manjarrez confirmó los datos y señaló que entregaron las pruebas al juzgado Primero de lo Penal.
Hank Rhon fue liberado durante la madrugada de este martes al no comprobarse su culpabilidad de acopio de armas, pero al salir fue detenido por agentes de la Unidad Especializado en Crimen Organizado (UECO) de la PGJE.
Tras haber declarado, fue transportado al Hotel San Luis de la delegación La Mesa de Tijuana, donde permanecerá bajo arraigo.
El ex alcalde de Tijuana recibió auto de libertad la madrugada de este martes, luego de que un juez determinó que no hubo pruebas suficientes para procesarlo por acopio de armas de fuego y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército; sin embargo, enfrenta un nuevo proceso penal, ahora por un supuesto caso de homicidio, por lo que fue arraigado.
El dueño del Grupo Caliente se encuentra bajo arraigo por 30 días en el hotel San Luis, ubicado en la delegación La Mesa de Tijuana y alrededor de las 8:00 horas declaró ante el juez de turno en las instalaciones de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría de Justicia del Estado.
En Baja California el arraigo es de hasta 30 días y es solicitado por el Ministerio Público cuando se considera que el acusado puede evadir la acción de la justicia, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales. El juez Primero de lo Penal cuenta con 24 horas para ratificar el recurso de arraigo.
Luego de recibir el auto de libertad por Blanca Parra Meza, el político de extracción priísta y diez de sus coacusados dejaron a las tres de la madrugada el Centro de Readaptación Social El Hongo II, ubicado en el municipio de Tecate, Baja California; sin embargo, apenas salió libre fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Playas de Tijuana, al parecer por presuntos nexos con armas vinculadas con el asesinato de dos personas en 2009 y 2010 respectivamente.
En el auto de libertad inmediata, la autoridad judicial señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo demostrar que los militares se introdujeron el pasado 4 de junio al domicilio del político priísta bajo el principio jurídico de la flagrancia de los delitos señalados.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mediante una nota informativa difundida a partir de las 5:30 horas de este martes, reveló que la resolución de la titular del juzgado noveno de distrito en materia de procesos penales federales con sede en Tijuana, Baja California “se terminó de engrosar a las 23:10 minutos (hora de esa localidad), y fue entregada al funcionario correspondiente para efectos de su notificación a los inculpados" que se encontraban recluidos en El Hongo II.
Tras conocerse la orden de dejarlo en libertad, en las inmediaciones del penal festejaron esta mañana alrededor de 2 mil personas, entre las que se encontraban el socio de Hank, el empresario Alberto Murguía; su operador político Mario Madrigal, el ex diputado priísta Carlos Barboza, el vocero del Sintolet Jesús Vlezco, la directora de educación municipal de Tijuana y coordinadora de los campamentos de apoyo a Hank, Juanita Pérez Foloriano, entre otros. Este grupo fue quien al conocer la posterior detención del político se trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría.
La madrugada del pasado 4 de junio elementos del Ejército Mexicano arrestaron al dueño del Grupo Caliente y otros 10 hombres acusados de posesión de 88 armas largas y cortas, más de 9 mil cartuchos y una granada de gas.
Al día siguiente de su detención, Hank envió una carta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que aseguró que esas armas fueron sembradas en su residencia ubicada en los terrenos del hipódromo Caliente donde fue arrestado.
El CJF no precisó si en su resolución la juez argumentó, como elemento de descargo a favor de los 11 acusados, la posibilidad de que las armas hubieran sido introducidas a la casa de los Hank por efectivos militares.
Fuentes judiciales allegadas al caso informaron a La Jornada que además de que no quedó demostrada la flagrancia, la juez también ordenó liberar a los sospechosos porque los abogados de Hank lograron poner en entredicho que las armas fueron aseguradas dentro de su casa.
Desde el pasado 8 de junio, cuando la PGR consignó al ex alcalde de Tijuana y a sus coacusados ante la juez Parra, el abogado Fernando Benítez, uno de los defensores del político priísta, aseguró en diversas entrevistas que el equipo de litigantes buscaría acreditar la inoperancia del argumento de detención en flagrancia (fue la versión oficial que ofreció la Sedena desde el día de la captura) para justificar el allanamiento de la casa de los Hank, con la finalidad de que carezca de validez legal el hallazgo de armas en ese domicilio.
La tesis de jurisprudencia 1a/J21/2007, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que “carecen de eficacia probatoria todas las pruebas recabadas durante una intromisión a un domicilio sin orden de cateo de parte de una autoridad policial, cuando ésta no compruebe plenamente que allanó un domicilio bajo la hipótesis de la actuación en un caso de flagrancia”.
Además de Hank, la juez Parra ordenó la libertad de Juan Ignacio Parra Santos, Luis Alfonso Sánchez Solís, César Pérez Guerrero, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rubén Muñoz Nava, Marco Antonio Trinidad Gómez, Víctor Manuel de la Torre Horta y Rigoberto González López.
Por lo que toca a Carlos Gonzalo Pérez Contreras o Carlos Gonzalo Rizo Pérez y Ramón López Apodaca, son los únicos que habían sido inculpados por una modalidad no grave de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Ambos ya habían abandonado desde el fin de semana el penal de El Hongo en el Municipio de Tecate, luego de saldar el pago de sus respectivas garantías, equivalentes a alrededor de 23 mil pesos.
Este revés, el primero de relevancia para la gestión de Marisela Morales al frente de la PGR, puede ser impugnado por esa dependencia a través del recurso de apelación ante un tribunal unitario.
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