miércoles, junio 22, 2011

Gestiona CCE desaparición del IETU en SHCP

Alberto Aguilar

Recién el sector privado realiza una cruzada para tratar de impedir que en el año y medio que falta de la administración de Felipe Calderón se detengan de tajo los cambios que requiere el país para crecer más aprisa.

El entorno parece de lo más propicio hacia ese escenario, dada la previsible victoria de Eruviel Ávila, candidato del PRI en el Edomex, la fuerza de ese partido en el Congreso y los jaloneos ya en forma para la sucesión presidencial de 2012.

Sólo pondere el desfavorable ambiente que puede anticiparse en las discusiones del presupuesto de 2012 con Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, en una proyección personal diaria, al igual que Javier Lozano del Trabajo, Alonso Lujambio de la SEP y la misma Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la bancada del PAN.

Para los miembros del CCE, organismo cúpula de la IP que preside Mario Sánchez hay varios temas en particular que se buscan empujar, entre ellos la reforma laboral, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y por supuesto la desaparición del IETU. Con respecto a este gravamen que entró en vigor en 2008, ya se han hecho gestiones con el mismo Cordero para que el funcionario empuje su desaparición.

Desde que se implementó el IETU, la IP se inconformó y hasta se presentaron unos 30 mil amparos que el poder judicial desechó.

Ahora mismo el tema del IETU está caliente, y es que en una de esas el mismo Congreso podría adelantársele a la SHCP en su eliminación. Dependerá de los resultados que obtenga Hacienda en una revisión de dicho impuesto pactada desde que se aprobó por el Congreso para el 30 de junio de 2011, lo que significa que la hora de la verdad está a unos días de escribirse.

Aquel argumento que se utilizó cuando el entonces subsecretario de ingresos Fernando Sánchez Ugarte empujó este impuesto, de que el mismo traería un brinco de hasta 3 puntos porcentuales del PIB en la recaudación, o sea 300 mil millones de pesos anuales, no se ha cumplido.

En la realidad el IETU en promedio ha recaudado unos 50 mil millones de pesos anuales, el 0.5% del PIB.

La recaudación y no obstante el esfuerzo del SAT que lleva Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para ampliar la base de contribuyentes, se ha mantenido por abajo del 10% del PIB, por lo que el IETU digamos que generó mucho ruido y pocas nueces.

Para las empresas en cambio ha resultado de lo más dañino. En plena crisis a muchos rubros como firmas turísticas, inmobiliarias o de vivienda, les generó que inversiones realizadas ya no se pudieran deducir al realizar las ventas reprimidas del 2009 durante el año pasado e incluso este 2011. Expertos como Carlos Cárdenas de Mancera Ernst & Young han resaltado la complejidad que el IETU ha generado al sistema fiscal mexicano, al combinarse con el ISR.

Pero además en el futuro del IETU hay otro filtro a superar, en este caso la revisión del Internal Revenue Service (IRS) de EU, que aunque autorizó su acreditación de forma temporal, aún no ha otorgado el aval definitivo.

No está descartado que las autoridades de EU pudieran revertir su beneplácito, que por cierto obtuvo Agustín Carstens como titular de la SHCP, argumentando que este es un impuesto diferente al ISR.

De hecho luego de su presentación en sociedad como Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) tuvo que ser rebautizado como IETU, no por un tema de cosmética, sino porque se hicieron ajustes de fondo.

Como CETU se le promocionó como un IVA hacia adentro, lo que era injustificable frente al IRS para acreditarlo.

El consentimiento de EU es básico porque nos guste o no, de ese país proviene el grueso de la IED.

Así que más allá de los esfuerzos del CCE la sobrevivencia del IETU deberá salvar primero el escrutinio del Congreso y después el de las autoridades de EU, que aún no han dicho su última palabra.

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LA SEMANA PASADA el grupo español Mall de Julio Noval entregó en Los Pinos un escrito en el que previene al régimen de Felipe Calderón su intención de iniciar un arbitraje para exigir una indemnización del Gobierno federal por 150 millones de dólares por el supuesto despojo del proyecto Campeche Playa, cuya primera piedra se colocó en 2006. Eran los tiempos de Jorge Carlos Hurtado como gobernador de esa entidad y Vicente Fox fue el abanderado. La firma hispana argumenta como soporte el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y México. Lo cierto es que ICA de Bernardo Quintana tuvo que retomar el proyecto, puesto que Noval no cumplió con las obligaciones pactadas con la constructora mexicana. De hecho hay cantidad de juicios de por medio, no sólo por parte de ICA, sino incluso de otros proveedores que fueron involucrados en un desarrollo de 300 hectáreas y una inversión de 2 mil millones de pesos en una primera etapa. Vaya hay hasta incumplimientos con los tenedores de la tierra, en este caso ejidatarios que tampoco recibieron lo comprometido. El asunto, más allá del ruido mediático, no está para nada sencillo para la firma española que en dinero en efectivo parece no arriesgó en demasía.

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HACE UNOS DÍAS y luego de que la Secretaría de Comunicaciones de Dionisio Pérez-Jácome dio a conocer que la licitación del Aeropuerto Riviera Maya fue declarada desierta, resulta que la Comisión Federal de Competencia que preside Eduardo Pérez Motta ya ratificó su decisión de no permitir que Asur participe en ese proceso. Está por verse si el Gobierno retoma el asunto. Es probable que así sea. Se conoce que Asur de Fernando Chico Pardo va a continuar con otras acciones, quizá en los tribunales, para validar su derecho. Habrá que ver.

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RESULTA QUE BBVA Bancomer que dirige Ignacio Deschamps y que este martes estuvo de manteles largos con la visita de su presidente Francisco González, acaba de ser demandado en el juzgado 43 de lo civil por Pablo Espinosa Escandón. El asunto se deriva de aquel lío por la que este último, que es sobrino de Pablo Escandón Cusi el de Nadro, se quedó con los derechos de la marca Aries, luego de un largo juicio contra Rafael Sacal Micha. Como parte del mismo Espinosa Escandón se quedó con un inmueble en Florencia esquina Berna cerca de Reforma que hoy ocupa una sucursal de Bancomer. Aunque ya hubo una orden de desahucio, la institución alega que tiene un contrato vigente. El problema es que lo suscribió con un “comodatario”, o sea un tercero que no es estrictamente el dueño de la propiedad. Craso error para un banco. Bancomer debe rentas caídas por 7 millones de pesos y en una de esas a ver si no termina en el Buró de Crédito. Ups.

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